Por Eduardo Anguita
El nombramiento del juez federal Horacio Alfonso como subrogante del
juzgado Civil y Comercial número 1 de la Capital pone una pausa sobre
varias movidas confusas alrededor de la vacancia de ese juzgado, que
tiene entre sus expedientes la famosa causa iniciada por el Grupo Clarín
demandando la inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. Conviene recordarlo, ese artículo
es el que impone la adecuación de licencias con topes severos y pone un
techo estricto a la posibilidad de constituir posiciones dominantes o
monopólicas en los medios de comunicación. El juez Edmundo Carbone, que
subrogaba ese juzgado, había dictado una medida cautelar que permitía
estirar los privilegios del Grupo Clarín.
Los artilugios de los abogados del grupo y la complicidad de Carbone
pudieron, aunque parezca mentira, obturar la determinación del Congreso
de la Nación. Carbone se jubiló y, por suerte, un fallo de la Corte
Suprema puso fecha para el fin de esa cautelar. De allí surgió la fecha
del 7D. Pero la existencia de un mecanismo volátil para ver quién
quedaba al frente del juzgado, fuera por el nombramiento de un juez
titular o por otro subrogante, crearon una vez más un clima de zozobra
que se constituyó en uno de los temas claves de las últimas tres
semanas. Conviene acentuar cómo, muchas veces, las pequeñas hendijas
pueden permitir cambios o evitarlos. Este fue el caso, porque el juzgado
Civil y Comercial número 1 quedaba a cargo del titular del juzgado
número 3 de ese fuero, Raúl Torti, quien fue recusado por el Gobierno,
ante las sospechas fundadas de que podía seguir los pasos del jubilado
Carbone. Torti rechazó la recusación y, además, las trabas en el Consejo
de la Magistratura –de donde tenía que salir un candidato para ocupar
ese juzgado con un juez titular– indicaban que era preciso encontrar un
juez subrogante que estuviera lejos de las influencias del Grupo Clarín.
Al juez subrogante debía colocarlo la Cámara Federal que actúa como
tribunal de alzada de ese juzgado. Entre los seis integrantes de ese
tribunal está Ricardo Recondo, quien además integra el Consejo de la
Magistratura, y es públicamente un magistrado opositor al Gobierno y
cercano al Grupo Clarín. Esa Cámara había pensado en el juez jubilado
Raúl Tettamanti, quien también vivió la impugnación del Gobierno. La
Cámara interesó a la Corte sobre la conveniencia o no de nombrar a
Tettamanti y el máximo tribunal de Justicia contestó que ya se había
pronunciado y que la Cámara tenía facultad para nombrar a ese juez, más
allá de que estuviera jubilado. El disgusto supino del ministro de
Justicia, Julio Alak, hizo que Tettamanti, sin sufrir ninguna presión
real, decidiera abstenerse por lo que llamó “violencia moral”.
Así las cosas, las últimas tres semanas, y cuando el almanaque marcaba
menos de dos meses para el 7D, mostraron que los escenarios judiciales
podían ser muchos y muy diversos. Uno de ellos, el más delicado, es que
algún magistrado llegara a sentarse en el juzgado número 1 y decidiera
lo más arbitrario: que el artículo 161 “es inconstitucional”. Esa
eventualidad llevaría a una rápida apelación del Ejecutivo, meses de
trámites en la Cámara Federal y luego un pronunciamiento de la Corte. Es
decir, un 2013, año electoral, con el Grupo Clarín haciendo una
demostración de poder fáctico por encima de una ley sancionada en 2009.
Algo pasó que llevó a la Cámara Federal a poner paños tibios y actuar
con la cuota de sensatez que reclama un momento como el actual. Así
llegó la designación de Horacio Alfonso, el titular del juzgado 1, a
quedar al frente también del delicado juzgado 2. La resolución fue
tomada por el presidente de la Cámara, Martín Diego Farrell, y los
integrantes Santiago Kiernan, Ricardo Víctor Guarinoni, María Susana
Najurieta, y Graciela Medina. Quien no firmó fue Ricardo Recondo.
Escenarios posibles.
Lo lógico es que, con apenas 40 días para
ver el expediente, Alfonso no tome ninguna decisión sobre la cuestión
de fondo del reclamo de Clarín. Es decir, que no se expida sobre la
constitucionalidad o no del pedido de Clarín y, en consecuencia, el 7 de
diciembre entre en vigencia la decisión de la Corte en el sentido de
que el Ejecutivo puede tomar ese día como el límite para la presentación
voluntaria del grupo que tiene cerca de 300 licencias y debe quedarse
con el 10 por ciento de ellas. Si el Grupo Clarín no presenta un plan
voluntario de adecuación, la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (Afsca) tiene varios caminos administrativos
para revertir esa situación ilegal en la que quedaría el Grupo Clarín.
Uno es iniciar sumarios, caso por caso, para que el Estado recupere las
licencias cuya titularidad perdería Clarín. Otra es llamar a concursos,
una vez valuadas las licencias (como si fueran fondos de comercio) para
buscar nuevos titulares. Y seguramente muchas otras vías o maneras de
buscar nuevos titulares y así hacer efectiva la multiplicidad de voces.
Los plazos para llevar a cabo esos procedimientos son los plazos propios
de las tareas administrativas. Para nada los complejos plazos de la
Justicia. Eso, desde ya, en caso de que Clarín no presente su propio
plan. Clarín bien podría presentar un plan. Sin embargo, le restaría
fuerza a su reclamo de inconstitucionalidad del artículo 161. Porque,
vale la pena recordarlo, en algún momento del año próximo ese juzgado
federal podrá –o deberá– expedirse sobre el “tema de fondo”. Y si Clarín
se presenta a la autoridad para adecuarse está reconociendo
implícitamente que desestima el reclamo judicial. En términos de Derecho
podría hacerlo, en términos de fuerza para aspirar a doblar el brazo
del Gobierno, no le sumaría puntos.
Ahora bien, lo que también puede
hacer el Grupo –y esto no es revelar ninguna estrategia que el Grupo no
conozca– es tomar sumario por sumario o expediente por expediente para
intentar demoras administrativas impugnando todas y cada una de las
actuaciones, desde la ortografía hasta la valuación contable. Y además
de demorarlo en las oficinas del Afsca, intentará judicializar
absolutamente todo. La idea de ganar tiempo no es ajena al propio
escenario de los directivos de Clarín respecto de que, algún día,
sectores opositores puedan derogar la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Lo dijo muy concretamente el martes pasado Marcelo Stubrin,
quien acaba de asumir como miembro del radicalismo en el directorio del
Afsca. En una entrevista en Radio del Plata, Stubrin dijo que su
posición era que varios artículos de la actual ley debían ser derogados.
Al ser preguntado sobre si se sentía más cerca del Gobierno o de
Clarín, tras una pausa, Stubrin dijo que respondía al radicalismo, como
si eso significara una equidistancia. Resulta curioso, pero es un dato
de la realidad política, todo el arco opositor, desde los sectores
supuestamente más de izquierda del Frente Amplio Progresista hasta el
PRO, prefieren ponerse cerca de Clarín para intentar desgastar al
kirchnerismo. Ningún sector busca diferenciarse con propuestas propias
–en este y en otros terrenos–, sino que prefieren apostar a producirle
daño al kirchnerismo en vez de buscar su propia identidad de cara a
sectores de la sociedad que se sientan respaldados por los referentes de
esas fuerzas políticas. No es fácil advertir si por esa vía suman
fuerzas o lograrán resultados de cierta eficacia. Lo que sí es evidente
es lo poco democrático y constructivo de esas estrategias, claramente
acordadas entre referentes corporativos y dirigentes políticos.
Es posible que el kirchnerismo pueda argumentar que es víctima de una
oposición ciega. El problema radica en reflexionar con un poco de
serenidad si un escenario tan judicializado y tan polarizado puede
resultar una suma cero para la vida política nacional. Los espacios de
diálogo, los espacios de debate genuino, los espacios de negociación y
de concertación parecen quedar fuera de libreto. Es decir, buena parte
de las herramientas de la política como cultura de la diversidad, quedan
afuera. Y, curiosamente, cuando el tema de fondo que llevó a tener una
nueva ley de medios era precisamente la de tener más voces en el aire.
Es decir, para que nos acostumbremos a escuchar más voces y confiar en
que el pueblo puede escuchar muchas campanas y formarse sus propias
ideas.
En pocos meses se van a cumplir diez años de la asunción de
Néstor Kirchner. No es un mal ejercicio recordar la épica de la valentía
y la determinación de Néstor como presidente, al mismo tiempo que abría
espacios de diálogo y de diversidad. Para los que se resisten a
entender la diversidad de los escenarios y la claridad para no perder el
rumbo en esa diversidad, deben recordar cuántas veces Kirchner se
apoyaba en personas o en grupos políticos o sociales con los que tenía
acuerdos solo circunstanciales. A medida que el proceso político y
económico avanzaba, tomaba las decisiones. Y algunos de esos referentes
políticos o sociales, sentían que eran desplazados. Algunos de ellos,
quedaban afuera. En ese curso diverso y contradictorio se fue
construyendo una identidad que todavía parece vital y potente. Esa
identidad kirchnerista tiene un respiro en una coyuntura complicada por
adversarios experimentados y poderosos. Esos adversarios sólo aspiran a
mantener privilegios. La agenda pública de los sectores populares es
muchísimo más vasta, más compleja y requiere recortar no sólo los
privilegios de ese grupo sino avanzar en recortar otros privilegios y
sumar nuevos aliados y crear más espacios de diversidad y encuentro,
desde ya aceptando las diferencias de pensamiento y de defensa de
intereses diversos.
Fuente: Miradas al Sur
domingo, 21 de octubre de 2012
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