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viernes, 31 de agosto de 2012

Beto Pianelli: "El Gobierno de la Ciudad debe asumir su responsabilidad para que no haya un nuevo conflicto".

El secretario gral de la AGTSyP y dirigente de Nuevo Encuentro relata el conflicto en los subtes porteños que desencadenó en un paro histórico de 10 días.

¿Cuáles eran las expectativas al comienzo del conflicto y cómo esperaban que actuaran las diferentes partes?

Nosotros previmos que era un conflicto distinto al que habíamos tenido otras veces. Estaba cruzado por un conflicto político de índole jurisdiccional, en el cual, al todos ser conscientes de la comedia dramática “lo agarro, pero no”, del ingeniero Macri adquiría otras características. No era un conflicto salarial más, ni por condiciones de trabajo, porque la empresa iba a aprovechar el hecho de que el gobierno de la ciudad hubiera intentado devolver la concesión después del traspaso. Esto implica un vacío jurídico, un vacío legal en el cual se produce un cese de subsidio que implica para la ganancia de la empresa un déficit importante. Por lo tanto, aumentar costos por el aumento salarial, iba a significar que la empresa se hiciera a un costado diciendo que no tiene manera de solventarlo. De la misma forma que hizo con los trenes. Por eso, este conflicto que se inició en marzo, que tuvo todo un tiempo de debate, discusión y de cartas documento, un mes de apertura de molinetes, un paro de 36 horas, dos meses más de tregua, terminó en un paro que duró 10 días. El conflicto cambió el carácter a medida que se fue desarrollando.

¿Cómo evaluás que actuó el gobierno porteño? ¿Coincidió lo que declaró públicamente con lo que se trató internamente con los funcionarios?


Yo creo que hubo dos momentos en el conflicto. Un primer momento, durante las primeras 48 horas de paro, donde daba la sensación que el gobierno de la ciudad quería buscar el acuerdo. Eso finalizó en el momento en que el ingeniero Macri se cruzó públicamente con el ministro Randazzo. A partir de ese momento, si había alguna posibilidad de un acuerdo en relación al traspaso, que era la única forma en la que se podía resolver el conflicto sindical, se terminó porque quedó claro que el macrismo no iba a tomar el subte . Toda su política fue intentar decir que el conflicto era un conflicto político, propiciado por el gobierno nacional, en contra del gobierno de la ciudad. Fue la victimización a la que juega Macri. Llegó a decir barbaridades, a hablar del “chavismo”, del “pensamiento único”, que lo querían asfixiar económicamente, una sarta de estupideces que tienen poco cotejo con la realidad. Dijo que nosotros éramos un invento de hace 5 años, y todos saben que existimos desde mucho antes de que Macri se dedicara a la política. Llegó al exabrupto gigantesco de decir que había que cerrar el subte 3 años. Las palabras de Macri, diciendo que el subte hay que cerrarlo 3 años, me hacían acordar a “ramal que para, ramal que cierra”. Al mejor estilo de la brutalidad neoliberal.

El conflicto fue el más largo de la historia. Y eso no es casualidad. El gobierno de la ciudad transformó un conflicto gremial en un conflicto político. Y se puso corporativamente del lado de la empresa Metrovías.

¿Sentís que el gobierno de la ciudad puso más el acento en la pertenencia política que en su función como representantes gremiales durante el conflicto?


Sí. Primero habían dicho que yo era de la Cámpora, aunque no lo pudieron sostener durante mucho tiempo. Rápidamente tuvieron que acomodarse. Como saben que milito en Nuevo Encuentro y es conocido y público, fueron ordenando. Lo de Segovia les calzó también bastante bien, porque es de D’ Elía. De todas formas ellos saben, que nosotros tenemos compañeros que son de las más disímiles opiniones políticas: trotskistas, radicales. Pero por sobre todo son delegados que tienen responsabilidades y hablan públicamente. Se nota incluso en los discursos. Todos defendemos los mismos objetivos
y a veces, por valoraciones distintas, hacemos análisis distintos y eso se expresa públicamente. Hay 75 delegados, por lo que no puede haber homogeneidad de nada. Es un espacio hiperheterogéneo, con diversidad de opiniones. Ellos trataron de canalizarlo a través de mi figura o la de Néstor (Segovia); querían instalar a toda costa que el gobierno nacional estaba detrás del conflicto, para poder victimizarse.

¿Cómo evalúan que actuó Metrovías durante el conflicto? ¿Percibieron un intento por resolver la situación o la actuación de Metrovías generó más trabas?


Metrovías genera trabas porque el conflicto les es funcional. Ellos en este momento lo que intentan es que se resuelva el tema del traspaso por el tema de los subsidios. Además necesitan tener un concedente, para que a fin de año cuando se terminan los subsidios de la Nación garantice ese dinero o suba la tarifa. Metrovías no iba a resolver el conflicto gremial. Ellos necesitaban que se resolviera el conflicto de fondo, no el conflicto coyuntural, del sindicato. Actuó como un empresario, ni más ni menos. Otra cosa no se podía esperar de Metrovías. La valoración que nosotros tenemos es que Metrovías es una empresa parasitaria, vive de los subsidios del Estado.


¿Creé que Metrovías actuó en tándem con el gobierno porteño o son intereses contrapuestos?


Tienen intereses propios cada uno, pero frente al conflicto, actuaron los dos de la misma manera: tratando de responsabilizar a los trabajadores. El gobierno de la ciudad dejó clara su actitud absolutamente clasista: salió en defensa incondicional de los intereses de la patronal. Independientemente de que no resuelvan el traspaso, que salieran a ridiculizar nuestro reclamo de diez días de licencia es claramente una actitud de desprecio absoluto hacia las necesidades que tienen los trabajadores. Larreta dijo lo mismo. Si nosotros tenemos que hacer un trámite personal, tenemos que faltar y nos descuentan el día, por ende, percibimos menos salario. Para el trabajador, uno o dos días más que tengas, te cambia la vida. Son las cosas que tienen que ver con la vida del trabajador, con el tiempo libre. Eso para ellos no existe. Para ellos los trabajadores son un burro de carga, que sirven para trabajar, para que ellos tengan ganancia.


¿Por qué dicen que la UTA acordó un aumento salarial de carácter virtual? ¿Creés que la interna gremial tuvo incidencia en el conflicto?


Lo de la UTA se ve a las claras. En el planeta nadie se animaría a firmar un acuerdo tan arrastrado como firmó la UTA. Un acuerdo atado a si la empresa tiene la guita en algún momento. Tal vez entra en el Guiness de los acuerdos más ridículos que se hayan firmado en el planeta. El acuerdo, la UTA, lo firmó en medio de un paro, total no representa a nadie. Vaya uno a saber qué le habrá dado la Empresa. De hecho Metrovías le pasa el valor de $ 4.000.000 de pasajes por año, para “formación”. Raro, ¿no? Esa es la manera en que los Sindicatos se transforman en Sindicatos empresariales. Para nosotros es algo terminado desde hace varios años, por eso decidimos construir un sindicato propio. La participación de la UTA fue inexistente. De hecho convocó a un paro de 72 hs, que levantó 48 hs antes. Después durante los 10 días, desapareció del conflicto. Haber firmado un acuerdo con la UTA lo único que significaba era un impacto mediático, porque a las dos horas el conflicto seguía igual. Trataban de confundir con eso.


¿Hubo trabajadores que a lo largo o después del conflicto hayan dejado de pertenecer a la UTA y se hayan afiliado a la AGTSYP?.


Sí, hubo más de 100 desafiliaciones a UTA, y muchas afiliaciones con nosotros. Compañeros que tal vez tenían una duda o que no se habían desafiliado todavía.


¿Creés que la disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad afectó a la resolución del conflicto?


Claramente. Creo que al gobierno de la ciudad ya nadie le pide que sea un gobierno que actúe. El gobierno nacional hizo lo correcto en el sentido de no involucrarse, pero muchos compañeros, sentían que, a pesar de que no le correspondía, el Gobierno Nacional debía actuar.


¿Qué acciones tienen pensado tomar después de la imposición de la multa por parte del gobierno porteño?


Ya la apelamos, está mal hecha. Creemos que no va a prosperar porque es absolutamente ilegal, viola todos los aspectos jurídicos. Igualmente la denunciamos en una nota a la OIT porque viola todos los acuerdos y convenios sobre libertad sindical.


¿Cómo pensás que va a continuar el conflicto teniendo en cuenta que el reclamo de paritarias sigue vigente? ¿Hay pactada una nueva reunión con Metrovías?.


Estamos tratando de acordar una nueva reunión con Metrovías. Si la empresa no cumple con lo que pactó, se retomará el conflicto. El conflicto está agarrado con hilos. Nosotros vamos a poner la mejor buena voluntad, pero no depende de nosotros. El tema salarial si bien sigue pendiente, lo podemos conversar, podemos tener un tiempo nosotros. Lo importante es poder seguir discutiendo, de hecho hay otras condiciones laborales que no discutimos. No sé si ellos van a cumplir porque se acerca fin de año y necesitan resolver el tema del concedente, quizás le convenga el conflicto.


¿Qué opinión tenés respecto a la reunión del ente tripartito de transporte y sus resultados y, por otro lado, sobre la decisión de la Jueza que le ordena al Gobierno de la Ciudad a utilizar el dinero depositado por la Nación en la cuenta bancaria?.


Creo que los resultados de la reunión no tuvo avances significativos. Sí es importante que se haya realizado y que haya un sistema de transporte integrado entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Ahora, en relación a los problemas de fondo, no se resolvió nada. El avance lo dió la Jueza, al obligar al Gobierno porteño a usar esos fondos depositados. Según tengo entendido, ya los retiró. Ese dinero es muy importante, porque va destinado a arreglos de los subtes y a salarios. Pero el retiro del dinero lo resolvió la Jueza, no es resultado de la reunión del Ente.
Yo no veo voluntad de Macri de hacerse cargo de los subtes. En estas condiciones, si el Gobierno de la Ciudad no asume su responsabilidad, va a continuar así hasta diciembre, fecha en que el Gobierno Nacional va a girar fondos. Si fuera así, vamos inevitablemente a un nuevo conflicto.

El voto joven

Incorporar la franja etaria de 16/17 a la vida cívica obteniendo el derecho al voto es un proyecto que ya tiene sus años, y que vuelve a reaparecer. En realidad, más allá de especulaciones políticas o conjeturas electorales, el proyecto tiene una resonancia epocal innegable. La relación de la juventud con la sociedad se ha modificado en el mundo, con mayor aceleración en Occidente, al punto de convertirse en una subcultura con identidad propia.

Por: Ricardo Rouvier

La sociabilidad que hoy fluye con mayor caudal en las sociedades modernas se realiza, entre otras, en una cultura joven que mantiene con mucha riqueza y externalización sus propios contenidos. La incesante red comunicacional apunta a receptores cada vez más jóvenes; y el nivel de información que tiene hoy un menor a 18 años, por su destreza con la aparatología de comunicación, lo pone en situación de paridad o superioridad con respecto a los mayores. La publicidad, la moda, la indumentaria, la industria cultural lo tienen como blanco.
La psicología evolutiva que se ocupa de los procesos de maduración debe actualizarse constantemente, porque la dinámica social modifica las escalas anteriores. Las responsabilidades sociales son asumidas con anterioridad a los 18, y el tiempo que vivimos, caracterizado por la técnica, es dominado por los jóvenes mucho más hábilmente que por los adultos.

La relación actual entre edad y política ha cambiado con respecto a la década de los '90. En aquella época, el modelo juvenil era difundido y multiplicado por los medios, que endiosaban a un emprendedor que miraba a un futuro luminoso guiado por las hegemonías.
El primer escalón en la sociología electoral entre los 18 a 25 años mostraba hasta el 2003 la abstención ante la problemática política y a la hora de sufragar. Su distanciamiento era también la brecha con una sociedad que no los comprendía y que los convertía en sospechosos por ser jóvenes.
El kirchnerismo modificó la pirámide de edades en su compromiso y adhesión política, pasando del desencanto y la indiferencia al interés y el compromiso. Se ensanchó el espacio público con el resurgimiento de un sentido que se había perdido, un sentido que para los jóvenes significa en algún punto la continuidad de un sueño emancipatorio, en tiempos de paz y democracia.
¿Por qué no va a tener derecho a votar un menor al que ya se le exige estudiar y/o trabajar? Y que si estudia, puede defender sus derechos de estudiante; y si trabaja, sus derechos laborales. En esas edades es que aparece la militancia como una forma de vida pública de dedicación y servicio. Acaso podríamos decirle: "militá, pero no votás".
A un joven de 16 años, que la sociedad ha decidido que le alcanza la responsabilidad penal, ¿podríamos decirle que no puede elegir legisladores o presidente? Todo indica que tarde o temprano este paso hacia la ampliación ciudadana es cuestión de tiempo, porque ocurrir va a ocurrir. Hay cambios que son inexorables y detenerlos es una forma de conservadorismo y discriminación.

Fuente : Tiempo Argentino

Cómo se desarrolla la Guerra Psicológico-Informativa

Por David Urra

aguila

Hay un refrán que dice “No se puede analizar el presente sin valorar el pasado. No se puede analizar el pasado considerando el presente”. Es por ello que para analizar lo que ocurre en Latinoamérica en el presente debemos remontarnos a lo que paso, en el pasado reciente y sacar las conclusiones necesarias. Este análisis trata precisamente de esto, de como los EE.UU y sus aliados han impuesto sus conveniencias a fuego y mentiras, condenando a nuestros pueblos a vivir bajo sus condiciones, en la más horrenda pobreza moral y material, sentados en una tierra y una cultura generosa.

Pretendemos no hacer la historia de todas las agresiones norteamericanas contra nuestros pueblos latinoamericanos, sólo veremos algunas de ellas y cómo emplearon los métodos, procedimientos y medios de la Guerra Psicológico-Informativa (GPI):

1. 1. Invasión a Cuba 1961 (Bahía de Cochinos), Operación Mangosta.

1. 2. La Guerra de las Malvinas 1982. (Operación XXXX)

1. 3. Invasión a Granada. 1983 (Operación “Destellos de Furia”)

1. 4. Invasión a Panamá. Diciembre 1989-enero 1990. (Operación “Asunto justo”)

1. 5. Invasión a Haití. 1994. (Operación “Defender la democracia”)


Descargar el artículo:

Como-se-desarrolla-la-Guerra-Psicologico-Informativa-DAVID-URRA.pdf

jueves, 30 de agosto de 2012

Recibe Stella Calloni premio periodístico en Argentina

Stella Calloni. Foto: Cubadebate
Stella Calloni. Foto: Cubadebate

Stella Calloni, corresponsal del diario La Jornada en Argentina y colaboradora de Cubadebate, recibió anoche el Premio a la Trayectoria Periodística por sus trabajos en diversos medios de México y América Latina, y por sus investigaciones, entre ellas la Operación Cóndor y un trabajo sobre las agencias de inteligencia de Estados Unidos en Bolivia, al cumplirse ayer 75 años de transmisión ininterrumpida de Radio Nacional Argentina.

Esta radio, bajo la dirección de la periodista María Seoane, vive un momento de cambios democráticos que la colocan como un servicio verdaderamente público, educativo y cultural.

En la ceremonia, a la que concurrió el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, el secretario de Relaciones Parlamentarias de esta jefatura, Óscar González, y el responsable de Radio y Televisión y director de Canal Encuentro, Tristán Bauer, además de diversos personajes de la cultura y la política de Argentina, se entregaron premios sobre periodismo y cultura, entre ellos a la actriz Leonor Manso, a Horacio Verbistky, a Liliana Daunes y otros.

Asimismo el Premio de Honor correspondió al historiador Norberto Galasso, por su vasta obra sobre historia nacional.

Seoane destacó lo actuado los últimos tiempos en la radio, en un trabajo de rescate político-cultural que además ha logrado la Unión de Radios Nacionales del continente y otra tareas de redes a escala latinoamericana, como la transmisión vía web de Voces al Sur.

A su vez, Abal Medina destacó la importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y recordó que estamos cerca del 7 de diciembre, fecha en la que finalmente la norma argentina será igual para todos.

(Con información de La Jornada)

Fuente: Cubadebate

Once: el país de la insensibilidad

Polémicas declaraciones de los familiares de las víctimas de Once. Cómo sigue su lucha y la reunión en la Casa Rosada con la Presidenta.

Foto de La Razón

Casi tres meses atrás, un grupo de familiares de la tragedia de Once denunciaba el robo de las pertenencias personales de sus seres queridos que yacían sin vida en la estación ferroviaria . Se cumplieron seis meses de esa maldita mañana del 22 de febrero de este año y los familiares endurecieron sus críticas expresadas en un duro documento que fue leído por Paolo Menghini y María Luján Rey, padres de Lucas, el 22 de agosto pasado. Mientras tanto, más de 30 familiares de las 51 víctimas –el resto de los familiares aún no pueden salir a manifestarse y a reclamar justicia, agobiados por el dolor- continúan con la campaña “500.000 caras por Justicia”. Superaron las 100 mil fotografías que, gracias a la colaboración de Red Solidaria de Juan Carr para confeccionar las estadísticas, significa que, cada 3 minutos, un argentino se ha fotografiado solidarizándose con el reclamo.

Sin embargo, Elisa Ojeda, tía de Carlos Garbuio, un joven de 31 años que tomaba, todos los días, el tren Sarmiento en Ramos Mejía rumbo a su trabajo en el centro porteño cuando encontró la muerte, no entiende cómo muchos usuarios del ferrocarril se niegan a fotografiarse con el cartel reclamando justicia. “Nos acusan de que nos paga Cristina, otros nos gritan que trabajamos para Macri”, explica Ojeda quien recuerda que, en una oportunidad, en la cancha de River Plate, un hombre que se preparaba para ver el partido de su equipo junto con sus pequeños hijos, la increpó de mala manera gritándole “qué no entendés que no me interesa lo que piden”. Vanesa Toledo, quien perdió a su madre esa calurosa mañana, habla de “un trabajo de hormiga” para convencer a los transeúntes que accedan a solidarizarse con ellos a través de una simple fotografía. Muchos jóvenes, luego de posar ante la cámara, preguntan cómo salieron deliberando si la foto se puede guardar o no: “Si salí mal, borrala”. Algunos fotografiados parecen salidos de una película de Quentin Tarantino por sus diálogos absurdos y frívolos en medio de la tragedia.

Reuniones en Casa Rosada

Zulma Ojeda, madre de Carlos Garbuio, fue el primer familiar que fue recibido por la Presidenta. No fue casual. Ella había declarado en el programa televisivo AM que “Cristina debería imaginar qué sentiría si el que estuviese enterrando fuese Máximo”. Inmediatamente recibió cinco llamadas de Oscar Parrilli, secretario presidencial, para entrevistarse con ella. El diálogo de una hora y media fue cordial pero, con el tiempo, algunos familiares se preguntan si la invitación no fue una forma de apriete, de silenciar las opiniones más duras contra la embestidura presidencial. Zulma sólo se animó a relatar ese encuentro, ante los medios, seis meses después. Su hermana lo había contado meses antes ante este medio.

Juan Carlos Alonso tiene 74 años, sufrió dos ACV en los últimos tiempos y quiere sacarse “el veneno y el odio que tengo adentro” luego de más de seis meses de guardar silencio. Trabajó hasta 1978 en los talleres ferroviarios de Villa Luro, estación en la que su hijo mayor de 41 años se tomaba el tren rumbo al centro porteño como de costumbre. Descree de las promesas del soterramiento y está convencido que “esto terminará en la nada”. Paradojas del destino, su hijo trabajó con el ex secretario de transporte de la Nación, el multidenunciado Ricardo Jaime, en los inicios de la sospechada empresa aeronaútica Southern Winds, que ganó fama internacional por el transporte de valijas con cocaína en los comienzos del kirchnerismo. Alonso también estuvo reunido con la Presidenta en Casa Rosada. Allí le sugirió que cambiase el nombre de algunos de sus funcionarios y que nombrar al abogado Alejandro Ramos al frente de la secretaría de transporte, no era lo correcto. A Cristina el comentario le molestó y se lo hizo saber. Otro familiar le preguntó, inocentemente, por qué no estatizaban los ferrocarriles: “Porque no se puede. No hay plata para eso”.

Fuente : Plaza de mayo

“Arreglar el transporte es una decisión política”

“Arreglar el transporte es una decisión política”

El transporte en la Argentina ha mostrado en este último tiempo uno de sus momentos más críticos. En el caso nacional, el transporte tanto de pasajeros como de mercancías estuvo estrechamente ligado desde un comienzo a los ferrocarriles hasta la llegada de las privatizaciones del 90 que lograron que se perdieran casi 44.000 kilómetros de vías, cientos de servicios y que se destruyera un sistema que había sido uno de los motores de desarrollo del país.

Con la pérdida del ferrocarril estatal se vieron beneficiadas nuevas empresas que comenzaron a desarrollar una relación con el Estado cada vez más “parasitaria” lo que generó que en la actualidad, a pesar de los miles de millones que se destinaron a subsidios para el transporte, el sistema este colapsado y al borde de una nueva tragedia. Para poder explicar mejor esta situación Marcha dialogó con dos referentes del transporte. En primer lugar, escuchamos la voz de Juan Carlos Cena, uno de los fundadores del Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos (MoNaReFa). Cena es ferroviario desde los 12 años, fue delegado sindical y secretario General de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. Estuvo en 1991 combatiendo contra las privatizaciones de los trenes, pero su lucha y la de miles de trabajadores no logró frenar la voracidad neoliberal de la época. Hoy se dedica al estudio para la recuperación de los ferrocarriles.

El caso ferroviario.

“Arreglar el transporte argentino es una decisión política. No hace falta tener un gobierno revolucionario para mejorar el transporte, sino que hay que tener voluntad política” dijo Juan Carlos Cena. Así comenzó el diálogo sobre cómo, y si es posible, solucionar los problemas de transporte. “Hay que hacer políticas de Estado para el transporte, más allá de cada gobierno, que trascienda los gobiernos que se suceden como pasó por ejemplo en el caso español.”

En el caso de Argentina, no existe una política integral de transporte, basta con ver que existen sólo dos universidades que se dedican, por ejemplo, al transporte ferroviario (la Universidad de Quilmes y la de San Martín). Lo problemático de esta cuestión, explica Cena, es que los mismos cuadros técnicos que estuvieron al frente de las privatizaciones de los 90 son los que hoy enseñan en las universidades o están administrando los servicios públicos de transporte, como el caso de los Cirigliano y Romero por ejemplo.

Desde el lado de la industria sucede lo mismo. ¿Cómo hacer para reactivar la industria ferroviaria, si para comprar vías hay que hacerlo en Polonia y para las ruedas en República Checa? Las privatizaciones en los trenes también significaron la pérdida de industrias siderúrgicas muy importantes, como el caso Somisa. Roberto Pianelli, dirigente sindical del subte decía al respecto. “A veces pienso que lo primero que hay que recuperar es la industria siderúrgica, la industria ferroviaria. Comprar un tren a un millón y medio de dólares es una barbaridad, cuando acá hubo una industria ferroviaria bastante importante. Hoy la diferencia es increíble. Los trenes que hay en Europa y EE.UU no tienen relación con los trenes de más de 40 años que tenemos nosotros.”

¿Qué se refacciona en el Sarmiento?

En la edición de ayer del diario Clarín se editó un especial sobre las falencias en el tren Sarmiento, poniendo en cuestión de qué tipo de obras se está hablando con los anuncios que realizó hace unas semanas el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Según informó en su momento, se iba a destinar una partida extrapresupuestaria de 800 millones de pesos para refaccionar el Sarmiento. Las obras comenzaron hace dos semanas con cancelaciones de los servicios desde las 22 hasta las 4 horas durante la semana y con la suspensión total de los ramales de Once a Moreno los domingos. Según indican los datos proporcionados por el Ministerio del Interior y Transporte se han girado en materia de subsidios más de 2.500 millones de pesos a las distintas líneas de trenes (Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín, Urquiza, Mitre y Sarmiento), a las últimas dos líneas ahora administradas por la Unidad de Gestión Operativas del Mitre y el Sarmiento (UGOMS), luego de la quita de la concesión a TBA, se han destinado subsidios por 530 millones de pesos. A esa suma se le deberían sumar los 800 millones que anunció Randazzo, por lo que da un total de casi 1.300 millones, una cifra que representa casi la mitad del total de los subsidios a todas las líneas juntas.

Sobre esta situación se le consultó a Juan Carlos Cena si con toda la inversión que representan estos números existe la posibilidad real de que el ferrocarril mejore, a lo que contestó: “No sabemos qué partidas se destinan a que cosa. Muchas cosas parecen irreales, sí están sacando trenes, y están arreglando los pasos a niveles. Cuando se arreglaban las vías de noche, se utilizaban las vías de escape, pero ahora ni esas vías quedan, han sido anuladas porque el concesionario nunca invirtió un solo peso. Nunca se paró el tren para arreglar las vías. Sin meterse muy adentro en los números que antes describimos Cena explicó que no se detalla cómo se está cotizando el kilómetro de vía, “en el mercado sale 260/270 mil dólares. Ellos lo están comprando a 600/700 mil dólares el kilómetro. Cómo la compran, de dónde la traen, no se sabe, no llamaron a licitación para el cambio de vías, ni para el arreglo ni para nada” concluyó el ferroviario.

El caso del subte

Por otro lado, también se consultó a Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP). El subterráneo de Buenos Aires vivió unas semanas atrás un hecho histórico generado por un conflicto en el traspaso del servicio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Con el contrato de concesión de Metrovías en el medio de la disputa, la empresa del Grupo Roggio (Metrovías) dejó de recibir los subsidios que por años utilizó para hacer funcionar el servicio, de esta manera no sólo no realizó la paritaria salarial con sus trabajadores, sino que además quitó formaciones al servicio por falta de mantenimiento ante la falta de dinero para la compra de materiales. Para solucionar este conflicto tuvo que intervenir la Justicia porteña, y una vez que los Metrodelegados acordaron con la empresa mejoras laborales no remunerativas, el servicio se reanudó. La incógnita que se abre de acá en adelante es, que sucederá si efectivamente el gobierno de la ciudad se hace cargo del sutbe. Este año, el gobierno nacional destinó la mitad de los subsidios que pagaba a Metrovías como parte del “Acta Acuerdo de Traspaso del Subterráneo”, esos fondos fueron retirados por la Ciudad en estos días y servirían para destrabar el conflicto con los trabajadores. Esos subsidios que destina la Nación serán depositados hasta diciembre, por lo que se vislumbra un posible conflicto a no más de seis meses de este histórico paro.

¿Quién se tiene que hacer cargo del subte?, le preguntamos a Pianelli, quien analizó: “Primero que nada, el Estado tiene que tomar en sus manos el control monopólico del transporte. En todos los lugares donde estuve, por ejemplo en España, los colectivos, metro y trenes los tiene la misma empresa. Lo que tenemos que discutir y pensar entre todos es cómo mejorar el servicio. Claro que no todo es lo mismo, habrá que saber trabajar con las diferentes administraciones". En esta propuesta de Pianelli se vislumbra alguna de las atribuciones que debería tomar la Agencia Metropolitana de Transporte que integran la Nación, provincia y la ciudad y que volvió a reunirse el lunes pasado. “Podrían hacerse trazados que combinen subtes, trenes y micros y le den conectividad a todo el transporte metropolitano, pero vemos que si no hay una política pensado desde una óptica general esto no va a poder realizarse” culminó el dirigente sindical.

Fuente: Marcha Enlace

miércoles, 29 de agosto de 2012

Las últimas trincheras

Por Boaventura de Sousa Santos *

¿Quién podría haber imaginado hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue a través de la defensa de esos derechos que consiguieron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que el poder, una vez conquistado, vire tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon por encumbrar ese poder? ¿Por qué razón, siendo el poder de las mayorías más pobres, es ejercido en favor de las minorías más ricas? ¿Por qué es que, en este aspecto, es cada vez es más difícil distinguir entre los países del Norte y los países del Sur?

Los hechos

En los últimos años, los partidos socialistas de varios países europeos (Grecia, Portugal y España) mostraron que podían cuidar tan bien los intereses de los acreedores y los especuladores internacionales como cualquier partido de derecha, haciendo aparecer como algo normal que los derechos de los trabajadores fuesen expuestos a la cotización de las Bolsas de Valores y, por lo tanto, devorados por ellos. En Sudáfrica, la policía al servicio del gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC), que luchó contra el apartheid en nombre de las mayorías negras, mata a 34 mineros en huelga para defender los intereses de una empresa minera inglesa. Cerca de allí, en Mozambique, el gobierno del Frente de Liberación (Frelimo), que condujo la lucha contra el colonialismo portugués, atrae la inversión de empresas extractivistas con la exención de impuestos y la oferta de docilidad (por las buenas o por las malas) de las poblaciones que están siendo afectadas por la minería a cielo abierto. En la India, el gobierno del Partido del Congreso, que luchó contra el colonialismo inglés, concede tierras a empresas nacionales y extranjeras y ordena la expulsión de miles y miles de campesinos pobres, destruyendo sus medios de subsistencia y provocando un enfrentamiento armado. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento indígena, impone sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas la construcción de una ruta en territorio indígena (Parque Nacional Tipnis) para explotar recursos naturales. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, que con coraje concede asilo político a Julian Assange, acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no garantizar los derechos del pueblo indígena Sarayaku, en lucha contra la exploración petrolera en sus territorios. Ya en mayo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado a Ecuador medidas cautelares en favor del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas.

En 2011, la CIDH le solicitó a Brasil, mediante una medida cautelar, que suspendiera inmediatamente la construcción de la represa de Belo Monte (que, de completarse, será la tercera más grande del mundo) hasta que fueran adecuadamente consultados los pueblos indígenas afectados. Brasil protestó contra la decisión, retiró a su embajador en la OEA y suspendió el pago de su cuota anual en la organización, retiró a su candidato a la CIDH y tomó la iniciativa de crear un grupo de trabajo para proponer una reforma de la Comisión, en el sentido de disminuir sus poderes para cuestionar a los gobiernos respecto de violaciones a los derechos humanos. Curiosamente, la suspensión de la construcción de la represa acaba de ser resuelta por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (Brasilia), por la falta de estudios de impacto ambiental.

Los riesgos

Para responder las preguntas con que comencé esta crónica, veamos lo que comparten todos estos casos. Todas estas violaciones a los derechos humanos están relacionadas con el neoliberalismo, la versión más antisocial del capitalismo en los últimos 50 años. En el Norte, el neoliberalismo impone la austeridad a las grandes mayorías y el rescate de los banqueros, sustituyendo la protección social de los ciudadanos por la protección social del capital financiero. En el Sur, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser sólo tierra y las poblaciones que los habitan, obstáculos al desarrollo que es necesario remover cuanto más rápido mejor. (Justamente ayer en una clase tomabamos el ejemplo de los rociados cerca de las ciudades con glifosato como el caso de las madres de ituzaingo , bueno claramente para el capitalismo en ese caso la ciudad es un obstaculo para el productor de soja y sus ganancias , si atraves del rociado logra erradicar la ciudad ppuede extender el canmpo y su rentabilidad , vivimos en ese sistema economico , nos convencemos idilicamente de que a un empresario le puede interesar la gente , si le interesa que la gente que le vende su fuerza de trabajo siga trabajando para ellos son agotarse pero pagandoles lo menos posible para su reproducción y que no vengan a joder con reclamos de derechos ) , Para el capitalismo extractivista, la única regulación verdaderamente aceptable es la autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la corrupción de los gobiernos. Honduras ofrece en este momento uno de los ejemplos más extremos de autorregulación de la actividad minera, donde todo queda entre la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial y la embajada de Canadá. Sí, Canadá, que hace 20 años parecía una fuerza benévola en las relaciones internacionales y hoy es uno de los más agresivos promotores del imperialismo minero.

Cuando la democracia concluya que no es compatible con este tipo de capitalismo y decida resistírsele, quizá sea demasiado tarde.
Puede que, entre tanto, el capitalismo haya concluido que la democracia no es compatible con él.

¿Qué hacer?

Al contrario de lo que pretende el neoliberalismo, el mundo sólo es lo que es porque nosotros queremos. Puede ser de otra manera, si nos lo proponemos. La situación actual es tan grave que es necesario tomar medidas urgentes, aunque sea pequeños pasos. Esas medidas varían de país a país y de continente a continente, pese a que es indispensable articularlas cuando sea posible. En el continente americano la medida más urgente es trabar el avance de la reforma de la CIDH. En esa reforma están siendo particularmente activos países con los que soy solidario en múltiples aspectos de sus gobiernos: Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero en el caso de la reforma de la CIDH estoy firmemente del lado de los que luchan contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del estatuto actual de la Comisión. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha que más han hostilizado al sistema interamericano de derechos humanos, como el caso de Colombia, asistan deleitados al servicio que, objetivamente, les están prestando los gobiernos progresistas.

Mi primer llamado es a los gobiernos de Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina para que abandonen el proyecto de reforma. Y especialmente a Brasil, debido a la influencia que tiene en la región. Si tienen una mirada política de largo plazo, no les será difícil concluir que serán ellos y las fuerzas sociales que los han apoyado quienes, en el futuro, más podrían beneficiarse con el prestigio y la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos. Por cierto, la Argentina debe a la CIDH y a la Corte la doctrina que permitió llevar a la Justicia los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, que con sumo acierto se convirtió en bandera de los gobiernos de los Kirchner en sus políticas de derechos humanos.

Pero, como la ceguera del corto plazo puede prevalecer, llamo también a todos los militantes de derechos humanos del continente y a todas las organizaciones y los movimientos sociales –que vuelcan en el Foro Social Mundial y en la lucha contra el ALCA la fuerza de la esperanza organizada– a unirse para enfrentar la reforma de la CIDH que está en curso. Sabemos que el sistema interamericano de derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos porque los dos países más poderosos de la región (Estados Unidos y Canadá) ni siquiera firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También sabemos que, en el pasado, tanto la Comisión como la Corte revelaron debilidades y selectividades políticamente sesgadas. Pero también sabemos que el sistema y sus instituciones se han fortalecido, actuando con mayor independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con la que han condenado numerosas violaciones a los derechos humanos: desde los años ’70 y ’80, cuando la Comisión llevó a cabo misiones en países como Chile, Argentina y Guatemala, y publicó informes denunciando los crímenes cometidos por las dictaduras militares, hasta las misiones y denuncias después del golpe de Estado en Honduras en 2009; para no mencionar las reiteradas solicitudes para que se clausure el centro de detención de Guantánamo. A su vez, la reciente decisión de la Corte en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku versus Ecuador”, del 27 de julio pasado, marca un hito histórico para el derecho internacional, no sólo a nivel continental, sino también mundial. Tal como la sentencia en el caso “Atala Riffo y niñas versus Chile”, sobre discriminación por razones de orientación sexual. ¿Y cómo olvidar la intervención de la CIDH sobre la violencia doméstica en Brasil, que condujo a la promulgación de la Ley Maria da Penha?

Los dados están echados. A espaldas de la CIDH y con fuertes limitaciones a la participación de los organismos de derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara una serie de recomendaciones para buscar su aprobación en la Asamblea General Extraordinaria, a más tardar en marzo de 2013 (hasta el 30 de septiembre los Estados presentarán sus propuestas). Por lo que se sabe, todas las recomendaciones apuntan a limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados por violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo: dedicar más recursos a la promoción de los derechos humanos y menos a la investigación de las violaciones; acortar los plazos de investigación para que se vuelva imposible realizar análisis cuidadosos; eliminar del informe anual la referencia a países cuya situación en materia de derechos humanos merezca una atención especial; limitar la emisión y la extensión de las medidas cautelares; terminar con el informe anual sobre libertad de expresión; impedir pronunciamientos sobre violaciones que parecen inminentes pero que aún no se han concretado.

A los militantes por los derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados por el futuro de la democracia en el continente les toca ahora detener este proceso.

* Doctor en Sociología del Derecho.

El texto corresponde a la “Octava carta a las izquierdas” del autor.

Traducción: Javier Lorca.

Fuente: Página 12

La ciudad atrasa cien años

La ciudad atrasa cien años

Por Julia de Titto.

Ayer, a raíz de las internas del Pro, se suspendió la sesión de la comisión de Salud de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que iba a discutir proyectos de protocolo sobre aborto no punible en concordancia con el fallo de la corte suprema de justicia, que ratifica la legalidad de los casos de interrupción del embarazo en mujeres que hayan sido violadas.

Con varios proyectos para reglamentar el acceso a los abortos no punibles (ANP) en la mesa de discusión, a última hora del lunes se suspendió la comisión de Salud en la legislatura que iba a tratarlos. El revuelo se armó cuando la representante del Pro, Victoria Morales Gorleri, proveniente de un ala ultra católica, presentó por sorpresa un proyecto de protocolo que iba en sentido contrario al último fallo de la corte suprema de justicia y el resto de los proyectos presentados.

El bloque del Pro cuenta con “libertad de conciencia” respecto de este tema. Lo presentado por Morales Gorleri no solo contradecía los distintos proyectos de la oposición porteña sino también uno elaborado por las macristas Carmen Polledo y Lía Rueda. Vale recordar que los abortos no punibles son aquellos casos donde la interrupción del embarazo es legal en la Argentina, según dicta el código penal, sancionado en 1921. Es decir, aquellos embarazos producto de una violación o si pone en riesgo la vida o salud de la madre.

El fallo de la corte suprema de marzo de este año, ratificó esta lectura amplia del código penal y exhortó a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires explícitamente a elaborar protocolos de atención a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo en estas circunstancias.

El punto de discordia entre los proyectos es centralmente cómo el sistema de salud puede saber qué mujeres están embarazadas producto de una violación. Las propuestas más progresivas, y que se apoyan en el fallo de la corte, afirman que con una declaración jurada de la mujer, es suficiente. Y en el caso de ser menor de edad, con consentimiento de madre, padre o responsable legal. La iniciativa del sector que encabeza Morales Gorleri y que respalda, entre otros, el rabino Sergio Bergman, plantea la obligatoriedad de presentar una denuncia policial sobre la violación para que luego que intervenga la justicia se determine si fue tal. De esta forma, que es como sucede en la actualidad en la mayoría del país, la lentitud de los procedimientos judiciales, implica una gran demora en la interrupción del embarazo, impidiendo en muchos casos que se realice, y sometiendo a las mujeres a otra forma de violencia institucional.

El proyecto de la diputada macrista es, según Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, “un absurdo”, porque el mismo afirma que “mediante la denuncia penal se impide que haya nuevas violaciones”.

María José Lubertino, legisladora de la ciudad por el bloque kirchnerista, al ser consultada por Marcha sobre este tema, definió a la interna del Pro: “es lo mismo de siempre en la derecha, un grupo integrista católico y uno liberal”. Y explicó que “la obediencia debida respecto de la Iglesia católica divide al Pro. En este caso que avanzamos 31 votos de la oposición juntos, los pone en una disyuntiva seria”

Schvartzman, por su parte, fue enfática en lo urgente que se resuelva el tema: “Estamos hablando de aborto no punible, de cumplir con las leyes existentes, con la interpretación de la corte suprema en concordancia con los tratados internacionales incorporados a la constitución nacional, con las recomendaciones de los organismos internacionales de salud, etc. Se están violando todas las recomendaciones y se está incumpliendo con la Constitución”. Y agregó que lo que tiene que quedar claro es que se está inhabilitando la oportunidad de dar el debate: “Una vez más el cuerpo de las mujeres es una materia de negociación. Pensábamos que hoy [por ayer] se iba a discutir con más seguridad, con más posibilidades de que llegue al final y nuevamente se suspende el debate”. Ennumeró, a su vez, todas las ocasiones en las que la discusión sobre la reglamentación viene siendo obstruida por el macrismo desde su primer mandato en la jefatura de gobierno.

“Lo que falta es decisión política”, concluyó Schvartzman al ser consultada sobre por qué no se acompaña la visión propuesta por la corte suprema desde el poder ejecutivo de la ciudad. Esto podría resolverse como una simple decisión administrativa del ministerio de Salud de la Ciudad, que indicara adhesión al fallo de la corte y a la guía técnica de atención de aborto no punible del ministerio de Salud de la Nación. Esta no posee carácter de resolución ministerial, lo que obligaría a las provincias y la ciudad a cumplirla, cosa que también es un reclamo de la Campaña.

La integrante de la Campaña, concluyó analizando que la necesidad de los debates legislativos es imperiosa: “Es un derecho universal de acceso a la salud lo que se está impidiendo. Con regular la atención de los abortos no punibles no se está modificando ninguna ley nacional, no se está modificando el código penal, solamente se está exhortando a que se cumplan las leyes existentes”.

Fuente: Marcha Enlace

martes, 28 de agosto de 2012

¿Y dónde está Schumpeter?

Por P. Manzanelli y M. Schorr*
Cuestión depeso. Unas 300 firmas extranjeras explican el 75% del valor de la producción nacional.

La elite económica está lejos de apostar a la innovación tecnológica. Reticencia inversora, extranjerización, concentración y ganancias extraordinarias, entre los condicionantes estructurales que afronta el país.

En distintos círculos heterodoxos de la Argentina se suele debatir si la concentración económica es buena o mala. La primera postura está asociada a ciertas tendencias inherentes al modo de producción capitalista, que en forma muy simple se podrían resumir así: las empresas oligopólicas persiguen aumentar su productividad para alcanzar un precio de producción inferior al promedio del mercado en el que operan y ganar posiciones en ellos, maximizando su tasa de ganancia. El medio para ello es lo que se conoce como inversión “schumpeteriana”, por el economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter, quien pone el acento en las innovaciones tecnológicas que hacen posibles las ganancias extraordinarias de las que se apropian las empresas. Así, el efecto positivo radicaría en que estos actores estarían promoviendo un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, que luego serían adoptadas por los capitales “menos eficientes” y apropiadas por el conjunto de la sociedad.
Por lo general, estos planteos no reparan en las características que asume el proceso de concentración a escala nacional, en particular sobre ciertas constantes de la elite económica local: su escasa vocación por alcanzar rentas tecnológicas y su “reticencia inversora” del gran empresariado. Ello no implica reconocer que la concentración sea buena o mala, pero sí identificar su patrón de comportamiento en la economía argentina y sus efectos perniciosos sobre variables de indudable importancia económica: inflación, inversión, distribución del ingreso, cuentas externas y fiscales, etc.

Concentración económica.

La salida de la convertibilidad dejó una estructura productiva fuertemente concentrada y con un avance notable del capital extranjero en el núcleo de poder. Si bien las 500 empresas de mayor tamaño del país explicaban en 1993 el 20% del valor de producción nacional, ese peso ascendió al 23% en 2001 y, tras la megadevaluación de 2002, se elevó hasta el 30%. En la posconvertibilidad, este fenómeno, lejos de revertirse, se afianzó: en 2010 las 500 compañías más grandes representaron más del 32% del valor de producción del país.

Los formadores de precios.

En este escenario no debería llamar la atención que en el profundo reacomodamiento de los precios relativos tras la devaluación de 2002, los oligopolios líderes hayan subido los precios por encima del resto. De allí que los precios mayoristas de las actividades donde prevalecen estructuras de oferta altamente concentradas muestren variaciones de precios por encima de la media. Es el caso de la industria siderúrgica, la de aluminio primario, la celulósica-papelera, la elaboradora de vidrio plano y de envases de vidrio, la refinación de petróleo, la automotriz, la producción de neumáticos, la petroquímica, la aceitera, la azucarera, la industria cervecera, la de golosinas y, muy vinculado con las cotizaciones internacionales, los minerales metalíferos y los hidrocarburos.
De ello se sigue que el desempeño de estos actores al calor de variadas acciones y omisiones estatales se convierte en uno de los principales factores explicativos del proceso inflacionario. Pero también sugiere que en la última década ha tenido lugar una profunda transferencia de excedentes a favor de las grandes corporaciones, lo cual retroalimenta tres tendencias de la posconvertibilidad que refuerzan legados críticos del neoliberalismo: la concentración económica, la extranjerización y la ausencia de un cambio estructural en el perfil de especialización productiva y de la inserción internacional del país.

¿Quiénes ganan?

Si hay un consenso bastante generalizado es que las ganancias han aumentado mucho en la posconvertibilidad. Ello tiene como razón principal la abrupta caída del costo laboral tras la maxidevaluación en 2002 y los rendimientos de la productividad del trabajo que compensaron, en una medida no desdeñable, la recuperación posterior del costo salarial (aún muy atrasado en términos históricos). Esto posibilitó el incremento de la participación de los beneficios en el producto en niveles extraordinarios, muy superiores a los elevados registros de la década de 1990. Y además, debido a la franca expansión económica, de la masa de los beneficios apropiados por el capital.
En el período 2002-2010, el volumen de los beneficios brutos apropiados por el conjunto de los empresarios fue un 83% mayor que en los noventa. Pero, ¿quién se apropia de tales ganancias extraordinarias? El aumento de la concentración económica durante la posconvertibilidad conllevó un incremento notable de la porción de los beneficios que se apropiaron las 500 empresas de mayor tamaño. A tal punto que pasaron de internalizar el 12% de los beneficios brutos en la convertibilidad a apropiarse el 20% en la posconvertibilidad.
Lo peculiar es que, tras una caída relativa de su más que elevada participación en el excedente en 2007 y 2008, las 500 firmas más grandes retomaron la senda de apropiación de los beneficios por encima del “resto de la economía” en 2009 y 2010, hasta alcanzar más del 21% del excedente bruto total del país en el último año. Este es el escenario en que se inscribe el actual proceso inflacionario, la puja distributiva, los recurrentes reclamos del poder económico ante las subas salariales y sus planteos de atarlas al comportamiento de la productividad y/o recuperar ciertos ejes de la política laboral bajo el neoliberalismo.

Reticencia inversora.

Esas ganancias extraordinarias internalizadas por las grandes corporaciones no fueron destinadas, en una medida proporcional, a la ampliación de la capacidad productiva. Si bien la cúpula empresaria reforzó su incidencia en los beneficios y en el conjunto de la economía doméstica, su peso relativo en la inversión bruta nacional cayó del 23% al 17% entre la convertibilidad y la posconvertibilidad (incluso con una tendencia decreciente en este último período).
Es decir que la elite económica local se encuentra lejos de manifestar un comportamiento típicamente “schumpeteriano”. Por el contrario, su actitud es pasible de ser calificada como de reticencia inversora: su inversión estuvo en todo el período de la posconvertibilidad muy por debajo de sus ganancias. ¿A qué se debe esta conducta de las grandes corporaciones? Entre otros factores, ello podría estar asociado a:
El elevado grado de concentración económica, dado que los oligopolios no necesitan ampliar significativamente la capacidad productiva para ganar posiciones en sus mercados, en los que tienen elevadas barreras al ingreso.
La fuerte extranjerización de la cúpula empresaria, puesto que sus estrategias globales no necesariamente coinciden con el contexto local (el vaciamiento productivo y económico-financiero de YPF bajo control de Repsol es un buen ejemplo).
Los efectos “no deseados” de la promoción industrial, dado que los beneficios a las inversiones, que igualmente se hubieran realizado por el escenario doméstico e internacional, aumentan la masa de ganancias y no la inversión.

Extranjerización.

La elevada y creciente concentración económica se desarrolló en el marco de un intenso proceso de extranjerización de la cúpula empresaria. Basta mencionar que las 282 corporaciones extranjeras del panel de las 500 firmas líderes explican, en la actualidad, las tres cuartas partes del valor de producción. Más del doble de lo que representaban las 161 empresas foráneas que había en 1993.
Por su relación con la reticencia inversora, cabe apuntar que entre 2005 y 2010 la distribución de dividendos alcanzó el 61% de las utilidades generadas por la IED. Ello no sólo trajo aparejado limitaciones para el desarrollo potencial de la economía doméstica, sino que afectó significativamente la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y, al articularse con otros procesos asociados a ciertos sesgos de la intervención estatal, colocó al país nuevamente en un escenario de cuasi restricción externa.

Sintonía fina.

Por sus múltiples repercusiones sobre diferentes variables económicas, la concentración y la extranjerización constituyen problemas estructurales y un serio escollo al desarrollo de la Argentina. Ante la manifestación de varios “cuellos de botella” (crisis energética y del sector externo), el Gobierno avanzó trastocando ciertos intereses del gran capital (nueva política hidrocarburífera, negociación con transnacionales para la reinversión de utilidades, etc.). La eventual “normalización” de estas cuestiones, si bien sería un gran paso, no debería soslayar la necesidad de atacar las causas de fondo de muchos de los condicionantes estructurales que afronta el país: inflación elevada, restricción externa, estructura industrial trunca, inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial, etc. Pero no se puede desconocer que existen factores que dificultan sobremanera avanzar en ese sentido. Por ejemplo, sigue vigente la Ley de IED de la última dictadura y no se ha encarado la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión (de los 58 TBI suscriptos en los noventa, 55 han sido ratificados en la última década).

*Investigadores de Flacso.

Después de leer esto que hago ? Encima vengo de una clase de un curso de formaciòn sindical que estoy haciendo donde se vio claro el proceso de genesis del actual sistema capitalista desde el feudalismo y como las bases desde la propioa libertad reclamada en 1789 en Paris siguen intactos en toda su dimención actualmente somos libres , libres de vendernos para que usen nuestra fuerza de trabajo y obtengan mas rentabilidad del capital a costa de nuestro trabajo , libres de vernder nuestra fuerza viva la libertad :( , en el feudalismo al menos teniamos la tierra para autobastecernos y pagarle al señor feudal por el cuidado de nuestros intereses , pero claro ahora si somos libres , por eso vamos todos los días a laburar para que se la lleven y nos paguen para que la fuerza no se desgaste y pueda reproducir la plusvalia esperada y que luego digan que somos molestos por reclamar .

Fuente : Miradas al Sur

La compleja epopeya de conseguir fueros

Mauricio Macri y el juicio político

El jefe de gobierno sabe que la causa en la que está imputado lo expondrá a un duro momento.

Por: Gabriela Cerruti

Mauricio Macri es obvio, y no le importa. Tan convencido está de que el cerco mediático que supo construir lo protegerá, que lanzó su campaña en busca de fueros unas horas después de que el fiscal pidió la elevación a juicio oral de la causa por las escuchas. La supuesta campaña de Macri para posicionarse como líder de la oposición en el año próximo, no es una gesta épica, es un bochorno.

Digámoslo claro: Macri no busca defender la república, sólo está intentando no ir preso.
El jefe de gobierno sabe que la causa en la que está imputado por abuso de autoridad, organización de una asociación ilícita y mal uso de los recursos públicos lo expondrá a un duro momento en el juicio oral que, por más que intenten dilatar, deberá comenzar en los próximos meses.
Es una causa en la cual la cantidad de prueba y testimonio reunido ha llevado a un juez federal a dictar el procesamiento, a la Cámara Federal a confirmarlo en dos oportunidades, al Tribunal de Casación a rechazar sus recursos de dilación y al fiscal a pedir la elevación a juicio oral.

Resulta insólito escuchar a quienes tratan de equiparar esta investigación y el nivel de avance sobre la responsabilidad del jefe de gobierno en esta causa que llevó a dictar todas esas medidas judiciales, con investigaciones periodísticas o judiciales en las que aún no han sido ni siquiera citados los funcionarios pero que actúan en base a condenas mediáticas.
El propio Macri y sus estrategas judiciales saben de las complicaciones que se avecinan, y por eso planificaron la posibilidad de lanzarlo como candidato el año próximo con un discurso épico hablando contra la eventual reforma constitucional pero escondiendo en realidad la única intención de conseguir fueros para zafar de la condena judicial en caso de que llegara.
Las dos noticias aparecieron hoy en los diarios, con unas páginas de diferencia, sin que nadie se preocupara por unirlas.
Sabe bien que esta vez no cuenta con una Corte Suprema que lo libere de sus responsabilidades, como cuando fue procesado durante el gobierno menemista por el contrabando de autopartes o durante el gobierno de la Alianza por la compra ilegal de videocámaras cuando era presidente de Boca.

También sabe que tanto la investigación de la causa en su período de instrucción como de la comisión investigadora de la Legislatura no deja lugar a dudas con respecto al armado de un sistema ilegal de escuchas telefónicas destinado a investigar y perseguir desde el Estado a sus familiares y sus oponentes políticos por parte de un agente llamado Ciro James que respondía a su jefe de policía, el comisario Fino Palacios.
La Cámara Federal consideró que es "imposible" pensar que esto podía llevarse adelante sin el conocimiento del jefe de gobierno, y esto lo hace responsable al menos de haber desviado recursos del Estado para solventar una asociación ilícita. La discusión en un tribunal oral de esta cuestión no parece depararle momentos agradables.
Más que inventar una epopeya con el único fin de conseguir fueros y zafar una vez más de la justicia, el jefe de gobierno debería pedir licencia y avocarse a preparar su defensa. Porque se lo merece él, como todo ciudadano, y porque se lo merece una ciudad que no puede seguir sufriendo la enorme falla ética de mirar para otro lado cuando tiene un alcalde procesado y a punto de ser juzgado por asociación ilícita y espionaje. «

lunes, 27 de agosto de 2012

Para mantener el nivel de vida actual, haría falta medio planeta más

Por Eduardo Febbro

Desde el pasado 22 de agosto, la Humanidad vive a crédito.
En los primeros ocho meses del año, los seres humanos agotaron la totalidad de los recursos que la Tierra es capaz de producir a lo largo del año. El 22 de agosto se alcanzó lo que la ONG Global Footprint Network (GFN) llama el Global Overshoot Day, es decir, “el día del exceso”.
Desde 2003, esta ONG mide todos los años la huella ecológica del planeta, el cúmulo de recursos y la forma en que los consumimos. En cada informe constata cómo los recursos se agotan con mayor rapidez. La capacidad de regeneración anual del planeta es limitada. Frente a esto, la capacidad de consumo del ser humano parece ilimitada y el planeta no da abasto para cumplir con las exigencias que la Humanidad le impone. Desde la década del ‘70, los seres humanos viven muy por encima de sus medios.
El informe de GFN muestra una aceleración constante del agotamiento de los recursos. En 2012, el Global Overshoot Day se alcanzó 36 días antes que en 2011. La curva hacia abajo es constante. Los cálculos de esta ONG se basan en datos científicos que se articulan en torno de una medida, el hag, la hectárea global mediante la cual se compara la biocapacidad del planeta con el consumo de cada país. El resultado de los estudios es catastrófico: para mantener el nivel de vida actual haría falta medio planeta suplementario.
Los cuatro meses que quedan se vivirán entonces a crédito. Los recursos que se utilizarán de aquí a fines de año corresponden a stocks que no se renuevan. “La hora del balance ha llegado”, dice Global Footprint Network en su informe. Este año, la ONG amplió sus cálculos hacia los últimos 50 años. Entre los años ‘60 y ahora, los recursos planetarios se dividieron por dos, mientras que las necesidades se incrementaron a niveles extraordinarios, al punto de que se consume un 50 por ciento de lo que la Tierra es capaz de producir. La presión que ejercen los siete mil millones de seres humanos no se ha vuelto desproporcionada. Los principales responsables del déficit son las emanaciones de dióxido de carbono y la explotación de los recursos naturales.
“El cambio climático como consecuencia de los gases de efecto invernadero que se emiten más rápido de lo que pueden ser absorbidos por bosques y océanos es la consecuencia más tangible y urgente”, anota la ONG. Pero no es todo. A ello se le agregan “el estrechamiento de los bosques, la pérdida de las especies, el colapso de la pesca, el aumento de los precios de los productos básicos y los disturbios civiles”. El cuadro termina con una conclusión: “Las crisis ambientales y financieras que estamos experimentando son los síntomas de una inminente catástrofe. La Humanidad está simplemente usando más de lo que el planeta puede proveer”.
No todos los países tienen la misma responsabilidad en el desastre. Según Global Footprint Network, Estados Unidos y Brasil alcanzaron antes que nadie el día del exceso, el 26 de marzo y el 6 de julio, respectivamente. Si todo el planeta necesitara los recursos que consumen Estados Unidos y Brasil harían falta 4,16 y 1,9 planetas para satisfacer la demanda. La exigencia sube a más de seis planetas si viviésemos como Qatar.
En cambio, si todos los seres humanos vivieran como la India, nos bastaría con el 49 por ciento de los recursos naturales del planeta. En 2008, la huella ecológica de la Humanidad correspondía a 2,7 hag por habitante para una capacidad real de 1,8 hag. De los 149 países estudiados, 60 son responsables de la deuda ecológica.
Occidente tiene una influencia decisiva en el deterioro planetario. En un país como Francia las necesidades sobrepasan el 70 por ciento de los recursos presentes. La Argentina tiene una biocapacidad de 8 hag y su huella ecológica llega a 2,8 hag. En los años ‘60, la Argentina contaba con casi 14 hag y con una huella ecológica de 4. El informe 2012 revela que entre 1970 y 2008, la biodiversidad planetaria cayó en un 30 por ciento. Según GFN, cada año desaparecen 0,01 por ciento de las especies.
El fundador de la ONG, Mathis Wackernagel, recuerda que “el déficit ecológico se agranda de manera exponencial desde hace 50 años”. Por paradójico que resulte, hay una solución que no es un milagro, sino el mismo desastre. El responsable de la ONG resalta que, “a largo plazo, la recuperación sólo podrá tener éxito si está acompañada de reducciones sistemáticas de nuestra demanda de recursos y servicios a los ecosistemas”. Si eso no ocurre, el desastre se encargará de hacerlo. Mathis Wackernagel estima que la tendencia hacia el megaconsumo de los recursos “cambiará un día de dirección. Sea por el impulso de decisiones, sea por el desastre”.
La cuestión del uso excesivo de los recursos tiene además impactos económicos potentes. Global Footprint Network recuerda que “dado que el déficit de recursos se hace más grande y que los precios de esos recursos son altos, el costo para las naciones será insoportable”. Buena parte de la Humanidad vive a crédito financiero. Entramos en otra etapa: el crédito ecológico.
(Tomado de Página 12, Argentina)

Las aspiraciones de Macri y el juicio por las escuchas

La crisis del sistema político no es una novedad para los lectores de esta columna. La necesidad de refundar un orden capaz de soportar las embestidas de la bancocracia global, constituye el verdadero desafío de la práctica política sudamericana. En rigor de verdad no tiene demasiada consistencia una lectura que separe, con una muralla china, la lógica política mundializada de la que recorre estas pampas.

Por Alejandro Horowicz

Mientras Europa trata de conservar, y no queda claro si lo logrará, el matrimonio entre democracia e irrestricto poder bancario, mientras el recorte aparece como el único instrumento capaz de satisfacer la "demanda de los mercados" y de las instituciones de crédito, mientras una derecha sin matices ejerce su "derecho" a seguir desmontando el welfare state mediante la represión desnuda (En realidad Grecia y España van a salir proximamente de la zona euro , todos los dicen a esta altura , la incompatibilidad de seguir con esa moneda resolvera por lo menos el problema de competitividad en esos países y evitará los ajustes , en Españapodrán empezar a aumentar la demanda aumentando los salarios en Pesetas y en Grecia en los nuevos Dracmas , ojalá se logre cada día mayor regulación y avance la divisioon de los bancos nuevamente como en el New Deal , diferenciando los bancos transaccionales de los bancos de inversión y ojalá el impuesto a las transacciones financieras que Hollade puso en Francia se imponga a todos los países - No hay mal que dure 100 años ni cuerpo o pueblo que lo resista ) , una encuesta vuelve a subrayar la labilidad del orden político local.

El trabajo de Ricardo Rouvier sobre la intención de voto para la presidencia si las elecciones en la Argentina fueran hoy, permite integrar el podio de la voluntad popular. Cristina Fernández encabeza el pelotón seguida a considerable distancia por Daniel Scioli, perseguidos desde lejos por Mauricio Macri. En cuarto lugar Hermes Binner expresa una módica novedad: la pelea por encabezar el Frente Progresista ha concluido, Ricardo Alfonsín es el solitario radical que mide… y mide mal, y Binner por el momento ha logrado estabilizar un espacio con aptitud para un cierto desarrollo electoral. No de caras al 2013, admitamos que esa nunca fue la intención del socialismo de Santa Fe, sino a mediano plazo. Cuando ese horizonte, el mediano plazo, no integra la caja de herramientas de políticos asesorados por "vendedores" de imagen, y menos aun el de la prensa comercial concentrada, que busca y requiere resultado instantáneos. Al tiempo que remite al dato político relevante: es bastante poco probable que Cristina o Mauricio sean candidatos presidenciales para 2015. En todo caso, no serán necesarios pocos cambios en la escena para que tal posibilidad gane sustento real.
En el caso de Cristina el motivo resulta obvio: la Constitución del '94 no permite un tercer mandato. Mauricio enfrenta otra clase de inconveniente. El fiscal a cargo de la causa de las escuchas ilegales solicitó al juez interviniente que la acusación sea elevada a juicio oral y público. En suma, la investigación sobre las escuchas instrumentadas desde la dirección de la Policía Metropolitana ha concluido, y sus responsables deberán sentarse en el banquillo de los acusados.
Sin aventurar el desenlace de los acontecimientos, sin sostener a priori si Macri será o no condenado, conviene recordar que en las anteriores elecciones de medio tiempo el PRO soportó la proximidad de las huestes de Pino Solanas. Es evidente, el juicio impactará en el resultado de los comicios. Vale la pena considerar el cómo. Una fuerza nucleada en derredor de una jefatura personal, no puede evitar que un cuestionamiento legalmente fundado afecte su capacidad de maniobra; ( faltan partidos políticos serios que estén más allá de los líderes temporales que haya en un determinado momento histórico, que tengan plataformas claras e ideologias claras que no dependen solo de un liderazgo carismático sino que se sostienen a lo largo del tiempo independientemente de los vaivenes del electorado y del mundo ) máxime cuando Macri deberá abandonar la jefatura del gobierno –pedir licencia– hasta tanto sobrevenga la sentencia. Ese pedido se tramitaría sin mayores inconvenientes mientras el PRO conserve la mayoría de la Legislatura porteña, pero para que así sea, el pedido debería tramitarse antes de la nueva compulsa electoral. Como el tiempo de la justicia no es igual ni mucho menos al de la política, no hay modo de saber cuándo el juez Oyarbide dará lugar al pedido del fiscal. Si el juicio y las elecciones se terminaran juntando, el zafarrancho terminará resultando inevitable. Ninguna fuerza política, y el PRO no es exactamente una excepción, puede impedir que semejante crisis no abra la lucha por la sucesión. Y en esa lucha la proximidad o la distancia con Mauricio no será un asuntillo menor. Sobre todo, cuando una lectura jurídica del tema, cosa que hasta el momento o directamente no se hizo o sólo se hizo en el más absoluto de los silencios, dejaría en claro que las posibilidades de Macri (salir absuelto sin culpa y cargo, recibir una condena menor, o una sentencia inculpatoria como responsable político de utilizar el Estado para violar sistemáticamente la ley mediante el uso de la Policía Metropolitana) distan de ser claras.

Un especialista consultado privadamente nos hizo saber que él prepararía a Macri para lo peor, esperando que el viento de cola ayude; a su criterio una condena menor sería el mejor de los escenarios imaginables, y una buena defensa –sostuvo– puede avanzar en esa dirección. Pero hasta el momento el PRO y el propio Macri vienen sosteniendo que el juicio no es otra cosa que un "armado" del gobierno nacional. Como estrategia discursiva funcionó, como camino legal es francamente malo y como respuesta a una sentencia inculpatoria resulta simplemente catastrófica. No está dicha la última palabra.

AHORA CRISTINA.

Hemos sostenido desde esta columna la necesidad de reformar la Constitución del '94. Vemos que Carta Abierta avanza en la misma dirección. Sin embargo, conviene precisar. En nuestro trabajo reciente Las dictaduras argentinas, Que el orden vigente desde el '76 continuó por otros medios. Que la dictadura burguesa terrorista abandonó los instrumentos del estado de excepción, hemos sostenido que en 1983 no se restauró la democracia. pero que sus objetivos, continuidad del programa de José Alfredo Martínez de Hoz, prosiguió su ruta. La reforma acordada por el radicalismo y el justicialismo en el '94, el célebre acuerdo Menem-Alfonsín, el Pacto de Olivos, no fue otra cosa que darle sistematicidad a un orden donde la práctica política estaba sometida a un programa de cumplimiento obligatorio, y por tanto gobernara quien gobernara se hacía lo mismo con el mismo personal. El estallido de 2001 puso fin a ese acuerdo imposible, y precisamente por serlo, el gobierno K se vio obligado a avanzar por otros pastos.
Entonces, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a instancias de la Corte Suprema de Justicia por pedido del Congreso, permitió el restablecimiento de la relación entre los delitos y las penas, entre las palabras y las cosas, entre la ley y la política, y puso fin a la inviolada impunidad sostenida durante tres largas décadas; esa transformación abrió paso a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que por fin dejó atrás la lógica monetaria de la Convertibilidad, y requiere, impone, otros cambios: una nueva ley de entidades financieras, una reforma tributaria y una reelaboración crítica del orden constitucional del '94: un nuevo piso institucional.
Así como el PJ y la UCR del '94 no tuvieron el menor problema en permitir la "reelección de Menem", sin facilitar el menor control parlamentario de su gobierno, todos los partidos que remiten a ese ordenamiento político defenderán con uñas y dientes la continuidad del mamarracho jurídico vigente. Se trata por cierto de una política de principios, pero es útil explicitar de cuáles se trata. La democracia de la derrota, orden que impide a la política ser el magma donde se educan las nuevas generaciones (por eso el 0800 de Macri-Bullrich para las escuelas) debe quedar definitivamente atrás. La idea del carácter plebeyo de las transformaciones, al restablecer los lazos entre los sectores populares y la política, permitirá que los políticos pierdan ese olorcito a casta privilegiada (con vacaciones en hoteles cinco estrellas del Caribe, autos caros y cuentas en dólares en bancos del exterior)y que dirigentes sindicales millonarios comanden sindicatos de obreros pauperizados. La reforma constitucional, que no debe salir entre gallos y medianoche, debe ser parte de un nuevo debate colectivo sobre el país que deseamos los habitantes de la región, para que la ciudadanía política deje de ser una teoría del Derecho Constitucional.

Yo desde acá dejo clara mi oposicion a las reelecciones indefinidas ( es mas me gustaria limitar la reeleccion a un solo periodo para intendentes y legisladores también ) , creo que si se pueden admitit rn un regimen parlamentario y deseo que salgamos del sistema presidencialista , en eso coincidop absolutamente con Zaffaroni , y separando la jefatura de estado de la de gobierno entiendo que si el partido que logra ormar las mayorias para gobernar no quiere cam,biar a su lider es problema de ese partido , ya que lo que creo que importan son las convicciones , las ideas , la orientación de las políticas y no las personas o la carisma de los dirigentes , eso entiendo que sea necesario para convencer a los idfiotizados por los medios y la cultura general , pero primero deberia quedar bien claro que significa votar a un partido , a que sectores se rrepresenta y que tipo de alianzas con otros sectores se logran construir para formar un gobierno en cada momento.

Agrego que creo que tranquilamente Alicia Kirchner podria suceder a Cristina Fernandez de Kirchner en 2015 sosteniendo las mismas convicciones y el mismo rumbo dentro del sistema actual presidencialista , pero estamops lejísimo de tener un sistema político sólido en este momento ya que todo depende de liderezs que suenan como insustituíbles .

También creo que hay que apostar a una candidatura kirchneristya aunque eso lleva aun triunfo de Scioli , porque hay que construir el kirchnerismo si pretendemos que perdure a traves del tiempo y que sea independientemente de estar o no en el gobierno

A propósito de la limitación a las reelecciones , que uerte que en la CABA existe la limitaciíon y Macri esta cumpliendo su seunda gestion y última como jefe de gobierno de la CABA , en 2015 debe dejar el cargo a un sucesor ya que esta imposibilitado de presentarse para un tercer período.

Fuente : Tiempo Argentino

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Politica Obrera

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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