La representación de los trabajadores del subte

El conflicto entre la UTA y los Metrodelegados
Los trabajadores del subte vienen construyendo su sindicato desde las bases desde hace más de una década. 

 Por: Ana Vainman

Legalidad o legitimidad. Muchas veces coinciden, pero en la realidad laboral del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, estos dos sustantivos parecen ser excluyentes. La Unión Tranviaria Automotor (UTA) tiene la representación legal sobre los trabajadores del subte, pero la representación legítima la tiene la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

La UTA mantiene la legalidad bajo tierra porque es el sindicato con personería gremial para firmar las paritarias, pero perdió la legitimidad hace muchos años y cada tanto parecería querer recuperarla a los golpes. Lo hizo con una patota que bajó de un subte a repartir trompadas cuando en febrero de 2009 se realizó el plebiscito en el que los trabajadores eligieron por amplia mayoría crear un sindicato propio y lo hizo el lunes cuando representantes del gremio quisieron romper la huelga escalonada que habían dispuesto los metrodelegados y terminaron a las piñas.

Las medidas de fuerza iniciadas la semana pasada se debieron al rechazo de los trabajadores del subte al acta firmada por la UTA, la empresa Metrovías y la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, que la AGTSyP no rubricó porque expresamente fue excluida de la reunión en la que se terminó acordando.

Ese acuerdo, además de convenir una suba salarial del 23% –cinco puntos porcentuales por debajo de lo que pretendían los metrodelegados–, incluye un "aporte obligatorio" del 1% que los trabajadores que no estén afiliados a la UTA destinarán al gremio; y que los trabajadores restituyan la suma fija que se les había abonado después de la huelga de agosto.

Una paritaria –con ocho meses de demora– en la que no se los incluyó, un descuento compulsivo que va al gremio rival y una restitución monetaria de un dinero previamente convenido. Con esos ingredientes no puede esperarse otra cosa que una declaración de guerra de los metrodelegados que se habría replicado en cualquier otro lado donde hubiese ocurrido.

A esto hay que sumarle la certeza que tienen los metrodelegados de que hay una connivencia entre la empresa Metrovías, la UTA y el gobierno porteño, que debuta en la negociación paritaria del subte. No sorprende que una de las hipótesis sea que la administración de Mauricio Macri busque, si no eliminar, al menos debilitar a la AGTSyP y controlar el subte con una oposición sindical menos combativa que no ponga en riesgo las aspiraciones políticas del jefe de gobierno.

El plan de lucha de los metrodelegados también busca frenar el avance del proyecto de ley que envió el oficialismo porteño a la Legislatura. El macrismo le quiere dar dictámen esta semana para que se trate el jueves 13 de diciembre en el recinto.
El proyecto busca convertir al subte en aquello que a Macri le gustaría que fuera toda la administración porteña. Con el articulado –que la oposición considera "invotable"- busca conseguir el estado de excepción por cinco años decretando la emergencia. Pero eso permitiría mucho más que limitar el derecho a huelga que desde tantos sectores de la sociedad es peligrosamente aplaudido. Permitiría también hacer obras sin licitación pública –es decir mediante contratación directa–, aumentar la tarifa sin audiencias públicas, concesionar por más de cinco años a  la empresa, imponer una multa de $ 160 mil si se levantan molinetes y, por supuesto, la limitación del derecho a huelga, que obliga a servicios mínimos del 90 por ciento del funcionamiento normal.

Consciente o inconscientemente, Macri parece querer decir con este proyecto que está finalmente dispuesto a hacerse cargo del subte pero las condiciones para que eso ocurra serían leoninas.
Pero lo que parece claro es que por ahora nadie tocaría a Metrovías, que tiene contrato por cinco años más –vence el 28 de diciembre de 2017–. No abundan datos confiables sobre lo que hizo la empresa en estos casi 20 años de concesión. Seguramente si se encargara una auditoría seria, se podría quitar la concesión sin tener que indemnizar a la empresa por rescindir el contrato con anterioridad al 2017. La estatización podría ser un camino –buscado especialmente por los trabajadores–, pero sin probar el mal desempeño de la empresa, el costo sería altísimo para la Ciudad.

Metrovías SA es la empresa operadora de la red de subterráneos de Buenos Aires y el Ferrocarril Urquiza. En la actualidad, Benito Roggio Transporte SA posee el 90,66% de las acciones, lo que representa el 96,96% de los votos en mesa directiva de la empresa.
Según un informe de mayo pasado del legislador porteño de Proyecto Sur Rafael Gentili, los negocios de tercerización de la empresa Metrovías tienen, en su mayoría, relación con el Grupo Roggio.

Con la poca información disponible sobre la situación contable de Metrovías, se pudo establecer que utilizan la red de proveedores que son empresas del Grupo Roggio para manejar los costos. Por ejemplo, en los primeros nueve meses de este año, la empresa presenta una pérdida operativa de 20 millones de pesos. Luego de la suba del 127% de la tarifa en enero pasado y de la reducción de la cantidad de pasajeros, la empresa dijo que no tenía dinero para funcionar ni para abonar sueldos. Pero cuando se analiza lo que se le pagó en esos nueve meses a los proveedores, se ve que Metrovías les aumentó la facturación 20 millones de pesos en estos nueve meses respecto de lo que les había pagado el año pasado. La pérdida, entonces, se fue en pago a proveedores. Según los Balances Contables de Metrovías SA, el concesionario erogó entre 2001 y 2011 en concepto de pago a proveedores pertenecientes al mismo Grupo Roggio la suma de $ 919.635.020 (medido a precios de 2011).
Los metrodelegados denuncian sistemáticamente la mala administración que hace Metrovías de los subtes y los riesgos que se corren ante la falta de inversiones en mantenimiento.

Los trabajadores del subte vienen construyendo su sindicato desde las bases desde hace más de una década, pero a pesar del apoyo con el que cuentan, todavía no cumplen con todos los requerimientos para ser los representantes legales de los trabajadores.
 La personería gremial está establecida por la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551), en la que se disponen una serie de plazos para llegar a obtener la personería gremial. Como primera instancia, la agrupación en cuestión debe obtener la simple inscripción del Ministerio de Trabajo de la Nación, cosa que ocurrió en noviembre de 2010, luego de varias idas y vueltas administrativas y judiciales –que incluyó una exhortación de la Cámara del Trabajo para que la cartera laboral cumpliera con el trámite–. La laxitud en los tiempos con los que se movió el ministerio guardaría relación con la negativa de quienes en ese entonces eran funcionarios de primera línea del Poder Ejecutivo. "No les des nada a esos troskos", habrían pedido.  

Tomada esta desde 2003 junto con Noemi Rial ( ex fuincionaria menemista ) . Evidentemente el gobierno nacional prefiere tranzar con gremios traidores y tranceros como los gordos impresentables ( lease Cavallieri , Daer , Martinez , Lescano , o el propio asesino HDP de Pedraza que hoy estan con Calo en la CGT Balcarce y les molestan profundamente aquellos sindicatos que realmente representan a las bases y no a los empresarios o los que luchan contra la nefasta tercerización que aplican los empresarios . 
Además desde los fallos de la CSJN ATE y Rossi que permiten a los sindicatos simplemente inscriptos elegir a sus delegados gremiales igual que los sindicatos con personería gremial y también les da tutela legal a los delegados para que puedan desempeñar su tarea en la defensa de los trabajadores sin ser despedidos por las empresas . Desde ese momento el ministerio de trabajo dejo de inscribir a los nuevos sindicatos , ahora para poder ser inscriptos hay que ir a la justicia primero que le ordena al ministerio la inscipción bajo intimación judicial . Es claro que hoy la única forma de recuperar el sindicalismo es barrer a los burócratas con nuevos sindicatos sino esos seguirán enriqueciéndose a costa de cagar a la gente y tranzar con las empresas 

Además, en ese momento el escenario de actores gremiales no era el mismo que por estos días y la UTA contaba con el apoyo de casi toda la CGT –unificada por entonces– y especialmente del líder de la central obrera y del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano. Hoy las cosas son distintas y Moyano está en otra vereda. Pero la UTA sigue estando alineada con el gobierno por estar dentro de la CGT del metalúrgico Antonio Caló.
Ahora que los metrodelegados cuentan con la inscripción gremial –que les permitió tener cerca de 1900 afiliados a los que les realizan el descuento del 1% optativo–, deben dar una serie de pasos que, de cumplirse, permitirían obtener la personería. Hasta el momento no han pedido tal reconocimiento ante el ministerio porque esos pasos aún no se dieron. En febrero se realizará una compulsa entre los trabajadores y recién después de ese momento estarán en condiciones de hacerlo.  
Mientras llega la obtención de la personería gremial –que los metrodelgados descartan conseguir tarde o temprano– nadie le niega a la AGTSyP que es un actor indiscutido de cualquier discusión que involucre a los subtes. Al menos así era hasta ahora. De hecho el Ministerio de Trabajo los convocaba a las negociaciones paritarias año a año a pesar de no tener la personería gremial. En Alem 650 sabían que si los metrodelegados no firmaban el acta, ningún acuerdo podía ser acatado y había conflicto en puerta. Pero parece que el subsecretario de Trabajo de la Ciudad, Ezequiel Sabor, no fue informado al respecto. O sí, pero no le importó.

Fuente: Tiempo Argentino