La historia del ex Coronel genocida Luis Alberto Sarmiento y su hija la jueza paranoica

El padre de la Jueza Sarmiento participó en la represión ilegal : "El mago de la Picana"

La jueza creerá que los crímenes de su padre no existieron ? O que la justicia no corre para algunos delincuentes privilegiados ? O será cómplice de esios delitos ?

El ex coronel de Inteligencia del Ejército Luis Alberto Sarmiento, a quien dos policías rosarinos señalaron como el responsable de las torturas hasta la muerte del estudiante Angel Enrique Brandazza, Tacuarita, secuestrado en la semana del regreso de Perón a la Argentina, el primero en la lista de la CONADEP. Durante la última dictadura Sarmiento fue jefe de Inteligencia y ministro de gobierno en Misiones, donde el fiscal general pidió hace ya cuatro años su procesamiento por participar en crímenes de lesa humanidad. Poco conocido fuera del Ejército hasta que su hija saltó a la fama, fue uno de los principales jefes operativos de la represión durante la dictadura de Onganía-Lanusse, y continuó incluso después de su retiro durante la de Videla-Viola-Galtieri-Bignone.

Buenos Muchachos

Nacido en Córdoba el 17 de junio de 1925, Sarmiento egresó del Colegio Militar en la promoción 74, donde fue compañero de quienes ocuparían algunos de los cargos más importantes en la represión y en el gobierno a partir de 1976: Leopoldo Fortunato Galtieri, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros, Albano Eduardo Harguindeguy, Otto Carlos Paladino, Jorge Carlos Olivera Róvere, Osvaldo René Azpitarte, Carlos Enrique Laidlaw, entre otros.

En mayo de 1971 fue destinado como Jefe de Inteligencia al Comando del Cuerpo II, uno de los escenarios principales de la lucha del Ejército contra las organizaciones armadas peronistas y marxistas y continuó en ese decisivo cargo operativo en 1972. El Libro Histórico del Comando indica que como G2, Sarmiento ocupaba el cuarto cargo en el orden de precedencia, sólo antecedido por el Comandante del Cuerpo, su jefe de Estado Mayor y el jefe de personal. El 28 de noviembre de 1972, Tacuarita Brandazza, de 23 años, integrante de la agrupación universitaria peronista Unión Nacional de Estudiantes, fue secuestrado por un comando conjunto de las policías provincial y federal, el Cuerpo de Ejército II y la Gendarmería, y torturado hasta morir en la sede del Comando, en Dorrego al 900 de Rosario. Según el médico Miguel Angel Hadad, Brandazza falleció allí a raíz de las torturas el 29 de noviembre de 1972, al día siguiente de su secuestro.

El caso tuvo una vasta repercusión porque once días antes había regresado a la Argentina el ex presidente Juan Perón. El secuestro de Brandazza se produjo cuando salía de la empresa donde realizaba trabajos contables. Lo introdujeron en el baúl de un auto, del que saltó en la concurrida esquina de Córdoba y Boulevard Oroño, gritando su nombre y pidiendo auxilio. Pero lo recapturaron allí mismo y nunca reapareció. El 25 de mayo de 1973, al concluir la dictadura del general Alejandro Lanusse, la Legislatura Santafesina creó una Comisión Bicameral Investigadora que determinó las responsabilidades y señaló a los culpables. El agente de policía Angel Jesús Farías se había fugado con su cuñada. La esposa despechada denunció que Farías había participado en el secuestro de Brandazza junto con el ordenanza Gregorio Prieto, y que se había quedado con el reloj de la víctima para venderlo. Esto condujo a la detención de ambos, quienes confesaron su intervención y declararon que las torturas fueron dirigidas por el coronel Luis Alberto Sarmiento. En su edición del 1o de diciembre de 1973, el diario Clarín transcribió el testimonio según el cual Sarmiento y otro oficial entraban al calabozo de Brandazza “con una valijita, con un regulador de tensión para picana ‘como el que se ve en la película Estado de Sitio’”. El mismo día, en el diario rosarino La Capital, el diputado Juan Lucero, presidente de la bicameral, dio una conferencia de prensa junto con el jefe de la JP Regional, Jorge Obeid. Lucero informó sobre la declaración de Farías, quien dijo que el coronel Sarmiento era “un mago” para la picana. A pedido del Ejército, el presidente Perón dispuso que el caso fuera juzgado por un instructor militar y designó para ello al general retirado Carlos Alberto Caro. A partir de la ruptura de Perón con Montoneros y la generalización de secuestros, torturas y asesinatos, el expediente quedó en el olvido.

A raíz de este caso, que tuvo amplia divulgación en la prensa, Sarmiento debió pasar a retiro en diciembre de 1974. Terminada su carrera militar, se recicló en la Secretaría de Inteligencia del Estado, que ya entonces manejaban las Fuerzas Armadas. La conducía su compañero de promoción Otto Carlos Paladino. Quien lo hizo ingresar y se responsabilizó por él fue otro compañero de promoción, el coronel Eduardo Romeo San Emeterio, también oficial de Inteligencia, que había pasado a retiro en abril de ese mismo año. Ambos realizaron el curso de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, cuando eran mayores. San Emeterio cursó además la Escuela Superior de Guerra de Francia, cuna de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. El 9 de febrero de 1977 la agencia clandestina de noticias ANCLA, creada por Rodolfo J. Walsh, distribuyó un despacho titulado “El general Paladino dirige un grupo especial clandestino”, cuyos miembros recibían un pago extra “por el secuestro y asesinato de activistas políticos y gremiales del peronismo y de la izquierda: se les permitía el secuestro de algún alto industrial generalmente judío, para que por su liberación se obtuviera una buena recuperación económica”.

Lesa humanidad

Al producirse el golpe del 24 de marzo de 1976, Sarmiento cumplía funciones como jefe de Inteligencia en Posadas. Misiones era una de las seis provincias que dependían del Cuerpo de Ejército II y del coincidente Area de Seguridad II; de la Subzona 23, que correspondía a la Brigada de Infantería VII de Corrientes, y del área 232. Entre 1975 y 1976 el Cuerpo II fue comandado por otros dos compañeros de Sarmiento, Díaz Bessone y Galtieri; la Brigada de Corrientes por los generales Cristino Nicolaides y Cesario Angel Cardozo y el área 232 por los coroneles Juan A. Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco. Más de quince causas distintas se abrieron al concluir la dictadura para investigar noventa casos de secuestros, torturas y asesinatos. Paralizadas a raíz de las leyes de punto final y obediencia debida, comenzaron a reabrirse en 2005 una vez que la Corte Suprema de Justicia confirmó su nulidad. En febrero de 2006 el fiscal general de Misiones, Guillermo Mario Negro, solicitó el procesamiento de Sarmiento y de otros diez militares y policías. El primero de la lista que integra el padre de la jueza es Nicolaides. En junio de 2006, el juez federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, pidió el legajo de Sarmiento y de otros dos coroneles al Ministerio de Defensa, que los envió de inmediato, en el expediente 3-3159/05, “Franzen, María Graciela, s/denuncia privación ilegítima de la libertad y torturas”. María Graciela Franzen fue secuestrada en mayo de 1976, junto con su hermano Raúl Arturo. Ambos fueron sometidos a torturas y a fines de ese año Raúl fue asesinado en Margarita Belén, en un falso intento de fuga. El 25 de noviembre de 2006 el diario El Territorio de Posadas reprodujo una declaración del fiscal general Negro, según quien la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas y de la SIDE obedece al “macabro espíritu de cuerpo”.

La organización represiva

En diciembre de 2008, la “Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado” informó al Procurador General Esteban Righi sobre las medidas de ordenamiento procesal necesarias para que en un plazo razonable se produzcan en Misiones “juicios significativos, que den acabada cuenta del fenómeno represivo”. El estudio realizado por el fiscal general Jorge Eduardo Auat, que Righi envió en febrero de 2009 a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Apelaciones de Posadas, describe la organización represiva de aquellos años. En el área 232 funcionaron ocho centros clandestinos de detención, entre ellos el denominado Departamento de Informaciones. Auat cuestionó la dispersión en demasiadas causas, para hechos que ocurrieron en los mismos lugares y con idénticas víctimas y victimarios. A raíz de sus observaciones, la causa Franzen se acumuló con todas aquellas en las que se trataban los episodios ocurridos en la jefatura de policía. A partir del golpe, el coronel Beltrametti fue también interventor militar de la provincia y Sarmiento su ministro de gobierno, el mismo cargo que Ricardo Brinzoni ocupaba en el Chaco en ese momento. La policía tenía dependencia directa del ministro de gobierno. Auat escribió que en ninguno de los expedientes se observaba “un alto grado de avance procesal. En efecto, son sólo cinco personas respecto de las cuales se ha dictado auto de procesamiento. Luego hay cuatro personas indagadas cuya situación procesal todavía no ha sido resuelta y otras veintiuna cuyas indagatorias fueron requeridas por la fiscalía pero el juez no se ha expedido al respecto”. Una de las veintiuna era el coronel Sarmiento.

Fuente : Nota de H. Verbitzky