Ley Muro, una herramienta de transparencia
El 18 de mayo, nuestro Bloque “Nuevo Encuentro Popular y Solidario” presentó en el Congreso un Proyecto de Ley destinado a reforzar la ética pública.
Se trata de la “Ley Muro”, un recurso que ya se utiliza en algunos países europeos y que se basa en que los ciudadanos que ocupen cargos públicos y posean un patrimonio superior a los 10 millones de pesos, deberán depositar su capital en un fideicomiso que administrará sus bienes, impidiendo la realización de negocios privados mientras ejerzan sus cargos.
En Chile no se si hay legislación específica pero este tema fue muy controversial ante la candidatura presidencial y luego triunfo de un empresario multimillonario como Sebastian Piñera quien se comprometió publicamente a desprenderse de parte de sus millonarios bienes al acceder a la presidncia chilena, acá mientras tanto tenemos a Macri dueño de uno de los grupos económicos concentrados llama a licitaciones donde luego debe seleccionar entre sus propias empresas sin un verdadero control de gestión en estos asuntos o el empresario de medios Francisco de Narvaez , violando las leyes electorales en 2009 supuestamente con fondos de sus empresas y ahora pretendiendo que la corte habilite la violacion de nuestra constitución y por este tema tambien se habrian visto obligados at ransferir sus bienes al fideicomiso Menem , De la Rua o Duhalde o Kirchner y evitaria luego cosas como tener que andar justificando la compra de 2 millones de U$S contando obviamente con información privilegiada )
Según el proyecto, los bienes, acciones e inversiones de los funcionarios deberán ser transferidos temporalmente a un “fideicomiso ciego”, que será administrado por una entidad financiera independiente y registrada en el BCRA. Dicha entidad financiera deberá administrar los bienes de manera libre y autónoma, sin comunicar al fiduciante la evolución de sus fondos ni consultarlo sobre sus preferencias en la administración de los mismos.
El alcance del proyecto abarca a las primeras magistraturas de la Nación, la jefatura de Gabinete, Ministros, Secretarios de Estado, Interventores Federales, al Titular del Banco Central, y a cargos vinculados a empresas del Estado.
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