La persecución política y el ataque sistemático contra la población civil beneficiaron a grandes empresas como Ledesma.
Por: Rodolfo Yanzón
El juez federal Fernando Poviña procesó a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos –presidente y administrador general del ingenio Ledesma– por el secuestro de decenas de personas en las localidades jujeñas de Calilegua, Ledesma y Libertador San Martín durante los episodios conocidos como La noche del apagón. Se trata de un hito interesante para analizar la responsabilidad civil en la dictadura.
Blaquier dijo que el ingenio Ledesma cumplió una función social y altruista y que tuvo un rol destacado en asistencia y desarrollo social similar al del Estado, como haber mantenido hospitales o brindado créditos para vivienda a familias rurales. El juez, por su parte, afirmó que Ledesma ejerció un control dominante durante muchos años y que se benefició con las políticas relacionadas con la producción azucarera, mediante la concentración y el monopolio de la propiedad de la tierra y de la fábrica ingenio en un mismo dueño, aprovechándose de la explotación de pueblos originarios y campesinos.
Para maximizar sus ganancias necesitó el disciplinamiento de los trabajadores persiguiendo y eliminando a sus dirigentes sindicales. Esas víctimas fueron especialmente del movimiento azucarero que desde 1944 se nuclean en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), a la que en 1947 se adhirieron los trabajadores salteños y jujeños y que un año después contó con 30 mil agremiados.
Intervenido el Sindicato de Obreros de Ledesma en marzo de 1975, sus actividades fueron declaradas ilegales y sus miembros perseguidos, encarcelados y torturados.
En febrero de 1975, la entonces presidenta Martínez de Perón otorgó a los militares el mando y control de la denominada lucha antisubversiva y la elección de sus métodos ilegales. La represión al movimiento obrero se sofisticaba al mismo tiempo que la clase empresaria incentivaba sus vínculos con los militares.
Del accionar de eso grupos el juez resaltó la labor de personeros como José A. Martínez de Hoz y el abogado Jaime Perriaux, uno de los nexos más destacados entre el poder militar y el empresario.
Esa comunión de intereses consta en documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de los que se desprende el alto grado de cooperación entre empresarios y las agencias de seguridad para "eliminar terroristas infiltrados en los lugares de trabajo" –un eufemismo para aludir a los dirigentes sindicales– y los reclamos que en ese sentido formulaban los empresarios.
En ese contexto, dijo Poviña que "la represión ilegal apuntó además a la instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales".
En cuanto a la imputación concreta, Blaquier y Lemos aportaron una contribución significativa al decidir y poner a disposición las camionetas de la empresa en las que se trasladó a las personas secuestradas. Sin embargo, el juez entendió que ese aporte no se extendió más allá del secuestro, por lo que les dictó falta de mérito respecto de los tormentos.
Sobre ese punto, el fiscal Pablo Pelazzo dijo al programa de radio América Instinto de Conversación que apelará ante la Cámara.
Para evaluar la responsabilidad criminal de miembros de empresas, el magistrado citó la presentación que como "amigo del tribunal" hizo el Centro Europeo sobre Derechos Humanos y Constitucionales, en la que analizó sentencias contra empresarios condenados por sus vinculos con el nazismo, consideradas como contribuciones significativas que ameritaron un reproche penal; entre ellas, sentencias de tribunales estadounidenses en las que se fijaron tres criterios de complicidad: dar asistencia práctica al verdadero autor del delito, que resulte un aporte sustancial en su comisión, y que el empresario tenga conocimiento que sus actos aportan a cometer un crimen.
El costado civil empresario de la dictadura no es un mito. La persecución política y el ataque sistemático contra la población civil beneficiaron a grandes empresas como Ledesma. Esa es una realidad histórica. En términos penales, para atribuir responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad debe probarse el conocimiento y el aporte que los empresarios realizaron a la tarea del verdugo.
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