La dictadura sigue presente en la familia judicial

Algunos renunciaron. Unos pocos intentaron resistir y fueron cesanteados. La inmensa mayoría juró acatar los objetivos fijados en el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional que sancionó la Junta Militar tras el golpe del 24 de marzo del 76.

Por Equipo de política
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(en la foto el presidente de la corporación judicialque Ricardo Recondo , quien suele defender y en gral logra salvar de los juicios en el consejode la magistratura a todos estos jueces nefastos que tenemos , incluyendolo en el grupo)

Algunos renunciaron. Unos pocos intentaron resistir y fueron cesanteados. La inmensa mayoría juró acatar los objetivos fijados en el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional que sancionó la Junta Militar tras el golpe del 24 de marzo del 76. Sus responsabilidades no son homogéneas y, aunque el regreso de la democracia significó para los más notorios el fin de sus funciones en los poderes judiciales de la Nación y las provincias, no son pocos los que pudieron reciclarse recostados en sus contactos con el poder político y económico, o gracias al silencio cómplice de sus colegas.
La situación no es nueva, pero cobró vigencia desde que un nutrido grupo de magistrados, ubicados en posiciones claves, cuestionó las decisiones del poder surgido de las urnas en temas claves como la ley de medios, el pago de la deuda en default y la aceleración de las causas por crímenes de lesa humanidad. “Desde 1930, cuando la Corte Suprema reconoció por acordada como legítimo a un gobierno de facto, los jueces jamás se plantearon la posibilidad de enfrentar a los grupos que decidieron la suerte del país a espaldas de la voluntad popular”, reconoció a Miradas al Sur un ex magistrado que se inició como meritorio en la década del sesenta en el fuero comercial.
El perfil se acentuó cuando el terrorismo de Estado arrasó con la disidencia. Un proceso que terminó por distanciar a sus integrantes de las demandas sociales. El informe final de la Conadep es ilustrativo: “Hubo jueces que, dentro de las tremendas presiones sufridas por la situación reinante, cumplieron su función con la dignidad y el decoro que se esperaba de ellos. Pero también es real que hubo quienes, teniendo el deber jurídico de proteger a las personas y sus bienes, dejaron de hacerlo; quienes pudiendo limitar el abuso de las detenciones arbitrarias avalaron la aplicación de verdaderas penas sin juicio previo; y quienes, por fin, con su indiferencia, exhibieron una conducta cómplice con los secuestros y las desapariciones”.

Un pasado que condena. Reciclados como adalides del estado de derecho, muchos jueces integran una intrincada trama que los vincula –por comunidad de intereses y afinidad ideológica– con los sectores transnacionalizados de la economía; un lugar donde abrevan los estudios jurídicos más influyentes del país. Un verdadero poder que comenzó a constituirse a la sombra de la dictadura, se reconvirtió durante la década del menemismo y aflora hoy para defender a sus patrocinadores en cuestiones comerciales, políticas y penales.
Un ejemplo de la supervivencia de esos sectores es el caso de cuatro de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Formosa. Manuel Hang –ex presidente del Tribunal– es el más comprometido. Tras el golpe militar, integró el Tribunal como juez subrogante, para desempeñarse luego en la Asesoría General de Gobierno, donde compartió funciones con el ex capitán Carlos Domínguez Linares –imputado por tormentos agravados–. Una carrera en la judicatura castrense que lo elevó al cargo de fiscal de Estado cuando el general (R) Juan Carlos Colombo –acusado de delitos de lesa humanidad– regía los destinos de la provincia.
Los organismos de derechos humanos de la provincia destacan que no pueden impartir justicia quienes fueron cómplices de la dictadura y agregan los casos de otros tres miembros del Tribunal: Carlos Gerardo González –designado fiscal en Las Lomitas en plena represión–, Ariel Coll –ingresó al Poder Judicial de la provincia en 1978 y se desempeñó como juez en Las Lomitas y Clorinda– y Arminda del Carmen Colman –ascendida de secretaria a jueza de mayor cuantía de Formosa por la dictadura–. Aunque recusados y denunciados infinidad de veces, todos siguen en sus cargos.
Similares acusaciones pesan sobre los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán René Mario Goane y Alberto José Brito. El primero se desempeñó en la Fiscalía del Estado provincial entre 1976 y 1983 –además fue director del Registro Civil entre mayo y julio del 76–. El segundo juró dos meses después del golpe para asumir como secretario en el fuero civil y comercial, desde donde escaló posiciones hasta acceder en octubre del 77 a una secretaría en la Corte, antes de ser designado juez en lo civil y comercial. Desde septiembre del año pasado, los organismos de derechos humanos esperan que la Legislatura se haga cargo del tema y no dejan de señalar que los sucesivos gobiernos mantuvieron en la judicatura provincial a jueces vinculados con la dictadura.
La situación no es mejor en Mendoza. “La Cámara de Apelaciones tiene una posición tomada, y es claramente a favor de los represores”, denunció Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En la provincia todavía genera críticas la catarata de excarcelaciones que benefició a un grupo de represores que actuó en la región. Las denuncias apuntan a los jueces Otilio Romano, Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitinio y Luis Miret. Sus resoluciones permitieron que Tamer Yapur –ex interventor provincial durante la dictadura– y el coronel (R) Oscar Orlando Dopazo –ex jefe de inteligencia del G2– esperaran en libertad –al igual que los ex comisarios Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk– el inicio del postergado juicio oral en el marco de una megacausa que investiga unos 200 casos de desaparición y tortura, además del asesinato de Francisco “Paco” Urondo.
Otro ejemplo de supervivencia lo constituyen Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, y Conrado Bergesio, juez federal de San Martín que debe dilucidar si Felipe y Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Ambos magistrados se desempeñaron en la Cámara Federal en lo Penal, una jurisdicción extraordinaria creada por Alejandro Agustín Lanusse en 1971 para juzgar delitos calificados como “subversivos” y que fuera disuelta por el Congreso en 1973. Más recordado como “El Camarón”, el tribunal acumuló en su breve vida un sinnúmero de denuncias sobre apremios ilegales que –en muchos de los casos– se habrían producido con el conocimiento de sus integrantes.
Algunos miembros del Poder Judicial, sin levantar la voz, consideran que Basavilbaso y otros integrantes del Tribunal debería seguir los pasos de Alfredo Horacio Bisordi, quien renunció cuando se desempeñaba como presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal antes de enfrentar un juicio político por las persistentes demoras que registraban las causas por delitos de lesa humanidad. Su trayectoria –dicen en Tribunales– no dista mucho de la que pueden exhibir algunos de sus colegas. Secretario de la Corte Suprema en los años 90, ingresó en la Justicia en 1967 y se mantuvo como secretario de un juzgado penal antes y después del golpe de marzo del 76.
A diferencia de Bisordi, proclive a los exabruptos, Basavilbaso mantiene el apoyo de Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, quien no dudó en reiteradas ocasiones en acusar al Gobierno de presionar a los jueces, pero olvida que su protegido promovió los sobreseimientos de Ramón Camps y Miguel Echecolatz en una causa en la que intervino cuando se desempañaba como fiscal del fuero penal.

“Oscuro e ineficiente”. A veintisiete años del regreso de la democracia, la resistencia del Poder Judicial a realizar una autocrítica sigue tan vigente como su opción por las posiciones conservadoras. “Basta detenerse en las persistentes denuncias por torturas que se registran en muchas jurisdicciones, o la aplicación de la prisión preventiva bajo condiciones inhumanas de detención, para darse cuenta del consenso que reina entre la mayoría de los jueces”, confió a Miradas al Sur un ex secretario del fuero penal. Aunque a partir de 1983 se registraron avances, muchos abogados destacan que “la criminalización de las protestas sociales” y “los desalojos de familias ordenados sabiendo que no existen soluciones habitacionales desde el Estado” son pruebas del posicionamiento ideológico de muchos de sus integrantes.
Quienes transitan desde hace muchos años los pasillos de los Tribunales en busca de justicia para sus clientes, no dudan en afirmar que hoy, al igual que en el pasado, muchas causas que se tramitan en los fueros federal y comercial avanzan o se frenan al compás de las pujas que desatan los intereses políticos y económicos en juego. Aunque existen excepciones, la encrucijada convierte a los jueces en reguladores del conflicto. “La situación se agrava en las provincias, donde los grupos más reaccionarios tienen representantes en el poder político con capacidad para presionar a los jueces inferiores ante la mirada impasible de los tribunales superiores”, afirmó otro de los consultados.
Según la visión aportada por el Centro de Estudios Legal y Social (CELS), la situación “ha ido delineando en la Argentina un Poder Judicial con fuertes tendencias corporativas y burocráticas, permeable a las pujas de poder, oscuro e ineficiente, acostumbrado a no rendir cuentas, alejado de los conflictos sociales y con escasa legitimidad”. Un retrato que no ayuda a mejorar la defensa que realizó la jueza María José Sarmiento de su padre, el coronel Luis Alberto Sarmiento, acusado de torturar hasta la muerte en 1972 al estudiante Ángel Enrique Brandazza.