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jueves, 4 de junio de 2009

Estatizaciones, Techint, Venezuela y Argentina


Un cortocircuito que no fue

Pese a los intentos de la corporación mediática y los sectores de la derecha opositora de ambos países, Caracas y Buenos Aires supieron resolver la controversia a tiempo. Una muestra de la furia opositora.
Chávez y Cristina Fernández tuvieron diferencias que supieron resolver a tiempo.
Fotos: Archivo

Sabido es que en América Latina se desarrolla una lucha de poder entre los sectores “nacionales y populares” gobernantes y la oposición de corte neoliberal. Esta semana la batalla se desarrolló en torno al plan de estatizaciones venezolano, que involucró a Argentina y fue mediatizada de manera nada “objetiva” por la prensa corporativa “independiente” de ambos países.

Todo comenzó el 21 de mayo en Caracas cuando Hugo Chávez manifestó la intención de estatizar cinco empresas del sector siderúrgico, entre ellas Tavsa y Matesi, en las que Techint tiene mayoría, y el Complejo Siderúrgico Guayana (Comsigua), de la que el citado grupo es accionista minoritario.

La oposición en Argentina manifestó al instante una andanada de críticas, rumores e inexactitudes intencionales, que generaron un efímero malestar entre ambas administraciones y -por obra de los medios de prensa corporativos- se mezcló, a un mes de las elecciones nacionales legislativas, en la creciente campaña de desprestigio al gobierno de Cristina Fernández.

Las primeras informaciones recogieron la reacción inmediata de Techint: “Nos acabamos de enterar por los medios”, protestó por radio Luis Betnaza, director corporativo del Grupo. “Es todo muy confuso e insólito”, sentenció.

De ese modo, detrás de Techint se encolumnaron todas las cámaras patronales de Argentina, con señales de franco rechazo a la medida que fueron amplificadas por la prensa opositora.

El fuerte repudio a la iniciativa apareció en comunicados de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación de Bancos de capital local (ADEBA), la de bancos extranjeros (ABA), la Cámara de Exportadores (CERA) y la Cámara de Comercio. Todos apuntaron contra Chávez, reclamaron una intervención decidida del Cristina Fernández en defensa de la industria nacional e intentaron maliciosamente asociar al gobierno con la maniobra expropiatoria.

Uno de los primeros en acusar al Gobierno argentino -con clara intención de convertir a la Casa Rosada en cómplice de la medida venezolana- fue el empresario agropecuario Mario Llambías, Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“Cuesta creer que no hayan tocado el tema de la nacionalización de estas tres empresas. Todo parece indicar que ha habido una complicidad por parte del matrimonio gobernante", indicó el titular de CRA haciendo alusión a la estadía que el mandatario venezolano pasó en la residencia del matrimonio Kirchner días antes del anuncio.

Encolumnada detrás de su máximo responsable, CRA (qué recordemos, forma parte de la Junta Agraria) manifestó su interés en establecer "la enérgica defensa de los intereses de nuestros conciudadanos que es responsabilidad plena de sus atribuciones de gobierno".

A las quejas se sumaron los políticos de la oposición argentina, ávidos de rédito capitalizable en las próximas elecciones legislativas.

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri; la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y el principal candidato por Unión-Pro, Francisco de Narváez, aumentaron la apuesta: no vacilaron en asegurar -sin especificar sus fuentes- que la medida había sido acordada por Chávez y el matrimonio Kirchner y alertaron que la Casa Rosada pretende avanzar con estatizaciones en caso de un triunfo oficialista en las legislativas del 28 de junio.

En particular, Francisco De Narváez acusó al gobierno de Cristina Fernández de "festejar" la decisión de Chávez y acusó a la mandataria de estar previamente enterada de las estatizaciones y de estar al servicio de intereses venezolanos. "Lo que vino a decirle Chávez a los Kirchner -en el viaje que realizó hace una semana a Buenos Aires- es el modelo a seguir (…) Vino a decirles que adopten su modelo”, dijo el candidato de derecha.

Por su parte, Carrió -con una premonición que hasta el propio Nostradamus envidiaría- alertó: "Esto es la profundización de una política de confiscación que puede ser el modelo kirchnerista después del 28 de junio". La líder de la Coalición Cívica aseguró que la decisión de Chávez "fue acordada con el ex presidente Néstor Kirchner" cuando éste viajó a Buenos Aires. Y agregó: "Vamos a luchar para que la Argentina no se convierta en un populismo confiscatorio".

En el mismo sentido apuntaron los dichos de Mauricio Macri: "Sorprende que Chávez haya venido en un viaje extrañísimo, desde tan lejos, a estar con nuestra Presidenta y no le haya comentado que iba a hacer esto". El jefe de gobierno porteño también se permitió cuestionar la cercanía entre ambos gobiernos: "¿De qué sirve la amistad de nuestra Presidenta con Chávez si esto va a perjudicar aún más nuestras empresas?".

La salva de críticas fue inmediatamente divulgada por la cadena opositora venezolana Globovisión, que mágicamente incorporó al Jefe de Gobierno porteño y al diputado de la derecha peronista en su listado de socios internacionales televisables.

La artillería del Grupo Clarín
A su vez, frente al incidente, la corporación Clarín, no vaciló en adoptar una franca actitud antigubernamental.

Desde “el gran diario argentino” se divulgó el pedido de la UIA en el sentido de que “se frene el ingreso de Venezuela al Mercosur”. Y desde Radio Mitre, el Dr. Carlos Pérez Llana -columnista de política internacional de Ernesto Tenembaum- comparaba la entrada de Venezuela al Mercosur, con el ingreso de Turquía a la Unión Europea. Peréz Llana sostenía que en ambos casos sus sistemas de gobierno los hacían incompatibles con las respectivas organizaciones regionales.

Además, en el diario impreso Clarín la columna de Eduardo Van Der Kooy, alertó acerca de que “la relación con Caracas descubre mucha debilidad de los Kirchner”.

El día 23, en un artículo titulado “Los destinatarios del mensaje”, el matutino postuló que, en referencia al plan de estatizaciones de Venezuela: "Estamos viendo un espejo en el que no queremos mirarnos en el futuro”. Además, el comentario editorial expresa sus temores por una mayor intervención estatal en las empresas del país.

El periódico también utilizó el “entuerto de los micrófonos”, una historia que saca de contexto declaraciones de Chávez a su colega Lula Da Silva cuando dijo que “no estatizará empresas brasileñas”.

Le tocó a Nicolás Maduro, canciller venezolano, aclarar la situación generada por los “micrófonos indiscretos”.

El funcionario explicó a Telesur que los medios distorsionaron un cable de la agencia AFP, dónde literalmente se decía que “en un ambiente distendido, Chávez llegó a bromear con Lula, al narrar que Venezuela pasaba por una fase de ‘nacionalizaciones, menos de las empresas brasileñas’, provocando una carcajada general en la reunión”.

Maduro explicó que la frase fue manipulada deliberadamente por algunos medios de Argentina, con el propósito de crear animosidad en las relaciones bilaterales.

Las explicaciones del canciller venezolano se complementaron con un comunicado del Gobierno de Venezuela, donde se reafirma que “en días recientes, algunos medios de comunicación argentinos han desatado una feroz campaña de difamación contra la República Bolivariana de Venezuela, con la intención de hacer creer al pueblo argentino que las empresas y, en general, los intereses argentinos, estarían amenazados”.

La hora de la diplomacia bilateral
Si bien la maniobra mediática descolocó en principio a la Casa Rosada, causando un personal pedido de explicaciones de parte de la presidenta Cristina Fernández a su homólogo venezolano. También, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, explicó que el asunto quedaba zanjado después de las razones del caso brindadas por Caracas.

Las mismas ratificaban “todo su respeto y su confianza por el pueblo argentino, por su gobierno y por los empresarios argentinos, con quienes nos une una relación estrecha y de trabajo productivo”.

Dicha “relación estrecha de trabajo productivo” fue defendida por la embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro, quien hizo referencia a que, coincidentemente con el affaire de las estatizaciones, se hallaba en Caracas una delegación de empresarios argentinos negociando contratos de provisión de insumos en distintos rubros industriales, entre ellos maquinaria agrícola, para casi 60 empresas publicas venezolanas.

Las declaraciones de Alicia Castro fueron realizadas en la emisión del programa “A dos voces” -que el Grupo Clarín emite por señal de cable- en presencia del dirigente de la muy irritada UIA, Horacio De Mendiguren quién “in situ” ratificó la información.

En el mismo programa, el ministro Randazzo recordó que la balanza comercial con Venezuela creció un 700 por ciento en los últimos tres años de la administración de Hugo Chávez. Dato que tampoco fue desmentido y que descubre el pobre sustento de la negativa intencionalidad de las críticas opositoras y mediáticas.

Paralelamente, la presidenta Cristina Fernández había recordado al Grupo Techint el aporte del gobierno argentino en defensa de las negociaciones por la indemnización de Sidor, que permitieron al grupo empresario hacerse de 1.900 millones de dólares.

Sin embargo, la mandataria no perdió la oportunidad de reprochar al grupo: "… eso sí, nos hubiera gustado que los primeros 400 millones de dólares que ya cobraron los hubieran depositado en algún banco aquí, en la Argentina", sentenció.

A estas declaraciones, el Grupo Clarín contraatacó, con una columna de Ricardo Kirschbaum, en dónde se equipara la actitud de Techint con el incierto destino de los fondos de la Provincia de Santa Cruz. Estos fueron depositados en bancos extranjeros durante lo peor de la era neoliberal del ex presidente Carlos Saúl Menem y su ministro Domingo Felipe Cavallo.

La referencia de los depósitos de Techint, llegó como velada respuesta a las críticas electoralistas que cupieron al gobierno argentino luego del anuncio –esta semana- de la apertura de una línea de créditos hipotecarios para la vivienda, financiada con fondos del ANSES. ¿Con qué dinero podría hacerse tal aporte social si los empresarios exitosos prefieren volcar sus dividendos en ahorro externo?

En resumen, todo el escándalo en derredor de las estatizaciones fue generado por empresarios que sintieron amenazados sus bolsillos y por políticos opositores ávidos de aprovechar cualquier circunstancia en aras de aumentar su caudal de votos.

Ambos sectores fueron apoyados por los medios de prensa que defienden -tanto en Caracas como en Buenos Aires- sus propios intereses corporativos y que presentaron las nacionalizaciones como un despojo. El horizonte prevé una negociación -con regateo incluido- a fin de acordar el monto indemnizatorio correspondiente.

Las críticas y la manipulación informativa fueron instrumentadas para enfrentar a ambos gobiernos. Se intentó presentar a Hugo Chávez como un verdugo de los intereses argentinos y, simultáneamente, empujar a Cristina Fernández a convertirse en devota defensora de intereses privados. Toda la maniobra ignoró deliberadamente que -en palabras del Canciller Nicolás Maduro- “Argentina es mucho más grande que Techint”.

Muy lejos de ser verdugo, nadie recordó que fue el Gobierno Bolivariano quien compró títulos públicos argentinos, sin condiciones, cada vez que Argentina lo requirió. Ni que prestó el dinero para salvar a Sancor, ni que Venezuela abrió sus mercados para salvar otras empresas argentinas que todavía boqueaban por la crisis del 2001.

Mucho menos se dijo, que con la estatización, Caracas busca solucionar los perennes conflictos sociales derivados de la gestión de Techint en Venezuela y abaratar simultáneamente los costos de los productos allí fabricados. Entonces… ¿Es culpable Hugo Chávez de pretender hacer mejores negocios en favor de su país?

dghersi@prensamercosur.com.ar

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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