Grecia : Aprobaron el plan de ajuste del FMI / Los paralelos con los ajustes de 2001

Acorralado por la Unión Europea, Grecia aprobó un drástico plan de ajuste fiscal

Se reducirán salarios, jubilaciones y aumentarán los impuestos. El FMI y países de la UE habían condicionado el salvataje económico a una reducción considerable del gasto público.

El Parlamento de Grecia aprobó este jueves por mayoría un plan de ajuste fiscal presentado por el gobierno socialdemócrata para obtener una ayuda trianual de U$S 140.008 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea para evitar la bancarrota . El proyecto se aprobó con 172 votos positivos de diputados oficialistas y de ultraderecha. En contra votaron 121 legisladores de la izquierda radical y el Partido Comunista.

Los parlamentarios han votado a favor del plan de austeridad para ahorrar unos 30.000 millones de euros.

El domingo pasado los ministros de finanzas de lo 16 países miembros de la comunidad económica europea acordaron con el FMI activar un programa de rescate a tres años, del cual el 70% provendrá de países de la eurozona. Los desembolsos comenzarán el próximo 19 de mayo.


Recordemos a estos tipos como Broda que siguen hablando por los medios como si no hubieran sido responsables entusiastas de los planes de ajuste neoliberales , llamados pomposamente por el FMI como "de ajuste estructural" exactamente con la misma lógica hoy obligan a aplicar a los pobres griegos ajustados.

Siempre recuerdo el programa Marca de Radio en 2001 cuando Eduardo Aliverti le preguntaba a Carlos Heller columnista económico desde hace muchos años junto a Aliverti para mi por lejos el mejor periodista argentino.
E. Aliverti : Hay algun límite para el ajuste ?
C. Heller : El único límite para los ajustes es la capacidad de aguante de los ajustados

Déficit cero: la última oportunidad

Por Miguel Angel Broda

Para La Nación
Domingo 15 de julio de 2001 | Publicado en edición impresa

Con un gasto público primario (sin intereses) consolidado (Nación más provincias) que en 1991 fue de $ 35.399 millones y que en 2000 llegó a $ 69.908 millones anuales (suba del 97%) y una deuda pública consolidada que a diciembre de 1991 era de $ 64.635 millones y que, a junio de 2001, habría llegado a $156.944 millones, los ahorristas y prestamistas externos e internos han dicho basta. El sector público, que ha venido gastando sistemáticamente por encima de los ingresos que ha recaudado, con una relación deuda pública consolidada / PBI que pasó del 37,5% en diciembre de 1991, a 56.2% en junio de 2001, no puede seguir funcionando de esa manera.

Cavallo es un ministro que no desprecia el ajuste fiscal (estableció un fuerte impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente) aun cuando no lo enfatiza, y tampoco subestima el cierre de las necesidades de financiamiento del Estado (un "extrablindaje" en abril de $ 4263 millones, el "megacanje" de junio que difirió pagos entre 2001 y 2002 por $ 7821 millones), pero sólo hace muy pocas semanas llegó a la conclusión de que su reputación y credibilidad no eran suficientes para evitar un ajuste fiscal más riguroso.

Con este diagnóstico, el ministro Cavallo centró su estrategia en reducir el gasto público en tres frentes: el Anses y el PAMI, el costo de la política, y la transparencia de los planes sociales. El domingo 8 de julio, luego de volver de Europa, ese plan, apoyado primeramente por De la Rúa, fue desechado por Alfonsín y la UCR.

Apremiado por las circunstancias, Cavallo consigue alinear tras de sí al Presidente impulsando una nueva "regla de oro": el déficit cero. Esta regla se instrumentó a través de la modificación del artículo 34 de la ley de administración financiera, que restringe la ejecución del presupuesto (compromisos de gastos) a los recursos efectivamente recaudados en cada período, obligando a reducir las partidas en caso de menor expectativa de recaudación. Para el período agosto-diciembre de 2001, esta regla implica una reducción de gastos de entre $ 1400 millones y $ 1500 millones, que debe aplicarse proporcionalmente a todas las partidas presupuestarias.

Pero esta normativa es jurídicamente endeble y debería estar plasmada explícitamente en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2002 para adquirir mayor robustez.

Su inclusión permitiría darle mayor credibilidad al compromiso de aplicación de la regla de déficit cero que en 2002 llevaría a explicitar una baja del gasto público del orden de los $ 4500 millones (déficit previsto en las metas indicativas con el FMI), sólo morigerable con resultados positivos en la lucha contra la evasión fiscal.

La ley de convertibilidad impedía el financiamiento monetario del déficit. La regla de déficit cero implicaría que de ahora en más las necesidades de financiamiento del sector público sólo comprendan las amortizaciones remanentes de deuda pública. Claramente, es una situación extrema, después de una década de vivir gastando a cuenta del aumento de la deuda.

¿Está bien o está mal la "regla de oro" del déficit cero? Sin duda está bien. No existiendo más crédito, sólo se puede seguir gastando de acuerdo con lo que se pueda recaudar. Si De la Rúa hubiera aplicado esta regla al inicio de su mandato, o en el momento de la asunción de Cavallo como ministro, la historia podría haber sido diferente, y hoy la Argentina exhibiría niveles de riesgo más acordes con un escenario de reactivación de su economía.

En lugar de ello, nos debatimos entre un escenario caótico, con default y devaluación, que llevarían a una caída del PBI entre 10 y 15% con notable aumento del desempleo, y un escenario que sólo nos daría la oportunidad de evitar tan dramático desenlace, sin chances ya de evitar un año más de caída de la producción del país.

Las medidas adoptadas por el Gobierno el miércoles 11 están entonces orientadas en la dirección correcta.

Sin embargo, el jueves 12 y el viernes 13 los depósitos y reservas continuaron cayendo (después de una pérdida en los cuatro días anteriores de $ 1358 millones en depósitos y US$ 1722 millones en reservas), el riesgo país superó los 1600 puntos básicos y la tasa del call alcanzó niveles exorbitantes (más de 300% anual). Estos datos estarían reflejando dos grandes dudas: la primera, respecto de la viabilidad política, y la segunda, relacionada con la efectiva implementación operativa de la nueva regla.

Las dudas de viabilidad política están ahora centradas en los términos de las negociaciones que De la Rúa y Cavallo llevan adelante con los sectores de la Alianza más renuentes a prestar su apoyo.

Sin duda que es muy importante alcanzar un consenso político robusto. Pero en la búsqueda de estos consensos no debe desnaturalizarse la esencia de la regla de déficit cero: si en lugar de reducir el gasto público, tal como fue anunciado, sólo se pretende conseguir financiamiento forzoso en las empresas privatizadas, bancos y AFJP (que implican más endeudamiento o anticipo de impuestos que no estarían entonces disponibles en 2002), la desconfianza no cederá.

Aun la correcta implementación de la regla de déficit cero no asegura una salida exitosa a la grave situación que enfrenta el país. Sin embargo, es ésta la última oportunidad para que el Presidente intente torcer el rumbo de los acontecimientos. Si se malograra la puesta en marcha de la regla de déficit cero, versión fiscal de lo que fue en 1991 la ley de convertibilidad, la crisis no dejaría de agudizarse. Este fracaso conduciría a una brutal pérdida de ingresos, que profundizaría la depresión económica, agudizaría la conflictividad social y extendería los niveles de pobreza.

No hay salida milagrosa de esta complicada situación, y no hay margen para ninguna otra equivocación. El Presidente tiene el destino de la Nación en sus manos y si se alinea con el ministro Cavallo (manteniendo a rajatabla la reducción del gasto), todavía la reversión de la situación es posible.

El autor es presidente de la Fundación Gobierno y Sociedad.

Recortes en los contratados del Estado

El Gobierno instó a todas las reparticiones a reducir un 30 por ciento los salarios o el número de empleados transitorios

Jueves 27 de setiembre de 2001 | Publicado en edición impresa Bush, De la Rúa y Cavallo

Con la firme intención de que cierren las cuentas en el presupuesto del corriente año y también en el de 2002, la jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía instaron a todas las reparticiones del Estado a instrumentar en lo inmediato un recorte del 30 por ciento en la masa salarial de los empleados públicos contratados, que estaba previsto por decreto desde la aprobación de la ley de déficit cero.

Este recorte quedará en manos de cada repartición. Para alcanzar el 30 por ciento del ajuste deberán reducir salarios o bajar el número de contratos, dijo una fuente gubernamental.

Según confirmaron a LA NACION fuentes autorizadas de la Casa Rosada, la intención del Gobierno es darle continuidad el año próximo al recorte salarial del 30 por ciento a los empleados contratados, para lograr así un importante ahorro que ayude a alcanzar el ansiado déficit cero en 2002.

La decisión de instrumentar en forma "urgente" ese recorte surgió del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, con el acuerdo del ministro de Economía, Domingo Cavallo.

En rigor, la idea de llevar adelante esta poda salarial estaba plasmada desde que el Congreso aprobó la ley de déficit cero. Pero hasta ahora no todos los ministerios o reparticiones públicas habían materializado la medida.

También se exigió a las autoridades ministeriales el congelamiento de contratos de empleados públicos.

Niegan un nuevo recorte

Paralelamente, ayer circuló con insistencia una versión que planteaba la posibilidad de que el jefe del Estado firmara en lo inmediato un decreto para imponer un nuevo recorte salarial a los empleados públicos. Esta vez, se dijo, se preveía una poda del 6% que se pensaba sumar al 13% del recorte que actualmente está en vigor.

Pero desde la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía se negó rotundamente la versión: "No estamos pensando ni vamos a imponer un nuevo recorte de haberes", dijo tajante una alta fuente del Palacio de Hacienda.

El funcionario precisó a LA NACION que "es imposible pensar en un nuevo recorte de haberes que, por otra parte -aclaró- no haría falta hacerlo por decreto, sino por resolución ministerial".

La desmentida oficial coincidió a la vez con una información periodística que ayer daba cuenta, aunque sin aclarar las fuentes de información, que el Gobierno se dispondría a eliminar reparticiones y a fusionar ministerios en el proyecto de presupuesto de 2002.

El presidente De la Rúa negó la información al sostener que "sólo se trata de versiones infundadas".

Sin embargo, luego relató a los periodistas acreditados en la Casa Rosada que "la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y la ley de ministerios me permitirían hacer modificaciones en los ministerios e instrumentar un reforma en el Estado para lograr una mejor eficiencia, lo que no es lo mismo que hacer cambios en el gabinete".

En rigor, el proyecto de ley de presupuesto de 2002 no se debatirá en la Cámara de Diputados hasta después de las elecciones nacionales legislativas del 14 de octubre.

El Poder Ejecutivo prevé enviar después de esa fecha el detalle del proyecto de presupuesto que contemplaría especificaciones en cuanto al recorte de gastos que se deberán instrumentar en 2002 para llegar al déficit cero.

En campaña

Además de ello, en la Cámara baja existe un clima de campaña proselitista que impedirá realizar el trabajo en comisiones y que ya paralizó las sesiones (de lo que se informa por separado).

Por caso, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Raúl Baglini (UCR-Mendoza), que es candidato a senador por su distrito, adelantó a LA NACION que por una cuestión de "agenda proselitista" no arribará al Congreso hasta después de los comicios.

Críticas de Lamberto

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Oscar Lamberto (PJ), dijo que "no está claro el plan estratégico que tiene el Gobierno" para decidir el ajuste presupuestario que haría en 2002 para lograr el déficit cero, el cual incluiría ajustes en varias carteras, aguinaldos y salarios públicos.

Lamberto precisó que "no le parece ilógica" la versión de la fuerte poda de recursos que habría en varios sectores de la administración nacional para poder alcanzar los objetivos de la ley de déficit cero.

El legislador y candidato a senador por Santa Fe insistió en que el Congreso tiene que devolver el presupuesto que le envió para el Gobierno y pedirle que mande "el verdadero", cuyo contenido aseguró que desconoce el justicialismo.

Según Lamberto es "un disparate recortar seis mil millones de pesos" del presupuesto como pretende el Gobierno, pero peor -sostuvo- es que "no está claro cuál es el plan estratégico de país" que tiene el Poder Ejecutivo.

"Fijando prioridades por el lado de la caja se puede destruir una nación", alertó.

Por Martín Dinatale
De la Redacción de LA NACION