The people united will never be defeated - ¡Proletarios del mundo, uníos!

sábado, 31 de diciembre de 2011

Los desafíos de 2012

Análisis

Por Alberto Dearriba Periodista

La presidenta enfrenta tres retos para el año próximo. Uno es personal, el otro económico y el tercero político. Pero el objetivo que mejor resume la tarea es el de siempre: crear una sociedad más justa.

La presidenta Cristina Fernández tiene para 2012 un desafío personal imperioso, otro de orden económico, y un tercero exclusivamente político. El primero es obviamente recuperar la salud para poder sostener la hiperactividad que la caracteriza; el segundo es conseguir atenuar los efectos de la crisis internacional por la vía de la “sintonía fina” y el tercero es comenzar la instalación de un delfín que pueda sucederla en 2015.

No estoy de acuerdo , el desafío económico debe pasar por la ley de servcicios financieros , la carta organica del BCRA , nueva ley de inversiones , mayor intervención del estado en la economia gestionando empresas , seguir desarrollando politicas activas que impulsen la demanda agregada , seguir recuperando derechos laborales , impulsar un gran plan de obras publicas especialmente en transportes y viviendas , reactivar la red ferroviaria que apenas se recupero en los ultimos 8 años , entre otras cosas , basicamente la ley que regule el uso de la tierra urbana y rural y que limite la cantidad de tierras que puede tener un mismo titular .

La primera tarea tiene felizmente un buen pronóstico, ya que los médicos coinciden en que se trata de un tipo de cáncer que puede ser extirpado sin secuelas importantes. Si bien esta es una batalla decisiva para la presidenta, las otras dos parecen más complicadas aún.
En términos económicos, Cristina termina el mejor de los años de su primer mandato: creció la producción, el empleo, el salario y el consumo. Como si esto fuera poco, consiguió torcerle el brazo a quienes empujaron una corrida cambiaria que terminó con el Banco Central recuperando reservas y el dólar controlado. Tras controlar la quinta corrida cambiaria, con 46 mil millones de reservas y un mercado interno generoso, la Argentina parece bien colocada para afrontar los embates de la crisis internacional que llegarían en el segundo semestre. ( por suerte lo comoditties no bajan o sea los agrogarcas seguirán ganando y evadiendo millonadas , sobre todo sino se reactiva la junta nacional de granos y carnes o la ONNCA , ahora que ya se gano no hace falta seguir tranzando con los hijos de puta esos de la SRA , CRA y FFAA o la mesa de desenlace destituyente )

El superávit comercial y el fiscal fueron los dos pilares sobre los cuales Néstor Kirchner edificó la recuperación de la economía argentina. Pero ambas cuentas mostraron en 2011 una tendencia decreciente.
El traspaso del subte y sus consiguientes gastos a la Ciudad de Buenos Aires,


la eliminación de subsidios a los servicios públicos y la no entrega del plus de fin de año a los jubilados, son datos que indican que el gobierno busca un mayor equilibrio fiscal. ( en mi vocabulario eso se llamaria ajuste si baja el gasto , lo contrario de keynesianismo )
Por otro lado, la búsqueda de mayor competitividad expresada en la creación de una Secretaría de Estado específica, apunta a un doble objetivo: sostener las ganancias de las empresas (que dejen de ser extraordinarias) sin aumentos de precios, e incrementar las exportaciones sin necesidad de devaluar bruscamente la moneda.
Esta estrategia es la que la presidenta definió como “sintonía fina” y que apunta a discutir con empresarios y trabajadores los precios, salarios, ganancias, productividad e inversiones, de manera conjunta. “La idea central de la ‘sintonía fina’ es incrementar la competitividad por la vía de la inversión y la renovación tecnológica, en lugar de hacerlo vía precios o devaluación”. Con ese objetivo, el gobierno les viene pidiendo a los empresarios que afinen el lápiz con sus costos para controlar la inflación.
Por aquello de que no hay mal que por bien no venga, el menor nivel de actividad previsto para el año que viene puede arrojar índices de precios más amables. ( ajuste ortodoxo por nivel de actividad ) Tal vez la inflación de 2012 resulte el único indicador que mejore el rendimiento del año que termina.


El resto de los datos macroeconómicos difícilmente resulten tan brillantes como los de este año, al ser comparados contra los mejores registros macroeconómicos del gobierno de Cristina.
En términos políticos, la presidenta gozará unos meses más de los réditos de sus dos rotundos triunfos electorales. Termina además el año con una catarata de leyes sancionadas por la nueva mayoría parlamentaria.(incluyendo la ley antiterrorista para el GAFI y contra los argentinos )
Frente a una oposición que no consiguió convertirse en alternativa real de poder, Cristina Fernández empieza su segundo mandato sin adversarios de fuste a la vista y con un Congreso favorable, algo que no tuvo en los últimos dos años.
Mauricio Macri –que se salvó del incendio con una gambeta electoral– todavía tiene que cruzar la General Paz, los radicales están embrollados en su puja interna y la alianza progresista recién está en proceso de consolidación.
Como suele ocurrir cuando el peronismo demuele a los opositores, la disputa de poder puede plantearse internamente en 2012. La relación del gobierno con Hugo Moyano está “suspendida” según el dirigente camionero y “cortada”, según perciben militantes de La Cámpora en sus contactos con dirigentes de la Juventud Sindical.
En la CGT sostienen que Moyano esperaba un llamado al diálogo antes del anuncio de la enfermedad presidencial. Después de su embestida en Huracán, el titular de la CGT bajó los decibeles y sus hijos, Pablo y Facundo, lanzaron mensajes componedores.
Facundo Moyano suele conversar con Máximo Kirchner, pero es obvio que la convocatoria al diálogo para sellar un acuerdo de bases mínimas debe partir de la Rosada. A medida que se acerque la renovación de autoridades de la central obrera, a mediados de 2012, podría agudizarse la tensión, habida cuenta de que el kirchnerismo podría buscar un nuevo socio sindical.
Moyano está convencido de que el gobierno quiere desprenderse de él y está obviamente dispuesto a dar batalla. Pese a la mala relación personal, no debe descartarse totalmente la posibilidad de un acuerdo: al líder de la CGT no hay modelo político-económico que le cierre mejor que el del kirchnerismo y el gobierno no encuentra tampoco un sucesor que aparezca como una opción superadora a Moyano.


El dirigente camionero dio muestras de curtir la añeja lógica corporativa del sindicalismo argentino, pero también es cierto que enfrentó las políticas neoliberales, defendió a los trabajadores y acompañó con entusiasmo al modelo kirchnerista. Como sugiere el último documento de Carta Abierta, Moyano no es Luis Barrionuevo ni el “Momo” Benegas.
Si la sucesión de Moyano no es sencilla, mucho menos lo es la de Cristina Fernández.
Tras ocho años en el gobierno, el kirchnerismo no tiene un sucesor natural que le otorgue continuidad a su modelo. Hasta la muerte de Kirchner, la garantía de alternancia obturó la instalación de otros candidatos. Los dirigentes justicialistas con pergaminos para la sucesión no cuentan con la confianza del kirchnerismo y los que la tienen, no poseen el anclaje territorial necesario.
Amado Boudou tendrá un papel protagónico durante los 20 días en los que la presidenta le prestará las riendas del sulky, pero pocos kirchneristas confían por el momento en su capacidad de conducción.
Después del anuncio de su enfermedad, Cristina dijo que la biología puede enseñar más derecho constitucional que los jurisconsultos. Su afirmación apuntaba a la importancia de contar con un vicepresidente confiable, ya que desde julio de 2008 debió gobernar la Argentina sin derecho a un resfrío.
Boudou tiene tres años para instalar su figura como sucesor y disputarle el lugar a Daniel Scioli, quién tampoco cuenta con el apoyo del kirchnerismo duro, pero ha demostrado poseer una enorme base electoral. (Ninguno de los 2 , Nilda Garre , Abal medina )
Esa carrera –en la que este año despuntarán nuevos competidores– tiene en las internas abiertas una herramienta de resolución democrática. El sistema electoral que los opositores denostaron y no supieron aprovechar para constituir una alianza capaz de disputarle con ciertas posibilidades el poder a la presidenta, puede servir en el futuro para lo cual fue pensado por Kirchner: dirimir la siempre complicada interna peronista en un marco de racionalidad.
Para esa instancia falta mucho y está claro que ningún candidato oficialista tendría posibilidades si Cristina no profundiza los cambios, lo cual indica que el objetivo que mejor resume la tarea de 2012 es el de siempre: construir una sociedad más justa.

Feliz año 2012 , el fin del mundo Maya que ya termino hace 500 años pero siguen jodiendo con astrología barata y zapatos de goma


Por un 2012 con mayor participación popular y menor verticalismo y por la profundizacion del rumbo o sea la sintonia gruesa

Fuente :Tiempo Argentino

Poder delegado o poder corporativo

Por Eduardo Anguita

El kirchnerismo se atrevió a modificar el orden conservador. ¿El alto grado de adhesión que registra tiene correlato en la participación social o expresa, apenas, la conformidad ante una época poco conflictiva? ( lo cual seria una verdadera cagada sobre todo porque durante el 2011 y por las elecciones no se generaron cambios importantes que pudieran generar conflictos , yo decía que se hyizo la plancha durante todo 2011)

No es preciso recurrir a demasiada bibliografía para saber que en la educación media previa a 1973 en la materia Historia Argentina rara vez se llegaba hasta la Ley Sáenz Peña, que otorgaba el voto (masculino) universal. Y que en esos años de dictadores como Onganía-Levingston-Lanusse, se estudiaba Instrucción Cívica (y su variante Educación Democrática) como un resabio de otra dictadura, la que se amparaba en el pomposo nombre de Revolución Libertadora. Allí, los alumnos debían someterse a la lobotomía que significa tener que recitar en los exámenes algún artículo de la Constitución y vivir sin ella. Algo tremendo era el bajísimo registro que tenían los mismos estudiantes sobre el nivel de psicosis al que los sometían quienes estaban a cargo de su educación ¿Psicosis o adhesión compulsiva a las autoridades dictatoriales? ¿Adhesión o franco desinterés?
Podrá parecer un dilema retórico. Sin embargo, sería interesante poder cuantificar y calificar cuáles son los vínculos que tiene la sociedad toda con los valores de ciudadanía y democracia. El tema no es menor porque la Presidenta cosechó un nivel de adhesión altísimo en las últimas elecciones su imagen, de acuerdo a distintas encuestas, es favorable en dos de cada tres argentinos. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner alertó a las corporaciones que ella gobierna para los 40 millones. Por el otro, reconoció que la economía no se rige por las leyes del Congreso sino por otras, fácticas. Por un lado, para las sesiones extraordinarias mandó un paquete de leyes comprometidas con cambios sustantivos, como las de extranjerización de tierras, de contratación de trabajo rural y de producción y distribución del papel de diarios. Por el otro, mandó la llamada Ley Antiterrorista que es una reforma al Código Penal a medida del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo a medida del G-20). (Volviendo a las peores epocas como cuando las leyes se cambiaban a pedido del FMI)

Una primera lectura es que un gobernante tiene que hacer equilibrios entre las fuerzas que tiene y los lugares donde quiere llegar. En consecuencia, no es novedad: los avances deben respetar escenarios concretos y correlación de fuerzas concretas. Pero el gran problema es a quiénes se tiene en cuenta para analizar escenarios y fuerzas en juego. Es decir, ¿dónde están los ciudadanos?, ¿dónde está el pueblo? Dicho en otras palabras, ¿estas adhesiones hablan de que el país atraviesa un alto grado de participación social o hablan, apenas, del conformismo por una época poco conflictiva?

La correlación de fuerzas hay que generarla , igual que se hizo con la ley de medios , con foros en todo el país y con la mayor participación posible de la sociedad antes de llegar al congreso

Desde ya que ninguna respuesta seria será monocausal sino que encontrará segmentos distintos, motivaciones diferentes y un alto grado de volatilidad en las respuestas de los entrevistados si alguien se toma el trabajo de preguntar a las mismas personas varias veces a lo largo del tiempo.
El tema no es academicista. Sin una sociedad que encarne los valores del cambio y con organizaciones colectivas que lo estimulen, es al menos ingenuo plantearse grandes desafíos. Días pasados, Daniel Filmus le decía al autor de estas líneas que Ricardo Rouvier, en sus últimos estudios de opinión pública, encontró un segmento importante de “votantes modélicos”. Se refiere –a juicio de este cronista– a personas que encarnan, interpretan o resignifican aquellas medidas del gobierno de Cristina que permiten bajar a tierra una categoría abstracta como “el modelo”. La lista es larga, desde Asignación Universal por Hijo hasta los juicios por delitos de lesa humanidad, pasando por las convenciones colectivas de trabajo (libres y sin topes) y la mejora de la educación.
Al respecto, conviene reparar en Construcción de Ciudadanía, la materia que es el correlato de Educación Democrática pero para estos valores de la democracia. Un apunte de una educadora (Mariana Melgarejo) dice algo interesante: (en esta materia) “Deberían desaparecer las caracterizaciones de los ‘buenos’ y los ‘malos’ alumnos. En este sentido, juzgar a alguien porque no participa debería poder llevar a todo el grupo a reflexionar por qué no ha participado, si no es, en todo caso, porque el proyecto inhibe la participación de quienes pueden sumarse…”. El párrafo, aunque sacado de contexto, contiene un dato clave: importa el cómo (participación) y no el qué (bueno o malo). De eso se trata el paradigma planteado por la Presidenta, universalización de políticas y respeto por la ciudadanía. Pero esto plantea, al menos, dos grandes temas: el primero es que si esos valores no son patrimonio de una sociedad movilizada y conciente de sus derechos, esto no funciona bien.

Dicho más crudamente, si un sector importante de la sociedad mira con el bolsillo y no con el corazón y la cabeza, la simple adhesión se puede transformar en desinterés y desapego de una buena parte de esa sociedad. El segundo punto, y más difícil, es que estamos en una sociedad de profundas desigualdades, con grandes privilegios de una minoría que todavía goza de un andamiaje de leyes que hacen muy difícil la redistribución de ingresos. Al respecto, ver José Nun, La desigualdad y los impuestos (Capital Intelectual), reciente y oportunamente editado. Si hay algo que diferenció al kirchnerismo del resto de las corrientes políticas con acceso al poder en estos 28 de democracia es que se atrevió a modificar el orden conservador. A veces recurriendo primero a debates ejemplares (ley de medios) y otras con coraje (política de derechos humanos). Curiosamente, no siempre parecía que la relación de fuerzas era conveniente. Cambiar un estado de cosas en temas que son el corazón del capitalismo financiero (reforma financiera, impositiva y del Banco Central) significa ponerse a las corporaciones del poder económico en contra sin la certeza de que los propios beneficiarios mantengan una conducta sostenida de compromiso político con ese cambio.
Por otro lado, no avanzar en esa dirección deja dos flancos delicados. El primero es que con el contexto de crisis internacional o se pone un dique a las multinacionales y a los grandes bancos o son los trabajadores y la clase media los que pagan. El segundo es que buena parte de la militancia que sostiene el kirchnerismo va en esa dirección y espera un debate seguido por medidas efectivas.

Muchos militantes y dirigentes políticos creen que alcanza con la determinación de la Presidenta quien, además, ahora tiene ambas cámaras del Congreso a su favor. Lo que nadie puede contestar por anticipado es la reacción de las grandes empresas. Y como la política no es la construcción de un puente, sino una puja de intereses con fuerzas diversas, sólo se sabrá qué pasa si esa misma impronta de coraje en otros terrenos se replica en los próximos tiempos sobre estos asuntos claves. ( Y para que sirve presidir un país y ñuego hacer la plancha y no cambiar mas nada , hay que arriesgarse )

Sindicatos.

No hubo señales claras, aunque quizá las haya en los próximos días, por parte de Hugo Moyano en el sentido de bajarle el tono a su distanciamiento del kirchnerismo. Entre la dirigencia cegetista prima la prudencia, hay pocas declaraciones y ninguna de ruptura con el dirigente camionero pese a lo fuerte de su postura. Algunos analistas cercanos al Gobierno sostienen que Moyano perdió, en el sentido de que no ganó puntos frente a la opinión pública, ( a mi me causa envidia Moyano , yo decia que quiero que sea secretario general de mi gremio y el negocie paritarias , lo envidio porque obtuvo $2500 para los camioneros y tambien los trabajadiores de peaje tuvieron ahora incremento salarial , creo que envidia es lo mas adecuado para decir lo bien que s eplanta y como negocia , el bono de $2500 debrería salir para todos los trabajadores ) mientras que la imagen de Cristina crece. Es cierto pero muy sesgado. En el mundo sindical no hubo reacción tampoco de listas opositoras o comisiones internas de base que aceptaran el reto de discutir y desafiar las palabras de Moyano. La sintonía fina en este tema podría llevar a pensar que los afiliados adhieren a Cristina pero respetan las decisiones de Moyano. Así de contradictorio, como es la vida en la mayoría de los terrenos. El ejercicio de las paritarias y el avance en los derechos laborales fue de la mano de esta dirigencia sindical, con todos los flancos que puedan dar para quienes quieren una sociedad de ciudadanos modélicos.
Hay un componente de la cultura del mundo del trabajo que es más áspero que el de los sectores medios. Y esas organizaciones gremiales dieron ejemplos de lucha y también sindicalistas empresarios. Eso es algo que deben dirimir los representados, los mismos trabajadores. Lo que no debe abandonar el Estado es la transparencia en la aplicación de las normas. En concreto, ni retrasar los aportes a las obras sociales ni permitir zonas grises que beneficien a grupos gremiales más allá de su rol de representantes. Este año que va a comenzar no será uno fácil. Si hay tantos (¿ex?) Lehman Brothers (ministro de Economía de España, primeros ministros de Italia y Grecia, presidente del Banco Central Europeo y del comité de los Juegos Olímpicos de Londres, entre los más notorios) todo indica que la América latina en transformación debe seguir construyendo Patria Grande de la mano de los trabajadores, los campesinos, los empresarios nacionales, los estudiantes, las capas medias sensibles, los artistas y, sobre todo, de las organizaciones libres del pueblo. Entre estas últimas se encuentran los sindicatos. La dirigencia cegetista, además de haber sido un bastión en los noventas,(desde el MTA , Moyano , Piumato , Palacios) se sumó a la lucha por los derechos humanos y a la democratización de los medios. Dos hechos cruciales. En la profundización del modelo, más allá de cómo se zanjen las diferencias políticas entre Hugo Moyano y el Gobierno, tiene que estar la CGT. Es cierto que hay ciertos grupos de poder que pueden calificarse como corporaciones. Pero no tienen nada en común los intereses financieros y comerciales de las multinacionales y los bancos con los intereses de los dirigentes sindicales que responden, en última instancia, a sus representados.

Feliz 2012

Fuente : Miradas al Sur

viernes, 30 de diciembre de 2011

7 años

La vida dibujo una sonrisa en mi cara y en un momento triste la borró como si nada ...

La promulgación de la Ley Antiterrorista

Inflación punitiva

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mantuvo un sorprendente mutismo ante una norma que pone en serio riesgo las garantías constitucionales y los Derechos Humanos en la Argentina.

Se promulgó la Ley Antiterrorista por decreto de Cristina Fernández junto a las firmas de Juan Manuel Abal Medina y Julio Alak. De ahora en más, a estar precavidos, porque en cualquier momento algún juez, fiscal o policía tendrá la ocurrencia de interpretar lo que el gobierno dijo que no se iba a interpretar. Más allá de los cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mantuvo un sorprendente mutismo ante una norma que pone en serio riesgo las garantías constitucionales y los Derechos Humanos en la Argentina. Una ley que fomenta la inflación punitiva con mayores penas, lo que se traduce en más gente privada de libertad, cuando continúa sin ser política de Estado la resolución de la grave crisis carcelaria.

Luego de pasados los efluvios por el décimo aniversario de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, tampoco se dijo nada sobre los crímenes cometidos durante esas jornadas por parte de agentes estatales. A decir verdad, el flamante jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, formuló declaraciones en una muestra fotográfica, manifestando que esos hechos no debían repetirse nunca más. Y estuvo bien. Pero un gobierno no puede limitarse a formular declaraciones sobre lo acontecido, sino que debe generar política para incidir en el acontecimiento, transformarlo, dar una respuesta, dotarlo de la significación política, jurídica e institucional que el asunto merece. Y los hechos de esos días trágicos, sin duda, merecen una por demás atenta mirada.

Insisto entonces: sobre los crímenes del 19 y 20 de diciembre, el gobierno nacional está en deuda, tanto porque no puso empeño en sancionar la ley de reparación a las víctimas –como sí lo puso para aprobar la llamada norma “antiterrorista”–, que fue presentada en el Congreso de la Nación hace ocho años y que aún continúa en los cajones de algunos despachos legislativos. Además de ello, días atrás el gobierno, a través del director de Derechos Humanos en lo Contencioso Internacional de la Cancillería, Jorge Salgado, contestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sobre una denuncia presentada por una de las víctimas, Jorge Ismael Portillo. La respuesta del gobierno nacional se limitó a pedir a la CIDH que declare inadmisible la denuncia, por la que se requiere que se juzgue a los responsables del crimen y se repare a la víctima.

En diciembre de 2001, Jorge Portillo tenía 20 años. Era jugador de fútbol y estaba esperando celebrar un contrato para viajar a Europa. La noche del 19 había ido a ver a su novia, que, como él, vivía en el barrio de Saavedra. Cuando salió de la casa vio cómo de unos patrulleros se bajaban varios policías que comenzaron a disparar sus armas contra un grupo de personas cerca de un supermercado.Atemorizado, trató de ocultarse detrás de un árbol, pero cayó al suelo al ser alcanzado por un disparo policial. Jorge estará en una silla de ruedas de por vida porque el proyectil dañó su médula. La Policía Federal Argentina informó en el proceso penal que luego de la denuncia presentada por el padre de Portillo, una de las armas de los policías que intervinieron en el hecho había sido robada. En conclusión, luego de un par de años de investigación, y habiendo escuchado a los testigos decir que la bala que hirió a Portillo había salido de un arma policial, el juez Rodolfo Cresseri archivó la causa porque no contaba con una de las armas. Eso sí, ordenó a la Policía Federal poner todo su empeño para encontrarla, lo que, desde luego, sin ninguna duda, habrá sucedido, pero nadie se enteró.

En su respuesta a la CIDH, el gobierno dijo que el cierre de la causa penal fue responsabilidad de Portillo y de su abogado –quien suscribe–. Para esta argumentación sostuvo que no se había agotado la vía interna en materia de recursos. Esto es falso y además se citaron leyes como vigentes cuando en realidad fueron derogadas. Portillo recurrió todas y cada una de las decisiones judiciales, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó el cierre del proceso, con la excepción del juez Eugenio Zaffaroni, que, dándole la razón a Portillo, dijo que debía continuarse con la investigación.

Pero aun en el supuesto de que Portillo y/o su abogado no hubieran agotado los recursos –es sólo una suposición, porque sí lo hicieron–, el Estado tenía y tiene la obligación, a través de sus jueces y fiscales, de sostener la investigación y de dar una respuesta a una víctima del accionar ilegal estatal. La Convención Americana habla de un recurso sencillo y rápido para quienes son víctimas de un accionar de esa naturaleza. En cambio, el gobierno argentino sostuvo lo contrario, abstrayéndose de cumplir con sus obligaciones internacionales, como la de velar por el derecho a la justicia de las víctimas e investigar a fondo el crimen perpetrado por agentes estatales. Con su voto, el juez Zaffaroni dejó en claro que esa obligación estatal es indelegable e irrenunciable.

Paradójicamente, con la nueva ley, los manifestantes del 19 y 20 podrían ser tildados de “terroristas” por parte de jueces y fiscales, y por los mismos que en esos días dejaron el tendal de muertos y heridos.

Fuente : Tiempo Argentino

Así se deberían rechazar todos los intentos de ajustes provinciales y/o nacionales

Crisis en la provincia presidencial / Graves incidentes frente a la Legislatura
Rechazan con violencia el ajuste fiscal en Santa Cruz

Manifestantes y la policía se enfrentaron, y hubo 21 heridos; los legisladores no pudieron sesionar para elevar la edad jubilatoria de los estatales; la Presidenta postergó su viaje a Río Gallegos

Por Mariela Arias | LA NACION

RIO GALLEGOS.- La provincia de Santa Cruz quedó inmersa ayer, el día que esperaba a la Presidenta, en una grave crisis a causa de los graves incidentes en las calles de esta ciudad en rechazo al fuerte ajuste fiscal promovido por el gobernador Daniel Peralta.

Los enfrentamientos entre manifestantes gremiales y policías en los alrededores de la Legislatura, en las primeras horas de la tarde, dejaron 21 heridos leves y tuvieron su pico máximo cuando los diputados se aprestaban a sesionar para aprobar la iniciativa.

El proyecto de ajuste incluye el aumento de entre 10 y 15 años de la edad jubilatoria para los empleados estatales (la fija en 60 para las mujeres y en 65 para los hombres), el fin de la movilidad jubilatoria y una fuerte reducción en los gastos del Estado.

La dura reacción motorizada por los gremios impidió la sesión extraordinaria y dejó a la vista las fuertes divisiones internas en el Frente para la Victoria santacruceño. La organización La Cámpora anunció que se retiraba del gobierno de Peralta, cuestionó duramente su gestión y puso un manto de sospecha sobre el manejo de las cuentas públicas. La intervención policial no se hizo esperar y abundaron los gases lacrimógenos, las balas de goma y el gas pimienta en las calles de Río Gallegos.

En el momento en que las ambulancias intentaban llevar los heridos de los choques entre policías y manifestantes se supo aquí que Cristina Kirchner postergaba un día su viaje a la provincia. Fuentes gubernamentales atribuyeron la decisión a los incidentes en la Legislatura.

Anoche, medio gabinete presentó su renuncia. Entre ellos, los ministros de Producción, Jaime Alvarez; de Salud, Hernán Martínez Crespo; el secretario general de la Gobernación, Francisco Anglesio, que pertenece a La Cámpora, igual que el director de Canal 9, Martín Hernández, que también dimitió. A ellos se les sumó la interventora de la Caja de Servicios Sociales, Liliana Korenfeld.

El de ayer fue uno de los días más álgidos de los últimos ocho años desde que Néstor Kirchner dejó la gobernación para asumir la Presidencia, desde entonces y pese a las cuantiosas inversiones en obras públicas, coparticipación y asistencia financiera del gobierno nacional, la provincia nunca encontró su rumbo político.

La crisis dejó a la vista el profundo vacío de liderazgos desde la muerte de Kirchner. La falta de una fuerte referencia abrió líneas internas entre los kirchneristas históricos, La Cámpora, los que responden a Rudy Ulloa y también los que responden al empresario Lázaro Báez.

Peralta no logró conformar un núcleo político que lo consolidara como dirigente. Once de los 22 diputados kirchneristas ayer le brindaron un tibio apoyo y pidieron tiempo para analizar la reforma previsional. Luego escaparon de la Legislatura a bordo de una combi custodiados por la policía y en medio de lluvias de piedras e insultos.

Hasta ahora sólo Peralta había logrado completar un mandato desde 2003, luego de resolver la crisis de 2007. Pese a haber ganado las elecciones por un 54%, y a sólo 20 días de haber asumido, Peralta anoche se debatía en su vivienda del Barrio del Carmen, apenas acompañado de su familia y sin ningún ministro, cómo hacer frente a la peor crisis de su gobierno en medio de insistentes versiones de renuncia.

Con las medidas de ajuste, el gobernador pretendió imitar la jugada de Kirchner cuando, en 1991, declaró la emergencia económica. El miércoles a la noche, en una reunión con 14 intendentes, los 22 diputados kirchneristas y los ministros, el gobernador aseguró que la Presidenta estaba al tanto de las reforma de la ley previsional y que funcionarios de Economía y de la Anses se encontraban auditando las cuentas de la provincia. En esa reunión todos los legisladores, incluidos los representantes de La Cámpora, acordaron aprobar la emergencia económica.

La iniciativa cayó mal en todos los gremios estatales, incluso en aquellos que habían acompañado al gobierno de Peralta. Desde el día anterior se había instalado una carpa en la puerta de la Legislatura. A media mañana se sucedieron los primeros empujones y encontronazos cuando los manifestantes advirtieron el ingreso de algunos diputados disfrazados por la puerta de atrás del recinto.

La rotura de vidrios, la quema total de un móvil policial, los innumerables piquetes en las calles céntricas y la virulenta reacción de la policía generaron que pasadas las 14 el vicegobernador Fernando Cotillo anunciara la suspensión de la sesión especial. Minutos antes, el diputado camporista Matías Bezzi anunció que su agrupación se retiraba del gobierno, rechazó la reforma jubilatoria y no escatimó críticas a la administración provincial.

Fuera de la Legislatura era una caldera. De la protesta formaban parte los gremios estatales de ATE, CTA, docentes, municipales, judiciales, trabajadores de la salud, vialidad, legislativos y del gremio de Luz y Fuerza. También se sumaron estudiantes y gente sin afiliación política.

En la Legislatura no faltaron críticas para La Cámpora. "Acá no hay que abrirse, sino hubieran ido por una lista aparte; todos lo llevaron a Peralta", dijo el diputado Rubén Contreras.

"Responsabilizamos a Peralta por haber enviado este paquete de medida a espaldas de los trabajadores y por haber ordenado la represión", dijo a La Nacion el dirigente de la CTA Alejandro Garzón

Historicamente bajo la suúesta declaración de emergencia económica es cuando se cometen la mayior cantidad de atrocidades en contra de los trabajafdores
Aparte nunca pasa por un aumento impositivo a la industria pesquera o a los pozos petrolíferos o al turismo .

Fuente :La Nazion

jueves, 29 de diciembre de 2011

Una agenda de profundización en pos de una sociedad de iguales

Apuesta por una política transformadora, perseverante en su irreverencia frente al orden establecido

Denominamos
Kirchnerismo como metáfora nominativa de una capacidad transformadora

Doblar la apuesta es una marca de estilo frente a las adversidades

Condena del Terrorismo de Estado :
Seguir siendo profundizada la política de memoria , verdad y justicia , investigando los civiles que colaboraron
Firme decisión del gobierno de no reprimir la protesta social

  • El derecho al Aborto : Concebido como defensa de la autonomía de las mujeres a definir sobre sus cuerpo y su deseo a la maternidad
  • Derecho a la educación en una sociedad democrática : Para movilizar la reposición de la escuela pública como núcleo clave de igualación social y forja de unidad popular
  • La búsqueda de autonomía y la voluntad integradora esencialmente crítica del neoliberalimo : La unidad de América latina y el Caribe, que incluye el rechazo a las conductas imperiales y la anárquica desregulación financiera
  • La primacia de la política sobre la economía : La intervención pública en la economía
  • Reforma tributaria : Mayor progresividad del impuesto a las ganancias , la consolidación de las retenciones , refuerzo de imposiciones patrimoniales , rentas financieras
  • Generalización de un sistema igualitario de salud : Recuperar el rol del estado como único rector y pretsador creciente y dominante
  • Mayor autonomía nacional : Requerimiento de renacionalizar la economía
  • Nueva ley de inversiones extranjeras : Proveer un marco regulatorio que permita al estado fijar las políticas
  • Legislación justa sobre la poseción de la tierra urbana y rural : Implica un debate respecto del derecho de propiedad
  • Solución del habitat urbano y rural : Tal vez una de las mayores injusticias a atender con la mayor urgencia
  • Nuevas leyes que regulen las funciones del Banco Central : Carta orgánica del BCRA
  • Ley de servicios financieros : Regulación del sistema financiero derogando la ley d entidades financieras de la dictadura genocida declarando al servicio financiero como público y regulando las tasas de interés
  • Profundización sostenida en la recuperación de la gestión empresaria del estado : La recuperación de la centralidad empresaria del estado
  • Participación ciudadana en las decisiones: Construcción de una sociedad de derechos en la que se consigue la igualdad mas profunda , aquella que nos hace sujetos políticamente autónomos, capaces de opinar, juzgar , comprometerse y decidir.
La presentación de la ley de medios debatida en múltiples foros antes de llegar al congreso debe ser el ejemplo de como promover la participación activa del pueblo


Fuente : Carta 11 de Carta Abierta


Y acá Horacio Gonzalez debatiendo la carta 11 y hablando de la nefasta ley antiterrorista

Carta de la igualdad

I
El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del 23 de octubre con el 54 por ciento de los votos expresa la voluntad popular por la profundización de los cambios. En esa decisión de millones de personas se vislumbra la apuesta por una política transformadora, perseverante en su irreverencia frente al orden establecido. En su seno, conjurando la totemización del mercado, rescatando voces antiguas de la fragua popular e intentando frente a ellas nuevas formas de lo político, late incipiente la otrora desterrada utopía de la Igualdad. Es acompañada por la validación de un tipo de gobernabilidad que no puede concebirse por fuera de la recreación incesante de lazos constitutivos con una sociedad activa, heterogénea y abierta, y el impulso hacia un extendido compromiso militante que tiene en el entrecruzamiento generacional y la convocatoria activa de la juventud una de sus dimensiones más notables. Los argumentos simplistas de la gran prensa –voto conservador, el consumo, la oposición inexpresiva– son velos que ocultan otros destellos resultantes de ocho años de continuidad que también sostuvieron el 54 por ciento. El humor social, la recuperación de valores que parecían perdidos, la identidad como pueblo, la confianza en un liderazgo, el compromiso creciente en capas de la sociedad para participar en lo público, la perspectiva y esperanza en un futuro.

Recordemos que apenas una década ha transcurrido desde las jornadas de movilización popular de 2001, cuando en las calles se sancionó la derrota política y comenzó el retroceso cultural– de un modelo económico centrado en el capital financiero y un modo de gobierno consistente en la mera administración de lo ya dado. Fueron días de indignación y luchas callejeras que hicieron visibles y generales otros combates, los que venían sosteniendo organizaciones diversas desde mediados de los años ’90. Y si aquéllas habían crecido en la resistencia, creando formas nuevas para la política, los acontecimientos de diciembre fueron sancionados con una brutal represión. La crisis desencadenó una transición política que descargó los enormes costos y ajustes del desplome neoliberal sobre las vidas de las mayorías, ya severamente empobrecidas por el régimen caído. Juntamente con una aguda recesión avanzaron la desocupación, la exclusión, la marginación y la pobreza, mientras la llamada “pesificación asimétrica” transfería ingresos a los sectores más concentrados de la economía.

La Historia abrió una alternativa y una esperanza en 2003. La extendida experiencia política que denominamos “kirchnerismo”, como metáfora nominativa de una capacidad transformadora de características propias, posee un doble carácter: se nos presenta como la evidencia política e institucional de un heterogéneo subsuelo popular irredento en incesante movimiento, capaz de establecer los núcleos programáticos de una nueva etapa argentina, en plena ocasión de una crisis de hegemonía de dimensiones y, a la vez, como un inusitado giro de la historia, una inflexión sin coordenadas de arribo, un acontecimiento creativo que cambia los parámetros amputados de una dinámica de poder sin destino posible mayor que el de una tragedia que muta en parodia de sí misma. La figura de Néstor Kirchner fue el epicentro de esa combinación. Asumió la presidencia con un discurso nacional y popular que se distancia del camino industrial-primario-exportador sin inclusión social (desarrollista de derecha), que había intentado desplegar la transición duhaldista. Las urgencias de la democratización de la economía, del crecimiento del empleo y de la producción se concibieron, en el incipiente proyecto, inseparables de la aspiración de reconstruir el mercado interno y recomponer los ingresos de los sectores populares y medios. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno se pensó como heredero e intérprete de la movilización social, viendo en lo popular no sólo los rostros de las víctimas del orden en crisis, sino también los de una organización de la que no se podría prescindir. Los movimientos de desocupados fueron actores y partícipes de la nueva construcción, junto a los trabajadores organizados y un múltiple escenario social y político.

La desarticulación del último gran intento por emprender un proyecto de transformación nacional había sido acometida por la dictadura terrorista de Estado, más de un cuarto de siglo antes. Los comandantes y ejecutores de la represión masiva de aquella época se encontraban sin juicio ni castigo. Los primeros intentos de justicia sucumbieron bajo las leyes de impunidad. Pero en nuestro país se había desarrollado una inédita construcción militante de derechos humanos. Heroica por parte de las Madres de la Plaza, que en plena dictadura lucharon por la recuperación de sus hijos, y multiplicada luego en un vasto friso de militancias. Con la decisión de desarmar el dispositivo de la impunidad, el gobierno recuperaba las reivindicaciones centrales de ese movimiento: Memoria, Verdad y Justicia y, al hacerlo, se fundaba a sí mismo como una experiencia política radicalmente nueva. El desarrollo de los juicios, la ejecución efectiva de cientos de sentencias y la constitución de una narración de los hechos centrada en la condena del terrorismo de Estado configuraron un camino que debe seguir siendo profundizado con la investigación de los civiles que colaboraron y fueron beneficiados –como en el caso de Papel Prensa y otras 600 empresas– por lo tramitado en las mazmorras concentracionarias. Consecuente con la profundidad de su compromiso con los derechos humanos, una de las características distintivas del proyecto iniciado en 2003 ha sido la firme decisión de los gobiernos nacionales de no reprimir la protesta popular.

El desendeudamiento con el FMI y la restructuración de la deuda externa con una quita inédita, las negociaciones salariales en paritarias que construyeron una dinámica de recomposición de ingresos y, luego, la estatización de la administración previsional y la inclusión de millones de beneficiarios excluidos en el régimen jubilatorio trazaron un camino en el que la disidencia con las recetas de las ortodoxias financieras se estableció en el plano de los hechos. La desarticulación del ALCA marcó el nacimiento de una nueva política de integración regional que se iría constituyendo en nuevas instituciones, con el Banco del Sur, la Unasur y la flamante Celac. El latinoamericanismo dejaría de ser horizonte de deseo o bandera justamente compartida para convertirse en definición de una política internacionalista y regional.

II

En 2008 la nueva época adquirió otros contornos, signados por el conflicto y el entusiasmo. El justo proyecto de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias condujo a una aguda confrontación del proyecto nacional con el bloque de poder que operó –y opera– como el agente interno de la restauración del proyecto derrotado en 2001. Las corporaciones patronales del campo resistieron y no estaban solas. Un tejido nuevo de poder económico se había articulado en el agronegocio con ellas. Contaban con el apoyo de los medios de prensa concentrados, emparentados ideológicamente y entrelazados con los negocios ligados a la Argentina reprimarizada de fin del siglo pasado. Se sumó toda una oposición política variopinta que conjugaba discursos republicanos, conservadores y “progresistas” para la ofensiva destituyente. Organizaciones emblemáticas del empresariado industrial, como la UIA, beneficiarias de las nuevas políticas, no se comprometieron con el instrumento que favorecía la diversificación productiva del país, ya por ataduras con la persistente creencia neoliberal, ya por la apuesta a un modelo centrado en la demanda externa y sustentado en salarios bajos.
Los tiempos eran agónicos y parieron nuevos actores en conflicto. Se constituyó el bloque que afirmaría la continuidad de un proyecto que, si heredaba los movimientos populares argentinos, también se mostraba prístino en sus diferencias y fundamental en su novedad. Las organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, una buena parte del arco político progresista y de la izquierda no peronista, se asociaron estratégicamente al futuro del kirchnerismo, que se afianzaba como identidad política. Un frentismo de hecho defendía al proyecto del intento de la restauración conservadora. Carta Abierta nacía en ese momento de disputa como expresión de un tipo de militancia que consistía en tomar la palabra colectivamente, procurar interpretaciones y asumir un compromiso público. El conflicto era evidente: frente a un bloque que impulsaba la autonomía nacional y ala ampliación de derechos se alzaba una coalición destituyente promovida por la elite del privilegio.
El año 2009 –en el que se afrontó un resultado electoral adverso– supuso un desafío de gran dificultad, pero las fuerzas estaban templadas y el Gobierno profundizó las políticas reparatorias. La Asignación Universal por Hijo y el programa Argentina Trabaja signaron ese momento. Coincidieron durante ese año los efectos de la sequía y la primera fase de la crisis internacional, que fueron enfrentados con políticas y medidas que desafiaban las ortodoxias y recomendaciones de los poderes internacionales y locales. Pese a que no escaseaban los conflictos, el Gobierno impulsó con fuerza otra reforma estructural: una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que prescribe límites a los monopolios y amplía el derecho a la información. Doblar la apuesta se constituiría en una marca de estilo frente a las adversidades.

En dos acontecimientos de 2010 pudo verse el cierre de las dificultades mayores del período: en la fiesta callejera de la conmemoración del Bicentenario y en la dolida y colectiva despedida a Néstor Kirchner. Porque si en el primero se vio la multitud reconocida en la nación que se conmemoraba –y esto es: no en abierto conflicto con el gobierno que la representaba–, en el segundo fue la emergencia de un compromiso activo y militante, descubierto junto con la propia fragilidad de las vidas que lo habían incitado. Y si la fiesta del Bicentenario era la contracara de la justa ira de diciembre de 2001, el duelo en la plaza reponía una confianza en la política que era impensable diez años atrás.

III

Eso fue posible porque la apuesta no fue leve y su horizonte fue la Igualdad. Que no es fácil de definir aunque se advierta su búsqueda en luchas, movimientos, documentos, leyes, hechos de gobierno. No es fácil porque se enlaza a otras cuestiones: la de la Justicia, la Libertad. Elegimos, en este momento, llamar Igualdad a las posibilidades de una sociedad más justa con sus integrantes, menos esquiva de lo fraterno y lo cooperativo, menos abrupta en el recorte de las libertades para algunos. No se trata sólo de igualdad de oportunidades reclamada por el liberalismo ni de distribución económica, aunque todo ello resulta imprescindible. La ley del matrimonio igualitario –que lleva en su nombre la cuestión que tratamos–, seguida por otras de muy reciente aprobación, evidencia una virtuosa escucha legislativa de los reclamos y valores impulsados por las minorías. El derecho al aborto, concebido como defensa de la autonomía de las mujeres a definir sobre su cuerpo y su deseo a la maternidad –y ya no como sumisión a la voluntad de un otro–, está en el horizonte de esas medidas que, impulsadas por pocos, inauguran, sin embargo, otro estado de los valores, las creencias y las lógicas que estructuran la vida social.

Si la Igualdad es el horizonte de estas políticas, lo es como igualdad en la diferencia y reconocimiento de la heterogeneidad. Lo es como ampliación de la ciudadanía, que se va desplegando en un recorrido desde la inclusión –con las múltiples estrategias de reparación social– hacia la Igualdad. No es poco lo que falta en este sentido y seguramente nunca el camino estará cumplido. La igualdad en la diferencia debe ser también el signo de una democratización profunda de la cultura, a la que las mayorías tengan acceso, generando disposiciones al conocimiento y el disfrute de lo creado por este país. Democratizar la cultura no es sólo generar espectáculos masivos. Es también crear las condiciones para la renovación del gusto cultural popular y para el impulso hacia la emergencia de nuevas y distintas expresiones. Hay mojones de este intento –como la ley de medios y Tecnópolis– que deben ser profundizados y ampliados. Muchos pasos se han dado de 2003 a hoy para disminuir la desigualdad que había generado la destrucción de la educación pública. Más chicos en la escuela y almorzando con sus familias. Menor deserción. Primeras camadas del secundario en algunas zonas del país. Docentes reconocidos en su dignidad de trabajadores. Bibliotecas y netbooks para todos. Estos cambios destacan y promueven el desafío de avanzar por lo aún faltante: la buena escuela pública, como la mejor alternativa de formación en todos los lugares y para todos los sectores. Habrá que explorar pedagogías, cruzar saberes y pensamientos, interrogar los modos de transmisión del conocimiento; pero esto será posible no sólo por el trabajo de especialistas sino también por la mayor participación de sujetos activos con compromiso en la transformación cultural y social necesaria para la buena educación. Ello requerirá que la política de Estado enunciada en la Ley de Educación Nacional se traduzca en prácticas sociales que legitimen en todo el territorio de nuestro país el derecho a la educación pública en una sociedad democrática. Pero aun con los cambios legislativos y políticas implementadas, subsisten tendencias estructurales regresivas, constitutivas de una matriz de sistema educativo, cuya reversión es imprescindible para atender al objetivo de la Igualdad. El creciente peso relativo de la educación privada –sostenida con financiamiento del Estado– en todos los distritos del país, pero con más intensidad donde predomina la población de sectores medios, resume la significatividad de esas herencias. Ese avance en desmedro de la centralidad de la educación pública es una fuente de desigualación social que conjuga desde segmentaciones clasistas hasta prejuicios raciales. La superación de esta lógica requiere de la convocatoria a los docentes, a los sindicatos y a la participación popular para movilizar la reposición de la escuela pública como núcleo clave de igualación social y forja de unidad popular.

Una nueva etapa del proyecto nacido con la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003 queda inaugurada en los discursos de cierre de campaña de la Presidenta, en ocasión de la victoria electoral y en el foro del G-20. En ellos el ideal de la Igualdad y la crítica del orden global del neoliberalismo resonaron como sus núcleos clave. Posicionarse desde América latina y el Caribe sin neutralidad ni imparcialidad señala el alineamiento frente al poder central en el orden internacional y del lado de las mayorías populares en la política nacional. (lástima la ley antiterrorista para cumplir frente a la extorsión del GAFI no? ) No son aceptables las interpretaciones de este triunfo electoral como el resultado de un modelo de consumo y a la vez clientelar, del tipo del que signó a los años noventa. En éstos se trataba de una política de dádivas en un proceso de exclusión, en tanto el crédito a los sectores medios, el dólar barato y la focalización arbitraria –constructora de desigualdad– avanzaban con un discurso que naturalizaba la desaparición de la política como herramienta de transformación. Se trata de la diferencia del sufragio en una nación de ciudadanos frente al voto en un mercado de consumidores.

IV

La histórica denuncia de las “relaciones asimétricas” en la reunión de Mar del Plata, que derrotó al ALCA, y los proyectos de constitución del Banco del Sur y de la Unasur, así como la desvinculación de las políticas recomendadas por los organismos financieros internacionales, precedieron a una crisis que tiene alcances inéditos, dramáticos y de fin imprevisible. La nueva política económica heterodoxa desarrollada por la Argentina y buena parte de América latina y el Caribe generó mejores condiciones para las respuestas frente a la profunda crisis que se despliega en el nivel de la economía mundial.
El desplome financiero conduce a la destrucción de un stock de capital ficticio inconmensurable que provoca el desmanejo de las finanzas globales por los organismos creados para ese objetivo. Las derechas de los países centrales ( como el PSOE y el PP ) se obstinan en profundizar la lógica ultramercantilista en el funcionamiento de las economías, tanto en los órdenes nacionales como en la esfera global. En esos países la democracia emprende el retroceso a una formalidad sin ciudadanía, mientras el poder financiero elige tecnocracias para dirigir sus destinos. Las instituciones que fueron origen y centro de la crisis intentan someter a su cruda ley los presupuestos públicos y dar garantía de continuidad al capitalismo en su forma de financiarización. Xenofobia y ajustes en los presupuestos públicos, privatizaciones de empresas de servicios y reducciones de salarios, despidos masivos y destrucción de lo que restaba de los Estados de bienestar configuran el nuevo rostro de los países centrales. En el centro del mundo se diseña un escenario de incertidumbre y amenazas, del que no están excluidas las intervenciones armadas que se excusan en “paradigmas civilizatorios”. Sin embargo, este avance reaccionario no se despliega sin resistencias. Las huelgas y movilizaciones obreras y el surgimiento de nuevas expresiones de lucha popular –como la de los indignados– son síntomas de un descontento que constituye un potencial de futuros conflictos, lejos de la pretendida sentencia del fin de la Historia que el neoliberalismo proclamaba en sus décadas de esplendoroso ascenso.

El discurso presidencial en el G-20 impugnó el capitalismo financiero, la desregulación y la política de precarización del trabajo. Una impugnación a la esencia del capitalismo realmente existente. Implacable crítica hecha desde la jefatura de un gobierno empeñado en construir una sociedad de derechos mientras ese capitalismo actual los destruye en el centro del sistema global que construyó. ¿Habrá futuro para el capitalismo? ¿Habrá futuro para la humanidad? ¿El anarcocapitalismo conducirá a la barbarie?

La degradación del sistema en los países centrales comprende la aceptación y el fomento de paraísos fiscales, esquemas de elusión impositiva, maniobras con los precios de transferencia en las operaciones intrafirma de las empresas transnacionales. Así, mientras la financiarización conduce a la profundización de estos rasgos, los discursos de los líderes de las naciones hegemónicas condenan esas prácticas, la mayoría de las veces en forma hipócrita, mientras promueven ordenamientos legales internacionales con objetivos más cosméticos que transformadores.

En cambio, los países periféricos que sufren pérdidas fiscales y fugas de capitales por la presencia de esos mecanismos están interesados realmente en su desarticulación. El gobierno argentino ha trabajado en los foros internacionales en esa dirección. Así, el interés en el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal son objetivos importantes y destacables de la política del Gobierno. Pero resulta equivocado legislar esas cuestiones en el formato de Ley Antiterrorista, como se lo hace en el actual proyecto que trata el Congreso. (ya promulgada por Cristina porque el G20 parece ser mas importante que los rechazos y consecuencias locales) Ese dispositivo adopta la duplicación de condenas acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social. Formato antiterrorista e inespecificidad de acepción que deriva del poder y las presiones norteamericanas en los foros internacionales. El gobierno argentino se ha destacado por su voz crítica en ellos y por eso sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional que hoy despliega.

Durante la última década nuestra región ha comenzado a desarrollar, de manera creciente, una experiencia económica, política, social y cultural esencialmente diferente de la verificada en el mundo desarrollado. Tal proceso político, dirigido a establecer esa sociedad de derechos, es incongruente con las sociedades de libre mercado. La preeminencia de lo político, tendencia verificable en gran parte de las nuevas experiencias nacionales de América latina –con marcadas heterogeneidades, indudablemente–, supone un ejercicio creativo de regulación pública creciente de aspectos económicos esenciales en el cual la ciudadanía política recupera un lugar principal respecto de las relaciones mercantiles no exento de conflictos y contradicciones. La frustración del plebiscito popular en Grecia acerca de las recetas de ajuste impuestas por el FMI, Alemania y Francia, permite realizar un poderoso contraste con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos cuya soberanía política en materia económica se acrecienta y complejiza a través de novedosos entramados nacionales y de integración multidimensional. Si bien estos procesos no están exentos de intrincados desafíos, asociados a un exacerbado grado de transnacionalización, gestión de recursos naturales y complejos escenarios de tensión distributiva, sus características distan de constituirse en evidencia de la lógica del capitalismo central. La imaginación política regional, la búsqueda de autonomía y la voluntad integradora esencialmente crítica del neoliberalismo han abierto una variante de organización social cuya denominación constituye aún una incógnita a dilucidar recurriendo a nuevos debates todavía en ciernes. Parece apropiado evitar referencialidades semánticas a pesadas e irresueltas herencias, no renunciando sin embargo a recuperar del arcón de posguerra la voluntad de las grandes gestas humanas que, a través de distintas identidades, dirigieron su proa a idearios democráticos, populares, independientes, igualitarios y libertarios.

No es fácil darle nombre propio al tipo de sociedad que queremos, dice la Carta Abierta/10 y, ciertamente, ese nombre aparecerá cuando se pronuncie colectivamente, en el interior de la conciencia de miles y miles de personas. La unidad de América latina y el Caribe, que incluye el rechazo a las conductas imperiales y la anárquica desregulación financiera, resulta en la urgencia de una autonomía no sólo justa, sino imprescindible, frente al desastroso despliegue reaccionario en el centro del capitalismo mundial. El paradigma de la Igualdad adquiere una significación trascendente como brújula en el clima de desazón de esta época.

La recuperación y centralidad de la idea de Igualdad representa una transformación cultural en la Argentina. El trazo grueso de los cantos de sirena del neoliberalismo fue el de crecimiento y derrame: sin acción pública los estímulos de mercados y ganancias conducirían a la ampliación y eficiencia productivas que desembocarían en la reducción de la pobreza en una sociedad de desiguales para el “bien” de todos. Sin embargo, el resultado fue el estancamiento y la exclusión.

Siempre ha existido una relación contradictoria y tensa entre capitalismo e Igualdad. ( incompatribilidad absoluta , cuando la lógica capitalista justamente explota al maximo las diferencias sociales para obtener mas rentabilidad del propio capital explotando esas diferencias ) La extensión de los derechos civiles y políticos generalizó la ciudadanía formal, mientras que esa expansión a la vez operaba como velo de la desigualdad en el acceso a bienes y servicios. La idea liberal de un ámbito público de la política alienado de un espacio privado reservado para la economía esteriliza la potencia de la primera para transformar la segunda. Ni la Igualdad sustantiva ni la ampliación de derechos son cuestiones de mercados, sino de ciudadanía. La primacía de la política sobre la economía, la intervención pública en ésta, la sustitución del objetivo del crecimiento por el del desarrollo y el privilegio ciudadano sobre la determinación mercantil para elegir el destino estratégico de una nación son tributarios de una propuesta de profundización de la Igualdad. Esta es la inscripción del paradigma de la Igualdad proclamado por la Presidenta como objetivo de esta etapa.

V

Desde 2003 se produjo una mejora sustantiva en la distribución del ingreso, tanto que la Argentina eleva los índices promedio de la región en términos de equidad distributiva. El sistema impositivo alcanzó en 1974 su pico de equidad del siglo XX, y luego comenzó un ininterrumpido derrumbe que profundizaba constantemente su regresividad. El actual proyecto ha revertido esa tendencia alcanzando una leve progresividad al final de la década recién concluida. Las retenciones han contribuido a ese cambio. Pero el régimen impositivo sigue siendo injusto con el 20 por ciento más pobre de la población y reclama una reforma tributaria. Reforma que también es necesaria para la estabilidad estratégica fiscal. El impuesto a la renta financiera, la mayor progresividad del Impuesto a las Ganancias, la reforma en el Impuesto al Valor Agregado, la consolidación de las retenciones (inclusive recuperando la idea de retenciones móviles) y el refuerzo de las imposiciones patrimoniales provinciales son cuestiones pendientes.

El crecimiento del gasto público ha contribuido a la mejora de la equidad. El significativo incremento del presupuesto educativo y el aumento del gasto en salud contribuyeron en ese sentido. La inversión realizada en esos campos requiere una renovación ahora cualitativa: una atención que no sólo descanse en la mejora de la infraestructura escolar o sanitaria. En relación con la salud pública es preciso puntualizar que no se han producido avances en importancia e intensidad equivalentes a los que sí se dieron en áreas como los derechos previsionales, humanos, educación y de generación de empleo. Se ha tendido a consolidar la inercia heredada, a contramano de las notables transformaciones que el modelo nacional y popular ha sabido generar. El control a los laboratorios, la producción pública de medicamentos y la regulación de la medicina prepaga deberían avanzar en la generalización de un sistema igualitario de salud. Hoy sólo el 1,9 por ciento del PBI se invierte en salud pública gratuita, mientras subsiste –en un sistema fragmentado– una enorme inequidad en la distribución de los recursos. Pensar la salud como política de integración social hace necesario recuperar el rol del Estado como único rector y prestador creciente y dominante, para hacer realidad la universalidad de la atención y el acceso a la salud como derechos de ciudadanía. Un derecho no es ni puede ser una mercancía, ni debe ser el mercado quien distribuya la salud y la vida.

La quita de subsidios a los ricos y a las clases medias-altas que pueden prescindir de ellos contribuye a la equidad distributiva. La reasignación presupuestaria al gasto social y a la inversión pública es de estricta justicia. La campaña mediática que designa la mayor carga como un ajuste tiene una marca clasista. No hay redistribución sin recortes del ingreso de los más pudientes. Ajustistas son las políticas recesivas y restrictivas que disminuyen la capacidad de consumo de las mayorías populares asociadas a recortes del gasto público y no así las reasignaciones progresivas de éste, que mantienen su nivel. Un cambio distributivo supone modificaciones en la lógica de consumo y de la propia estructura productiva que provee los bienes para éste.

La cuestión de la Igualdad comprende el debate clave acerca de los sectores en pugna por la distribución del ingreso. Los enfoques económicos que desde diversos sectores apuntan a detener la política de incrementos salariales, ubicándola como causa del alza de los precios y la disminución de la competitividad externa tienden a imponer un orden injusto propio de la experiencia neoliberal, pero esta vez actualizándolo bajo la forma de una peligrosa heterodoxia de raíz conservadora. Este aparente oxímoron consiste en propiciar una creciente intervención estatal en materia económica, pero amputando las políticas que diferenciaron al período abierto en 2003 asociadas a la recuperación de los convenios colectivos de trabajo y la dinámica sindical– del programa encarnado por el duhaldismo en beneficio del poder económico concentrado local y extranjero. La competitividad externa, luego de la devaluación del peso argentino en 2002, fue conseguida a costa de fuertes transferencias de ingresos desde los trabajadores y sectores vinculados al mercado interno hacia los sectores empresarios medianos y grandes rurales y urbanos. No se explicó, entonces, por un incremento de la competitividad sistémica genuina, sólo posible por saltos tecnológicos y productivos devenidos de una conducta empresarial de fuertes inversiones, que en el caso de las grandes empresas tendió a no verificarse con el mismo dinamismo que en la década de los ’90 pese a las comparativamente altas tasas de ganancias de los últimos años. La imprescindible política de incrementos salariales sistemáticos propiciados, a partir de 2003, por los gobiernos nacionales tendió a compensar esa transferencia inicial y distribuir los beneficios de la acelerada creación de riqueza que se produjo. Con el fin de preservar el carácter progresivo de la política pública –uno de los basamentos del modelo económico– parece imprescindible encauzar el debate acerca de la inflación y el tipo de cambio hacia los complejos escenarios de la puja entre sectores sociales por la distribución del excedente, ejercicio que implica analizar precios, tasas de ganancia, productividad, inversiones y salarios de manera conjunta. Ello supone en sí una renovada acción estatal, tanto técnica como política, sostenida por un debate público, como expresión evidente de la metáfora presidencial de “sintonía fina”.

Mucho se hizo en estos años en pos de la afirmación de la Igualdad. Lo hizo un gobierno componiendo a su alrededor un conjunto de alianzas. No fue menor el lugar que tuvo y tiene en esa alianza el sindicalismo mayoritario. Organizaciones remisas a revisar las lógicas de poder que las estructuran –y que las llevan al reconocimiento de cercanías que son claramente corporativas, como la defensa de algunos dirigentes que son juzgados por delitos económicos, delitos inaceptables desde cualquier percepción efectiva de la defensa de los derechos de los trabajadores–, pero al mismo tiempo forjadas en la protección de los derechos de los asalariados formales. El grupo que hoy conduce la CGT se templó en la resistencia de los años ‘90 y desde 2003 para aquí articuló alianzas al tiempo que sostuvo la mejora de los salarios y la ampliación de derechos. Un contexto de expansión de la demanda laboral y de paritarias reconocidas lo hizo crecer y afirmarse. Hoy aparecen, enfáticamente anunciadas, oscuridades en esas alianzas.

No es fácil, nunca, orientarse en las coyunturas que son pródigas en ambigüedades, en componer hilos heterogéneos, en presentarse con rostros ambivalentes. Pero todo ello no puede evitar una nitidez que sigue presente: la política argentina sigue teniendo un trazo fundamental que distingue entre un bloque de la reacción y un movimiento –complejo y múltiple– que apuesta por la Igualdad. Es inimaginable que los trabajadores argentinos y sus representaciones sindicales elijan el camino de la reacción, arrojándose a los brazos de aquellos que hasta ayer nomás se decían sindicalistas para defender intereses patronales o para actuar como emisarios de la corrosión de la legitimidad institucional. Porque la CGT conducida por Hugo Moyano no tiene nada que ver con un gastronómico de las barras brava ni con un dirigente de peones rurales que pone a sus afiliados como carne de cañón para un paro patronal. Habrá nubarrones en la coyuntura, oscuridades que opaquen la nitidez, habrá que renovar –para despejarlos– un compromiso común, un compromiso hecho de tensiones, diálogos, conflictos y disidencias, pero sustentado sobre un acuerdo necesario: el de profundización de la Igualdad, el de ampliación de derechos.

VI

El paradigma de la Igualdad como el que se avizora requiere de la autonomía nacional. Un problema central y estructural subsistente e intacto es la extranjerización de la economía. La concentración más esa extranjerización, profundizadas deliberadamente por las políticas neoliberales, contribuyen a una persistente fuga de capitales. Durante los ’90 se financiaba con endeudamiento y hoy se lo hace con las divisas del superávit comercial, conseguido como resultado de la actual política económica y de las condiciones de la economía mundial. Así, el resultado del esfuerzo común es girado al exterior por los más poderosos, que cuanto más ganan más giran. Las constantes remesas de utilidades revelan que la Igualdad no constituye un objetivo exclusivamente social, sino un problema nacional. Así, a la exigencia de mayor inversión se agrega el requerimiento de renacionalizar la economía. Las filiales de las empresas transnacionales orientan su política, mucho más, por las necesidades y lógicas de sus casas matrices que por las definiciones, estímulos y objetivos de la política económica local. Una nueva ley de inversiones extranjeras es necesaria para proveer un marco regulatorio que permita al Estado fijar políticas.

Pendiente está, en función de la profundización de la Igualdad, una legislación justa sobre la posesión de la tierra urbana y rural. El proyecto de ley actualmente en discusión (ya promulgado) constituye un primer paso. Los desalojos de los humildes y la prepotencia de quienes los llevan a cabo han causado derramamiento de sangre y muertes. La legislación necesaria implica un debate respecto del derecho de propiedad, que por cierto se originó como todos los derechos civiles como reivindicación de los más débiles frente a los más fuertes. La conquista de los montes por parte de los sojeros tiene la misma lógica que la conquista del desierto del siglo XIX. Se despliega como una violación del derecho de propiedad comunitaria para la vida y la cultura de comunidades enteras, destruyendo los derechos de los pueblos originarios y de los campesinos para establecer otros nuevos, que protejan la apropiación de medios de producción por una clase objetivamente vinculada con la restauración del modelo derrotado en 2001. Apropiación típica de los conquistadores, por medio de la expulsión de campesinos de sus tierras. La solución del hábitat urbano y rural es, tal vez, la que atendería los problemas de mayor injusticia y violencia, resultantes de inequidades desgarrantes.

La marginación del ideario del desarrollo y su empobrecimiento al subsumirlo en los conceptos de crecimiento y derrame fueron tributarios de la sanción de leyes financieras que retiraron al Estado de la función de direccionamiento del crédito. Nuevas leyes que regulen el funcionamiento de las entidades, las funciones del Banco Central –que incluyen la recuperación del poder estatal para articular la política monetaria con las otras políticas públicas– y los derechos, acceso y protección a los usuarios del crédito significarán la derogación y el reemplazo de la que fuera la ley de leyes de la política económica de la dictadura terrorista: la Ley de Entidades Financieras y, también, de la carta orgánica del Banco Central, columna vertebral de la financiarización.

La vibrante defensa de Cristina Fernández de la gestión en Aerolíneas Argentinas, la estatización que dio origen a Aysa y las diferencias de eficiencia en la gestión pública de los fondos jubilatorios aplicados a proyectos de desarrollo habilitan una vía de profundización sostenida en la recuperación de la gestión empresaria del Estado. Quedó agotado el discurso de la ineficiencia pública respecto de la virtud de la privada. El desempeño del Banco Nación durante las crisis y en el estímulo del crédito productivo, frente a la conducta lucrativa de corto plazo de una banca extranjera especializada en créditos personales –colocados a altas tasas–, muestra otro contraste que abunda en el fundamento del colapso de esa creencia. Así, el empeoramiento del balance de divisas en el sector energético alerta sobre una insuficiencia exploratoria del capital privado en la industria petrolera. La mejora en el planeamiento y la regulación y la recuperación de la centralidad empresaria estatal en ese sector no sólo atenderían a requerimientos del proceso de desarrollo, sino que también crearían condiciones para generar estrategias económicas que no desdeñen el cuidado del medio ambiente, a la vez que afirmarían el camino de la autonomía nacional.

VII

Si se postula una sociedad de derechos, es impensable avanzar sin la idea del plan. Una sociedad de mercados es una sociedad sin plan, porque la organización de ésta opera indirectamente por el peso de la pura correlación de fuerzas de los poderes económicos. En cambio, la construcción de una sociedad de derechos requiere de la participación ciudadana en las decisiones. Participación cuya fuerza quedó demostrada en la forja de la ley de medios, en su discusión por múltiples foros y en la creación de una sensibilidad social sobre su importancia. No debe ser ése un caso aislado sino el umbral para políticas renovadas en las que se apele a una capilar politización de lo cotidiano. O, dicho de otro modo, en el que se conjugue la igualdad más profunda: aquella que nos hace sujetos políticamente autónomos, capaces de opinar, juzgar, comprometerse y decidir.

Una sociedad movilizada, una opinión pública capaz de forjarse en los debates y no en ningún pensamiento único, una dirigencia capaz de asumir desafíos renovados, un vasto conjunto de militancias heterogéneas y diferentes configuran un escenario promisorio para el año que se abre. Los desafíos son profundos y las interpretaciones que se conjuguen deberán estar a la altura. No es tiempo de tratos maniqueos con el pasado ni de juicios sumarios sobre la Historia, más bien lo es de recostar nuestra experiencia política sobre la diferencia que establece con otros momentos, pero también para que su actual complejidad ilumine la del pasado. Porque somos enfáticos habitantes del presente, debemos ser comprensivos visitantes de lo sucedido. A sabiendas de que los tiempos nos exigen una imaginación política renovada y un compromiso colectivo para pronunciar las palabras justas. Aquellas que nos permitan afirmar la Igualdad.


Fuente :Página 12
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Politica Obrera