Los límites de las herramientas legales

Tragedia de Once y Proyecto X

Existe una tendencia a creer o a hacer creer en la bondad de las presentaciones judiciales, como si el sistema judicial fuera permeable de por sí a la necesidad de los más débiles.

Por: Rodolfo Yanzón

Las herramientas legales tienen determinados límites y oscuridades a la hora de resguardar derechos. Esos límites son mayores en el plano judicial. En los últimos años, como producto de la desarticulación de organizaciones sociales, pero fundamentalmente a partir de la dictadura y la entronización del Estado neoliberal, con sus gravísimas consecuencias sobre la protección de los sectores más vulnerables; existe una tendencia a creer o a hacer creer en la bondad de las presentaciones judiciales, como si el sistema judicial fuera permeable de por sí a la necesidad de los más débiles. Esas acciones no sólo surgen del Estado sino también de organizaciones de Derechos Humanos, sindicales y políticas. Pero existe un plano mucho más preocupante, que es ver a las acciones judiciales como vía suficiente para promover derechos. La presentación del Estado Nacional como querellante en la causa penal por las 51 muertes en Once va en ese sentido, cuando, se sabe, existen los fiscales para realizar esa labor y porque implicaría desconocer las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos. Y, más allá del imperioso y radical cambio que debe hacerse sobre las reglas del transporte público, es urgente y necesario revitalizar la política como herramienta esencial para resolver conflictos, porque sólo así y mediante la organización de los sectores más vulnerables se podrá hacer frente a los señores del capital.

Al hablar en Instinto de Conversación con Claudio Orosz y Marcelo Saín, ambos criticaron la postura de TBA, que desconoció la irregularidad en la prestación del servicio y la falta de inversión, a la vez que sostuvieron la necesidad de contar con mecanismos regulatorios y de control estatales que no estén al servicio de los intereses económicos de los empresarios. Otro punto del que se conversó, con implicancias judiciales, es el Proyecto X, del que sostuvieron que no se puede negar la existencia de espionaje sobre actividades políticas. Saín habló de un doble comando en las fuerzas de seguridad; por un lado, reportan al gobierno nacional; por otro, a agencias internacionales de seguridad, la DEA muy especialmente, que desde hace años han amarrado naves en los países de la región para exportar sus nociones y acciones sobre su hipótesis de conflicto en lo que denominan “narcoterrorismo”, y fomentan e invierten en encuentros de jueces, fiscales, militares y policías para formarlos e impartirles instrucciones. Saín, que respeta la labor de Nilda Garré, dijo que él en su lugar hubiera descabezado la Gendarmería, pero que el problema no se detiene ahí, porque no sólo las fuerzas militares y de seguridad han sido en parte cooptadas por las agencias estadounidenses, sino que hay jueces y fiscales que responden a la Embajada de los EE UU, lo que indica una situación de sojuzgamiento a sus pretensiones.

Saín agregó que es momento de pensar en términos políticos para qué queremos los argentinos contar con policías y para qué necesitamos que el Estado tenga órganos eficientes de control, una decisión nacional que no esté subordinada a corporaciones o potencias extranjeras. Sobre las declaraciones de Garré acerca del Proyecto X, sostuvo que esas bases de datos fueron exigencia de las agencias estadounidenses, y que es ingenuo desconocer actividades de inteligencia, pero que no es el gobierno nacional el que se sirve de esa información sino las agencias estadounidenses de seguridad. Por eso, responsabilizar a Garré o al gobierno nacional de ser artífices y beneficiarios de las labores de inteligencia sería desconocer a qué juegan los estadounidenses y quiénes son sus correas de trasmisión en la Argentina. La duda que cabe en esa reflexión es cómo jugará el gobierno nacional, que promulgó una ley “antiterrorista” requerida por los estadounidenses, y qué hará para cortar esos vínculos de las fuerzas de seguridad con agencias extranjeras para que se ciñan exclusivamente a sus mandos naturales. En ese marco, cabe preguntarse de qué manera se confronta con los miembros del sistema judicial que son dóciles agentes de la Embajada estadounidense, y hasta qué punto la intervención de un juez y de un fiscal son resguardo suficiente cuando se trata de labores de inteligencia, o del manejo de información contenida en los softwares aludidos por Garré en su conferencia, cuya aplicación informática fue donada por los Estados Unidos en 2002.

La utilización de la palabra “terrorismo” es uno de los grandes peligros, dado que más de un juez o fuerza de seguridad incluirá bajo ese concepto a actividades políticas, y más de dos verán crímenes en manifestaciones por reclamos sectoriales. De tal forma se podrá hacer inteligencia sobre actividades políticas, aun mediando orden de un juez, si se argumenta que se hace en una investigación judicial. Por lo tanto, el espionaje político existe y no basta la intervención de un juez o de un fiscal, ni que se justifique la labor de inteligencia en el marco de una investigación penal, para estar seguros que se protege a quienes llevan a cabo actividades políticas, como tampoco basta que el maquinista de un tren no maneje borracho para que trabajadores pierdan la vida en una estación.

Fuente : Tiempo Argentino