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lunes, 14 de febrero de 2011

“Entre el discurso de Casal y lo que pasó en Suárez y Baradero no hay distancia”

Entrevista a sidonie porterie

Por Martín Piqué

La politóloga y especialista en temas de seguridad criticó las políticas de tolerancia cero y mano dura. Elogió las medidas adoptadas por la ministra Garré y aseguró que el desafío es acabar con el “autogobierno policial”.

El nombre completo de Sidonie Porterie hace pensar en una mujer nacida en Francia. Obliga a deletrear, a pedir detalles a la hora de ponerlo por escrito. Pero Porterie es, como la definió uno de sus compañeros de trabajo, “más argentina que el dulce de leche”. Ella será bien criolla, pero su nombre de pila sí es francés. Es un homenaje a su abuela, un reconocimiento que para efectivizarse debió lidiar con el Registro Nacional de las Personas. La joven politóloga estudió en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, completó Ciencia Política en tiempo récord; luego se dejó seducir por el estudio de la problemática que suele captar más centímetros en los diarios, segundos en la televisión y charlas cotidianas en los barrios: la inseguridad.

–¿Es comparable el envío de la Gendarmería al Conurbano con la ocupación permanente de las favelas que se implementó en Río de Janeiro? ¿Se puede aplicar aquí ese modelo de seguridad?

–En principio le diría que no. No es un modelo interesante para la Argentina. Nosotros tenemos que resguardar fuertemente la división tajante entre fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, una diferenciación que establece la Ley de Seguridad Interior y que es uno de los valores que tenemos en nuestro país.

–¿Qué balance hace de las medidas tomadas por la ministra Garré?

El envío de los 6000 gendarmes como situación de emergencia para atender algunas zonas del Conurbano, y la no utilización de balas de goma ni armas de fuego en general, en la contención y el abordaje de la protesta social, nos parecen dos medidas correctas. La orden de no usar las armas de fuego en la contención de la protesta social es una medida más que interesante. Si bien el gobierno nacional en su momento había pedido que las fuerzas de seguridad federales no utilizaran balas de plomo, ahora se prohíbe el uso de armas de fuego en general, tanto para su uso con munición de plomo como para su uso con munición de goma. Y eso es clave.

–¿No es peligrosa la coexistencia de dos fuerzas de seguridad en un mismo territorio?

Parte del desafío de acabar con el monopolio y la autonomía policial pasa por el cruce en la intervención de fuerzas. Es allí donde se gana autonomía política.

–¿Es un riesgo la expansión de la industria de la seguridad privada?

Hay un primer riesgo inherente que es que, así como el autogobierno policial es riesgoso, el descontrol en materia de seguridad privada y la proliferación de empresas y la tendencia a que esas empresas sean no sólo conducidas por policías, sino que además entre su personal tengan personas que hagan esa doble función, es un problema de seguridad importante. El sistema de seguridad privada no debe desaparecer, pero debe ser articulable y subsumible al sistema de seguridad público.

En los últimos años se avanzó con una agenda de transformaciones profundas en las Fuerzas Armadas. Desde el propio gobierno reconocen que no se hizo lo mismo con las fuerzas de seguridad. ¿Por qué?

–En estos siete años, el gobierno no asumió la política de seguridad como una política prioritaria del Estado. Ubicaba a la seguridad como un problema de las provincias y de la Ciudad, pero no del gobierno nacional. Lo cual no se condice con sus responsabilidades, porque el gobierno nacional tiene responsabilidades, sobre todo en lo que hace a delito complejo o delito federal y su asistencia. Y además porque tiene cuatro fuerzas de seguridad con necesidades de reforma. Aunque aclaro que la deuda de reforma del sistema policial y del sistema de seguridad es una deuda del gobierno nacional, pero también de todas las provincias argentinas.

–¿Y qué piensa de la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires?

Es un revés importante sobre un proyecto y un intento de reforma en el sentido de lo que veníamos conversando. Lo que se observa ahora es un proceso político de contrarreforma respecto a toda la política de seguridad de la gestión de Arslanian, que venía a establecer una reforma policial, a crear capacidad institucional y análisis de información, participación comunitaria.

–¿Cómo relaciona la política de seguridad en la provincia con los asesinatos de jóvenes a manos de la Bonaerense en José León Suárez y el sábado en Baradero?

–La política de seguridad de la provincia reúne los peores rasgos de una política de seguridad para una democracia de un país como el nuestro, que es profundamente desigual. Si hablamos de desgobierno policial y autoconducción de las fuerzas, hay que añadirle una política de carácter represivo, autoritaria y con fuertes señales de impunidad hacia el cuerpo policial. Tiene una actitud de resguardo y protección aun en los casos de abuso y exceso en el uso de la fuerza. Entre esa política institucional y el discurso público, tanto del ministro (de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal) como del gobernador (Daniel Scioli), que es claramente de tolerancia cero hacia el delito y mano dura, entre eso y los episodios de Baradero y José León Suárez, no hay distancias ni grietas. Es el resultado directo de una política institucional que es clara. En el caso de José León Suárez, ante un desborde social, la explicación del ministro fue que estaban actuando bandas organizadas, asumiendo el discurso policial sin ninguna rediscusión de la autoridad responsable. El caso de Baradero refleja un episodio que está fundado en una situación de impunidad con la referencia inmediata de hace un año con otro episodio de gatillo fácil de dos personas más. No hubo, en este interín, ningún tipo de remoción por lo menos de las autoridades de la comisaría interviniente. Lo que demuestran estos dos casos es que no estamos frente a hechos aislados sino ante una política institucional cuyos resultados son estos.

–¿Cuáles son los peligros que se afrontan al intentar poner en marcha una reforma policial profunda? ¿Existe el temor a que de pronto, sospechosamente, se produzca una ola de hechos delictivos?

-Sí, el riesgo existe. De hecho, si uno reconoce que la policía tiene cierta capacidad de regulación del delito, uno puede reconocer que tiene la capacidad de llevar esa regulación a una situación de amenaza política. No se puede despreciar el poder que tienen las fuerzas de seguridad, pero tampoco hay que entenderlo como un cuerpo uniforme. Pero hoy el modelo clásico de regulación del delito por el sistema de pacto entre policía y política, y entre policía y algunos niveles de organizaciones criminales, es un sistema que viene demostrando ineficacia. Porque el delito desborda al nivel policial en su capacidad de pacto. Y también desborda al poder político. Aun no queriendo quedar como responsables de la situación, lo siguen siendo, y el reclamo es hacia ellos. Por todo eso, hoy no es inteligente políticamente la apuesta por el statu quo en materia de seguridad. Eso lo ha podido leer el gobierno. Por eso dio el cambio de timón

Excelente el informe de ayer en Bajada de Línea ( con Victo Hugo ) sobre como se pretende dede los sectores conservadores ( Como Scioli ) y desde la derecha mas recalcitrante condenar a toda una generación de jóvenes bajando la edad de imputabilidad y vemos como sin ley igual hay una política de ejecución sumaria de jóvenes pobres por parte de la policia



Fuente : Tiempo Argentino


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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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