Esas crueles leyes del mercado Hoy en día pueden verse familias enteras trabajando en negro, con jornadas extenuantes, viviendo en campamentos improvisados, con niños trabajando desde muy temprana edad, sin escuelas ni servicio de salud.
Por: Rodolfo Yanzón
En estos días se sintió la convulsión causada por la presentación del proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de YPF, que opacó a un tema no menor, el de la actividad yerbatera, relacionado con la necesidad de debatir una política alimentaria soberana y las condiciones de vida y de explotación de los trabajadores. Las grandes empresas del sector forzaron el aumento de los precios, resistido por los comerciantes –aunque el aumento llegó a los escaparates de varios negocios–. La Cámara de Molineros de Yerba Mate insistió en la liberación de los precios, con la excusa del aumento de la materia prima autorizado por el Ministerio de Agricultura. Ante ello el gobierno respondió con el anuncio de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y la importación.
Para los guaraníes, la yerba mate fue regalo de Dios y amiga de los hombres, hasta que apareció el conquistador, y con él la esclavitud y el abuso. La planta pasó a manos de los jesuitas, quienes vieron que además de ser un alimento, tenía un gran valor económico, que luego quedó en manos de una burguesía con ansias de riqueza que forjó grandes compañías. Los mensúes –sobre cuyas vidas dejadas a jirones en los yerbatales escribieron Horacio Quiroga y Augusto Roa Bastos– se trasladaban en busca de trabajo temporario que los encadenaba de por vida –breve, por cierto– a la explotación, basada en una relación en la cual el patrón era dueño de sus vidas y de sus familias, disciplinados por capangas, funcionarios y policías que imponían sus reglas a pura represión. A cambio obtenían vales canjeables por mercadería de las propias proveedurías de las empresas y un anticipo de dinero que los tendría sometidos al patrón durante toda su vida útil, unos diez a 15 años.
Hubo intentos fallidos de avanzar con el cooperativismo sobre el oligopolio industrial, pero los “dueños” de la yerba –recordemos a uno de los fugaces presidentes de la crisis del 2001– desalentaron todo proyecto que pudiera poner en riesgo los intereses de esa alta y verde burguesía. Durante el menemismo y con el auspicio del devenido capanga Domingo Cavallo, la actividad se desreguló por completo, desarticulándose la Comisión Reguladora de Yerba Mate (CRYM), que regía la producción y el mercado, volviéndose las cosas 60 años atrás y generando una fuerte concentración de la renta, con un serio perjuicio sobre pequeños y medianos productores y de los peones, cuya situación se agravó aun más. Esa situación continúa hasta nuestros días con algunos matices. En 2002 se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) –que en estos días no desdeñó las medidas sugeridas por el gobierno–, un ente no estatal creado luego del reclamo de productores conocido como “Tractorazo”. El INYM fomenta el desarrollo y la producción y está integrado por un representante del PEN, uno de Misiones, uno de Corrientes, dos representantes del sector industrial, tres de los productores primarios, dos de cooperativas y uno de los obreros rurales, lo que deja en claro cuál es el convidado de piedra. El INYM tiene entre sus facultades las de contralor sanitario y de producción. La situación de los tareferos, que trabajan en la cosecha, no es muy distinta a la de sus antecesores, los mensúes. Hoy en día pueden verse familias enteras trabajando en negro, con jornadas extenuantes de trabajo, viviendo en campamentos improvisados, con niños trabajando desde muy temprana edad, sin escuelas ni servicios de salud. Los alzamientos de estos trabajadores fueron brutalmente sofocados, como en la masacre de Oberá el 15 de marzo de 1936, en la que los patrones, la policía y los civiles de ideología fascista, reclutados para la cacería humana, dieron como única respuesta la tortura y la bala, dejando un tendal de muertos, mujeres violadas, presos y perseguidos.
En su trabajo de 1966 “La Argentina ya no toma mate”, Rodolfo Walsh denunció la situación en los yerbatales. “Hombres, mujeres, chicos, el trabajo no hace distingos.” “La yerba, la gran riqueza de Misiones construida sobre un mar de sufrimiento”. Para Walsh, el Estado debía tomar decisiones como prohibir en forma absoluta la importación de yerba, regular el mercado, imponer cupos y generar una política crediticia para el sector. Las políticas neoliberales, con sus ajustes y beneficiarios, tuvieron como objetivo la creación de un Estado mínimo, que no será fácil superar y bajo el cual todas las actividades económicas fueron alcanzadas.
Para los guaraníes, la yerba mate fue regalo de Dios y amiga de los hombres, hasta que apareció el conquistador, y con él la esclavitud y el abuso. La planta pasó a manos de los jesuitas, quienes vieron que además de ser un alimento, tenía un gran valor económico, que luego quedó en manos de una burguesía con ansias de riqueza que forjó grandes compañías. Los mensúes –sobre cuyas vidas dejadas a jirones en los yerbatales escribieron Horacio Quiroga y Augusto Roa Bastos– se trasladaban en busca de trabajo temporario que los encadenaba de por vida –breve, por cierto– a la explotación, basada en una relación en la cual el patrón era dueño de sus vidas y de sus familias, disciplinados por capangas, funcionarios y policías que imponían sus reglas a pura represión. A cambio obtenían vales canjeables por mercadería de las propias proveedurías de las empresas y un anticipo de dinero que los tendría sometidos al patrón durante toda su vida útil, unos diez a 15 años.
Hubo intentos fallidos de avanzar con el cooperativismo sobre el oligopolio industrial, pero los “dueños” de la yerba –recordemos a uno de los fugaces presidentes de la crisis del 2001– desalentaron todo proyecto que pudiera poner en riesgo los intereses de esa alta y verde burguesía. Durante el menemismo y con el auspicio del devenido capanga Domingo Cavallo, la actividad se desreguló por completo, desarticulándose la Comisión Reguladora de Yerba Mate (CRYM), que regía la producción y el mercado, volviéndose las cosas 60 años atrás y generando una fuerte concentración de la renta, con un serio perjuicio sobre pequeños y medianos productores y de los peones, cuya situación se agravó aun más. Esa situación continúa hasta nuestros días con algunos matices. En 2002 se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) –que en estos días no desdeñó las medidas sugeridas por el gobierno–, un ente no estatal creado luego del reclamo de productores conocido como “Tractorazo”. El INYM fomenta el desarrollo y la producción y está integrado por un representante del PEN, uno de Misiones, uno de Corrientes, dos representantes del sector industrial, tres de los productores primarios, dos de cooperativas y uno de los obreros rurales, lo que deja en claro cuál es el convidado de piedra. El INYM tiene entre sus facultades las de contralor sanitario y de producción. La situación de los tareferos, que trabajan en la cosecha, no es muy distinta a la de sus antecesores, los mensúes. Hoy en día pueden verse familias enteras trabajando en negro, con jornadas extenuantes de trabajo, viviendo en campamentos improvisados, con niños trabajando desde muy temprana edad, sin escuelas ni servicios de salud. Los alzamientos de estos trabajadores fueron brutalmente sofocados, como en la masacre de Oberá el 15 de marzo de 1936, en la que los patrones, la policía y los civiles de ideología fascista, reclutados para la cacería humana, dieron como única respuesta la tortura y la bala, dejando un tendal de muertos, mujeres violadas, presos y perseguidos.
En su trabajo de 1966 “La Argentina ya no toma mate”, Rodolfo Walsh denunció la situación en los yerbatales. “Hombres, mujeres, chicos, el trabajo no hace distingos.” “La yerba, la gran riqueza de Misiones construida sobre un mar de sufrimiento”. Para Walsh, el Estado debía tomar decisiones como prohibir en forma absoluta la importación de yerba, regular el mercado, imponer cupos y generar una política crediticia para el sector. Las políticas neoliberales, con sus ajustes y beneficiarios, tuvieron como objetivo la creación de un Estado mínimo, que no será fácil superar y bajo el cual todas las actividades económicas fueron alcanzadas.
Desde otra perspectiva, la regulación también la piden industriales molineros de la zona productora para defenderse de hipermercados y multinacionales –como Bunge y Born–, que tienen cada vez con mayor peso a la hora de fijar el precio. Sin embargo, quienes continúan quedando afuera de la discusión son los castigados de siempre, quienes siguen sufriendo la explotación y condiciones de vida cercanas a la esclavitud. Sería hora de ir pensando en que el Estado asuma nuevamente las riendas de la actividad y controle la situación de los peones rurales, generando, además, espacios para discutir la necesidad de contar con una política alimentaria. Hacerlo con la yerba mate sería también honrar nuestra historia, la de quienes lucharon por otras relaciones sociales y económicas, otro modo de vida lejano a la explotación de los yerbatales. Ese debería ser un valor imprescindible, una divisoria de aguas, a la hora de discutir políticas públicas para los que jamás tuvieron voz y siempre debieron poner el lomo.
Fuente: Tiempo Argentino
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