ADMINISTRACIÓN DIRECTA SI, CONCESIÓN NO

Escrito por Enrique Mario Martinez

Aparece un escenario que permitiría tomar definiciones estructurales en materia de servicios públicos.
Como se recordará, en las privatizaciones de los '90 se adoptaron dos mecanismos distintos para desguazar el Estado. En un caso se vendieron las empresas.

Eso sucedió con Aerolíneas Argentinas,Entel,Segba y otras productoras de energía, YPF. En otros casos se mantuvo la propiedad del Estado, pero se concesionó la prestación de los servicios,como Obras Sanitarias, los ferrocarriles, los subtes.

En materia petrolera y gasífera, además, se debe tener en cuenta que los recursos del subsuelo son de las respectivas provincias y a las empresas petroleras – incluso YPF, por supuesto – se les concesionan áreas de explotación, en ciertas condiciones de inversión y pago de regalías por lo extraído.

Desde allá hasta aquí varias cosas han cambiado y seguirán cambiando. Dejando para otro momento la evaluación de las empresas vendidas, de lo que no cabe ninguna duda es que la política de concesiones ha sido enteramente negativa para la comunidad.

Las dificultades estructurales del Estado argentino para controlar a los particulares, que se hace más notoria cuanto más peso económico tiene el interlocutor, agregado a la regla elemental del capitalismo salvaje que busca maximizar las ganancias en el más corto plazo y por si fuera poco, la decisión del gobierno de subsidiar las tarifas de consumos populares, lo cual hizo más imperiosa la necesidad de controles, puso en crisis casi todos los sistemas.

Hoy aparece la necesidad y la oportunidad de redefinir políticas en esta área.
En el transporte ferroviario es políticamente evidente, más allá de cualquier peritaje o definición jurídica luego del drama de Once, que la concesión debería caducar. Eso, no obstante, aún no sucedió.Por otra parte,en caso de avanzar, el Gobierno no tiene por delante una sola variante. Puede repetir lo hecho cuando se anuló la concesión del Roca, en que formalmente la tomó una sociedad estatal, pero inmediatamente la trasladó a un consorcio de privados. O puede optar lisa y llanamente por la administración directa.

En el caso de las áreas petroleras revertidas a YPF en Chubut y Santa Cruz sucede algo muy similar. Se pueden concesionar a otras empresas. O se puede administrar en forma directa a través de una sociedad estatal. O se puede asumir esta última administración en términos formales y luego subcontratar a un operador privado.
En las últimas horas, el gobierno de Chubut anunció que se hará cargo una sociedad de la Provincia, lo cual elimina la primera opción. Las próximas semanas dirán si el camino es el segundo o el tercero.
Un vocero de la Provincia de Mendoza, por su parte, anunció que allí también se revertirán algunas áreas de YPF, pero no dudó en afirmar que se concesionarán luego a otras empresas.

Parece claro que no debe haber una multiplicidad de políticas para un mismo problema. También parece suficiente la evidencia histórica del mal desempeño de un concesionario – cualquiera sea – que en definitiva puede optar por juntar las buenas y dejar las malas para el Estado.

A mi criterio, debe aprovecharse esta oportunidad para sentar la doctrina de una nueva lógica de administración de los servicios públicos. Si los bienes básicos permanecen en manos del Estado, si además es el Estado quien debe hacerse cargo de inversiones y si por añadidura la prestación se considera que debe ser brindada con algún subsidio que beneficie a algún sector social, su administración debe ser directa, con participación de los trabajadores y de los usuarios en el control esencial del sistema, incluyendo la calidad y la seguridad.
Este es el camino más sensato, más justo, más recomendable

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