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sábado, 8 de octubre de 2011

La detención de Sobrero

El criterio del juez


Una vez liberados los detenidos, Sobrero habló ante los medios de comunicación y dijo que los mismos funcionarios judiciales le manifestaron que habían pensado tomarle declaración tras las rejas, porque tenían información de que era un hombre violento. La versión lleva la marca de la gorra.

La detención de Rubén “Pollo” Sobrero y otros ferroviarios dejó al desnudo la manera en que la Policía Federal (PFA)modela las investigaciones judiciales y el modo en que esa versión sobre los hechos es recibida acríticamente por los magistrados. Juan Manuel Yalj lleva años en el circuito judicial (en dictadura fue juez de San Isidro, además de profesor de Derecho Penal en la UBA) y tiene cabal conocimiento de lo que son las fuerzas policiales como auxiliares de los jueces. Yalj detuvo a estas personas un día viernes con el propósito de al menos hacerles tomar unas pequeñas vacaciones privadas de sol. El lunes, apenas llegado al Juzgado Federal N° 2 de San Martín, del que es subrogante, se dispuso a hablar con los medios de comunicación (una costumbre que lamentablemente han tomado otros jueces) dando opinión sobre la causa y su futuro. Llegó a decir que si había ordenado la detención de Sobrero un viernes no era porque pensaba soltarlo el lunes, con lo que, incluso, adelantó opinión y se expuso a una recusación. Ello sin siquiera haber oído a los imputados en su primer acto de defensa que es la indagatoria. Los abogados defensores pidieron el mismo lunes la excarcelación de los acusados y tuvieron dictamen favorable del fiscal Jorge Sica, que apuntó sobre todo a la debilidad de las pruebas reunidas en la investigación. Con ese dictamen, Yalj tuvo que correrse de su primera posición y adoptar como justificación la crítica a los que hasta ese momento fueron sus colaboradores para diseñar la versión de los hechos. De tener pruebas sólidas pasó a tener auxiliares incompetentes y desprolijos.

Dos personas quedaron detenidas por no tener domicilio fijo, un modo en que los pobres quedan encarcelados. Una vez liberados los detenidos, Sobrero habló ante los medios de comunicación y dijo que los mismos funcionarios judiciales le manifestaron que habían pensado tomarle declaración tras las rejas, porque tenían información de que era un hombre violento. La versión lleva la marca de la gorra, pero se incorpora al acervo judicial a partir de la concepción antiobrera de sus integrantes. Sobrero dijo además algo que todo el mundo afirma, y que en este caso no por formar parte de la creencia popular deja de ser válido: los jueces se envalentonan con los pobres y con los trabajadores y aun más con quienes son sus representantes; pero se achican frente a poderosos, hasta la genuflexión. Sólo a un ingenuo se le ocurriría pensar que Yalj hubiera actuado de la misma forma con los empresarios de TBA (integrada, entre otros, por Enfer, dedicada a la reparación de unidades y el Estado Nacional es el que paga). Mucho menos, haberles imputado asociación ilícita, como hizo con los trabajadores. En ese marco, el auxilio de una fuerza como la PFA tuvo toda la impronta de haber sido generada en las usinas de la misma empresa, con quien tiene relaciones no sólo institucionales sino también económicas, dado que le cobra varios servicios de vigilancia (otra costumbre que lamentablemente se hizo una especie de norma para recaudar fondos por parte de los comisarios). Así las cosas, la versión que Sobrero brindó el martes por la noche no es nada descabellada. La misma versión es la que sus abogados defensores dieron a los medios de comunicación y al juez. Ellos dicen que los trabajadores no fueron responsables de los sabotajes y los desmanes –estrago doloso en lenguaje jurídico– producidos en vagones de la empresa TBA en el Ferrocarril Sarmiento, y que las pruebas son casi inexistentes. Los abogados apuntan sobre todo al titular de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria de la PFA y algunos suboficiales, que fueron los que incorporaron la versión de que el primer detenido por la quema de vagones había recibido dinero. Esa persona amplió su declaración ante el juzgado para decir lo mismo que los policías, en un relato plagado de detalles sobre la interna ferroviaria y el enfrentamiento entre Pedraza y Sobrero. Lo que se llama una versión armada. Esa fue la versión que hasta el lunes al mediodía, para el juez, tenía fuertes elementos probatorios y que luego, con el devenir de las horas y luego de las indagatorias de los acusados, se esfumó casi por completo. “Pero, ojo, que todavía están imputados”, recalcó Yalj para no quedar tan en off side. El juez tiene diez días hábiles para decidir si procesa o no a Sobrero y compañía, y todo hace pensar que se inclinará por una falta de mérito, es decir, seguirá la investigación para buscar más pruebas, pero los acusados no tendrán un pronunciamiento en su contra.

Mención aparte debe hacerse de las manifestaciones de funcionarios políticos y la alusión a cierto conocimiento de la investigación. O fueron hechas con la lectura de los diarios, o recibieron información del juzgado o de la PFA, aunque no hay indicios de que haya sido más que un desliz de quienes las profirieron, por impropias a sus cargos y porque ponen en tela de juicio la labor judicial, más allá del esmero del propio juez. Yalj acaba de ser designado en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Lamentablemente, ni su pasado, ni los criterios con los que se maneja fueron tenidos en consideración.

El problema en Argentina es tambien que cuando Moyano defiende la iguladad de derechos se dice que es una defensa corporativa , cuando dice que la justicia es una vergüenza y queda claramente en falta dicen que critica al gobierno y mientras tanto vemos a los gordos traidores hijos de puta que hay en la CGT piudiendo la renuncia de Moyano cuando lo que piden es volver a queitarnos los derechos a los trabajadpres como en los 90 cuando ellos ponian a la CGT al servicio de las empresas para esquilmar a los trabajadores y queitarles todos sus derechos . Y acá queda mas que claro que la justoicia argentina da verguenza que un juez de la dictadira genocida llega a una ámara de apelaciones y detiene a trabajadores sin pruebas y sin llamarlos nunca a declarar, los casos de haber visto tantos jueces al servicio del grupo Clarin muestran ue para mi de la CSJN para abajo hay que poonerlos a todos en comisión y que para permanecer en sus cargos deban pasar por el filtro del senado analizando su actuacion durante todos estos años .

De las declaraciones de Anibal Fernandez emsuciando todo y lityeralmente quedando el mismo como un completo forro , me gustaria entender parea que lo hizo mas alla de su habitual sanata que puede servir para defender al gobierno o para hundirlo como ocurrió claramente en este caso dándoles pasto de sobra para comer a toda la derecha faltando solo 3 semanas para las elecciones , que quiso demostrar el tipo? Que quiere seguir manejando él a la mafia policial? La secretaría de medios ? Era una venganza personal contra Cristina?

Fuente :Tiempo Argentino

2 comentarios:

68 y contando (y van 75) dijo...

De acuerdo Javier. Independientemente de la culpabilidad o nó de Sobrero la actuación del juez evidenció manifiesta mala intención.
Pero lo lamentable fué ver cuantos blogueros dieron por cierta su culpabilidad solo por el hecho de ser Trosko o zurdo, en una actitud corporativa -por no decir facha- y poco democrática (por no decir stalinista). En fin

donchango dijo...

En esta historia no me convence nadie. Ni el juez que es, sigue siendo, de la dictadura. Ni Aníbal que habló sin fundamento. Ni Moyano que también alzó su voz para defender al cumpa Pedraza. Ni Sobrero al que la falta de pruebas no exonera de la duda que genera la CTA de Micheli ¿Si fuiste capaz de trampear una elección...Por qué no vas a quemar un tren? Pero no me hagan caso, debo ser yo que, de viejo, me estoy poniendo paranoico.

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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