Una ley para lograr un justo acceso al hábitat

Reforma urbana

Nos planteamos poner un límite al sufrimiento en que habitan miles de familias en villas y asentamientos.

Participaron más de diez diputados provinciales, entre los que estaban el presidente de la Cámara baja, Horacio González; el vice, José Ottavis; el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Juan De Jesús, y el legislador de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, entre otros. El lugar protagónico fue reservado al espacio que encabeza Martín Sabbatella, así como a Miles, el partido de Luis D’Elía, que ayer fue representado por su mujer, la diputada Alicia Sánchez. El proyecto fue presentado bajo el paraguas del nuevo avatar político del kirchnerismo, “Unidos, organizados y solidarios”, tal como se encargó de destacar Ottavis

 Por:  Alberto España

“Cuenten conmigo para lo que falta hacer en la Argentina.” Cristina Fernández de Kirchner. 10/8/2011

Hace un año, la presidenta nos invitaba a seguir haciendo, nos ofrecía la mano tendida, la decisión y el coraje, pero sabiendo que ella sola no puede, que en cada militante, en cada compañero germina la semilla que multiplica la concreción de los sueños.
Nos toca la responsabilidad de hacer lo que falta en la provincia de Buenos Aires desde la acción legislativa, tarea que nos desafía a plantearnos nuevos objetivos todos los días para resolver viejos problemas.
En eso estamos en materia del acceso al suelo. Nos encontramos con una legislación anacrónica, dada por una ley vigente de uso, ocupación y subdivisión del suelo del año 1977. Norma de un gobierno dictatorial, elitista, tecnocrática y excluyente, que no permite la participación social en el desarrollo urbano y sí la proliferación de barrios cerrados (nos parece aceptable que sean una elección de forma de vida) y de mecanismos de segregación territorial.
También con casi 200 leyes de expropiación con fines de regularización dominial que no se han ejecutado y cientos de tomas de tierras que muchas veces convierten el sueño de los vecinos en tragedia por no lograr un pedacito de tierra donde vivir en esta rica provincia.

En parte, estas han sido las motivaciones que nos han llevado junto a un grupo de legisladores, organizaciones sociales, académicos y dirigentes políticos a impulsar una ley de justo acceso al hábitat que, en caso de sancionarse, pondrá a la provincia de Buenos Aires en sintonía con la decisión nacional de promover una ley nacional de tierras rurales, el proyecto de ley nacional de ordenamiento territorial y en especial de lanzar el Programa Pro.Cre.Ar, etapa superadora de los ya efectuados programas federales de construcción de viviendas y de mejoramiento de barrios.

Esta norma que proponemos viene a receptar la responsabilidad de la provincia en cuanto a la planificación del territorio, generando para ello una serie de principios, programas de gestión e instrumentos legales que darán al Poder Ejecutivo y a los municipios las herramientas necesarias para generar mayor igualdad y cohesión social.
Creemos que en esta Argentina están dadas las condiciones materiales y culturales que nos permiten pensar la propiedad en función social (recuperando aquel sabio principio establecido en la Constitución Justicialista de 1949), la gestión democrática y participativa de las ciudades y la distribución equitativa de las cargas y beneficios que produce el crecimiento urbano.
Seguimos para ello lineamientos legales que son exitosos tanto en América Latina, como los casos de Colombia y Brasil, como así también en Europa como son los ejemplos de España y el Reino Unido.

El nuevo marco normativo que proponemos establece los mecanismos necesarios para recuperar para la sociedad a través de los municipios, parte de la valorización que genera el desarrollo urbano, ya que generalmente dicha valorización no se debe a la acción de los propietarios del suelo, sino a decisiones u obras que realiza el Estado, como por ejemplo cuando se autorizan por vía de ordenanza usos del suelo más rentables o mayores niveles de edificación, dando a las parcelas urbanas la posibilidad de ser subdivididas o construidas en altura.
En estos casos, se establece una participación del Estado en la valorización que se genere por autorizaciones para subdividir fracciones de tierra en zonas antes no permitidas, o cuando se establezcan nuevos usos del suelo más rentables, como es el caso de los centros comerciales o los barrios cerrados que se edifican sobre suelo clasificado en la normativa como rural.
En estos casos, los municipios dictarán a través de las ordenanzas correspondientes la forma en que la participación del Estado será aplicable, con fines de destinar el producido a la generación de suelo urbanizable a menores costos que los actuales, dando oportunidad de acceso a la ciudad a los sectores que hoy no pueden pagar el precio de un lote a los valores que fija el mercado.

No sólo lograremos de esta forma generar mayor equidad y oportunidades, sino también establecer reglas de juego claras para los desarrolladores inmobiliarios, que a partir de la sanción de la ley sabrán cuál es el requisito para que se autorice la urbanización en los 135 municipios (cesión del 10% en tierra urbanizable o su equivalente en dinero para esos fines) y qué destino se dará a lo recaudado.
Asimismo, nos planteamos poner un límite al sufrimiento en que habitan miles de familias en villas y asentamientos, para lo cual hemos diseñado una estructura jurídica que permita urbanizar los barrios informales con mecanismos de participación de sus habitantes y con nuevos recursos para afrontar las obras necesarias.

También establecemos mecanismos que faciliten la generación de suelo urbano para familias de escasos recursos y de clase media, a través de la concreción de lotes con servicios y la refuncionalización y utilización de las tierras fiscales provinciales y municipales.
Buscamos intervenir en el mercado de suelo, a través de mecanismos tributarios que propician que los vacíos urbanos sean edificados o urbanizados por los propietarios o en sociedad con el Estado, como lo hace por ejemplo Colombia por vía de la Ley N° 388/97. Esto permitirá incrementar la oferta de suelo urbanizado para que más familias bonaerenses puedan acceder al terreno donde comenzar a edificar sus sueños.
En definitiva, vamos hacia una reforma urbana, tan justa como necesaria, trasparente, consensuada y de cara a la sociedad en su conjunto, con la que nos permitimos soñar porque sabemos que contamos con usted, señora presidenta, para lo que aún falta hacer en la Argentina. 

Fuente: Tiempo Argentino