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sábado, 31 de marzo de 2012

Un día de reflexión ciudadana

A TREINTA AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

Por Mirta Mántaras *

La soberanía es uno de los elementos constitutivos de una nación y la lucha por recuperar un territorio usurpado por una potencia extranjera es un derecho continuado, pues el fracaso de una negociación diplomática no importa que se consolide la usurpación, por el contrario, es un reclamo más que sólo cesará con el restablecimiento de los derechos soberanos.

El Reino Unido de Gran Bretaña quiere utilizar la “aventura” militar de la dictadura genocida como una beligerancia donde el que ganó la batalla adquiere derechos de vencedor como si se tratara de tierras vacantes o mostrencas, donde no había derechos previos, habitantes argentinos y bienes del Estado.

Los asesinos genocidas que ademas de los 30000 desparecidos asesinaron otros 600 argentinos en las islas y condenaron a una generación entera a traumas imborrables por el resto de sus vidas y tambien a varios suicidos , mientras continuaban con el genocidio dentro de las islas soteniendo a los soldados a torturas físicas y psicológicas , con actos antisemitas tal como en los centros clandestinos de detención donde los sobrevivientes relataban se encontraban cruces svasticas y cuadros de Hitler el mayor asesino genocida de la historia de la humanidad

Esta posición merece ser calificada de “aventura” diplomática, pues contradice completamente al derecho internacional.

Pero lamentablemente esa aventura hace que para nosotros sea muchísimo mas dificil recuperar las islas , porque uno puede tener razoin legal pero estas cosas se deciden siempre por la fuerza , la ONU esta de adorno en estos temas , aca hay que tener el poder económico y político necesario para forzar a los britanicos a sentarse a negociar con Argentina , recien ahi las ONU podróia influir en hallar una solucion diplomática que ambas partes puedan aceptar . Por eso frente a este avance político de nuestro país al transformar el reclamo de soberanía por las islas en un reclamo de todos los países de latinoamérica lo que resta es ver si alcanza o no para forzar a la negociación y por lo que vemos ha puesto nerviosos a los britanicos pero no parece alcanzar a forzxar que se sienten a negociar , creo que tambien ha perjudicado mucho el menemismo y su teoria del paraguas diplomatico nos ha perjudicado muchos años , no se que sentido tiene que tengamos relaciones diplomáticas con Gran Bretaña mientras no se pueda negociar este tema .

Por eso la postura Argentina –sostenida también por los países hermanos– importa una invocación al respeto de los derechos contra las acciones bélicas que desplazan violentamente a los nacionales para intentar apropiarse de sus tierras y riquezas naturales. La elección del gobierno argentino es la vía pacífica, la de los acuerdos diplomáticos y la denuncia del incumplimiento unilateral de Gran Bretaña respecto de la resolución de las Naciones Unidas sobre la necesidad de llegar a acuerdos.

En ese marco, la Argentina ha destacado que la guerra de Malvinas de 1982 fue una decisión del tándem cívico militar que instaló el terrorismo de Estado en 1976 y por ello, después del proceso a la junta militar, se juzgó a los responsables de la conducción de la guerra de Malvinas mediante los tribunales militares y civiles de la Nación.

Es decir que con independencia de la vocación del Estado argentino de seguir manteniendo su derecho a reclamar la restitución del archipiélago, ha cuestionado internamente el método bélico utilizado por quienes sin legitimidad ni legalidad alguna decidieron ese combate.

El general Benjamín Rattenbach fue el presidente de la Comisión Caercas (Comisión de Análisis y Evaluación política y militar de las Responsabilildades en el Conflicto del Atlántico Sur) y autor del informe final con sus conclusiones que entregó al dictador Reynaldo Bignone. El informe se filtró y fue publicado, quizá con algunas inexactitudes.

En base al trabajo de la Caercas, el 15 de mayo de 1986 el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dictó sentencia condenando a los jefes de las tres armas con las siguientes penas: a Leopoldo Fortunato Galtieri, 12 años de reclusión; a Jorge Isaac Anaya, 14 años de reclusión, y a Basilio Lami Dozo, ocho años de reclusión, todos con accesoria de destitución. No era una gesta, sino delitos castigados con prisión y expulsión del seno de las Fuerzas Armadas.

En la revisión obligatoria de la sentencia castrense por los tribunales constitucionales, el Poder Judicial de la Nación ratificó las condenas y unificó las penas en 12 años a todos los imputados, con accesoria de destitución. El fundamento coincidió con el informe del general Rattenbach acerca de que la guerra fue una verdadera aventura militar.

Desde el inicio del conflicto intervino el entonces teniente de navío Alfredo Ignacio Astiz, quien se rindió y fue capturado como prisionero de guerra y llevado a Gran Bretaña. Ello motivó que su imagen saliera en los diarios y se confirmara definitivamente que era el mismo que se hacía pasar por familiar de desaparecido con el nombre Gustavo Niño y que entregara a las Madres de Plaza de Mayo, a las monjas francesas y a numerosos familiares que se reunían en la Iglesia Santa Cruz para juntar fondos y sacar una solicitada. Doce personas fueron llevadas a la ESMA, torturadas y desaparecidas. Ahora está condenado por delitos de lesa humanidad.

Falta anular los indultos que en diciembre de 1990 Carlos Saúl Menem otorgó como premio a los condenados por la guerra de Malvinas. Menem fue el continuador de los genocidas, porque concretó los dos “objetivos del Proceso” que les quedaron pendientes: el achicamiento del Estado y la privatización de las empresas públicas, con lo que le asestó un golpe de gracia a la institucionalidad argentina.

La conmemoración (hacer memoria) del 2 de abril convoca a un día de reflexión ciudadana para repudiar el genocidio y para valorar el modo pacífico de encarar con firmeza la defensa de la soberanía nacional y de los recursos estratégicos.

* Abogada de derechos humanos y autora de Genocidio en Argentina.

Fuente :Página 12

Poskeynesianos

Por Alfredo Zaiat

“Es totalmente falso decir que la emisión genera inflación”, sentenció Mercedes Marcó del Pont en la entrevista publicada en este diario el domingo pasado. Agregó que “solamente en Argentina se mantiene esa idea de que la expansión de la cantidad de dinero genera inflación”. Esta declaración provocó alteración emocional en las filas monetaristas e incomodidad en otros. La presidenta del Banco Central apuntó al corazón de un principio sagrado del análisis económico doméstico colonizado por décadas de predominio de ideas monetaristas, en especial en la institución que los liberales consideran de su propiedad. La presencia de Marcó del Pont en la conducción del Central es un hecho político notable, porque desafía ese nicho de poder y de negocios de la ortodoxia asociada con la banca. Es una grieta, por lo conceptual y también por género, que sorprende a representantes de bancos centrales de la región, incluso a los de países puestos como ejemplos por diferentes vertientes del progresismo y de la izquierda, que aún mantienen concepciones conservadoras en esos espacios de poder. Además de ese indudable componente político, con la nueva Carta Orgánica la reconstrucción de una banca central involucrada en el desarrollo económico se propone en base a una concepción teórica y práctica que interpela la experiencia pasada, capturando sus virtudes y neutralizando sus errores, que es consciente del fiasco de la ortodoxia, aquí en los noventa y ahora en Europa, y que se reconoce en las ideas más modernas de regulación prudencial y del pensamiento económico sobre política monetaria, como la que expresa el poskeynesiano.

En esta misma columna de hace cuatro sábados se afirmó que considerar que la emisión de dinero se traduce en aumentos de precios, en cualquier circunstancia y contexto, es uno de los mayores éxitos de la ortodoxia en cuanto a influencia en la sociedad sobre el abordaje de temas económicos. Es una idea que está marcada a fuego, incluso en miembros de la heterodoxia. Si aumenta el gasto público, es inflacionario. Si se financia al Tesoro, es inflacionario. Si se utilizan reservas para pagar deuda, es inflacionario. Para la ortodoxia, toda intervención del Estado, en última instancia, es inflacionaria, aunque con excepciones. Por ejemplo, cuando rescata al sistema financiero o cuando financia, mediante líneas de créditos a tasas subsidiadas o beneficios fiscales, a grupos empresarios. Se revela así que la discusión no es teórica sobre la orientación de la política monetaria, sino que es otra eminentemente política referida a qué tipo de participación se pretende del Estado.

Miles de comentarios descalificadores en portales de medios cuestionaron a Marcó del Pont a partir de esa frase. Un hashtag en Twitter sobre el tema se mantuvo durante un día entre los más populares. Hubo artículos en tono escandalizado y comentarios varios evaluando el descuido de la titular del Central. Muchos de ellos siguen atrapados por la memoria de desquicios monetarios y financieros del pasado que, vaya paradoja, fueron provocados por quienes pretenden erigirse en guardianes del orden monetario. En el largo período que predominó la ortodoxia en el Banco Central fue cuando más descalabros se registraron en el sistema monetario y bancario. Desde 1976, cuando la dictadura liberalizó el mercado financiero y el Banco Central quedó en manos de los liberales, se sucedieron crisis bancarias, estafas a ahorristas, estatización de la deuda externa privada, estallidos inflacionarios, cambios de moneda. Los protagonistas de esas debacles, como sus herederos de ahora, son quienes encienden luces de alerta sobre los cambios operativos y conceptuales en el Banco Central. Es una reacción de autopreservación extraordinaria teniendo en cuenta el fracaso del monetarismo, naufragio al que no es necesario apelar a la experiencia argentina para corroborarlo, sino que basta con analizar el actual descalabro europeo.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el desafío cultural, con sólido respaldo teórico y práctico, sobre la emisión de dinero y la inflación, abre una nueva etapa, que en los hechos ya había empezado y que ahora se ha institucionalizado. La cantidad de dinero de una economía no tiene relación directa con la inflación. En la definición de la magnitud de la masa monetaria de la economía intervienen la tasa de interés, la tasa del crecimiento económico, el grado de utilización de los factores de producción, el grado de monetización, la velocidad de circulación de los medios de pagos. Las bancas centrales no controlan la cantidad de circulante, sino que puede intervenir en ese sentido manejando la tasa de interés o el tipo de cambio. Las metas cuantitativas no son una herramienta para gestionar la política monetaria.

Esta concepción se basa en renovadas ideas propuestas por economistas enrolados en la escuela poskeynesiana. Entre sus aportes se destaca que definir los niveles de tasas de interés por parte del Banco Central es clave porque estiman que esa variable es relevante en la distribución del ingreso por su efecto sobre el crecimiento y el empleo. Afirman que los aumentos de precios dependen del resultado del conflicto entre los trabajadores y las empresas por la distribución del ingreso. En esa tensión la fuerza de los trabajadores está vinculada con su grado de organización, y aumenta cuando es baja la tasa de desempleo. En tanto, el poder de las empresas para compensar el alza del salario nominal subiendo precios para mantener su tasa de ganancia depende de la competencia en la economía (con más margen en mercados oligopólicos o monopólicos), de la productividad y de la correlación de fuerza con los sindicatos. Otra de las bases de la economía poskeynesiana es que la demanda agregada (consumo e inversión) está muy relacionada con la tasa de interés. Si ésta aumenta, baja esa otra variable, y viceversa. A la vez, la tasa de desempleo depende inversamente de la demanda agregada. Esto es, si aumenta el gasto disminuye el desempleo. También la desocupación está relacionada positivamente con la tasa de interés: a mayor tasa menor demanda, por lo tanto, mayor desempleo.

Esta esquemática reseña sirve para exponer que la tarea principal de la política monetaria del Banco Central es la intervención en el nivel de la tasa de interés, y no en la expansión cuantitativa del dinero. Existe divergencia entre miembros del poskeynesianismo sobre cómo definir el nivel de la tasa de interés. Unos proponen que en términos reales debe ser cero, o sea la tasa nominal igual a la inflación esperada. Otros sugieren un nivel “justo”, en el cual la distribución del ingreso sea neutral, en cuyo caso deber ser igual al promedio de la productividad del trabajo. En una y en otra opción, ese marco de política monetaria favorece un mayor grado de libertad de la política fiscal y la política de ingresos. El poskeynesianismo considera que la economía no tiene una tendencia natural al pleno empleo, entonces propone la intervención estatal para alcanzar ese objetivo. Otro postulado importante es que la producción se ajusta a la demanda y, por ese motivo, el incremento del consumo (público y privado) es el principal incentivo a la inversión. Es decir que a corto y largo plazo la economía está dirigida por la demanda; no por las restricciones en la oferta.

La escuela poskeynesiana no se plantea como un cuerpo de ideas de verdades absolutas, sino que lo desarrolla en un marco que es definido como de incertidumbre total, donde el futuro es imprevisible, puesto que está estrechamente vinculado con el del tiempo histórico. Definición que colisiona con los postulados tradicionales. En Teorías monetarias poskeynesianas, los economistas Pierre Piégay y Luis-Philippe Rochon afirman que “es necesario desconfiar de los que pretenden detentar la exclusividad –y, por supuesto, la tenencia de la verdad– sobre teorías, paradigmas, sistemas, sean cuales fueren. Es necesario desconfiar, sobre todo, de los que pretenden poseer el verdadero sentido, derivado de una hipótesis única”. Para concluir que la complejidad del sistema económico actual invita a ser prudentes cuando se trata de sugerir un análisis. Ambos destacan que su intención es más modesta: “Mostrar que las teorías monetarias poskeynesianas son fieles a ciertos aspectos del análisis de Keynes y cuáles de ellos constituyen importantes avances”. Modestia de la que la ortodoxia carece pese a sus rotundos fracasos.

Fuente :Página 12

viernes, 30 de marzo de 2012

Cinco reflexiones sobre el Socialismo del Siglo XXI


Marta Harnecker

Índice
1. POR QUÉ HABLAR DE SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
a) Un nuevo socialismo distante del soviético
b) Socialismo, democracia y pleno desarrollo humano
c) El neoliberalismo, partero del socialismo del Siglo XXI en América latina
d) Un dilema: cómo avanzar habiendo conquistado sólo el gobierno
2. RASGOS CENTRALES DE LA ORGANIZACIÓN SOCIALISTA DE LA PRODUCCIÓN
a) Nueva dialéctica: producción-distribución-consumo
b) La propiedad social de los medios de producción
c) Producción organizada por los trabajadores
d) Satisfacción de las necesidades comunales
e) Un nuevo concepto de eficiencia que respete a la naturaleza y busque el pleno desarrollo humano
f) La inversión en desarrollo humano es también productiva
3. INCENTIVOS Y NIVEL DE CONCIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO
a) El sistema soviético no logró incentivar a los trabajadores
b) La participación en la gestión: un importante incentivo
c) Cómo estimular el trabajo y no ser injustos con quienes no pueden rendir por causas ajenas a su voluntad,
d) El socialismo y las armas melladas del capitalismo
4. SOCIALISMO Y TRANSICIÓN AL SOCIALISMO: ETAPAS O PROCESO
a) Ideas sobre el socialismo generadas a partir del análisis del capitalismo
b) Conceptos necesarios para entender el socialismo y su transición
c) Socialismo: elementos fundamentales; tipos de transición y metas
5. LA CENTRALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN EL SOCIALISMO
a) Medios de producción: patrimonio de la humanidad
b) Aclarando aspecto relacionados con el concepto de propiedad
c) La propiedad estatal, sólo un cambio jurídico
d) La planificación participativa: la forma en que la sociedad toma posesión de los medios de producción

A 30 años de la histórica marcha “Paz, Pan y Trabajo” de la CGT Brasil contra la dictadura

La clase trabajadora venía siendo reprimida desde el año 1975 primero a través de López Rega y después del golpe por la dictadura genocida.

No fue casual que más del 40% de los desaparecidos, torturados y encarcelados pertenecieran a la clase trabajadora. Formaba parte de un plan sistemático de destrucción de la industria nacional.

Se perseguían a los delegados de base, comisiones internas, consejos directivos, secretariados generales.

La Confederación General del Trabajo estaba disuelta, a raíz de ello los trabajadores se empiezan a agrupar en comisiones a partir del año ’77, siendo la más conocida la “Comisión de los 25” por su combatividad manifiesta.

Es de destacar que durante todo este período los trabajadores tuvieron que utilizar todas las estrategias de lucha que habían ido adquiriendo en la Resistencia de los ’60.

De la Comisión de los 25 surge la figura del Secretario General del gremio de los cerveceros Saúl Ubaldini, esta Comisión decide convocar a una Huelga General para el día 27 de Abril de 1979.

Una vez más la columna vertebral, “el movimiento obrero”, se pone a la cabeza de las reivindicaciones de las banderas del peronismo.

Fue una huelga general, de un alto acatamiento en el cordón industrial del Gran Buenos Aires, contra una dictadura asesina, desaparecedora, que buscaba destruir el tejido social e industrial argentino. Fue, además, convocada y llevada a cabo cuando la legislación de la dictadura la consideraba un delito. Convicción y valentía se requería para exigirle, poniendo el cuerpo, la restauración de la democracia y sus instituciones. Convicción y valentía se exigía para participar en una huelga que ponía en peligro la libertad y la vida. La huelga terminó en represión y detención de cientos de trabajadores. A quienes denostan las acciones gremiales bajo la invocación de que “al día siguiente nada cambia”, cabe recordarles que a partir de la huelga del 27 de abril comenzó una nueva etapa de reorganización social y de resistencia a la dictadura cívico-militar, marcando el comienzo de su fin.

De esta resistencia y Comisión de los 25 nacería lo que pasó a llamarse CGT Brasil y que conduciría Saúl Ubaldini, en contra de la CGT Azopardo comandada por Jorge Triaca (Plásticos) y Armando Cavalieri (Comercio) obsecuentes del gobierno militar. Cavalieri , Triaca hijos de remilputa

El 7 de noviembre de 1981 la CGT Brasil convoca a un paro y una marcha a San Cayetano bajo el lema “Paz, Pan y Trabajo” saliendo los trabajadores desde el estadio de Vélez a la iglesia de San Cayetano ante una multitudinaria concurrencia. Es de destacar que la CGT conducida por Triaca no se adhiere al paro.

El 30 de marzo de 1982, ante un profundo descontento social, se llevó a cabo un paro nacional con movilización. Esa movilización fue la mayor expresión de lucha obrera del período dictatorial. Convocados por la CGT, bajo la consigna “Paz, Pan y Trabajo”, cincuenta mil jóvenes y trabajadores coparon la Plaza de Mayo en una verdadera huelga política de masas.

Saúl Ubaldini comandó la movilización. La jornada anunciaba el colapso de una dictadura agotada en sus contradicciones internas y la crisis económica. El gobierno del genocida Leopoldo Galtieri hizo una represión brutal que derivó en un muerto y miles de heridos y detenidos. La movilización también fue muy grande en Mendoza, Neuquén, Rosario y Mar del Plata.

Por primera vez se sumaron a la movilización los compañeros llamados de “cuello blanco” que desde sus oficinas arrojaban objetos contra las fuerzas represoras.

Fue una verdadera batalla campal que duro horas, pero de esta forma bajo el lema “Luche y se Van” el Movimiento Obrero Organizado volvía a ser la columna de Resistencia a las ambiciones de continuidad del régimen cívico-militar.

Discurso de Hugo Moyano ayer en el homenaje a la lucha de los trabajadores de hace 30 años

Fuente : Juventud Sindical

A 30 años de la Guerra de Malvinas

Propugnamos entonces que la memoria de la guerra sea una cantera abierta, donde la sociedad argentina pueda afianzar los valores de paz, justicia y soberanía, como base de construcción de una sociedad cada vez más democrática.

Por: Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires

Se conmemoran los 30 años de la Guerra de Malvinas ocurrida durante la última dictadura cívico-militar y religiosa. En los días que corren, la cuestión del reclamo de la soberanía frente a la ocupación de Gran Bretaña ha tomado un nuevo impulso, generando en buena parte de los argentinos una fuerte adhesión. La causa Malvinas sigue concitando en la sociedad argentina un fuerte sentimiento de justicia.
Mientras tanto, la Guerra de Malvinas y sus memorias, aun con sentidos disímiles –ya sea para repudiarla como para legitimarla– remiten a inscribirla como un episodio de la dictadura militar ¿Es posible escindir ambas cuestiones?

La guerra a la que apelaron los genocidas para mantenerse en el poder nos perjudicó muchísimo para recuperar las islas y fue la obra postuma de la dictadura genocida para destruir a la Argentina y a los argentinos .

Desde la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires nos preguntamos: ¿qué debería plantearse en la conmemoración del 2 de abril? ¿El recuerdo de la guerra y sus dramas? ¿El repudio a la dictadura militar? ¿La reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas? ¿La celebración del único momento durante 179 años en que flameó la bandera argentina allí? Como no hay guerra santa ni guerra justa, a la militarización del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña se debe responder con más diálogo y más negociación.

La Comisión Provincial por la Memoria sostiene que el recuerdo de la guerra debe situarse en el marco de las memorias de la dictadura y significarse como un acontecimiento que sigue expresando la violencia desatada por el gobierno de facto. Y en gran medida también de un relato de Nación que sirvió de legitimación del genocidio llevado adelante por la dictadura.

Como decíamos, aún hoy ciertas memorias de la guerra amparadas en este discurso buscan la legitimación de la dictadura. Estas memorias consideran héroes a todos los que participaron en ella, incluyendo a los oficiales que actuaron directamente en la represión y que incluso han sido condenados por violaciones a los Derechos Humanos. El caso del capitán Pedro Giachino, conocido como el “primer héroe caído por la patria” y cuyo nombre identifica a escuelas y lugares públicos, es paradigmático. Según consta en su legajo de conceptos y en las fojas de censo anual, Giachino solicitó más de una vez realizar cursos en contra de la subversión, concurrir a la Escuela de las Américas y también ir en comisión a la ESMA para integrarse a un grupo de tareas. El sobreviviente de este centro clandestino de detención Víctor Basterra fue testigo de una conversación entre los oficiales de allí, donde identificaban a Giachino como un represor que operaba junto a ellos.


La lista es vasta y algunos de ellos son íconos del terrorismo de Estado. Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Julio César Binotti revistaron en los grupos de tarea de la ESMA. El coronel Mario Losito fue uno de los responsables de la masacre de Margarita Belén, ocurrida en Chaco en 1976.

Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las islas durante el conflicto y sobrino de Luciano Benjamín Menéndez, actuó en la represión en Córdoba. Son sólo ejemplos que dan cuenta de la necesidad de escindir el reclamo justo por la soberanía de cualquier manifestación de guerra, para poder avanzar en el rechazo, no sólo de las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la dictadura, sino de aquellos discursos que persisten y que se ocultan en reivindicaciones sentidas y compartidas por la mayoría de la sociedad argentina.

Esta legitimación de la dictadura a través de producciones de sentido particulares sobre la guerra se sostiene en gran parte por un relato de la nación, presente a lo largo de todo la historia argentina. Es así que, para poder desarticular estos discursos apologéticos de la dictadura que transforma en héroes a perpetradores de crímenes de lesa humanidad, resulta imprescindible que la conmemoración del 2 de abril ponga también en cuestión la idea de una identidad nacional basada en ideas esencialistas e inmutables de la patria, sostenidas en la territorialidad, la raza, la lengua y la religión, que fueron fundamentos también de la violencia con la que se consumó la construcción del Estado Nacional en el siglo XIX. Basta citar la llamada “Conquista del Desierto” –que fuera reivindicada como efemérides por la misma dictadura iniciada en 1976– cuyo propósito fue exterminar a aquellos a los que no se consideraba parte de la nacionalidad, en este caso, los pueblos originarios. Una sociedad democrática debe sostener una idea de nación y de ciudadanía que sólo se realiza en un régimen democrático, cuyo fundamento es la soberanía del pueblo, la pluralidad y la diferencia.

Es decir, soberanía, ampliación de derechos y democracia son elementos indisociables.

Durante la dictadura, la apelación identitaria concitó consensos en torno de la guerra entre sectores antagónicos de la gran mayoría del arco político partidario y social, borrando en algunos casos fronteras ideológicas, políticas y de clase para unificarse en torno de una única idea de nación, suspendiendo la disputa por su definición y su sesgo dinámico y cambiante. Tampoco hay que olvidarlo: hubo quienes se opusieron totalmente a la guerra y quedaron en total soledad, como nuestro actual presidente de la CPM, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Ellos también deben ser recordados y reivindicados.
En definitiva, se trata de pensar en torno a qué es la patria, problematizando los usos de formaciones de sentido ligadas a lo identitario que buscan la legitimación y conservación de un determinado e injusto orden social existente. Insistimos una vez más, la cuestión de la Guerra de Malvinas no puede disociarse del régimen que la produjo: la dictadura militar. Y por ende, de sus objetivos de construcción de consensos para consolidar un modelo de país, en definitiva de una forma particular de patria que provocó no sólo el exterminio de miles de ciudadanos sino que introdujo fuertes modificaciones en la estructura social, las cuales implicaron la pérdida de soberanía de los sectores populares e inauguraron una profunda desigualdad que aún hoy tiene sus dolorosas consecuencias.
Pensar la Guerra de Malvinas en el marco de la dictadura remite directamente a desarticular construcciones discursivas que eluden diferenciar a los propios protagonistas de la conflagración. Debemos ser enfáticos en esto: los mismos oficiales que llevaron adelante el terrorismo de Estado condujeron la guerra y disciplinaron a los soldados con las mismas metodologías del horror, vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica.
Esta disputa por el sentido del acontecimiento rememorado también tiene su espacio en el escenario judicial. Hoy, cientos de ex combatientes que fueron víctimas de la violencia represiva esperan que la justicia reconozca tales hechos como lo que fueron: delitos de lesa humanidad.
Por este motivo, la Comisión apoya las presentaciones judiciales contra los represores que violaron los Derechos Humanos de ciudadanos argentinos en las islas durante la guerra, considerándolos delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Y rechaza los intentos de consagrar su impunidad a través de argumentos jurídicos falaces, como los esgrimidos por la Sala 1 de Casación que ha inmovilizado las causas iniciadas por el CECIM- La Plata y otros querellantes y afectados.
También consideramos imprescindible que se avance en la identificación de los restos de soldados que yacen en las tumbas de las islas, como un acto de justicia y reparación para ellos mismos y sus familiares.
Todas estas cuestiones constituyen actos de soberanía, la cual, no sólo ha sido agraviada por la acción colonialista de Gran Bretaña, sino por los dictadores que usurparon al pueblo su legítimo derecho a un gobierno democrático, así como sus derechos sociales elementales.
Finalmente, la Comisión Provincial por la Memoria acompaña la acción actual de cuestionamiento a las acciones de Gran Bretaña, considerándolas como una forma de vulneración de la soberanía de los pueblos latinoamericanos, por el asentamiento de la base de la OTAN en las islas y por la pérdida de recursos que ello implica para su desarrollo pleno.
Insta además a que el conflicto se resuelva fuera de toda dimensión bélica, es decir, en el camino de la paz, entendiéndola no sólo como ausencia de violencia, sino como fruto de la justicia. Es imperioso que Gran Bretaña respete las resoluciones de la ONU y que se abran las vías del diálogo como mecanismo de resolución del conflicto.
Propugnamos entonces que la memoria de la guerra sea una cantera abierta, donde la sociedad argentina pueda afianzar los valores de paz, justicia y soberanía, como base de construcción de una sociedad cada vez más democrática.

(*) La Comisión Provincial por la Memoria está integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Alejandro Mosquera, Victor Mendibil, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Roberto Tito Cossa, Daniel Goldman, Mempo Giardinelli, Elizabeth Rivas, Martha Pelloni, Víctor De Gennaro, Emilce Moler, Fortunato Mallimaci, Susana Méndez, Luis Lima, Verónica Piccone y Carlos Sánchez Viamonte.

Fuente: Tiempo Argentino

Vamos por la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas

Hay que seguir luchando para que salga el proyecto de Recalde mal que les pese a Mendicurren o a la pta que también hizo suya la posición empresaria de la UIA en contra de los trabajadores
La senadora nacional
chubutense Graciela Di Perna sumó una iniciativa propia para repartir ganancias de las empresas entre los trabajadores.

Al respecto expresó que “cuando analizamos los cuatro proyectos que existen en la Cámara de Diputados (sobre el tema) encontramos que la versión de Recalde era la mejor. Por ello decidí presentar una iniciativa muy similar con pequeñas modificaciones. Me parece oportuno que, sin dejar de reconocer el avance que ha habido en diputados, intentemos hacer nuestro propio camino en el Senado. Una media sanción en una u otra cámara puede ser de gran impulso para que esta medida se concrete en beneficio de los trabajadores”.

El proyecto presentado en la conservadora Cámara de Senadores cuenta con dos detalles singulares:

Por un lado, es el primero de este tipo que se presenta en el Senado; y por el otro, es el primer proyecto de ley en presentarse durante el periodo legislativo del año 2012.

En efecto, su número de expediente es el 02/12 cuando el numero 01 se reserva para cuestiones administrativas.

La senadora Di Perna explicó tres diferencias entre su proyecto y el del diputado Recalde: “Eliminamos el fondo que estaba previsto porque creemos que ese porcentaje de ganancias debe destinarse solo a los trabajadores, excluimos de su cumplimiento a las Pymes y, para no desalentar la inversión, le otorgamos un plazo de exención de dos años a aquellas empresas extranjeras que se quieran radicar en el país. De todas formas existe una postura abierta a todo aquello que ayude a mejorar”, puntualizó.

La legisladora sostuvo que “sobre este tema a veces no se informa bien. Hay que aclarar que no hablamos de repartir la totalidad de las ganancias sino un diez por ciento. Ese porcentaje puede aumentarse si es que existe un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios a través de un convenio colectivo que muchas veces está sujeto a ciertas condiciones. Esto ayuda porque el trabajador tiene el inventivo de trabajar para que a la empresa le vaya bien y el empresario se beneficia a la vez al aumentar su productividad”.

Graciela Di Perna, quien el año pasado fue miembro de la Comisión de Trabajo y ahora aspira a renovar ese lugar, aseguró que “el rechazo que existe es injustificado, afirmar que un proyecto de este tipo es parecerse a Cuba es desconocer que esta iniciativa se aplica por primera vez en Estados Unidos. Alemania, México, Chile, Perú, Venezuela y Ecuador lo aplican y en Brasil, país al que varios empresarios ponen como ejemplo, también lo aplican.

En Argentina empresas como Firestone y Fox Petrol la aplicaron con éxito. Como se ha demostrado es una excelente medida que, bien aplicada, puede ayudar a descomprimir las negociaciones de paritarias y ayuda a aumentar la producción. Por ello entiendo que sus criticas solo representan el miedo a lo desconocido”.

Fuente: El Parlamentario

jueves, 29 de marzo de 2012

En zona de emergencia


CAYO 4 POR CIENTO LA PRODUCCION DE PETROLEO

En enero volvió a caer la producción, como ocurrió a todo lo largo de 2011, pero ya sin la incidencia de conflictos sindicales. Agotamiento de pozos y falta de inversiones.

Por Raúl Dellatorre

Los datos de la producción de hidrocarburos en el mes de enero dan cuenta del persistente desplazamiento del sector hacia una zona crítica, lo que explica la urgencia del Gobierno por revertir la falta de actividad en varias áreas y el reclamo a las petroleras para que comprometan más inversiones. La producción media diaria en el primer mes del año resultó 3,95 por ciento inferior a la de igual mes del año pasado y 2,1 por ciento inferior a la del mes inmediato anterior, diciembre de 2011. Las estadísticas que suministra el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, que aglutina a todas las empresas del sector, muestran un descenso parejo en el rendimiento de las principales firmas operadoras, en un rango que va del 0,6 al 3,5 por ciento en la producción media diaria respecto de diciembre último. YPF y Pan American, las dos principales (34 y 19 por ciento de la extracción total), son las que más bajaron la producción: 3,5 y 2,5 por ciento. Las provincias petroleras esperan reunirse con la presidenta de la Nación dentro de dos semanas, aunque las circunstancias y la verificación del descenso en la producción podría apurar ese encuentro. La producción de petróleo en Argentina se había mantenido en los primeros tres trimestres del año 2010 por arriba de los 98 mil metros cúbicos diarios. Descendió en los trimestres posteriores (IV de 2010, I y II de 2011), por los conflictos sindicales en zonas de producción. A partir de mediados del año pasado pareció recuperarse, aunque sólo parcialmente, con 92.270 m3 de producción diaria en el III y 94 mil en el IV. Pero enero de este año vuelve a mostrar que la caída no se detiene: los 91.266 m3 producidos por día sólo superan al trimestre más agitado en materia de conflicto sindical, el II de 2011, en el que se promedió una producción de 82.700 m3 (datos del Instituto del Gas y el Petróleo).

Hay varias explicaciones para la caída. La principal es el envejecimiento de los pozos en producción y la ausencia de nuevos descubrimientos que reemplacen las reservas que se van agotando. Esa razón justificaría una curva de largo plazo con tendencia levemente en baja. Pero la realidad muestra que la caída se aceleró en los últimos años. Este resultado parece más ligado a la actitud de las empresas de ir abandonando los yacimientos menos productivos o los pozos de menor rendimiento, para bajar costos promedio, y ante la imposibilidad de disponer libremente del producto para exporttarlo, como ocurría hasta hace pocos años.

La necesidad de garantizar el abastecimiento interno va contra el deseo de las empresas de gozar de “un libre mercado” que les permitiría obtener fuertes ganancias en la plaza internacional. Pero prácticamente no hay nación constitutida como tal en el mundo –algunos paraísos fiscales en territorios insulares son un caso aparte– que no considere a los hidrocarburos un bien estratégico y, por lo tanto, no le aplique estrictas reglas a su comercialización.

El cuadro de producción de petróleo de enero muestra que, de la producción total, YPF aportó el 34,3 por ciento y PAE (asociación de Bridas con capitales extranjeros), el 19,3. Sigue Petrobras, con el 6,9. Sinopec (chilena), Pluspetrol y Chevron (EE.UU.) se alinean en los puestos siguientes, con participaciones del 6,6 al 5,6 por ciento, y más abajo aparecen Tecpetrol (Techint) y Total Austral (Francia), con 4,1 y 3,1 por ciento. Las ocho firmas muestran bajas en la producción con respecto a los meses anteriores de forma llamativamente coincidente, según los datos del IAPG.

Creo que es evidente la imperiosa necesidad de una empresa estatal que marque el ritmo de la producción e inversión al resto del mercado , el haber enajenado nuestra petrolera y nuestro petróleo entregándolo a los capitales foráneos solo muestra el resultado de no defender lo nuestro y la necesidad imoeriosa de cambiar el actuañl modelo heredado del menemato que pretendio destruir entregar el país y practicamente logro que seamos colonia y en este campo precisamente aún lo seguimos siendo .

Modelo Agotado

Bien Estratégico

Fuente :Página 12

Problema de responsabilidad

Las idas y vueltas de Mauricio Macri con el subte demuestran su desinterés de ocuparse de las responsabilidades que tiene como jefe de gobierno.

No hay dudas de que debe hacerse cargo del subte y los colectivos, en todo el país el transporte público que recorre una ciudad es responsabilidad del Estado local. No es un problema de recursos, sino de responsabilidad.

Y Macri se comporta como un irresponsable. Cuando uno asume una responsabilidad de gobierno no elige de qué parte de sus deberes se hace cargo y de cuáles no.

Macri todavía no se dio cuenta de que tiene que trabajar todos los días, que tiene que hacerlo de acuerdo a la ley y enfrentar los problemas de la Ciudad. En eso consiste la función pública.

Fuente : Tiempo Argentino

miércoles, 28 de marzo de 2012

EL COMANDO SUR EN EL CHAC0

PROCESO DE LA INFORMACION OBTENIDA POR LOS MIEMBROS DEL CEMIDA ELSA BRUZZONE Y JOSÉ LUIS GARCÍA

A través de la valiosa información proporcionada por ”EL CALDERO 2008”, luego confirmada y ampliada por distintas y confiables fuentes nos enteramos de la infausta nueva: El Comando Sur de los EE UU lograba imponer su objetivo de hacer pié en nuestro país para disponer una base militar en proximidades de la Triple Frontera, instalándose nada menos que en la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco. Conviene recordar que durante los primeros años de este siglo EE UU presionó de todas maneras sobre los sucesivos gobiernos argentinos para lograr la instalación de una base militar en San Ignacio, Provincia de Misiones, próxima a la Triple Frontera, con el pretexto de vigilar las presuntas actividades terroristas en la Región, no logrando nunca su objetivo.
Presentamos una escueta síntesis de los fundamentos que sustentan la veracidad de estas noticias así como un análisis de la forma como se ha aplicado y se aplica la estrategia para el control militar y de los recursos naturales estratégicos de la Región por parte del llamado “Comando Sur” de EE UU
Todo se inició cuando el Comando Sur y la embajada norteamericana impulsaron un Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias, que fue aprobado en 2006 por el ex Ministro Aníbal Fernández, como un aporte a los programas sociales que desarrollaba el gobierno. De esta manera y enmascarando las reales intenciones se posibilitaba la entrada de dicho Comando en territorio argentino por la puerta de servicio.

Ello implicó realizar inicialmente campañas de "concientización humanitaria" y de instrucción a la población con el objetivo de establecer, en un futuro que manifestaron cercano, personal para colaborar con la "ayuda humanitaria", tal como había ocurrido con anterioridad en Ecuador, Honduras, Costa Rica, Paraguay y Colombia.
Ese futuro cercano llegó cuando el Gobernador del Chaco Jorge Capitanich, recibió en diciembre de 2011 al Consejero de la Embajada norteamericana en Argentina Jefferson Brown y al coronel EDWIN PASSMORE agregado militar del Comando Sur de EE UU quienes le informaron que su Provincia sería la elegida para la puesta en marcha de esos planes. Con ellos analizó los proyectos conjuntos que definieron la inauguración del primer Organismo de esa Ayuda en Argentina en la ciudad de Resistencia, de lo que se sospecha será una base militar encubierta de control y monitoreo de EE UU en territorio argentino, bajo el eufemístico nombre de “Centro de Ayuda Humanitaria”.
En la oportunidad, Brown expresó éste es uno de los proyectos más importantes que el gobierno norteamericano tiene con Argentina. Se trata del primer Centro de Respuesta a Emergencias, cuya construcción demandó una inversión de tres millones de dólares y fue financiado por una donación de la Embajada de Estados Unidos”. El edificio, de aspecto impresionante, está ubicado en el predio del Aeropuerto de Resistencia, “Sólo resta equiparlo con tecnología informática para luego culminar con una capacitación al personal” manifestó el coronel Edwin Passmore, acompañado en la oportunidad por el representante de la Agencia de Inversión, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Chaco Marcos Sotelo.

El coronel Passmore, el representante del COMANDANTE DEL COMANDO SUR DE EE UU que opera como una especie de Virrey de la Región y tiene acreditados agregados militares en la Cancillería Argentina, explicó que ese Centro de Operaciones “está pensando para emergencias naturales como inundaciones o sequias, pero también puede utilizarse, por ejemplo, para epidemias como” el dengue”. Señaló además que el sitio contendrá la informática adecuada para realizar “la coordinación con los organismos necesarios antes los eventuales sucesos,” detalló que la construcción había sido acordada dos años atrás entre Capitanich y el ex embajador Earl Anthony Wayne y aseguró que el Centro estará financiado por el Comando Sur.



Lo que no pudo aclarar fue como un programa con apariencia civil es realizado por un COMANDO MILITAR DE EE UU, EL CUAL NO GUARDA RELACION DE DEPENDENCIA CON LA EMBAJADA DE ESE PAIS, que es la que debería tener a su cargo o patrocinar programas realmente solidarios y exclusivamente civiles.
El Gobernador Jorge Capitanich ya había recibido en septiembre de 2011 a una delegación de legisladores norteamericanos que visitaron la Provincia para estrechar vínculos entre ambos “países” según declararon a los medios de comunicación. En esa ocasión recomendó a los legisladores, a quienes calificó como la nueva generación de políticos estadounidenses, tener como estrategia, para reposicionar a EE.UU después de la crisis actual, la unión americana y de esta manera convertir al continente en una potencia mundial. Juntos seremos la mayor reserva de minería, agua dulce, alimentos, energía, industria cultural, atractivos turísticos, talentos de recursos humanos y tecnología vinculada a procesos productivos”, explicó el Gobernador, que casi hablaba como un mandatario presidencial o como ¿un delegado imperial? “Desde América del Sur vemos con tristeza que Estados Unidos no nos considere un aliado”, manifestó en la oportunidad, asegurando que está crisis es una ocasión para potenciar las relaciones. “Defiendo una alianza estratégica y estoy dispuesto a luchar por esa idea”, afirmó sin titubeos ante la delegación norteamericana asumiendo de facto el manejo de las relaciones internacionales de la Argentina y más aún, las de UNASUR. Cosa rara ¿verdad…?

Asimismo y como parte del paquete firmado en nombre de EE UU la empresa Forbes Energy invertirá 100 millones de dólares en el Chaco para producir bioetanol a partir de la caña de azúcar. Hemos recorrido la zona norte de Argentina y hemos focalizado nuestro interés en Chaco por sus importantes condiciones productivas. Ahora sólo debemos definir algunos puntos fundamentales pero ya estamos listos para invertir en la Provincia”, aseguró Alexander Forbes, gerente de la empresa. ¿Habrá sido ese el precio de la entrega? Cabe recordar que al grupo Forbes & Manhattan pertenecen las empresas mineras Rodinia Lithium, presente en los Salares de Diablillos, Centenario y Ratones, Salta; y Rodinia Minerals, presente en el Salar de Salinas Grandes, Jujuy.

Esta llamativa posición en defensa de la unión estratégica con los EE UU ha permitido que el Comando Sur se instale como Base de Ayuda Humanitaria en territorio argentino lo que le asegurará adicionalmente el monitoreo y control satelital de toda la región ubicada cerca de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil y ADEMÁS sobre el codiciado ACUIFERO GUARANI, la mayor reserva de agua dulce de la Región, SIN CONTAR LOS BAÑADOS Y ESTEROS DEL IBERÁ.

Pero la pregunta básica es ¿Cómo funcionará realmente este CENTRO DE COPERACION o nuestra denuncia es un simple delirio conspirativo?
Para ello será necesario considerar que la operación se inició con la puesta en marcha de un taller para capacitación de funcionarios e integrantes de los Municipios del interior del Chaco, dictado por un consultor salvadoreño contratado por el Comando Sur, en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria que se implementó en la Provincia a partir de un Convenio suscripto entre el Gobierno Provincial, la Embajada de EE UU y el Comando Sur a través del cual este último brindará asistencia técnica para el armado de los programas y sistemas para la asistencia en la emergencia ambiental y propondrá las acciones por desarrollar, las cuales se deben enmarcar en el mencionado Programa. Es de hacer notar que esa gestión cívico – militar ya está hoy en Argentina proporcionando “ayuda humanitaria”, y capacitando a los funcionarios públicos para atender posibles emergencias en la Provincia.
Existiendo múltiples organismos no militares nacionales e internacionales cuya actividad se orienta hacia una misión social y humanitaria no queda claro por qué estas tareas se encomendaron al Comando Sur en forma altamente sospechosa ya que es conocida la doble misión de las embajadas y los organismos militares de EE UU en los diversos programas civiles y militares de ese país para ayuda, capacitación, intercambio, cooperación, trabajo bilateral y que culminan con la realización de ejercicios militares “combinados” con los efectivos de los países involucrados .
Además todo ello constituye el fundamento del funcionamiento del llamado SIAD (Sistema Interamericano de Defensa) creado por EE UU dentro del cual el COMANDO SUR es el principal órgano operador para Latinoamérica y El Caribe, independientemente de las atribuciones políticas de las embajadas norteamericanas en el Continente.
Por un lado, Washington presenta un componente humanitario visible al público, estructurado sobre actividades que la sociedad visualiza como 'justas' y en su beneficio, de modo tal que pueda justificarse una interacción bilateral. Causas como ayuda humanitaria, sanidad y salud pública, emergencias y desastres naturales, derechos humanos, seguridad, lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Pero por otro lado, existe una componente no visible que se encuadra en los objetivos estratégicos afines a los intereses de EE UU y muchas veces contrapuestos a los del país asistido, conducidos por un comando militar.
Además se suman a esta operatoria los ”Acuerdos de Cooperaciónque el Gobierno Nacional Argentino ya viene manteniendo con EEUU en el plano militar y civil; sea por ejemplo para capacitación de civiles y militares con instructores estadounidenses, como son los Programas Internacionales para Educación y Entrenamiento Militar, de Seguridad de Fronteras y Control de Exportaciones y de Asistencia Antiterrorista. También Washington envía fondos para educación y entrenamiento policial. En este marco, con un acuerdo y reuniones entre representantes de la embajada de EE UU y del Comando Sur con el Ministerio de Seguridad de Argentina y el Gobierno del Chaco, se desarrolla el 'Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias', que habilita la doble intervención (visible/encubierta) de EEUU en la región.
Como expresa el Comando Sur estas estructuras de cooperación facilitan la interacción militar con militares de la zona la cual es necesaria para “mantener un contacto regular que construya confianza e intercambio de información relevante para la seguridad regional.” Permite conocer cómo trabajan otros militares (sus procedimientos y capacidades de comando y control) considerados importantes para una futura cooperación. Los militares estadounidenses buscan a través de estos programas, construir relaciones interpersonales con oficiales de otros países, amistad y camaradería con los altos jefes y aumentar el acceso a los militares de la región, para convertirlos en potenciales aliados en futuros conflictos.
Cuando ha sido alcanzada cierta aceptación de su accionar por la sociedad y se ha logrado un nivel de organización aceptable, surgirá naturalmente la necesidad de instalar, por ejemplo, un Centro de Coordinación Antidrogas en la localidad, con ello las bases militares serían entonces Centros de Seguridad Cooperativa. Ellas podrán materializarse como instalaciones inocuas que podrían traer progreso a la zona. Para ello bastará con que el Comando Sur logre disponer de estructuras, terrenos, almacenes, rutas, aeródromos, puertos que podrán ser concesionados, alquilados y/o mantenidos por la nación anfitriona, y en servicio con poco personal permanente o temporario. Estas bases encubiertas, listas para ser completamente activadas, podrán tener facilidades y equipamiento predeterminado para albergar rotación de fuerzas y actuar como centros de entrenamiento regionales en operaciones combinadas con EE UU. Pueden presentarse como no militares para que sean aprobadas por los Congresos de los países involucrados y mostrarse necesarias para el control del contrabando, migraciones ilegales y narcotráfico, un ejemplo cercano lo constituye el predio “Mariscal Estigarribia” en el Paraguay.
Estas instalaciones operacionales extraterritoriales de EE UU, por una especie de metamorfosis, se transforman con el devenir de la “amenaza” de un enemigo común en lo que ellos denominan Base de Operaciones Principales (MOB), fortificaciones militares para comando, control y comunicaciones con fuerzas operativas permanentes; Base de Operaciones de Avanzada (FOB), extensión de la anterior para operaciones especiales y que incluye aeródromo, fondeadero o muelle; Centro Operativo de Avanzada (FOL), similar al anterior pero sin toda su infraestructura y primariamente utilizada para operaciones antidrogas; Centro de Seguridad Cooperativa (CSL), con poca o nula presencia permanente de los estadounidenses, mantenida por concesión o por el país anfitrión, funciona como centro para actividades de cooperación con éste, rotación de fuerzas, apoyo logístico y acceso ante contingencias. Pruebas de su existencia las encontramos en distintos países latinoamericanos y caribeños. Es el caso de las bases de Comalapa, Aruba y Curazao, por ejemplo, que se clasificaban como FOL, es decir para lucha antidrogas, y luego fueron redefinidas como CSL (de Cooperación). Curiosamente las tres están en lugares geográficos privilegiados con pistas de aterrizaje de 2,4 kilómetros de largo para aviones pesados, con capacidad para operación nocturna de aeronaves, control de tráfico aéreo, equipos de abastecimiento de combustible, bomberos, hangares, oficinas y almacenes. En ellas se registra la presencia continuada de aeronaves de combate, como los cazas supersónicos a reacción F-16 y F-15, aviones de reconocimiento y patrulla Orión P-3, aviones de Inteligencia de señales E-2 AEW, E-3 AWACS, aviones de rescate y tanqueros para reabastecimiento de combustible en vuelo como el Hércules HC-130, de transporte táctico como el Hércules C-130 y helicópteros de distinto porte.
Hay abundante evidencia de que en estas instalaciones de EE UU y en otras de mucho menor perfil se realizan en los hechos, operaciones militares encubiertas de la más diversa índole y que cumplen múltiples funciones estratégicas; entre ellas apoyar ataques militares contra organizaciones rebeldes locales que estorben los intereses de EE UU y sus aliados, y guerra de Inteligencia de señales electrónica y de comunicaciones que permite detectar la posición de los blancos, identificarlos e implementar el ataque con bombas inteligentes. Claro ejemplo de esto fue el bombardeo al campamento ecuatoriano en el que murió Raúl Reyes.
Las instalaciones estadounidenses cumplen además misiones de vigilancia y espionaje de los sistemas de armas y fuerzas militares del país anfitrión y sus vecinos, realizan acciones de infiltración, relevamiento, influencia y control sobre las Fuerzas Armadas y poblaciones de los países con el engaño que le traerán progreso local, bienestar económico, empleos y seguridad. La presencia militar latente de EEUU en la región facilitará planes de despliegue rápido regional y global de sus fuerzas de tareas ante conflictos. También pueden actuar como elemento político disuasivo afín a los intereses de Washington. Es impresionante la transformación sufrida por estas organizaciones que, iniciándose como ”CENTROS DE AYUDA HUMANITARIA” a las necesidades de las comunidades civiles, se transformaron en formidables elementos castrenses, casi imposibles de eliminar.
Valdría la pena averiguar lo que le costó al Brasil de Lula eliminar la base de San Pedro Alcántara en el corazón del Amazonas, y al Ecuador de Rafael Correa la de Manta sobre la costa del Pacífico.
Una de las metas de las operaciones de Inteligencia de EE UU en Argentina parece ser materializar, poco a poco, una progresiva presencia en el país que no necesariamente significa permanencia desde el inicio, ya que normalmente es un nivel cooperativo y humanitario con bajo perfil; pero luego y en el momento oportuno, se transforma en una intervención militar negociada.
Ya ha ocurrido así en varios países ¿Permitiremos nosotros el progreso de semejante procedimiento que se ha iniciado con este Acuerdo? y además ¿no estaremos así traicionando los principios fundacionales de la UNASUR?

El Plan del dios del Complejo Militar Industrial


Una ley para la vida cotidiana

MODIFICACIONES QUE PROPONE EL PROYECTO

Agiliza el divorcio, instaura el contrato prenupcial, facilita la adopción, regula las uniones convivenciales, fija pautas a la maternidad subrogada y establece la propiedad comunitaria de pueblos originarios.

Por Soledad Vallejos

El próximo Código Civil podría estar tan cerca de las nuevas realidades
familiares y sociales que reformularía lo que ahora mismo dictan las normas sobre divorcio, régimen de bienes matrimoniales, maternidades y paternidades igualitarias, propiedad comunitaria. Por ello, como señalaron a este diario especialistas del Derecho, el anteproyecto implica, más que un acercamiento, una adecuación del cuerpo legal a situaciones privadas que acontecen regular, cotidianamente. “Hay realidades nuevas y que sean reconocidas es un avance importante”, señaló a este diario el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Carlos Cruz. En el anteproyecto, “se incorporan nuevos paradigmas, los principios de la convención contra todo tipo de discriminación, la convención de los derechos del niño, la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia”, aportó, por otra parte, la profesora consulta y directora de la Maestría de Infancia de la UBA Nelly Minyersky. “La historia muestra que la familia, como grupo social, se desarrolla, muere y nace más allá de lo que diga la ley. No digo que la ley no tenga influencia, claro que tiene gran influencia en las costumbres, pero existe una relación dialéctica”, agregó la especialista.

Los cambios propuestos en la reforma, que la presidenta Cristina Fernández señaló como parte de una reformulación y creación de cuerpos legales (además del Código Civil Comercial, el Código Penal y el de Procedimiento Administrativo), se abocan a la familia pero no exclusivamente.

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Contratos prenupciales: llamados, en el anteproyecto, “convenciones matrimoniales”, que pueden celebrarse antes del casamiento sólo para estipular “la designación y evalúo de los bienes” de cada uno de los futuros cónyuges, “la enunciación de las deudas” previas, “las donaciones que se hagan entre ellos”, y “la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos”. El régimen patrimonial, de todos modos, puede ser modificado pasado el año de celebrada la boda. Deben especificarse “por escritura pública” antes de celebrado el matrimonio.

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Régimen de separación de bienes: en un matrimonio, permitirá estipular que “cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales”. Sólo cuando uno de los integrantes de la pareja no pueda demostrar la propiedad exclusiva de los bienes, “se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades”.

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Uniones convivenciales: la ley reconocerá como tales a las parejas que no hayan formalizado legalmente su convivencia, pero lleven dos o más años en esa situación y estén integradas por personas mayores de edad. El anteproyecto las define como “relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo” y no compartan parentesco. Pueden inscribirse en un registro local en el cual darán cuenta, también, del “pacto de convivencia” elegido, y según el cual se regulará “la contribución de las cargas del hogar durante la vida en común”, a quién corresponde el hogar común en caso de ruptura, y cómo se realizará “la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia”. Como sucede luego del divorcio, al separarse la unión convivencial, “el conviviente” a quien esa separación signifique “un empeoramiento de su situación económica” tiene derecho a una “compensación”, que tanto puede ser “una prestación única” o bien “una renta por un tiempo determinado” no mayor al que duró esa pareja.

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Divorcio: puede ser declarado judicialmente “a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges”, y el que ambos integrantes de la pareja no acuerden en los términos del convenio “en ningún caso (...) suspende el dictado de la sentencia de divorcio”. Esta nueva redacción, evaluó Minyersky, es “un reconocimiento a la autonomía de la voluntad de las personas”, con lo que “se asume que las conductas son mías y mientras no dañen a otro, no tengo por qué ser sancionada”. Así, “evita el paternalismo” legal al reconocer que “una ley no puede determinar si una persona puede o no seguir viviendo con otra, y si no castigarla. Es un nuevo acercamiento del derecho de familia a la realidad”.

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La “persona humana”: el texto recoge la misma definición vigente en el Código Civil actual, con alguna nueva redacción. La existencia de la persona “comienza con la concepción en la mujer, o con la implantación del embrión en ella en los casos de técnicas de reproducción humana asistida”. Al igual que ahora, “los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer” sólo se consideran “irrevocablemente adquiridos si nace con vida”, porque de otro modo “se considera que la persona nunca existió”.

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Adopción: agiliza los trámites que habilitan la custodia legal, sin disminuir por ellos las condiciones a cumplir por quienes quieran adoptar, sean personas solas o parejas casadas o convivientes. Las nuevas disposiciones incluirán entre niñas, niños y adolescentes en estado de adoptabilidad a quienes continúen en estado de desamparo si “se comprueba que las medidas excepcionales” para que permanezca “en su familia de origen o ampliada” no han dado resultados.

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Derecho comunitario: el anteproyecto prevé un artículo sobre “derechos de las comunidades indígenas” que se refiere específicamente a la propiedad de la tierra. Aquellas comunidades “con personería jurídica reconocida tienen derecho a la propiedad comunitaria de sus tierras” y también “a participar en la gestión referida a sus recursos naturales como derechos de incidencia colectiva”.

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Maternidad subrogada: llamada, en el anteproyecto, “gestación por sustitución”, y que exige “el consentimiento previo, informado y libre de todas las partes intervinientes”. Puede existir si previamente un juez homologó el acuerdo (realizado bajo “los requisitos que prevea la ley especial”), la pareja está imposibilitada “de concebir o de llevar un embarazo a término”, al menos una de las personas de la pareja “comitente” aportó material genético y la gestante –además de haber sido ya madre de un hijo propio– no recibe dinero a cambio y no ha participado de un “proceso de gestación por sustitución” más de dos veces.

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Filiación: el nuevo Código reconocería la maternidad y paternidad como resultados de actos de “voluntad procreacional”. Con eso, explicó Minyersky, se señala “que la procreación no es igual a la unión sexual, como durante años se consideró. Quien acepta que a su pareja se le implante un embrión con donación de óvulos, por ejemplo, acepta su voluntad procreacional. Es lo mismo que un marido que acepta la donación de esperma. ¿Qué es lo que prevalece? La voluntad procreacional”.

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Derecho a la imagen: salvo que la persona participe en actos públicos, exista “un interés científico, cultural o educacional” o un “ejercicio regular del derecho de informar”, para registrar o reproducir “la imagen o la voz de una persona” es preciso “su consentimiento”.

Fuente: Página 12

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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