Por: Jorge Muracciole
En la dictadura directamente los grupos econnomicos y grandes empresas ordenaban a las FF AA asesinar a los delegados sindicales y amparar a las cupulas que fueron complices de los genocidas y persisten hasta nuestros días
La emergencia antiburocrática estuvo expresada por múltiples tendencias, que crecientemente fueron ocupando un espacio cada vez más extenso en el monolítico territorio sindical de las viejas estructuras. Desde la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), el Movimiento Sindical de Base (MSB) o las diversas corrientes clasistas, fueron decenas de activistas que años antes de la dictadura sufrieron el dispositivo de amedrentamiento y persecución de las patronales en connivencia con las cúpulas dirigenciales, temerosas del nuevo fenómeno generacional que teñía la geografía fabril en esos días. Esas prácticas impidieron el desarrollo y extensión de nuevas concepciones sobre lo gremial, de alguna manera latentes a lo largo de la transición democrática, que fueron reemergiendo con mayor asiduidad con el correr de las últimas décadas. En síntesis, la paradoja de esa etapa histórica era que a pesar de la irrupción de un nuevo sindicalismo alternativo a las estructuras tradicionales, y la exacerbación de la lucha de clases, la sociedad no respondía en su conjunto a la violencia ejercida desde las cúpulas sindicales en connivencia con los intereses patronales y el apoyo de fracciones del Estado Peronista encarnados por el lopezrreguismo y las tendencias más reaccionarias de la burocracia sindical.
Las decenas de muertos y centenares de activistas de fábrica heridos o amedrentados en la amplia geografía de los cordones periféricos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, perseguidos por la alianza burocrático-patronal, fueron el antecedente histórico de ese dispositivo macabro que tres décadas más tarde le quitó la vida al joven Mariano Ferreyra. Pero a diferencia del militante del Partido Obrero asesinado, esas muertes no fueron investigadas por la justicia en su tiempo, y la sociedad quedó inerme ante la escalada de violencia naturalizada desde el dispositivo sindical-patronal de esos tiempos.
Con la realización de este juicio histórico contra el secretario general de los Ferroviarios y un grupo de 17 implicados, no sólo se develará el papel de José Pedraza y la patota sindical, sino que se dará luz a la denunciada complicidad policial y al trasfondo político y gremial de un modelo sindical-gerencial que fue constituyéndose a lo largo de las últimas cuatro décadas y que terminó desnaturalizando el principal objeto de las organizaciones gremiales en la defensa de los trabajadores, convirtiendo a determinadas estructuras sindicales y sus dirigentes en gerentes atravesados por la lógica capitalista, dispuestos a lo que fuera para preservar el negocio y su poder funcional a las patronales. También, con el proceso judicial y su resolución en favor de la verdad y justicia contra la impunidad de los poderosos, habremos abierto un debate esencial sobre qué modelo sindical se necesita en el camino por la profundización democrática del futuro.
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