Macri espera su juicio oral y público

Escuchas telefónicas ilegales

Mauricio no logra siquiera reproducir la música de una conversación inteligente, y sus permanentes tartamudeos remiten tanto a sus evidentes limitaciones personales como a la ausencia de una política que exceda el marketing electoral capitalino.

Por: Alejandro Horowicz

Tal como esperaban los especialistas en Derecho Procesal, y confirmando la decisión del juez Norberto Oyarbide, Mauricio Macri será condenado o absuelto en juicio oral y público, muy probablemente durante el año ’13. Ese es el sentido, en última instancia, de la reciente decisión jurídica de la Cámara. Entonces, la estrategia de victimización –responsabilizar al gobierno nacional por cada una de sus peripecias legales– ha llegado a su extremo límite. No sólo por ser manifiestamente insuficientes, ya que es imposible imaginar a Macri utilizando el banquillo de los acusados para “juzgar” la conducta del oficialismo, a modo de Fidel Castro tras el ataque al Cuartel Moncada, sino porque no está ni en la naturaleza de sus genes políticos (el suyo no es exactamente el Movimiento 26 de junio), como tampoco integra el paquete de sus aptitudes personales, actuar como sereno fiscal de la República.

Me explico. Castro no sólo era y es un gran orador político –más acá o más allá de las coincidencias o disidencias que se tengan con el jefe de la desventurada Revolución Cubana–; además, se proponía dar vuelta la estructura política de la isla. Macri, en cambio, es una suerte de anti Beckett. Los magníficos silencios del escritor irlandés, llenos de sentidos diversos, longitudes precisas y densidades cristalinas, organiza textos de una elaborada historia que su lector registra. Mauricio, en cambio, no logra siquiera reproducir la música de una conversación inteligente, y sus permanentes tartamudeos remiten, tanto a sus evidentes limitaciones personales, como a la ausencia de una política que exceda el marketing electoral capitalino. Para decirlo en los términos de Leopoldo Moreau: antikirchnerismo bobo à la page.

Y el hombre que tuvo la responsabilidad de aportarle ese tenue hilito argumental no atraviesa precisamente su mejor momento. También Jaime Duran Barba tiene una situación legal comprometida. No tanto como Macri –acusado de integrar una asociación ilícita para espiar particulares, utilizando la estructura en construcción de la Policía Metropolitana– pero, y ese es el punto, la práctica que tendría a Barba por protagonista –emitir decenas de miles de mails con información manifiestamente falsa, disfrazados de encuesta, contra el senador Daniel Filmus– carece de sentido político. Semejante campaña sucia sólo hubiera tenido alguna lógica –lectura completamente cínica, por cierto– en una elección donde el resultado fuera una incógnita difícil de despejar. No era el caso, por tanto, el descalabro moral fue acompañado por la manifiesta inutilidad política. Con lo cual nos enteramos de otro asunto relevante: no sólo Macri es quien inequívocamente pensamos que era, Duran Barba no pesa tan distinto. Dicho con sencillez: el asesor vale tanto como el asesorado.

Aun así, la medianía de la política “provincial” ha sufrido una suerte de desacomodamiento. Es que Macri era el “crédito” de lo que la prensa comercial denomina “oposición”. Y de no resultar inocente, incluso depende de los términos de la “inocencia”, su carrera política habría concluido. Y como se trata de la única “figura nacional” del PRO, esa vacancia impactaría el pobrísimo tablero nacional. A saber, es muy probable que las elecciones del 2015 se diriman en los límites del oficialismo gobernante. Daniel Scioli conformaría uno de los posibles topes, y Cristina Fernández, el otro. Es decir, al igual que en 2003, la interna peronista organizaría el centro de la cancha, mientras el resto medraría en el distante y testimonial tercer puesto.

LOS EFECTOS LEGALES.

La justicia determinó que Ciro James realizó escuchas ilegales contra diversos ciudadanos porteños, con el concurso de jueces misioneros. Armaba una causa legal inexistente, y al amparo de la misma utilizaba las herramientas de la SIDE para espiar. James, según su propio currículum, no es otra cosa que un agente de inteligencia, y en ese carácter trabajó a las órdenes de Jorge Alberto el “Fino” Palacios en la Policía Federal. Palacios, contratado por Macri para ensamblar una policía nueva, contrató a su vez a James, y en el mientras tanto –como no disponía de fondos secretos– le consiguió un conchabo de “asesor” en el Ministerio de Educación porteño. Amparado en su título de abogado – sostiene la Cámara– James cobraba un “importante salario” sin contraprestación aparente, y sin calificación suficiente para ese cargo.

Mientras tanto Palacios regenteaba (¿todavía regentea?) la Consultora Estrategia Security, junto al comisario Osvaldo Chamorro, quien a su vez era el segundo en la cadena de mandos de la Metropolitana. Como Palacios no tenía posibilidad administrativa de nombrar a James en Educación, el juez Oyarbide responsabilizó del nombramiento a Mariano Nadorowski, por ese entonces titular de la cartera educativa. La Cámara se apoya en que el subsecretario que firma, Andrés Ibarra, es próximo a Macri desde sus tiempos en Boca Juniors, y estaba a cargo de casi todas las contrataciones de personal. Nadorowski estaba en el gobierno en su carácter de experto en cuestiones educativas, Ibarra lo integraba por su condición de hombre de confianza de Mauricio Macri.

Del dictamen surge, además, que el espionaje de Palacios y James, viola expresamente la ley, no sólo por fraguar causas inexistentes, sino porque trasluce una concepción de la seguridad heredada del ’76 y expresamente prohibida por la legislación vigente. Conviene recordar que el nombramiento de Palacios, a la cabeza de la Metropolitana, levantó inmediata polvareda. Tanto las corrientes vinculadas al garantismo jurídico, como organismos que representan a las víctimas del atentado contra la AMIA hicieron saber su profundo desacuerdo.

Un debate significativo se desarrolló, por esos meses, sobre la figura y los métodos del Fino Palacios. En su transcurso, Macri no sólo defendió al cuestionado comisario, sino que subrayó la eficacia de sus métodos. En un programa de Susana Giménez rememoró su vínculo con Palacios y Su, con esa capacidad de síntesis que la caracteriza, sostuvo que había que elegir entre los derechos humanos de los delincuentes o los derechos de sus víctimas. En rigor de verdad, para los seguidores de este “punto de vista” la policía opera en las zonas grises de la ley, y le está permitido diferenciar sin mayores explicaciones entre la “gente decente” y la otra. Para garantizar su derecho de propiedad no hay más remedio que violar derechos personales de delincuentes. Ese razonamiento, llevado hasta sus últimas consecuencias, legaliza la tortura; y la derecha más arcaica lo esgrime, a media voz o a grito pelado, cada vez que se siente amenazada como parte de su derecho a la “autodefensa”.

No cabe duda: un segmento de los votantes de Mauricio Macri comparte esa perspectiva y lo votó para construir la ciudad country. Una ciudad donde la marginalidad no moleste, ya sea porque no se note, ya sea porque se vaya a extramuros sin reclamar derechos. En esa lógica, la Metropolitana comandada por Palacios era el corazón de la estrategia política PRO. Esa estrategia volcó: sin la bandera de la seguridad su programa político se disuelve.

Para que se entienda, la crisis política no es sólo consecuencia de las implicancias jurídicas del affaire Macri; otros vientos recorren el campo de la política nacional. Basta recordar que el matrimonio entre personas del mismo sexo (matrimonio que el doctor Eduardo Duhalde todavía no sabe si es un progreso), fue aprobado con el respaldo de la compacta mayoría. Y esta expansión de los derechos personales encastra mal con la doctrina represiva de la seguridad, con la que sedujo la dictadura del ’76. (La demagogia punitiva lamenteblamente sigue vivita y coleando en todos los medios hegemónicos de difusión , la batalla cultura contra el flagelo cultural de la dctrina de seguridad para control y represión de los sectores populares es klo que defienden amplios sectores de la poblacion acicateados por los medios y es lo que tambien sostienen Scioli con Casal en la PBA )

Volvamos al inicio. Una cosa es el argumento “Macri víctima del gobierno K” sin dictamen de Cámara, otra muy distinta, repetirlo tras tan aplastante pronunciamiento jurídico.

Fuente : Tiempo Argentino