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domingo, 12 de abril de 2009

Crisis y depresión del capitalismo

escrito por Enrique Javier Díez Gutierrez

Image La crisis que sufrimos obedece a la estructura básica del vigente sistema político-económico capitalista y neoliberal. No se trata de la acción depredadora de unos cuantos banqueros y financieros corruptos, o la distorsión del mercado. No es una distorsión del capitalismo contemporáneo sino, al contrario, el medio para que funcione plenamente, la esencia del mismo: la búsqueda del máximo beneficio de unos pocos a costa de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras de todo el planeta. Por eso, esta crisis afecta a los fundamentos mismos del capitalismo.

La crisis que sufrimos obedece a la estructura básica del vigente sistema político-económico capitalista y neoliberal. No se trata de la acción depredadora de unos cuantos banqueros y financieros corruptos, o la distorsión del mercado. No es una distorsión del capitalismo contemporáneo sino, al contrario, el medio para que funcione plenamente, la esencia del mismo: la búsqueda del máximo beneficio de unos pocos a costa de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras de todo el planeta. Por eso, esta crisis afecta a los fundamentos mismos del capitalismo: el desplome de Wall Street es comparable a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín.

El capitalismo no se puede humanizar porque es, en sí mismo, injusto e inhumano. Este sistema, junto al colonialismo y el imperialismo, ha sido y continúa siendo responsable, como nunca antes en la historia, de la explotación extrema de los seres humanos, de la destrucción, del derroche y de la degradación de los recursos naturales planetarios que son centrales para sustentar la vida y la dignidad humana. La consecuencia de la globalización ha sido la destrucción de lo colectivo, la apropiación por el mercado y las entidades privadas de las esferas pública y social.

La voracidad del capitalismo no tiene límites. Necesita expandirse continuamente para tener mayores tasas de ganancia. De ahí la huida hacia delante en las inversiones financieras. Pero esto no podía durar eternamente cuando la base productiva sólo crecía con una tasa débil. La llamada "burbuja financiera", significa que el volumen de las transacciones financieras es del orden de dos mil trillones de dólares cuando la base productiva, el PIB mundial, sólo es de unos 44 trillones de dólares. Hace treinta años, el volumen relativo de las transacciones financieras no tenía ese tamaño. Esas transacciones se destinaban entonces principalmente a la cobertura de las operaciones directamente exigidas por la producción y por el comercio nacional e internacional. La crisis debía pues estallar por una debacle financiera.

Cuando ésta estalló y los bancos comenzaron a desmoronarse, los neoliberales se quedaron afónicos exigiendo la protección del Estado. Archivaron sus doctrinas de libre comercio y reclamaron la salvación del sistema financiero argumentando que, dado que los bancos y las grandes empresas son las que bombean el dinero requerido por toda la sociedad, debían ser preservadas con fondos públicos de esa sociedad (Katz, 2009). Desde mediados de 2007 se han venido incrementando las masivas inyecciones de dinero, extraído mágicamente de los impuestos de los contribuyentes, en un intento por evitar el colapso de los más grandes bancos y empresas, principales responsables de la crisis.

En un mundo en el que se aseguraba que no hay dinero para las pensiones, para el seguro de desempleo, para la educación, para la sanidad, ahora resulta que sí que hay dinero, que éste fluye por encanto. Hace unos meses, el anterior presidente de EEUU, Bush, se negó a firmar una ley que ofrecía cobertura médica a nueve millones de niños y niñas pobres por un coste de 4.000 millones de euros. Lo consideró un gasto inútil. Después, para salvar a los rufianes de Wall Street nada le parecía suficiente. En otras palabras: dinero público para bancos privados que lo prestarán a interés, entre otros, a los demás bancos privados... Se ofrece a los inversores potenciales que le presten dinero al Estado (mediante interés) para que el Estado lo devuelva a los bancos. ¡El Capital se ha quedado con los ahorros, y ese dinero se presta al Estado para reflotar al Capital! El capital siempre gana.

Porque realmente no existe, ni ha existido nunca, el denominado "libre mercado". Es una falacia que, a base de oírla, repetida una y otra vez por determinados políticos y medios de comunicación, nos la hemos creído ingenuamente. Cuando "los mercados" tienen problemas no se les deja que "libremente" los solucionen, como cuando tienen grandes beneficios y entonces, sí que se reparten los dividendos "libremente". Se confirma así una ley del cinismo neoliberal: Privatizados ya los beneficios, en cuanto resultan amenazadas las inversiones financieras, se socializan las pérdidas. Como ya advertía Kenneth Galbraith (1992) "cuando se trata de los empobrecidos, la ayuda y el subsidio del gobierno resultan sumamente sospechosos en cuanto a su necesidad y a la eficacia de su administración a causa de sus efectos adversos sobre la moral y el espíritu de trabajo. Esto no reza, sin embargo, en el caso del apoyo público a quienes gozan de un relativo bienestar. No se considera que perjudique al ciudadano el que se salve de la quiebra a un banco. Los relativamente opulentos pueden soportar los efectos morales adversos de los subsidios y ayudas del gobierno; pero los pobres no". Las autoridades acuden al rescate de los "banksters" ("banqueros gánsteres"): es el socialismo para los ricos y el capitalismo salvaje para los pobres.

Pero no basta con llamar la atención sobre la debacle financiera. Detrás de ella se esboza una crisis de la economía real, ya que la actual deriva financiera misma va a asfixiar el desarrollo de la base productiva. Las soluciones aportadas a la crisis financiera sólo pueden desembocar en una crisis de la economía real: regresión de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras (especialmente los sectores más vulnerables: mujeres, jóvenes, migrantes), aumento del paro laboral (a finales del 2009 se espera llegar al record histórico de 120 millones de personas paradas), alza de la precariedad y empeoramiento de la pobreza en los países del Sur (Amin, 2008).

Esta crisis económica y financiera se acompaña, además, de una crisis ecológica. Los recursos naturales no son suficientes para atender el actual estilo occidental de vida; actualmente el 20% de la población mundial, concentrada en el Norte, consume el 80% de los recursos naturales. El flujo permanente y la transferencia de los recursos del Sur al Norte ha supuesto, en definitiva, que el Sur ha venido financiado el desarrollo y el progreso del Norte. El saqueo ecológico y el calentamiento global, consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, que son el bien común de la humanidad, -en particular, de los recursos fósiles- afecta a todas las regiones del mundo y se siente más intensamente en las zonas más deprimidas y, dentro de ellas, en los sectores más empobrecidos. En tan solo trescientos años de revolución industrial hemos destruido lo que la naturaleza tardó millones de años en construir. Las mayores reservas de recursos naturales se encuentran en el Sur y son ferozmente disputadas por los países dominantes, lo que ha venido generando guerras que tienden a ampliarse a otras regiones del planeta.

Simultáneamente los precios de los productos alimenticios básicos siguen en alza. Desde marzo de 2007 hasta mayo de 2008, el valor de los productos lácteos subió un 80%, el de la soja un 87%, y el trigo, un 130%. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola estima que por cada aumento de un 1% del coste de los alimentos de base, 16 millones de personas se ven sumergidas en la inseguridad alimentaria. Esta situación se ve agravada debido a que una parte de la producción alimentaria (caña de azúcar, girasol, colza, trigo, remolacha) se está destinando ahora a la producción de agrocarburantes, más rentables para la gran agroindustria de la exportación que destinarlos a alimentos para los seres humanos.

Esta triple crisis, financiera, energética, alimentaria, se ve proyectada hacia una crisis social que ve resurgir políticas autoritarias, visiones fatalistas, xenofobia y racismo. El huracán económico se ha llevado por delante una cuarta parte de la riqueza mundial y, como consecuencia, está provocando, en casi todo el planeta, el cierre de fábricas, la explosión del desempleo, una escalada proteccionista y la radicalización de las protestas sociales. Causa de pobreza, de angustia y de exclusión, la lepra del desempleo se extiende. En EEUU, en China, en la Unión Europea, en Latinoamérica... En Sudamérica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2009, se registrará un aumento de 2,4 millones de desempleados. Si bien los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), así como Venezuela, Bolivia y Ecuador, podrían capear el temporal, al no haber adoptado el modelo de desregulación ultraliberal y adoptar mecanismos como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Banco del Sur. Y no olvidemos que fueron los partidos socialdemócratas y socialistas europeos los que consolidaron la eliminación de cualquier salvaguardia que podía quedar frente a la ola ultraliberal de la derecha.

La brutal explosión del desempleo provoca naturalmente el retorno del nacionalismo económico, lo cual, a su vez, está provocando brotes de xenofobia. En Reino Unido, miles de obreros del sector de la energía, gritando la consigna "Empleos británicos para trabajadores británicos", se declararon en huelga contra la contratación de trabajadores portugueses e italianos en las obras de la refinería Total de Lindsey (Lincolnshire), mientras que miles de polacos eran "invitados" a regresar a su tierra natal. En Italia se está expulsando sin miramientos a los rumanos. Y en todas partes se cuestiona el derecho de residencia de los inmigrantes legalmente establecidos. Se multiplican las protestas sociales. Las turbulencias ya han causado la caída de los Gobiernos de Bélgica, Islandia y Letonia. La protesta en las calles por las dificultades económicas se ha extendido a un número creciente de países -Grecia, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, Corea del Sur, Guadalupe, Reunión, Madagascar, México- y probablemente en muchos más que no se notan aún en la prensa mundial.

El capitalismo no es reformable, humanizable o regulable. Parece que la apuesta de los gobiernos del norte es salir como sea de esta crisis, pero para volver a estar en la misma trampa que se estaba. Es una política de reflotamiento de las instituciones económicas y financieras sin cambiar nada de fondo. De hecho, las medidas gubernamentales europeas y mundiales, con ayudas a la banca y a las grandes empresas, tienen como finalidad primordial impedir el colapso del sistema, no enfrentarse al dominio de los mercados financieros sobre la economía real y poner ésta al servicio de la sociedad. No sólo están confiando el diseño de la política anticrisis a los mismos grupos de interés que nos han conducido a esta situación, con su increíble combinación de codicia y dogmatismo económico (Bellod, 2009), sino que, de hecho, esas inyecciones financieras permiten que la gran banca siga haciendo sus negocios de alto riesgo sabiendo que el dinero público estará siempre disponible para su salvación (Hernández Vigueras, 2009).

Los bancos están acumulando dinero barato, proveniente de los impuestos de la clase trabajadora, a la espera de prestarlo dentro de un tiempo, cuando vuelvan al mercado los "clientes solventes" y unos tipos de interés más lucrativos que los actuales. Pero los gobiernos le tienen pánico a la posibilidad de que el derrumbe de un banco, por efecto dominó, sea capaz de hundir el sistema. De ahí que esos planes gubernamentales no han intentado siquiera una reglamentación estricta como contrapartida de la ayuda pública que se les da, ni la eliminación de los paraísos fiscales (a pesar de las declaraciones públicas), donde tienen filiales todos los bancos rescatados de alguna manera con dinero público. La existencia de esta "competencia" sirve de argumento para justificar la bajada de impuestos sobre el capital o sobre los beneficios de las sociedades. Reducir los impuestos a las empresas y el capital, reformas laborales que permitan el despido libre, hacer recaer el peso de la fiscalidad en los impuestos indirectos, los más injustos (al pagar todos lo mismo), traen como consecuencia la pauperización de los presupuestos públicos, la subfinanciación de los servicios públicos, lo cual a su vez justifica su privatización, etc. (Cassen, 2008). Porque cualquier medida se ha convertido en un callejón sin salida en el marco del capitalismo neoliberal. Porque no sólo se está cuestionando la legitimidad del paradigma neoliberal, sino el propio futuro del capitalismo en sí mismo. Por ello, no se trata de refundar el capitalismo, sino de construir el socialismo democrático del siglo XXI que dé a la ciudadanía control real y efectivo sobre los recursos del planeta y sobre las decisiones que afectan a sus vidas.

No se trata sólo de afirmar que, lo que hace muy poco parecía una utopía de jóvenes radicales, hoy día es una exigencia elemental para que la economía mundial siga funcionando: acabar con los paraísos fiscales, con la desregulación financiera, con la libertad de movimientos de capital, con la desfiscalización y la renuncia al Estado y que, por el contrario, es necesario establecer impuestos sobre los capitales especulativos (tasa Tobin), crear bancos públicos que garanticen la financiación y someter a los privados a una severa política de reservas y coeficientes de inversión es el único punto de partida eficaz para resolver la crisis. Si realmente se quiere salir de esta crisis global es necesario dar un paso más allá. Se trata de avanzar en el control de la economía por parte de la clase trabajadora, ampliar los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras y mejorar el bienestar de la mayoría de la población.

La alternativa a esta crisis supone una teoría y una práctica postcapitalista, es decir, formas nuevas de reorganización social, sobre la base de un socialismo democrático del nuevo siglo, que articulen de forma seria los contenidos de conceptos tales como democracia, libertad, equidad, justicia, seguridad común, paz, ciudadanía real, etc., con el uso sostenible de los recursos naturales y su apropiación social; la predominancia del valor de uso -es decir, las respuestas a las necesidades de la gente- sobre el valor de cambio, -o sea, la necesidad de acumulación de dinero-, es decir, un modelo en el que el beneficio privado esté subordinado al interés social; la democracia generalizada a todas las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, de género; y la multiculturalidad, de modo que se permita a todas las culturas, saberes y filosofías dar su aporte propio a la reconstrucción social de una nueva sociedad en equilibrio entre sí, con el medio ambiente y con las capacidades del planeta.

Ese modelo debe suponer la mejora de los servicios sociales y el reforzamiento del sector público (de enseñanza, sanitario, asistencial etc.). La sostenibilidad medioambiental (incentivar la creación de actividades y empresas sostenibles, y no de todo tipo de empresas independientemente de su impacto). Un cambio de estrategia energética que apueste por energías limpias y garantice el control público sobre los suministros de energía, incluida la nacionalización y una apuesta decidida por las energías renovables. Un sistema agrario que garantice la soberanía alimentaria y la viabilidad de las empresas agrarias familiares. Un enfoque diferente del hábitat, del urbanismo y del sistema de transportes de viajeros y mercancías, un cambio radical del enfoque de la vivienda residencial hasta llegar al predominio de la vivienda pública en régimen de alquiler adaptado a la renta.

Un modelo que apueste por la planificación democrática de la economía en función de las necesidades sociales y de forma respetuosa con el medio ambiente. Es decir, que cambien las relaciones de producción, poniendo por delante el valor de uso al valor de cambio, la producción en función de las necesidades de toda la población por delante del beneficio económico de unos pocos. Que suponga, por tanto, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, el control público y social de la economía y los medios de producción; la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo; aplicar rigurosos sistemas fiscales progresivos y un sistema tributario global para evitar la transferencia de precios y la evasión de impuestos; el control del excedente económico y una reforma del mercado laboral que establezca una jornada laboral de 35 horas semanales por ley, sin reducción de salario y la jubilación a los 60 años, para repartir el trabajo entre todos y todas y hacer posible la conciliación laboral y familiar. Que implique la creación de un sistema financiero público basado en las necesidades de la gente, así como la consolidación de formas populares, que ya existen (como la banca ética), de préstamos basados en la reciprocidad y la solidaridad que apliquen criterios sociales (incluyendo las condiciones laborales) y ambientales en todos los préstamos y den prioridad a aquellos, con tipos de interés mínimos, destinados a cubrir necesidades sociales y ambientales y a ampliar la ya creciente economía social.

Un modelo que suponga tal reestructuración social que obligue en los países enriquecidos a un decrecimiento económico que sea socialmente sostenible (frente a los modelos de desarrollo sostenible): reducción radical del consumo; sólo aquello que se considere necesario y producido según principios ecológicos (Martínez Aller, 2009). Que elimine los paraísos fiscales, que ponga tasas a las transacciones financieras de capital y que restablezca las restricciones a la libre circulación de capitales. Que reduzca progresivamente, hasta su eliminación en breve plazo, el gasto militar mundial. Junto con el cambio en las relaciones internacionales de explotación, imponiendo impuestos en origen sobre la extracción de recursos naturales, para financiar modelos de sociedad ecológicamente sostenibles. Un modelo que relocalice la política: todo lo que se pueda decidir a nivel municipal que no se decida en niveles superiores y sólo aquello que afecte a todo el país se decida en ese nivel. Comenzando por la práctica de los presupuestos participativos en los municipios.

Un modelo que establezca legislaciones, y mecanismos de control efectivos que realmente garanticen la igualdad laboral, política e integral de las mujeres, así como la presencia equilibrada de sexos en las listas electorales y en los puestos directivos. A igual trabajo, igual salario. Que recuperación de la titularidad y de la gestión pública de todos los servicios públicos privatizados, especialmente aquellos que tienen que ver con los cuidados de la población dependiente. Un modelo que establezca iguales derechos y deberes para quienes viven y trabajan en cualquier país. Que garantice el derecho al aborto libre y garantizado de manera universal y gratuita desde la red pública sanitaria. Que garantice la coeducación y la educación para la igualdad, en una red educativa pública, laica y con participación en su gestión de toda la comunidad educativa. Que establezca una normativa efectiva para la abolición de la prostitución y medidas integrales que garanticen la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Que equipare en derechos el régimen especial de empleadas de hogar al régimen general de la seguridad social. Que proteja la igualdad, estableciendo medidas efectivas de cara a la paridad real en los puestos de poder de nuestra sociedad, que facilite no sólo que las mujeres accedan, sino que transformen ese poder.

Un modelo que apueste por una vivienda provista preferentemente por el Estado en régimen de propiedad pública y bajo fórmulas de alquiler, cortando así de raíz espirales especulativas. Un modelo que asigne una "renta básica" incondicional a toda la ciudadanía y personas residentes en una zona geográfica, de una cantidad similar al umbral de la pobreza, de cara no sólo a erradicar la pobreza sino a tener una protección efectiva ante la pérdida del puesto de trabajo (Raventós, 2009). Un modelo que no sólo fije un salario mínimo decente donde no lo haya, sino también un salario máximo. Que ponga fin al empleo basura, que dignifique los salarios y establezca un subsidio de desempleo indefinido para toda persona trabajadora en paro. Un modelo que erradique la eliminación de impuestos directos que favorece principalmente a las rentas altas, e introduzca una fiscalidad progresiva vía impuestos directos que graven de forma proporcional según los ingresos y beneficios (haciendo pagar más a quién más tiene) y la vuelta al impuesto sobre sucesiones.

Un modelo, en definitiva, que contemple el reconocimiento de los derechos sociales básicos como derechos subjetivos y exigibles.

La democracia es incompatible con el capitalismo. El capital internacional, las grandes multinacionales y, por extensión, los gobiernos neoliberales, reaccionarios, y los socialdemócratas, siempre temerosos, han secuestrado la política, la capacidad libre de decidir sobre lo esencial a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso esta crisis se ve acentuada, a su vez, por una crisis política de deslegitimación de la función de los Estados puestos al servicio del capital. Se cuestiona la función de los gobiernos, de partidos políticos y de la construcción de espacios y procesos democráticos reales, al estar dominados por su sometimiento a los grandes intereses corporativos. De ahí que también y simultáneamente es urgente y necesario refundar la democracia sobre unas bases sólidas y no fundamentada en el secuestro por parte del mundo de las finanzas.

Los que no nos resignamos a pagar con nuestras vidas las facturas de otros, creemos que la salida alternativa a la crisis capitalista pasa por la creación de un movimiento social capaz de imaginar y crear las bases de un auténtico Socialismo democrático del Siglo XXI que refunde la economía y la sociedad sobre bases más justas, más sociales, más igualitarias y más democráticas.

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