Una empresa 100% estatal

En diálogo con Marcha, el presidente de la Comisión Bicameral de Energía y Minas del antiguo congreso de Venezuela, el ingeniero David Paravisini, cuenta cuál es el modelo de PDVSA y da su opinión acerca del caso YPF.

“El Estado debe tener el control del petroleo para tener el control de la renta petrolera internacional”, aseguró a Marcha el presidente de la Comisión Bicameral de Energía y Minas del antiguo congreso de Venezuela -antes de que la reforma constitucional del 2000 lo convirtiera en la Asamblea Nacional-, David Paravisini. Ingeniero mecánico y experto en hidrocarburos, siguió de cerca las vicisitudes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), uno de los modelos de organización para la explotación de hidrocarburos en América Latina.

“PDVSA es una empresa creada por el Ejecutivo nacional en 1975 como producto de un proceso de nacionalización de las empresas productoras de petróleo”, explica. “En su momento, la explotación de hidrocarburos estaba en manos de empresas transnacionales como Shell o Exxon Mobill. Eso en 1975 se nacionaliza y se crea PDVSA y por ley es la que dirige absolutamente todas las actividades de exploración, producción, transporte, almacenamiento y comercialización del petróleo venezolano. El conflicto que se ha planteado a nivel nacional es que durante un tiempo la directiva de la empresa obedeció a criterios estrictamente ligados a este grupo de administración y la renta petrolera no se distribuía nacionalmente sino a nivel internacional. Hoy es una empresa 100 por ciento del Estado que ha creado empresas operadoras en algunas áreas de las cuales, por la ley de nacionalización, se garantiza el 60 por ciento de las acciones de esas empresas que son mixtas”.

En 2011 PDVSA cerró su año con un aumento de la producción del 42% y un aporte de 30 millones de dólares a programas de desarrollo en todo el país. “Producir petróleo en Venezuela cuesta 5 dólares el barril. Y en el mercado internacional el precio ha llegado a 115 dólares”, grafica Paravisini. “Esos excedentes, que van por encima de lo que es una ganancia común para una actividad estractiva de materia prima, controlados por el Estado, pueden ser reorientados y darle un destino con sentido nacional. Cuando la empresa está en manos de las transnacionales esos excedentes se van directamente para capitales al exterior como ganancia. Y además dominan el control administrativo de la empresa y así se hace imposible llevar un control con respecto a la estructura, los costos y los precios. Así no se puede tener un control sobre la renta y estaría vulnerado el impuesto a la renta petrolera. Esta renta, en manos del Estado, para esta industria que produce estos ingresos tan fabulosos, dada la situación actual de la energía en el mundo, obviamente es interés del país productor y dueño del recurso. Es por eso que en Venezuela tuvo un proceder el sostener mayoría accionaria en las empresas mixtas y reorientar la renta en función de un proyecto nacional”.

Estas fabulosas rentas, además de sostener la economía venezolana y proveer los recursos para los programas de desarrollo del gobierno, se utilizan con un sentido de integración continental, en lugar de seguir el patrón lucrativo internacional de multinacionales u otras empresas mixtas en América Latina. Por ejemplo, Caracas provee de barriles de crudo con un financiamiento a 15 años y a tasas de interés mínimas a países que no poseen petróleo, tales como República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Jamaica, Haití, Honduras, Nicaragua, Barbados y Belice. Todo esto se logra gracias a la exclusividad en la propiedad de la petrolera por parte del Estado. “La misma Constitución prohíbe la venta de acciones de PDVSA”, asegura Paravisini. “En un momento determinado se hicieron una serie de 'Asociaciones Estratégicas' en lo que se denominó la 'apertura petrolera', que fue un invento para tratar de burlar los mandatos constitucionales y crear empresas de explotación de petróleo donde la mayoría accionaria era de las empresas invitadas externas. El convenio de inversión entre las grandes transnacionales era que PDVSA fuera minoritaria y hasta lo incluían en las actas de constitución de estas empresas. En el año 2007 se produjo el cambio de la ley de hidrocarburos, que nacionaliza todas esas empresas y se establece que el Estado tiene que ser mayoritario y se procede a expropiar las acciones de las empresas socias hasta lograr que PDVSA tuviera el 60 por ciento de las acciones de las Asociaciones Estratégicas, que ahora se llaman empresas mixtas”.

El caso de Argentina

“Argentina tenía una experiencia con respecto a eso”, rememora Paravisini. “En los años 30 el presidente Yrigoyen se vio obligado por la misma situación de crisis en la economía mundial europea y estadounidense, donde las empresas petroleras impusieron el precio de los combustibles y sus derivados, a fijar el precio y buscar apoyo internacional para solucionar el problema. En este caso Repsol está mandando a España la renta petrolera producida por el gas y petróleo argentino para paliar una crisis de la cual los argentinos no tienen culpa. El gobierno argentino tuvo que, como Yrigoyen, hacer una acción política para impedir que estos recursos que hacen falta en su país se estén derivando a una economía como la española o europea, que por sus propias torpezas está pasando las dificultades que sufren y que no tienen porque ser los argentinos que paguen con sus recursos no renovables”.

La decisión del gobierno argentino de expropiar el 51% de las acciones que Repsol tiene en YPF no ha pasado desapercibida en la República Bolivariana de Venezuela. Si bien el ingeniero admite que “no tenemos datos como para hacer un análisis más profundo de la realidad argentina”, da a entender que hay cierto apoyo a esta medida si bien no se parece al nivel alcanzado por PDVSA. “En la empresa YPF no está solamente Repsol sino que también está la familia Eskenazi, y no sabría como sería el tema político a resolver. En Venezuela tenemos empresas mixtas, pero sólo en áreas de explotación, y una empresa matriz que es 100 por ciento venezolana. Es una figura que no existe hoy en Argentina. Tengo entendido que en el caso de YPF el Estado se quedaría con el 51 por ciento y el otro 49 lo tendrían banqueros y empresarios entre los cuales está Eskenazi. Entendemos que para la presidenta Cristina Fernandez es suficiente ese 51 por ciento para tomar las decisiones respecto de la orientación de los recursos. Allí hay que invertir para aumentar la exploración y explotación tanto de petroleo como de gas porque se ha producido una situación anómala donde Argentina, siendo país productor, está importando gas. Esas cosas se resuelven con una dirección de las inversiones que se obtienen de la producción de petroleo y que hasta ahora Repsol ha utilizado para favorecer a la economía europea en crisis. El objetivo es asegurar una soberanía y seguridad energética a Argentina para los próximos años”.

Fuente: Marcha.org.ar