Creo que uno de los mayores errores del Kirchnerismo en mayo de 2003 fue no ir mas allá de la impresentable corte suprema de la era menemista-delarruista y no haber puesto en comisión a todos los jueces federales para que hubiesen requerido una nueva confirmación del senado para poder seguir en sus cargos .
Al solo avanzar correctamente sobre la corrupta e impresentable Corte Suprema menemista no bien asumió como presidente usando la cadena nacional para anunciar el apriete de Nazareno , creo que lamentablemente Néstor no provechó ese momento para una limpieza a fondo de los tribunales y de los muchos jueces y fiscales federales polémicos.
Pero bueno se apostó a una renovación lenta de los tribunales inferiores , limpieza que obviamente la corporación judicial resistió y resiste , ahora además contraataca por mas poder en el Consejo de la Magistratura y la defensa corporativa de los jueces aprovechando el resultado de las elecciones parlamentarias ( a propósito de las elecciones parlamentarias que yo sepa nunca un gobierno saco mas allá del 40% de los votos , de hecho el propio kirchnerismo en las parlamentarias de 2005 alcanzo el 38% de los votos , o sea que con el ridículo análisis medíatico y político actual hubo mas de 6 de cada 10 en contra de Kirchner en su apogeo entonces mientras que en su peor momento y en el contexto de las crisis del capitalismo financiero global alcanzo esta terrible derrota con aproximadamente el 31% , digo solo para cuantificar 7 % menos que en el apogeo en elecciones parlamentarias , terrible derrota )
Copio esta nota de http://www.elargentino.com/nota-50688-La-Justicia-necesita-cirugia-mayor-no-el-Consejo.html
Diana Conti
“La Justicia necesita cirugía mayor, no el Consejo”
Foto: Ezequiel Torres
23-07-2009 / La consejera oficialista en la Magistratura contraataca. La diputada replica las críticas por el funcionamiento del cuerpo y advierte: “Quieren más jueces para proteger a la corporación judicial”.
Por Deborah Maniowicz
- Después de las elecciones, la oposición, los magistrados y los colegios de abogados salieron a pedir una reforma del Consejo. ¿Cómo evalúa esas críticas?
–Estamos hablando de una ley que se quiere reformar que entró en vigencia hace solamente dos años y medio, ley que según la Constitución requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros del Congreso nacional. Qué quiere decir esto: que la Constitución previó que un organismo de esa naturaleza no puede ser reformado una vez por año sino que requiere un consenso muy importante. En los dos años y medio de este nuevo Consejo, los logros obtenidos han sido muy importantes, sobre todo respecto de las críticas que tuvo el Consejo anterior. Fundamentalmente se acabó con la connivencia del organismo con los jueces y por lo tanto la impunidad política de los malos jueces. Eso es lo que al Poder Judicial le molesta, junto con la necesidad de la Corte Suprema de querer hacer lo que la Constitución prohíbe, que es querer manejar la totalidad del presupuesto del Poder Judicial.
–¿Cómo se maneja el presupuesto?
–Justamente cuando se formuló el Consejo de la Magistratura se le dio como tarea específica ser el administrador de los fondos del Poder Judicial. Hay un presupuesto de la Corte y un presupuesto del resto del Poder Judicial nacional y federal que maneja el Consejo. De este modo el Consejo ya no es una escribanía de la Corte: creo que esto molesta y por eso el sector judicial reclama que el Consejo vuelva a ser presidido por el titular de la Corte. Recordemos que la reforma del ’94 dice que el Consejo de la Magistratura estará integrado por quienes surjan del voto popular: legisladores, senadores y representantes del Poder Ejecutivo, por jueces de todas las instancias, abogados, académicos. Pero cuando habla de jueces de todas las instancias habla de jueces inferiores de la Nación, que no es la Corte. La Constitución no quiere ni que lo integre ni que lo presida la Corte. Sin embargo, en la anterior ley nadie objetó esa cuestión. Desde mi perspectiva, si la Corte quiere presidir el Consejo hay que hacer una reforma constitucional. Las críticas emergen de un reclamo corporativo judicial que, de manera oportunista, ha sido cooptado por los sectores políticos que creen que el Ejecutivo está debilitado luego de las elecciones.
–La derrota electoral debilitó la representación parlamentaria del oficialismo.
–Pero no debilitó sus convicciones, ni su mandato popular, que es democrático y que vamos a ejercer durante todo el período que nos toca. Uno no mantiene las convicciones según el número de legisladores que tiene. Ellos creen que el oficialismo está más debilitado y no advierten que el debilitamiento en las convicciones no se dará nunca.
–Una de las políticas liminares del oficialismo fue enjuiciar a los criminales de la dictadura. ¿Cómo se explica que en la Justicia persistan funcionarios que juraron por las actas del Proceso?
–Lo veo mal. Una de las críticas que se le hace al Consejo de la Magistratura es que el oficialismo modifica el orden de mérito de los concursos. Lo hemos hecho a propuesta mía, porque considero que haber sido funcionario o juez durante la dictadura es un demérito. Pero los consejeros no oficialistas, en cambio, consideran que haber ejercido en dictadura les suma puntos a sus antecedentes por antigüedad.
–¿Por qué no se logró cambiar?
–Porque somos trece y es una votación que perdemos ocho a cinco. Para que esos jueces no sigan en actividad hay que removerlos mediante el juicio político. El oficialismo activó acusaciones contra (Alfredo) Bisordi, Otero Álvarez y un gran número de jueces que tuvieron participación o connivencia con violadores de derechos humanos. El oficialismo lo hizo, el resto no.
–Sin embargo aún hay jueces en funciones que trabajaron en dictadura.
–Hay que separar las cosas. Hay jueces, como (Eugenio) Zaffaroni, que juraron por las actas pero no fueron funcionales a la dictadura. Es más, denunciaron lo que pasaba. Otros, en cambio, violaron derechos humanos o fueron cómplices por callarse torturas. A medida que se descubren, este Consejo los acusa y los remueve. Estamos abiertos a recibir todo tipo de pruebas. Con este Consejo no tienen impunidad, pero necesitamos las pruebas y la corporación judicial no ofrece las pruebas. Ellos saben quiénes estuvieron involucrados porque son de la gran familia judicial, pero no los denuncian. Es más, los quieren proteger con más jueces dentro del Consejo, para que nada ocurra.
–¿Qué falencias tiene el actual Consejo?
–El proceso de selección de candidatos. Habría que cambiar las pautas de calificación para que el hecho de haber participado en la dictadura sea un demérito y no un mérito. Las pruebas de oposición deberían ser, además de escritas, orales para que deje de existir el anonimato en las acusaciones. Presenté esas cuestiones, pero el resto de los consejeros no las aprobaron.
–¿Por qué?
–Porque defienden los intereses de la corporación judicial.
–¿El Gobierno está dispuesto a introducir cambios en el funcionamiento del Consejo?
–Se va a debatir cuando haya 129 diputados y 37 senadores, que es lo que se necesita para que se pueda modificar la ley. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, acordó incluir este debate en la agenda legislativa.
–Pero el ministro de Justicia, Julio Alak, ya anticipó que el Ejecutivo no tiene intención de modificar la composición del Consejo.
–La intención no es modificarla, pero si se reúne ese número de diputados y senadores que piensen igual respecto de la ley, se modificará.
–Antes mencionó que el presidente de la Corte no debería presidir el Consejo. ¿Qué opinión le merece Ricardo Lorenzetti?
–No voy a opinar. Fui senadora, le di el acuerdo a él como a otros miembros de la Corte porque me parecen personas idóneas y de bien que prestigian a la Justicia. Lástima que eso no rebalsa sobre el resto del Poder Judicial.
–¿Cómo evalúa el funcionamiento de la Justicia?
–La Justicia es la que necesita cirugía mayor, no el Consejo de la Magistratura. Y como la Justicia sabe que este Consejo intenta esa cirugía mayor reclama tener mayoría de jueces, cuando ya se demostró que nunca un juez vota contra un colega.
–¿Es posible combinar calidad y velocidad en la administración de justicia?
–Por supuesto, pero para eso los jueces deben trabajar más, con carga horaria completa, que no se desempeñen en otras actividades, paguen impuesto a las ganancias y que no tengan un mes y medio de vacaciones.
- Después de las elecciones, la oposición, los magistrados y los colegios de abogados salieron a pedir una reforma del Consejo. ¿Cómo evalúa esas críticas?
–Estamos hablando de una ley que se quiere reformar que entró en vigencia hace solamente dos años y medio, ley que según la Constitución requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros del Congreso nacional. Qué quiere decir esto: que la Constitución previó que un organismo de esa naturaleza no puede ser reformado una vez por año sino que requiere un consenso muy importante. En los dos años y medio de este nuevo Consejo, los logros obtenidos han sido muy importantes, sobre todo respecto de las críticas que tuvo el Consejo anterior. Fundamentalmente se acabó con la connivencia del organismo con los jueces y por lo tanto la impunidad política de los malos jueces. Eso es lo que al Poder Judicial le molesta, junto con la necesidad de la Corte Suprema de querer hacer lo que la Constitución prohíbe, que es querer manejar la totalidad del presupuesto del Poder Judicial.
–¿Cómo se maneja el presupuesto?
–Justamente cuando se formuló el Consejo de la Magistratura se le dio como tarea específica ser el administrador de los fondos del Poder Judicial. Hay un presupuesto de la Corte y un presupuesto del resto del Poder Judicial nacional y federal que maneja el Consejo. De este modo el Consejo ya no es una escribanía de la Corte: creo que esto molesta y por eso el sector judicial reclama que el Consejo vuelva a ser presidido por el titular de la Corte. Recordemos que la reforma del ’94 dice que el Consejo de la Magistratura estará integrado por quienes surjan del voto popular: legisladores, senadores y representantes del Poder Ejecutivo, por jueces de todas las instancias, abogados, académicos. Pero cuando habla de jueces de todas las instancias habla de jueces inferiores de la Nación, que no es la Corte. La Constitución no quiere ni que lo integre ni que lo presida la Corte. Sin embargo, en la anterior ley nadie objetó esa cuestión. Desde mi perspectiva, si la Corte quiere presidir el Consejo hay que hacer una reforma constitucional. Las críticas emergen de un reclamo corporativo judicial que, de manera oportunista, ha sido cooptado por los sectores políticos que creen que el Ejecutivo está debilitado luego de las elecciones.
–La derrota electoral debilitó la representación parlamentaria del oficialismo.
–Pero no debilitó sus convicciones, ni su mandato popular, que es democrático y que vamos a ejercer durante todo el período que nos toca. Uno no mantiene las convicciones según el número de legisladores que tiene. Ellos creen que el oficialismo está más debilitado y no advierten que el debilitamiento en las convicciones no se dará nunca.
–Una de las políticas liminares del oficialismo fue enjuiciar a los criminales de la dictadura. ¿Cómo se explica que en la Justicia persistan funcionarios que juraron por las actas del Proceso?
–Lo veo mal. Una de las críticas que se le hace al Consejo de la Magistratura es que el oficialismo modifica el orden de mérito de los concursos. Lo hemos hecho a propuesta mía, porque considero que haber sido funcionario o juez durante la dictadura es un demérito. Pero los consejeros no oficialistas, en cambio, consideran que haber ejercido en dictadura les suma puntos a sus antecedentes por antigüedad.
–¿Por qué no se logró cambiar?
–Porque somos trece y es una votación que perdemos ocho a cinco. Para que esos jueces no sigan en actividad hay que removerlos mediante el juicio político. El oficialismo activó acusaciones contra (Alfredo) Bisordi, Otero Álvarez y un gran número de jueces que tuvieron participación o connivencia con violadores de derechos humanos. El oficialismo lo hizo, el resto no.
–Sin embargo aún hay jueces en funciones que trabajaron en dictadura.
–Hay que separar las cosas. Hay jueces, como (Eugenio) Zaffaroni, que juraron por las actas pero no fueron funcionales a la dictadura. Es más, denunciaron lo que pasaba. Otros, en cambio, violaron derechos humanos o fueron cómplices por callarse torturas. A medida que se descubren, este Consejo los acusa y los remueve. Estamos abiertos a recibir todo tipo de pruebas. Con este Consejo no tienen impunidad, pero necesitamos las pruebas y la corporación judicial no ofrece las pruebas. Ellos saben quiénes estuvieron involucrados porque son de la gran familia judicial, pero no los denuncian. Es más, los quieren proteger con más jueces dentro del Consejo, para que nada ocurra.
–¿Qué falencias tiene el actual Consejo?
–El proceso de selección de candidatos. Habría que cambiar las pautas de calificación para que el hecho de haber participado en la dictadura sea un demérito y no un mérito. Las pruebas de oposición deberían ser, además de escritas, orales para que deje de existir el anonimato en las acusaciones. Presenté esas cuestiones, pero el resto de los consejeros no las aprobaron.
–¿Por qué?
–Porque defienden los intereses de la corporación judicial.
–¿El Gobierno está dispuesto a introducir cambios en el funcionamiento del Consejo?
–Se va a debatir cuando haya 129 diputados y 37 senadores, que es lo que se necesita para que se pueda modificar la ley. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, acordó incluir este debate en la agenda legislativa.
–Pero el ministro de Justicia, Julio Alak, ya anticipó que el Ejecutivo no tiene intención de modificar la composición del Consejo.
–La intención no es modificarla, pero si se reúne ese número de diputados y senadores que piensen igual respecto de la ley, se modificará.
–Antes mencionó que el presidente de la Corte no debería presidir el Consejo. ¿Qué opinión le merece Ricardo Lorenzetti?
–No voy a opinar. Fui senadora, le di el acuerdo a él como a otros miembros de la Corte porque me parecen personas idóneas y de bien que prestigian a la Justicia. Lástima que eso no rebalsa sobre el resto del Poder Judicial.
–¿Cómo evalúa el funcionamiento de la Justicia?
–La Justicia es la que necesita cirugía mayor, no el Consejo de la Magistratura. Y como la Justicia sabe que este Consejo intenta esa cirugía mayor reclama tener mayoría de jueces, cuando ya se demostró que nunca un juez vota contra un colega.
–¿Es posible combinar calidad y velocidad en la administración de justicia?
–Por supuesto, pero para eso los jueces deben trabajar más, con carga horaria completa, que no se desempeñen en otras actividades, paguen impuesto a las ganancias y que no tengan un mes y medio de vacaciones.
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