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domingo, 28 de octubre de 2012

El precio de la libertad

Por Eduardo Anguita

El impresionante velero que lleva a los cadetes del último año de la Escuela Naval a navegar por los siete mares fue pensado a fines de 1952 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Dado que hacía muy pocos meses había muerto Eva Duarte de Perón, las autoridades pensaron que el buque escuela llevara su nombre. En diciembre de 1953 se formalizó el proyecto y, además de ratificar el nombre, se decidió que el mascarón de proa llevara la imagen de la Abanderada de los Humildes.

En septiembre de 1955, cuando todavía no había sido botado ese buque, fabricado en la Argentina, se produjo la usurpación del poder por parte de facciosos que utilizaron el pomposo nombre de “Revolución Libertadora”. Ellos decidieron falsear la identidad del barco y llamarlo “Fragata Libertad”. También tuvieron la precaución de no dejar a Evita en el mascarón de proa y colocar en cambio una imagen inspirada en la iconografía libertaria basada en el cuadro de Eugène Delacroix llamado La libertad guiando al pueblo. Esa pintura se inspiró en las barricadas parisinas de julio de 1830, cuando el pueblo francés se levantó contra el rey Carlos X, quien había suprimido el Parlamento. La perversión de los golpistas del ’55 llevó a que ellos se valían de una imagen que en su esencia tiene mucho que ver con Evita pero querían malversar el sentido de la Historia: los militares y civiles que consumaron el golpe y suprimieron el Parlamento se valieron de una imagen que expresa a una mujer que lideró las luchas contra la supresión del Parlamento. De fondo, y más grave que eso, ese golpe de Estado secuestró el cuerpo de Evita y lo mantuvo escondido hasta 1971 cuando lo llevaron a Puerta de Hierro para entregárselo a Perón, quien confirmó, con espanto, que el cadáver había sido mutilado. Puede decirse, volviendo a la Fragata, que fue botada (1956) con su identidad suprimida. Vale la pena subrayar que el golpe de 1955 tenía el propósito explícito de colocar a la Argentina en la órbita de los intereses de Estados Unidos y de allí que, sin necesidad de tomar créditos, los golpistas alinearon al país con el Fondo Monetario Internacional y la poderosa comunidad financiera privada internacional. En aquella oportunidad, el entramado de intereses de golpistas y financistas logró secuestrar el alma de la fragata. Esta vez, 57 años después, un grupo de financistas con algún apoyo logístico, logró quedarse con el cuerpo de la fragata.

El segundo secuestro del buque escuela de la Armada es obra y gracia de los fondos especulativos y las normas internacionales que defienden, a rajatabla, los negocios de las transnacionales.
De no haber existido el Plan Brady (1992) y el compromiso de la dupla Menem-Cavallo de respaldar los bonos del Estado con todos los activos nacionales excepto “los bienes públicos de servicios esenciales”, cualquier barco o avión de bandera, entre otras tantas cosas, puede ser incautado si existe la orden de un juez que acepte la legislación internacional hecha a medida de corporaciones de corte neocolonial. Lo explicó con detalle Alejandro Olmos Gaona (Miradas al Sur 21/10/12): el tribunal arbitral al que se sujetó el gobierno (constitucional) de la Argentina cuando decidió emitir una deuda impagable y sus acreedores aceptaban compromisos incobrables. 


Tal es el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), creado para ser “una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales”, tal como lo dice el Banco Mundial, el organismo madre del ente. Así, el mundo vive en la curiosa situación de que los criminales de guerra que usan uniforme de Estados Unidos se amparan en la legislación territorial de esa potencia y evitan ser juzgados por tribunales de otras naciones (incluso donde cometen los delitos), mientras que los fondos financieros especulativos se amparan en la justicia global.

En diez días más, Estados Unidos renueva autoridades de gobierno. A nadie puede escapar que Mitt Romney, el candidato republicano, hizo una pequeña fortuna con fondos especulativos radicados en paraísos fiscales. Por ello, el impuesto a las ganancias lo alcanzó en una alícuota de apenas el 14,1% sobre sus beneficios de 2011. El promedio de ese impuesto para quienes invierten dentro del territorio estadounidense es de 41,7%; es decir, el candidato con serias posibilidades de triunfar paga tres veces menos que los millones que lo votan. En el caso concreto del secuestro del buque escuela de la Armada argentina, la esposa de Romney, Ann Davies, fue mencionada por una investigación de la revista norteamericana The Nation por haber depositado al menos un millón de dólares en el fondo especulativo Elliot Managment, cuyo presidente y accionista mayoritario es el millonario Paul Singer, aportante de la campaña de Romney y responsable directo que se presentó en los tribunales de Acra, la capital de –la ex colonia británica y miembro del Commonwealth– Ghana, y logró la incautación de la fragata en demanda de que las autoridades argentinas le paguen los bonos (en default) que adquirió en los llamados mercados secundarios de capitales.

Éstas son algunas pinceladas de un escenario internacional complejo. En estos días se gastaron demasiadas páginas en mostrar las incomodidades sufridas por los pasajeros de la Fragata, como si ellos no fueran argentinos vulnerados por el garrotazo de un fondo especulativo y que, además, están comprometidos a defender los intereses de la Nación. Ellos, en todo caso, no fueron víctimas de las incomodidades, sino de las maniobras arteras de intereses de grupos privilegiados que atacan a la Argentina. También se escribieron algunas páginas destinadas a defender el nombre de algunos funcionarios y buscar chivos expiatorios en otros. Típicas notas periodísticas creadas en internas políticas que caen en un mezquino esquema que pierde de vista el escenario principal.

En este encadenamiento de presiones, el viernes se conoció una sentencia de un tribunal de apelaciones de Nueva York a favor del mencionado fondo Elliot. El tribunal ratificó un fallo del juez Thomas Griesa, quien en febrero último consideró que los tenedores de títulos que no entraron voluntariamente en los dos canjes de deuda (2004 y 2010) merecen un trato igualitario. La decisión de Griesa fue apelada por la Argentina en julio pasado. Hay todavía un tribunal de alzada, que es la Corte Suprema de esa ciudad norteamericana, al que recurrirá el Gobierno Nacional. Respecto de las acciones legales de los fondos especulativos contra la Argentina, el canciller Héctor Timerman recordó el jueves pasado que hasta la fecha no prosperó ninguno de los 28 embargos pedidos por los fondos especulativos.

La Armada en la mira. Volviendo a la fragata y pese a algunas turbulencias, da la impresión de que el ministro de Defensa Arturo Puricelli logró sobrepasar la andanada de críticas por el error cometido al dejar que la fragata hiciera puerto en Ghana y cayera en la emboscada del fondo Elliot. El jueves pasado, el mismo Puricelli habló por Radio 10, cuyos comunicadores se despacharon con toda clase de ataques arteros, como si todo el problema se remitiera a la impresión del Gobierno y desconociendo de modo olímpico la responsabilidad de los fondos especulativos. Pues bien, por Radio 10, Puricelli reconoció que le cabe la responsabilidad final de los puntos de desembarco del buque escuela. Aclaró que fue “a partir de una propuesta de la Armada”. Por estas horas hay muchos rumores sobre cuáles son los propósitos posibles de algunos mandos –en actividad y retirados– de la Marina. Sobre todo, porque tomó estado público que el fondo Elliot contrató un estudio de abogados en Sudáfrica a partir de que la corbeta Espora quedó varada “por desperfectos técnicos” en Ciudad del Cabo.

Para no caer en voces intoxicadas, acostumbradas a desinformar, conviene reparar en lo publicado en Nuestro Mar, vocero oficioso de los retirados navales. En la edición digital, y con el título “Reducen los recursos mientras sigue la tensión diplomática”, la publicación dispara: “Con los 289 tripulantes de la Fragata Libertad retenidos en Ghana y 105 marinos de la corbeta Espora varados cerca del puerto de Ciudad del Cabo, el Gobierno piensa reducir las prácticas de entrenamientos y los movimientos de oficiales y suboficiales en las Fuerzas Armadas”. Es decir, ni una palabra de cómo defender los intereses argentinos –los barcos de la Armada– sino un ataque al Presupuesto Nacional, que es la llamada ley de leyes.

“Así lo prevé el proyecto de Presupuesto 2013 –sigue Nuestro Mar– que está tratando el Senado y que recorta los días de navegación y las horas de vuelo previstos para la Armada y la Fuerza Aérea; según lo publicó La Nación”. De paso, se cuelga del diario de los Mitre, que tantos servicios hizo a la Armada en tiempos dictatoriales. Consigna la publicación naval: “Los pilotos tendrán 13.641 horas de vuelo frente a las 28.769 previstas para este año. Es una reducción del 47%, que preocupa a los oficiales de la Fuerza Aérea. Los barcos de la Armada tendrán 161 días para navegar y controlar los espacios marítimos y la hidrovía, cuando en 2012 se previeron 174 jornadas. Muy lejos de los 329 días con que contaban en 2011”. Es decir, la queja no es por haber cambiado la idea de que las Fuerzas Armadas estaban concebidas para reprimir al pueblo y estar preparadas para pelear contra países vecinos y ahora están pensadas para estar encuadradas en el pleno respeto a la democracia y pensar en fortalecer el Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas. No, Nuestro Mar pretende hacer creer que se trata de un legítimo reclamo gremial y enfatiza que “las actividades previstas para el Ejército se mantienen, en cambio, en los mismos niveles”. Como remate advierte que por “la crisis de la Fragata Libertad, que provocó la renuncia del titular de la fuerza, almirante Carlos Alberto Paz, y el pase a disponibilidad de dos jefes navales, la Armada también contará con menos recursos para el control aéreo del mar y de los ríos. La principal consecuencia es el desánimo que produce entre los oficiales y los suboficiales”.

Más allá de las intrigas y sospechas sobre si hubo algún grupo de civiles y militares inducidos por el fondo especulativo Elliot, hubo un error en la decisión de que el buque escuela atracara en Ghana. Cualquier investigación seria al respecto debe contar con información que, al menos para este cronista, es altamente confidencial. Pero hay dos enseñanzas que deben quedar marcadas.
La primera es que nadie debe estar relajado, porque los tenedores de títulos argentinos en default no son una patrulla perdida, sino uno más de los tentáculos de un capitalismo financiero que hace estragos en cuanto lugar del mundo puede. No se trata de una organización criminal secreta y peligrosa, sino de algo más delicado y complejo al que el economista norteamericano Joseph Stiglitz define como “una mezcla de ideología y de intereses que en Estados Unidos condujo a la liberalización y desregulación de los mercados financieros y a otras políticas ‘fundamentalistas de mercado’. Unas políticas que contribuyeron al elevado nivel de desigualdad e inestabilidad de Estados Unidos y que han dado lugar a unas tasas de crecimiento (económico) mucho menor que en décadas anteriores”. Esta frase está tomada de El precio de la desigualdad, donde Stiglitz desarrolla cómo el 1% de la población norteamericana tiene lo que el 99% necesita. Es más, hilando fino, el autor señala que cuando Estados Unidos recuperó la economía en 2010 respecto a la crisis de 2009, ese 1% se quedó con ¡el 93%! de la renta adicional. Es decir, no hubo recuperación de la economía sino beneficios extraordinarios de una pequeñísima minoría. El neoliberalismo ampara, cobija y patrocina a fondos como Elliot.
La segunda enseñanza es que parece percibirse, una vez más, al menos en la superficie de la sociedad, de la vida política y de la circulación mediática, que la oposición está más preocupada por tomarse de cualquier dato para castigar al Gobierno. De allí que para el relato de los medios opositores, todo esto se remite a “un error”. Es decir, si alguien pisa una mina antipersonal no importa el terreno minado sino la falta de pericia para no sortear el explosivo. Es difícil saber cuánto impacta de modo negativo esta historia en el Gobierno Nacional. En primer lugar, porque la función del Poder Ejecutivo no es jugar a la batalla naval y cantar “tocado” o “hundido”, sino dar cuenta de sus actos administrativos y del proceso de toma de decisiones. En ese sentido, es posible que esto se haya saldado con la aparición pública del ministro Puricelli donde cargó con la responsabilidad. No obstante, hubo una sucesión de asuntos que pusieron en la superficie asuntos que no sucedían desde hace mucho tiempo o que fueron nuevos. Hubo, durante años, una presión por parte de ciertos sectores en actividad o de familiares de retirados para intentar frenar o desprestigiar los juicios contra responsables de delitos de lesa humanidad. Hoy, todo indica que esos movimientos no tienen ninguna fuerza. En cambio, la aparición de protestas de suboficiales de fuerzas de seguridad y también en grado menor de marinos es un llamado de atención. Las movidas de los uniformados nunca fueron ajenas a las movidas civiles. Entonces, no puede desligarse lo que pueda pasar en algunos cuarteles o mandos navales con las medidas promovidas por sectores adversos al Gobierno, que alientan desde cacerolazos de sectores con tradición antiperonista hasta paros de gremialistas de variadísimos orígenes pero que tienen en común plantarse de la vereda de enfrente del kirchnerismo. El estilo del Gobierno, al menos en esta etapa, es no promover debates, no prestarse a las explicaciones que surjan de prestar atención a miradas diferentes. El empeño del kirchnerismo está en señalar la manipulación mediática del Grupo Clarín a raíz de su negativa a adecuarse a la ley de medios. Una visión que sugiere de modo explícito la necesidad de alinearse con la Presidenta como paso imprescindible para evitar el avance de los intereses de sectores opositores. Si bien esto responde a una tradición del peronismo y al estilo kirchnerista, a juicio de este cronista presenta varias aristas negativas. La primera es que los procesos políticos no pueden basarse de manera sostenida en la incondicionalidad, sino que deben apoyarse en la diversidad, la negociación, el consenso y la ampliación de la base de sustentación con sectores que son aliados tácticos o temporales.

La segunda es que contribuye a la idea de una línea divisoria entre propios y ajenos. La realidad argentina muestra que hay infinidad de asuntos públicos que no están todavía contenidos en eficaces políticas de Estado. Parte de ello se debe precisamente a la eficacia de los sectores financieros concentrados. Unos sectores que exceden por mucho a los fondos especulativos y que hacen a la debilidad del sistema financiero privado acostumbrado a altísimas tasas de intermediación y a no fondear los proyectos de largo plazo. Esos sectores financieros fueron los que ahogaron a los ahorristas en 2001. Muchos de ellos salieron con las cacerolas durante 2002. Diez años después no debería buscarse la confrontación con los caceroleros o los mal informados o los enojados. Más bien, puede hacerse un ejercicio de debate que permita a muchos de ellos no sentirse en la vereda de enfrente sino, al menos, en la duda de buscar representación en el kirchnerismo o en sectores aliados. Es, en definitiva, el precio de la libertad de elección en un sistema democrático asentado en una sociedad que exhibe altísimos niveles de desigualdad.



Fuente : Miradas al Sur 

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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