El triunfo de Félix Díaz entre los qom

Comunidad La Primavera

Por Rodolfo Yanzón Abogado - Liga por los Derechos Humanos.

El gobierno provincial debe cambiar de plano su relación con la comunidad, investigando y sometiendo a proceso a los responsables de la represión del 23 de noviembre de 2010.

La comunidad qom en Formosa pudo elegir democráticamente a sus representantes. Ganó la elección Félix Díaz, que luego de la represión que dejó un muerto y heridos por las balas policiales y decenas de detenidos, viajó a Buenos Aires, acampó en la 9 de Julio y llevó a cabo una huelga de hambre, con lo que el conflicto quedó instalado en la agenda nacional. Díaz, junto a representantes de organismos de Derechos Humanos, aguardó que la presidenta de la Nación lo recibiera. Consiguió que se instruyera al ministro del Interior para que iniciara el diálogo, destrabara el conflicto y buscara soluciones para un sector de la población que durante años ha padecido la explotación de empresarios y el olvido estatal, por ser indígenas, pero mucho más por ser campesinos pobres.

El diálogo derivó en la decisión de aclarar quiénes eran los representantes de la comunidad, dado que existían diferencias en su propio seno. Esas diferencias, como tantas veces ocurre, fueron fruto de la cooptación por parte del PJ formoseño y especialmente de la gobernación, y de que en las elecciones trataron de inclinar la balanza a favor del otro candidato, Cristino Zanabria, bajo amenazas de quitar planes sociales a los votantes. Los intendentes de Laguna Blanca, Laguna Naineck y Siete Palmas también sometieron a aprietes a la gente con el mismo fin.

Despejada la duda sobre la representación a través del acto eleccionario que Félix Díaz ganó con holgura, el gobierno nacional debe atender las demandas de la comunidad La Primavera, que reclama no sólo tierras sino fundamentalmente satisfacer otras necesidades, como la asistencia social y sanitaria. Dado que se trata de un conflicto que involucra a Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el gobierno nacional tiene una vital responsabilidad. Sin embargo, cabe aclarar, el gobierno provincial debe cambiar de plano su relación con la comunidad, especialmente investigando y sometiendo a proceso a los responsables de la represión del 23 de noviembre de 2010, que derivó en la muerte del poblador Roberto López, decenas de heridos, detenciones arbitrarias y quemas de viviendas; tomando nota del acto eleccionario y la manifestación de la comunidad acerca de su representación, y muy especialmente cambiando sus prácticas punteriles, con las que tuvieron a miembros de la comunidad atados a sus dádivas indeseables.

Como fruto de la negociación con el Ministerio del Interior, Félix Díaz y sus compañeros decidieron levantar el campamento en la 9 de Julio para regresar a su provincia, con una inconsulta intervención de integrantes de La Cámpora, que quizá reflexionaron sobre las bondades de que los acampantes regresaran a sus tierras sin demora en acomodar sus petates.

En las reuniones de la mesa de diálogo que integra la comunidad y distintas áreas del gobierno, Félix Díaz manifestó su preocupación, principalmente por la situación de desamparo, y reclamó la pronta intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Otro de los reclamos se suscitó con la tenencia de la tierra y un conflicto que mantienen con la familia Celía, que con aval del poder político ocupó parte de tierra de la comunidad. De esas reuniones participaron autoridades de la Administración de Parques Nacionales, que tiene presencia en la zona desde 1951, cuando se creó por ley el Parque Nacional Pilcomayo, con el objeto de proteger un área natural compuesta de esteros, selvas en galería, lagunas y montes, típicos del Chaco húmedo; un sistema en el que viven especies en peligro de extinción, como el aguará guazú, y mamíferos, aves y reptiles que tienen su hábitat resguardado dentro de los límites del Parque, insertado en una región que poco a poco va sucumbiendo a los estragos de la soja y el desmonte.

La intendencia del Parque Nacional Río Pilcomayo tiene una relación cotidiana con la comunidad. Como ejemplo, extiende permisos de pesca a los indígenas, que son los únicos habilitados a desarrollar esa actividad dentro del Parque Nacional. Durante las sequías les provee agua de la Laguna Blanca –que integra el Parque Nacional– con el auxilio de camiones cisterna, y en las inundaciones los asiste en traslados al hospital y les brinda refugio a las personas afectadas, entre otras necesidades. Se trata de una política de reconocimiento y colaboración hacia la comunidad La Primavera, más allá de los fines específicos que tiene la Administración de Parques Nacionales.
El Estado Nacional reconoció a la comunidad la tenencia de las tierras en 1940, pero la familia Celía ocupó más de 1000 hectáreas con aval del gobierno provincial, lo que provocó el conflicto, del que no es parte Parques Nacionales, dado que las tierras en cuestión son provinciales, con la aclaración de que una pequeña porción de la Laguna Blanca quedó comprendida en una de las parcelas, pero que no puede ser reivindicada, porque, como todo lago, laguna o río, forma parte del dominio público, es decir, no puede ser enajenada ni transferida su tenencia.

Se trata entonces de pensar políticas públicas que permitan satisfacer los justos reclamos de sectores que estuvieron sistemáticamente explotados en lo económico, olvidados en sus derechos y garantías y desconocidos como pueblos originarios. Nada impide que esas políticas se armonicen con otras que hacen a la preservación de nuestras selvas y montes y a nuestra flora y fauna, poniendo freno a la presión que ejercen los grupos sojeros, que más de una vez terminan rentando tierras en manos de familias campesinas. Una vez más, el debate sobre nuestros recursos naturales, el modo de explotación de la tierra y su tenencia. Sin duda, una cuestión política estratégica.

Fuente :Tiempo Argentino