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viernes, 30 de noviembre de 2012

Zaffaroni, sobre el #7D ( 7 de diciembre ) : "Los alegatos de oreja no son presiones"

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, aseguró que los integrantes del máximo tribunal no recibieron ninguna presión en el caso de la Ley de Medios. Criticó el fallo de Griesa y propuso que se prohíba ceder la jurisdicción para la emisión de títulos
Zaffaroni, sobre el #7D: "Los alegatos de oreja no son presiones"
Crédito foto: Charly Díaz Azcué
"¿Alguna vez fueron presionados por la causa de la Ley de Medios?", preguntó Jorge Rial en radio La Red. "No", replicó Eugenio Zaffaroni.

"Es un tema de trascendencia pública. Estamos preocupados sí por resolver algo que tiene trascendencia pública, pero nada más que eso. Vuelvo a insistir: los alegatos de orejas no son presiones; son un accidente propio de la profesión", aseguró el magistrado. 

De ese modo se diferenció de los cuestionamientos que habían surgido en las últimas horas desde el propio Poder Judicial denunciando presiones de distintos sectores por la causa que debe resolver la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios y la prórroga de la medida cautelar que la mantiene paralizada. 

El magistrado indicó que es habitual que le hablen del caso cuando va a algún restaurante o a hacer ejercicio a un club. "Es inevitable, así es la vida", reflexionó. 
Zaffaroni habló también sobre el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, a través del cual se suspendió un fallo del juez Thomas Griesa que obligaba a la Argentina a pagar el 100% de la deuda con los bonistas que no entraron al canje. 
"Afortunadamente la Cámara reaccionó bien. Anuló una cosa que era espantosa, terrible, que ponía en riesgo todo el sistema financiero mundial", aseguró.
Además, consultado por la decisión del Estado de someter a jurisdicción extranjera los diferendos suscitados para acaparar atención cuando se emite deuda pública, el prestigioso abogado aventuró: "Habría que prohibirlo, eso, porque estamos regalando soberanía".
"Yo creo que habría que prohibir ese tipo de acuerdos y penalizar a quien se le ocurriera hacerlo. Directamente creo que habría que prohibirlo. No podemos regalar soberanía de manera gratuita", sentenció.

Fuente : Infobae

Cómo enfrentar a los buitres

Cómo enfrentar a los buitres Por Leandro Morgenfeld*.  

¿Por qué el tema de la deuda se dirime en un tribunal de New York? ¿Por qué no se audita la deuda externa, a pesar del fallo del juez Ballesteros del año 2000? ¿Por qué el tema no se trata en ámbitos latinoamericanos? Tres interrogantes que no se abordan en los análisis corrientes.

El embargo de la Fragata Libertad y el fallo del juez Griesa que ordenó pagar 1450 millones de dólares a los fondos buitre el 15 de diciembre actualizó el debate sobre el endeudamiento externo.
La deuda externa argentina tiene una larga historia. Empezó en 1824, con el empréstito de la Baring Brothers, y desde allí en más hilvanó escandalosos negociados, sucesivas renegociaciones ante cesaciones de pagos y una constante: los distintos gobiernos se negaron a discutir junto al resto de los países latinoamericanos una posición conjunta frente a los acreedores externos. Durante la última dictadura la deuda se disparó como nunca antes y las posteriores administraciones se negaron a auditarla para determinar el carácter fraudulento de al menos una parte de ella. 

Siguieron pagando, renegociándola y endeudándose. En el 2001 se declaró el mayor default de la historia. Luego hubo dos canjes, en 2005 y 2010, en los que se logró una importante quita. El 93% de los que poseían bonos aceptaron las condiciones. Buena parte del resto, incluyendo los llamados "fondos buitre" -que habían comprado bonos a la cuarta parte de su valor nominal-, vienen hace años batallando en la justicia estadounidense para cobrar sin quita alguna. 

La deuda pública que no ingresó al canje ascendería a unos 6.600 millones de dólares de capital, que llegarían a 11.200 si se les suman los intereses. Algunos de estos fondos especulativos, como NML, de Paul Singer, impulsaron acciones contra Argentina como el embargo de la Fragata Libertad en Ghana. Y ahora lograron un polémico fallo del juez Griesa, que conmina al gobierno argentino a pagarles unos 1450 millones de dólares el 15 de diciembre. ( Luego la camara de apelaciones de Nueva York en pos de proteger los negocios financieros especulativos de Wall Street mas que nada dio plazo hasta el 27 de febrero de 2013 , sacando el tema de peligro del default tecnico el 15 de diciembre y buscando que se llegue a alguna salida que implique un grado de acuerdo
 
Ese fallo, apelado por la Argentina el lunes 26 de noviembre, impedía abonar a quienes sí entraron al canje, hasta que no se haga lo propio con los "buitres". Todo el sistema financiero internacional mira con atención cómo se resolverá el caso en la justicia estadounidense, en particular por las reestructuraciones de los países europeos sobreendeudados. Si se ejecuta el pago según la sentencia de Griesa, difícilmente los bonistas acepten quitas en futuras reestructuraciones de las deudas de otros países. Esta circunstancia, sumada a la oferta argentina de reabrir el canje para incluir a quienes anteriormente no lo aceptaron, suscitó la expeditiva resolución de la Cámara de Apelaciones de New York, el miércoles 28, de suspender el fallo de Griesa y plantear un compás de espera hasta febrero, instando a Argentina a proponer una solución para los buitres.  

Así, el gobierno argentino podrá pagar ahora en diciembre a los bonistas que sí entraron al canje. Se aleja el temor al inminente default técnico y los acreedores externos respiran aliviados. Pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse.   
Uno de los temas preocupantes y en general soslayados es el de cesión de soberanía. Si Argentina debe someterse ahora a las decisiones de un juez de New York es porque, a contramano de doctrinas argentinas de derecho internacional planteadas hace más de un siglo (las doctrinas Calvo y Drago, que enfrentaban la acción imperialista de Estados que intervenían militarmente en América Latina para defender a sus capitalistas), se cedió soberanía jurídica.  

Así, desde que Argentina ingresó al CIADI (tribunal dependiente del Banco Mundial al que acuden las trasnacionales cuando no acuerdan con decisiones soberanas de los Estados en los que radicaron sus capitales) o cuando emitió bonos y determinó que los eventuales diferendos se saldarían en tribunales estadounidenses, se resignó soberanía. Las consecuencias están hoy a la vista: la Fragata Libertad embargada en Ghana, cuentas del Banco Nación bloqueadas en New York, un fallo que obliga a desembolsar 1450 millones de dólares y bloquea mientras tanto el pago a los bonistas que sí ingresaron al canje.

Más allá de los encendidos discursos oficiales en contra de los buitres, o de las posturas opositoras que reclaman "seguridad jurídica" (para los capitales trasnacionales), pocas voces se alzan para reclamar la necesaria salida del CIADI (como ya lo hicieron Venezuela, Ecuador y Bolivia) o el fin de la renuncia a la soberanía jurídica. La mayor parte de la clase política local muestra su alivio por la sentencia de la Cámara, señala que hay que arreglar con los buitres y pagar, en función de mantener la tan mentada "seguridad jurídica". Otros países, como Ecuador, optaron en cambio por realizar una auditoría de su deuda externa y repudiaron parte de ella. En Argentina, a pesar del fallo del juez federal Ballesteros del año 2000, en la causa Olmos (iniciada en 1982), el Congreso se negó y se niega sistemáticamente a abordar esta problemática. 

Al mismo tiempo, al menos hasta ahora, hay una negativa a plantear las negociaciones con los acreedores externos en forma conjunta con los demás países latinoamericanos. Ya en 1933, ante una propuesta mexicana de discutir una moratoria conjunta de las deudas de los países latinoamericanos, el canciller argentino Saavedra Lamas (futuro premio Nobel de la Paz) operó para que fracasara. Para alivio de Estados Unidos, su actuación fue crucial para hacer fracasar la iniciativa mexicana, que hubiera sido de mucha ayuda para las asfixiadas finanzas latinoamericanas y que tanto preocupaba a los acreedores estadounidenses. En los años '80, también se cedió frente a las presiones para evitar que el tema de la deuda fuera abordado en forma conjunta por los países latinoamericanos. Hoy en día, las presiones de los fondos buitres se multiplican. ¿Podrá América Latina avanzar, por primera vez, en un repudio conjunto a las presiones del gran capital trasnacional?

* Docente UBA e ISEN. Investigador del CONICET. Autor de Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las conferencias panamericanas (Ed. Continente, 2011), de Relaciones peligrosas. Argentina y Estados Unidos (Capital Intelectual, diciembre 2012) y del blog www.vecinosenconflicto.blogspot.com 

http://www.marcha.org.ar/1/index.php/elmundo/126-analisis-internacional/2590-como-enfrentar-a-los-buitres

Cumbre de Unasur con mal de ausencias

LA CASA ROSADA ANUNCIO ANOCHE QUE CRISTINA KIRCHNER NO VIAJARA A LIMA POR UN CUADRO DE LUMBALGIA

La falta de la Presidenta argentina se suma a las anticipadas por Dilma Rousseff, Hugo Chávez y Evo Morales. En su lugar viajará Boudou. Los cancilleres discutieron ayer la agenda, con Paraguay como tema central.

Por Nora Veiras Desde Lima

Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) estuvieron ayer reunidos durante toda la jornada debatiendo el documento que aprobarán hoy los presidentes de la región. El informe sobre la suspensión de Paraguay como miembro pleno del bloque regional a raíz de la destitución de Fernando Lugo es uno de los temas centrales de la cumbre. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le había anticipado a su par peruano, Ollanta Humala, que plantearía la necesidad de consolidar un frente común ante el “colonialismo judicial” demostrado por los fallos favorables que obtuvieron fondos buitre contra la Argentina. El criterio es que esa operatoria es una espada de Damocles que pende sobre las políticas soberanas de todo país que contraríen las reglas del capital financiero internacional. Pero el encargado del señalamiento será ahora el vicepresidente Amado Boudou: anoche se confirmó que la Presidenta suspendía el viaje por un cuadro de lumbalgia  


La ausencia de CFK sumada a la de Dilma Rousseff, Hugo Chávez y Evo Morales transformó a última hora el pleno de la Unasur en un encuentro desgajado.
  
Se suma ahora tambien la duda sobre la gravedad del estado de salud de Hugo Chavez  y uno empieza a pensar aunque no lo desea en como seguirá Nicolas Maduro si lo de Chavez se termina agravandoen el tiempo: Era raro realmente que luego de ganar las elecciones estuviera tan callado ultimamente

En el hotel suizo del coqueto barrio San Isidro las vallas y controles de seguridad prenunciaban el hermetismo del encuentro de cancilleres. El celo superó esta vez todo lo previsible: la inmensa sala de prensa internacional sirvió para ver, por un rato, la imagen muda del plenario de ministros. El audio sólo fue habilitado al principio para que el canciller peruano Rafael Roncagliolo diera la bienvenida a sus pares de la Unasur. “Estamos viviendo la hora de América latina. La crisis esta vez nos encuentra unidos y con una visión clara y determinada sobre nuestro camino y destino común”, destacó antes de abrir la rueda de debate. Pasado el mediodía, los cancilleres se levantaron para retratarse en la tradicional foto del cónclave y tras un rápido almuerzo retornaron a las deliberaciones.

El ánimo de confraternidad fue sacudido por la decisión de Colombia de denunciar el Pacto de Bogotá y dejar así de someterse al arbitrio de la Corte Internacional de La Haya para dirimir un conflicto limítrofe con Nicaragua. El gabinete del presidente Juan Manuel Santos anunció el cambio de criterio tras conocerse el fallo que implica para su país la pérdida de 70 mil kilómetros cuadrados de mar Caribe. “Los límites entre los Estados deben ser fijados por los propios Estados”, dijo Santos. Si bien Nicaragua no forma parte de la Unasur, dos miembros de este bloque, Perú y Chile, empiezan el lunes a tratar en ese tribunal un conflicto limítrofe en el mar. Ante el revuelo causado por el volantazo colombiano, ministros de Sebastián Piñera y de Ollanta Humala se encargaron de asegurar que aceptarán el veredicto de La Haya. Los testimonios, sin embargo, no alcanzaron para conjurar la ola de rumores en los pasillos sobre qué hará cada país si le resulta insatisfactoria la definición de los límites marítimos.

Vientos andinos

Mientras los cancilleres analizaban el informe sobre la situación en Paraguay desde que asumió la presidencia Federico Franco, los limeños estaban obsesionados por otro rumor: el peligro de un tsunami. La Armada de Guerra, encargada de los informes sísmicos y meteorológicos, sacó un comunicado a media tarde despejando los temores de que el fuerte viento y la retirada del Pacífico prenunciaran algún riesgo de terremoto en el mar.
El Grupo de Alto Nivel coordinado por Salomón Lerner, ex presidente del Consejo de Ministros del Perú, e integrado por Arturo Fermendois (Chile), Lorena Escudero (Ecuador), Glenn Alvares (Surinam) y Rodolfo Mattarolo (Argentina), visitó Paraguay y no fue recibido por Franco. Tras el juicio político exprés que desplazó a Lugo del poder, la Unasur suspendió a Paraguay y dispuso una investigación in situ para definir la actitud del bloque ante lo que la mayoría de los países –enfáticamente Argentina– consideró un golpe de Estado encubierto en mecanismos institucionales. El desplante de Franco agudizó las críticas del bloque. El plenario de mandatarios será el encargado de dar a conocer hoy qué actitud se tomará ante el llamado a elecciones de Franco y cuál será el planteo por la situación de Lugo.

Anoche, el protocolo de Humala estaba pendiente de la cena en honor a los presidentes José “Pepe” Mujica (Uruguay), Rafael Correa (Ecuador), Sebastián Piñera (Chile), Donald Ramotar (Guyana), Desiré Delano Bouterse (Surinam) y Juan Manuel Santos (Colombia). Cristina Kirchner será representada por el vicepresidente Boudou, quien llegará a tiempo para el plenario de esta mañana. Dilma Rousseff (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela) y Evo Morales (Bolivia) habían confirmado que, por distintas razones de agenda o de salud, no asistirían a la cumbre.

Como antesala del pleno de mandatarios deliberó en Lima la IV Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa Suramericano (SDS), que ratificó a la región como zona de paz y avanzó en la necesidad de transparentar los gastos para defensa y afianzar así la confianza recíproca. El derrotero común de un frente regional que actuó como instrumento idóneo para desarticular un intento de golpe de Estado en Bolivia y una guerra entre Colombia y Venezuela cimenta la corta historia de la unidad regional. La ausencia de cuatro de los once países miembro en Lima alimentó rumores sobre desavenencias coyunturales.

Fuente :Página 12

jueves, 29 de noviembre de 2012

Monopolio denunció penalmente a periodistas y después retrocedió


Está muy vigente el “¿Qué te pasa Clarín, estás nervioso?”

Por  Emilio Marín

La vieja estocada de Néstor Kirchner sirve para entender las actitudes políticas del monopolio. Denunció a periodistas y funcionarios, y luego retrocedió, al menos respecto a los primeros. Está nervioso y pierde la compostura. Y tuvo dos fracasos notables.

El grupo dominante en los medios tuvo dos traspiés en la órbita judicial, pero también en las comunicaciones y la política. Ese resultado devino de dos jugadas en simultáneo realizadas por los abogados de Clarín: una ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta “denegación de justicia” y otra ante la justicia penal contra periodistas y funcionarios por supuestas “coacción agravada” e “incitación a la violencia” donde el monopolio sería víctima. Ambos asuntos están íntimamente vinculados, pues el holding fue al alto tribunal, con un “per saltum” de hecho, como comentó esta columna el domingo 25, quejándose en forma indebida por lo que juzga amenazas a sus intereses corporativos por la ley democrática de medios.

Y el ataque a los periodistas reconoce esa raíz común, pues se trata de comunicadores que adhieren a la referida ley, la 26.522, y formulado votos para que entre plenamente en aplicación, una vez que se superen las trabas del monopolio. Todo depende del cristal con que se mire. Joaquín Morales Solá, por ejemplo, en “tribuna de doctrina” ganadera y bursátil, entendió que el fallo de la CSJN fue una victoria de Clarín. Escribió: “la Corte abrió ayer un período de 15 días mucho más dinámico y justo que el que ya parecía inevitable.

Es un avance importante para la modernidad de la justicia argentina en general. En particular, esa nueva jurisprudencia podría caer también sobre las muchas causas colaterales abiertas sobre la ley de medios. No hubo una, sino dos noticias que ayer le arrebataron al cristinismo una fiesta demasiado prematura”. El hombre de los dos amores (columnista en “La Nación” y con programa en TN) no quiere entender que el alto tribunal no acogió el punto de vista de “denegación de justicia” alegado por su patronal. Y en una resolución de cinco puntos ordenó al juez Horacio Alfonso que falle cuanto antes sobre la constitucionalidad del artículo 161 ( y 24 ) de la ley, cuestionada por Héctor Magnetto. Se urgió así un fallo definitivo para no dar más tiempo a las cautelares en este importante asunto. ¿Y quién es el que apeló a esa clase de recursos más de la cuenta, más de tres años?

Por otro lado la Corte pidió a la Cámara Civil y Comercial que sortee a los magistrados de ese fuero que deben resolver sobre la prórroga de la “cautelar” solicitada por la empresa. Si el juez Alfonso resuelve la cuestión de fondo, habrá apelaciones casi con seguridad y eso llegará a la mencionada Cámara. Y si esa resolución se demora, el 7 de diciembre o antes, ese ámbito superior tendrá que fallar sobre la cautelar. En este punto la Corte Suprema ya se expidió el 22 de mayo pasado: el 7-D vence ese privilegio del “peso pesado” de las comunicaciones. 


¿Dónde está entonces la supuesta victoria del monopolio de la que se jacta Morales Solá? 

La confusión de sus expresiones de deseos con los hechos judiciales y políticos lo dejó totalmente en offside. Festeja un gol inexistente, como el pobre Keko Villalva en el partido de River con Argentinos Juniors. Y la derrota más contundente y difícil de ocultar para el columnista que supo ser amigo del general Domingo Bussi, fue en la denuncia penal de Clarín contra periodistas críticos de sus manejos monopólicos. Fue una metida de pata monumental, criticada por casi todo el espectro mediático, político, cultural, de derechos humanos y hasta por dependientes de Magnetto. Si esa jugada del monopolio hubiera tenido un milímetro de razonabilidad o al menos para tratar de demostrarla, esos empleados suyos la habrían defendido. Hasta ellos declararon que les parecía una denuncia errónea que ponía en riesgo el ejercicio de la libertad de prensa. A confesión de parte. Marchas y contramarchas Los dueños del diario de mayor tirada, controlantes de la mayor fábrica de papel para diarios “Papel Prensa” y 240 licencias de TV por Cable, 4 de TV abierta, 9 radios AM y 1 FM, denunció a los periodistas Sandra Russo, Nora Veiras, Orlando Barone, Edgardo Mocca, Roberto Caballero y Javier Vicente. El “delito” de este último, poco conocido relator de “Fútbol para Todos”, fue decir que la cadena ilegal se terminaba el 7 de diciembre. Caballero, director de Tiempo Argentino y con programa en Radio Nacional, ha escrito mucho en contra del monopolio, lo mismo que los otros comunicadores del panel de 678 en por la Televisión Pública, entre otros trabajos. Pero eso no daba lugar a la denuncia que presentaron los letrados Hugo Wortman Jofré, José María Sáenz Valiente y Alejandro Pérez Chada, por el delito de “incitación a la violencia colectiva. (art. 212 del Código Penal) y el de “coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis de ese Código.

Que quede claro, porque las ulteriores contramarchas de los denunciantes puede inducir a cierta confusión: esos periodistas fueron denunciados penalmente, en la causa 12383/2012, que recayó en el Juzgado Federal 9 del juez Luis Rodríguez. Si esos abogados hubieran tenido inteligencia política deberían haber centrado su embestida solo contra funcionarios y políticos oficialistas, como el ministro de Justicia Julio Alak, el secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el presidente de Afsca Martín Sabbatella, el diputado Edgardo Depetri y el legislador porteño Juan Cabandié. Al meter a todos en la misma bolsa, con altas penas de cárcel que eventualmente podrían corresponderles a los denunciados en caso que prosperara la denuncia, Wortman Jofré y asociados generaron un escándalo político mucho más allá de los límites tribunalicios. 

 Es que los organismos de derechos humanos, gremios pluralistas y gente de la cultura se pronunciaron inmediatamente en solidaridad con los imputados. Muchos comunicadores hicieron lo propio, desde el momento en que trascendieron los hechos, incluso algunos con ADN magnettista, como Ernesto Tenembaum, Nelson Castro y Samuel Gelblung. El prestigioso CELS, presidido por Horacio Verbitsky, tomó con su equipo de abogados la defensa de los periodistas amenazados, lo que supuso una garantía de condición democrática y eficacia en esta causa. Aunque se trata de entidades que comparten casi cien por ciento la defensa de las posiciones monopólicas de Clarín, también tomaron distancias la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Sociedad Interamericana de Prensa. El comunicado de la SIP, firmado por Claudio Paolillo, sostuvo: “el Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse de los constantes ataques que recibe del Gobierno. Pero no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión”. El papelón salpica a la propia SIP, pues en su última asamblea en San Pablo resolvió enviar una misión a Argentina, el 7 de diciembre, pedida por Clarín y en protección de sus intereses. Ahora debió deslindarse de su socio argentino. Las ojotas y la cobardía Frente a la reacción tan masiva y representativa, nacional e internacionalmente, los abogados Wortman Jofré y Pérez Chada, tuvieron que retroceder, planteando que “no es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas, sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia”.

Un comunicado de ambos precisó que, a diferencia del planteo inicial, “no se busca imputar a periodista alguno, éstos sólo serán testigos”. Como la bola de nieve siguió cayendo sobre sus cabezas, cada vez más grande, otro de los letrados, Sáenz Valiente, anticipó que irían al juzgado de Rodríguez a hacer una tercera presentación: esta vez los periodistas no serían siquiera citados como testigos. En la versión on-line de Clarín de ayer se podía leer un nuevo comunicado de la empresa, corroborando esos retrocesos: “Por eso ayer (por anteayer) aclaramos que los periodistas fueron mencionados sólo como potenciales testigos. Y hoy (por ayer), además, desistimos de proponerlos incluso como testigos, para que nadie pueda malinterpretar ese hecho o sentirse intimidado”. Como es costumbre en el monopolio, nunca pide disculpas ni hace una autocrítica sincera. Todas serían “malinterpretaciones” o sentimientos equivocados de “intimidación” de la otra parte.

Lo cierto y concreto es que la denuncia penal existió. Parafraseando al monopolio: “no es sensación de inseguridad, es inseguridad” lo que han vivido esos periodistas. Y seguirán viviéndola salvo que antes del 5 de diciembre los denunciantes rectifiquen tan ominoso proceso, que pretende intimidar a aquellas personas y, por elevación, al resto de los que tienen una opinión crítica sobre los apropiadores de “Papel Prensa”. Fue muy importante la reacción oportuna y democrática de tantas entidades en defensa de los colegas denunciados en forma tan grave como injusta.

Es de desear que, con la defensa del CELS, y en función de estos pasos atrás dados por Clarín, el juez cierre ya el expediente. Esa defensa, por supuesto, no debe ser entendida en forma corporativa de “todo” el periodismo, en general, como es la postura de Morales Solá. En esta profesión u oficio también hay elementos y medios que violan las leyes, por ejemplo la de servicios de comunicación audiovisuales. Y si la transgreden, por ejemplo no adecuándose antes del 7 de diciembre, no debería haber con ellos ningún tipo de solidaridad ni comprensión. Eso sí serían delitos... También cabe aclarar algo obvio.

El aval a Barone y Russo no entraña una identificación absoluta con cada una de sus intervenciones en 678 que, al menos para este cronista, a veces ( el 90% de las veces )   dejan que desear, por lo hiper oficialistas y superficiales. Volviendo al grupo. Su situación es complicada, legal y políticamente.
 “¿Estás nervioso, Clarín?”, le preguntó Néstor Kirchner años atrás. La respuesta es sí, está muy nervioso y se vio obligado a retroceder. Lo hizo torpemente, como si lo estuviera haciendo en ojotas, una técnica dificultosa, sobre todo cuando hay riesgo y se necesita velocidad. Por último, hay que dejar constancia de que lo de Clarín fue de una cobardía extrema. Es que enfiló su denuncia penal contra periodistas relativamente menos conocidos. Si hubiera coherencia en su CEO, Magnetto, tendría que haber querellado a Verbitsky, Víctor Hugo Morales, Tristán Bauer, Osvaldo Bayer, Mario Wainfeld, Carta Abierta, Página/12 y otros medios. Habría sido meterse con personalidades de mayor calado. Optó por acusar a otros comunicadores, también importantes, a los que juzgó más vulnerables. También en esto le fallaron los cálculos: en la Argentina de hoy hay una mayor conciencia política y se defiende a todas las voces democráticas. Clarín sigue sin entenderlo. 

Nestor Kirchner - Que Te Pasa Clarin!!! Estas Nervioso???? from TRUKINY2 on Vimeo.



http://alainet.org/active/59963

El fallo en suspenso, ¿cómo sigue?

Difícil resulta a esta altura conocer cómo será el desenlace en términos judiciales del fallo Griesa, ahora suspendido. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York permite abrir el abanico de hipótesis a futuro con calma, sin la presión a que obligaba el fallo original del juez Griesa. Vale la pena avanzar en fórmulas, algunas  conjeturas a futuro para orientar al lector sobre los posibles caminos a recorrer. Nos interesa en este análisis conjetural discurrir acerca de los efectos en la trama económico-social de nuestra sociedad, porque en ella va nuestro presente y futuro.

Por:    Alejandro Rofman
 
Un fallo final obligando a la Argentina a pagarles a los bonistas reclamantes la totalidad de sus acreencias supondría un costo tan elevado que tal solución carece de viabilidad. Ello es así porque hay una cláusula de la restructuración que obliga a nuestro país a pagar toda la deuda como si no hubiera habido quita, reducción de intereses y prórroga de pagos si alguien consigue mejores condiciones que las pactadas en los años 2005 y 2010. En este caso la salida  resultaría en un corte del crédito internacional financiero (que ahora no se usa) pero probablemente no afectaría el de carácter comercial y los flujos del intercambio de bienes.

Habría que considerar una firme posición negativa a reconocer el monto total de los 1300 millones de dólares reclamados . Y rechazar toda propuesta que signifique regresar al año 2001 ni a un despiadado ajuste. Entretanto, proseguir regularmente con los pagos actuales salteando cualquier medida de embargo parece ser la salida menos costosa para la sociedad en su conjunto y los bonistas buitres cobrarían los seguros que ya tienen para situaciones como la descripta (es factible que a eso, en realidad, apunten).

La otra opción es que los bonistas buitres –por resolución judicial– puedan entrar en una negociación con el gobierno encuadrada en los términos de la restructuración del 2005 y del 2010, pero nunca con mayor compromiso de nuestras finanzas. Aquí  la solución es la ideal y ya ha sido propuesta en la apelación..

Como se ve, en ninguna de las dos opciones aparece seriamente comprometida la economía real. Se repetiría, así, lo que  nos pasó entre 2002 y 2005, cuando estuvimos en cesación de pagos, se  entró en plena reactivación productiva  y bajaron el desempleo y la pobreza. El crédito internacional estuvo cortado, pero ello no dificultó nuestro fenomenal crecimiento.

Debemos entonces, a nuestro juicio, descartar toda versión alarmista. Nadie nos puede obligar a pagar a estafadores el monto originario del valor de los bonos ni lo vamos a hacer –sólo lo han propuesto el diario La Nación por razones obvias y el Dr. Binner (sic) que no debe haber recibido asesoramiento solvente–.
Si hacen falta controles cambiarios, habrá que acentuar los que ya existen y si se necesitan recursos fiscales adicionales para remediar alguna dificultad financiera, hay suficiente margen de nuestra política tributaria para avanzar sobre los que tienen elevadas ganancias o disfrutan de irritantes exenciones impositivas, como las rentas financieras.

Me gusta el analisis de Rofman porque lo que dijeron los jueces del imperio a quienes les cedimos la soberania para decidir sobre nuestra deuda es que tenemos tiempo hasta el 27 de febrero para llegar a una negociacion "amistosa" con los fondos buitres , amistosa es que acepten las m,ismas condiciones que los que entraron al canje  , en realidad se confia que eso como benefocia los negocios d elos propios yankees ya que preserva el mercado ideal para la especulacion fuinanciera internacional o sea Wall Stret , es decir el sector de la especulacion financiera que sotiene a Obama e historicamente a los democratas tan afectos a la financiarizacion , por algo tambien la militante revista neoliberal britanica The Economist se pronuncio a favor de la reeleccion de Obama   , decia que se confia en que hay varios factores que pueden hacer que sea factible una salida donde se meta en el canje la mayor parte del 7% que quedo fuera en 2005 y 2010 . 

Yo no se si no es hasta mejor el default porque si se corta el credito internacional seran mas años de vivir con lo nuestro e impedir que ningún gobierno en el futuro puieda emitir deuda y menos en  esos mercados del imperialismo . El fallo nos da tiempo para llegar a una supuesta solución sin que nos incauten los pagos el 15 de diciembre tal como Griesa habia fallado , pero la verdad festejar que nos den un par de meses para mejorar los fundamentos de la apelacion y escuchar a los bonistas buitres para una salida  negociada me parece un poo demasiado , eso porque mientras seguimos sometidos a lo que digan esos jueces que defienden los intereses yankees y jamás podrían defender los intereses argentinos .

Y no se podrán canjear los bonos para que pasen todos a la jusrisdicción argentina ?  Y el Banco del Sur anunciado en 2007 (Anunciado en la Casa Rosada el 9/12/2007 un día antes de la suncion de CFK a su primer presodencia ) cuando empieza a funcionar realmente para dejar de ser un dechado de buenas intenciones ?

Fuente: Tiempo Argentino

2002 de cuando Clarin y La Nacion lograron la devaluacion y la ley de Bienes Culturales

La coartada: proteger la cultura
para cuidarse el bolsillo
Por Segundo Enfoque

De pronto les comenzó a importar la cultura nacional argentina. Ahora, se sienten conmovidos por una chacarera, un tango. Las banderas celestes y blancas habrán teñido sus despachos, entre tarjetas de banqueros, empresarios y lobbistas. Mancomunados, en defensa de sus bolsillos y manipulando un discurso imprescriptible, los popes de los medios masivos de comunicación presionan por una norma que los aleje del peligro de sus acreedores extranjeros.

La llamada “ley de bienes culturales” es un anhelo de lo más monopólico del espectro de medios de la Argentina. El Grupo Clarín en primer término y el diario La Nación, en segundo, pugnan desde hace un año y medio por conseguir a través del Congreso un escudo ante probables intentos de sus acreedores foráneos de apropiarse de sus empresas.

La devaluación fue exigida por el Grupo de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto desde el primer minuto en que Eduardo Duhalde llegó a la Casa Rosada. Con ella, la operadora de televisión por cable del multimedios –Multicanal- redujo su deuda de manera atrayente para una película, pero el pasivo en dólares pasó a ser una amenaza. Bancos extranjeros le habían prestado dinerales a Clarín durante los 90 cuando éste competía cabeza a cabeza con el Raúl Moneta propulsado a menemismo. De repente, advirtieron que podían hacer valer la legislación de quiebras de la Argentina y quedarse con parte del paquete accionario aduciendo el no cobro de la acreencia.

Entonces, a medida que en el Parlamento se trataba de suspender la vigencia de la ley de quiebras por razones de “emergencia económica”, la oposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) en tal sentido, obligó al personal de apriete del Grupo a transpirar la corbata en los pasillos del Congreso.

Algún diario vinculado al menemismo llamó a la iniciativa la “ley Clarín”, que formalmente se hizo conocida como de “preservación de las industrias culturales”. Según el texto del artículo segundo, la propiedad de los medios de comunicación debe ser de empresas nacionales, y no podrá haber más de un treinta por ciento de capitales extranjeros. Y en el quinto, se establece que no tendrá efecto para los medios el proceso de cram dawn, estipulado por la ley de quiebras argentina para que el acreedor tome parte del paquete accionario de la empresa que le debe y no le paga.

Este proyecto ingresó al Senado y fue aprobado en junio de 2002. En la Cámara de Diputados fue tratada el pasado 28 de mayo, donde fue aprobada pero con una modificación en este artículo quinto: no podrán hacer uso del cram dawn sólo los acreedores extranjeros, pero sí los locales. Este cambio, hizo que la iniciativa debiera regresar al Senado para un nuevo tratamiento, que aún espera una fecha. ( Lindo regalito a Magnetto y Ernestina les dejo Duhalde )

Mientras tanto, la presión de los medios de comunicación se hizo ver también en solicitadas, como la que se publicó este último mes de mayo en La Nación, con la firma de entidades de la comunicación y la cultura: Foro para la Defensa de las Industrias Culturales de Buenos Aires; Asociación Argentina de Actores (AAA); Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET); Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); Cámara de Productores Independientes de Televisión (CAPIT); Directores Argentinos Cinematográficos (DAC); Federación Argentina de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FAPCA); Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación de Trabajadores de la Imprenta Diarios y Afines (FATIDA); Sindicato Argentino de Televisión (SAT); Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA); Sindicato Único de la Publicidad (SUP); Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); Sociedad Argentina de Locutores (SAL); Sociedad Argentina de Músicos (SADEM).

El escrito, brega por la protección de la identidad nacional y de los valores culturales argentinos. Y –cosa extraña en muchos medios que acompañaron iniciativas extranjerizadoras, privatizadoras y liberales de los noventa- hace un diagnóstico de lo que les ocurrió a las empresas de comunicación en general: “Se favoreció una apertura irrestricta que no reconoce antecedentes en el mundo”, explica antes de ir al grano: “Está en manos de nuestros representantes gestar una verdadera Política de Estado: la protección del patrimonio cultural e informativo nacional, a través de una serie articulada de medidas legislativas y políticas activas que apunten a brindar un marco para el desarrollo de nuestras industrias culturales”.

¿No sufrió este proceso la mayor parte de la economía argentina durante los últimos veinticinco años? ¿Dónde estaban los medios en los primeros años de la década menemista cuando se abría la economía y el capital extranjero compraba hasta las señales de tránsito? Quizás estaban disfrutando de las ventajas que les daba la modificación de la ley de radiodifusión para aglomerar canales de TV, diarios y radios. Quizás estaban haciendo negocios con los que hoy podrían ser sus verdugos.
La protección y promoción de los cimientos culturales son banderas indiscutibles de todo pueblo soberano. Sin embargo, hay que estar con los ojos abiertos. Hoy es también una coartada excelente de aquellos que quieren hacer cerrar sus cuentas, aún a costa de vender escarapelas a los cuatro vientos. 


Una coartada excelente hasta para aquellos que veneran la globalización, salvo cuando les llega a ellos.

Ademas se cargaron al juez Marquevich cuando oso investigar la ilegal adopcion de Ernestina- Duhalde al gobierno . Magnetto siempre al poder , ningun puesto menor , eso hasta ahora que el 7 de diciembre se aplica la ley de medios , la que supo llamar ley de medios K .Porque TN puede desaparecer , A pero Lanata antes era progre no ? Tan progre como caundo cago a todos los trabajadores del diario critica despues de asociarse con Mata que fundio la Areolineas privada que por suerte recuperamos  

  

Ah esta ley es la que hoy permite que Telefonica pueda ser la dueña del 100% de Telefe siendo una empresda extranjera , ya que todas las operaciones previas de apropiacion de empresas por parte de las empresas extranjeras hasta ese momento , es decir durante todo el festival de entregas menemistas quedaba fuera del alcance de la limitacion del 30% de dicha  la ley 


http://www.segundoenfoque.com.ar/coartada_cultural.htm

miércoles, 28 de noviembre de 2012

A ponerse las pilas

Por Mario Wainfeld 

La decisión de la Corte Suprema imprime un giro en el expediente promovido por Clarín. Puesto muy en sencillo, urge al juez de primera instancia, Horacio Alfonso, y a los camaristas a que se pongan las pilas. A Alfonso le exige que desmalece la causa y dicte sentencia pronto. Decimos “exige” porque lo fuerza a zanjar dilaciones características en este pleito y en muchos otros. Y, además, establece la “habilitación de días y horas inhábiles”, que altera el cómputo de los plazos procesales. En principio y en general, éstos se miden en días hábiles. O sea, cinco por semana con exclusión de los feriados que abundan en diciembre y enero. Y dato nada menor, tampoco es usualmente hábil la “feria judicial” que se extiende durante todo el mes de enero. Al imponer la habilitación, los Supremos acortan el lapso máximo en el que Alfonso debe sentenciar.
El activismo del máximo Tribunal se dejó por escrito y, quizá con buenos motivos, se sobreactuó un poquito. Se le indicó al juez que debía sacar fotocopias zumbando, que no debe permitir que reclamos anexos de los litigantes (“incidentes”, en jerga) entorpezcan el pleito principal.
Se convocó a Alfonso y a camaristas a escuchar las directivas del Tribunal y a notificarse de cuerpo presente. No es la primera vez que la Corte hace algo similar pero, en este trance, optó por la visibilidad y hasta la bulla. En esta columna se comentó, semanas atrás, que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, citó al camarista Martín Farrell a su despacho y le propinó un buen reto. Farrell venía siendo cuestionado por el Gobierno y se quejaba en la cadena privada de medios, que le hacía intenso eco. Lorenzetti le recomendó que dejara de victimizarse y de hacer declaraciones para dedicarse a atender su labor principal: instar los trámites y juzgar. El palique se organizó con sigilo, no se consignó por escrito, no se difundió con altavoz.
El núcleo de la decisión es positivo y saludable. Bueno es que se dicte sentencia, tras tantas demoras y chicanas. Ambas partes aportaron lo suyo, aunque es el actor (el Grupo Clarín) el que tiene la carga de acelerar el trámite y el que más hizo por dormirlo. Por lo pronto, la hibernación fue su táctica mientras gozaba del privilegio de la cautelar vitalicia fijada por el juez Edmundo Carbone. La medida de no innovar causaba los mismos efectos que una sentencia favorable, Clarín se hamacó confortablemente en ese contexto. La Corte fustigó su proceder cuando hizo cesar la cautelar, en mayo de este año.
Recién entonces Clarín se apresuró, cuando creyó contar con jueces “Corpo-friendly” digitados por el camarista Ricardo Recondo. Y clavó el freno cuando éstos fueron desplazados. Los letrados del Estado actuaron en espejo, aunque es bueno consignar que la carga de instar el trámite es de quien reclama.
* * *
La decisión es curiosa derivación de un expediente abierto por Clarín. Se quejó de denegación de justicia y pidió a la Corte que ampliara la medida cautelar para después del celebérrimo 7 de diciembre. Nada adujo o pidió respecto de la sentencia principal.
El planteo es exótico, inadmisible. El ministro de Justicia Julio Alak lo bautizó como un “per saltum” de facto. Sin ánimo de polemizar sobre metáforas, este cronista precisa que el recurso es un camino más acelerado y menos lícito que el “per saltum”, que sólo es planteable si hay una sentencia de primera instancia. Acá, se trata de una “avocación”: una entrada directa a la Corte sin escalas. El Tribunal, como regla, detesta esa vía, no consagrada por ley alguna. Pero ahora le vino como anillo al dedo para poner en regla al expediente.
En los fundamentos, la Corte rechazó la cautelar, asociándola a la demora en la sentencia como causas de “denegación de justicia”. Decidió en el expediente abierto por Clarín, pero hizo a un lado su pretensión y fue hacia donde quería llegar.
De cualquier modo, llama la atención que la Corte no haya sido más drástica respecto de Clarín por osar una vía indebida. Y que en la parte resolutiva de la decisión no se consigne con todas las letras otro de los aspectos centrales, que es dejar de lado “in limine” (sin abordarlo) el planteo por la cautelar. La omisión les da cuerda a los letrados y cronistas de Clarín para cantar una victoria que no es tal. De todos modos, la Cámara en lo Civil Comercial tiene pendiente un reclamo similar, que sigue en curso. Sería extravagante que admitiera el pedido, tras el rotundo mensaje de la Corte, pero no es imposible.
* * *
La sentencia es breve y unánime. A Lorenzetti le interesa que sean así, en asuntos de gran repercusión, para no mostrar fisuras o divergencias internas. En los escuetos fundamentos hay una expresión que el cronista considera poco feliz, a fuer de poco técnica y hasta tribunera. La Corte dice que Alfonso debe dictar sentencia “de inmediato”. La idea se entiende, claro, pero no es rigurosa desde el punto de vista legal y parece pensada para la celebración en los títulos de la Vulgata mediática. O para la opinión pública, si se quiere ser más transigente.
Es buena praxis, que se encarrile y abrevie el trámite. Todo modo, el juez debe fallar dentro de los plazos legales. El período máximo estipulado por el Código Procesal es de 40 días, que se redujeron de hábiles a corridos (en trazo grueso, de más de dos meses a un mes y diez días). Alfonso puede expedirse antes, más vale, pero no está obligado a hacerlo más allá de la expresión coloquial que usa la Corte. Así dicho, el “de inmediato” les pone en bandeja a los vivarachos actores políticos y 
corporativos un rebusque para pedir más de lo que manda la ley. De nuevo, la Corte sobreactúa.
Si el plazo es de un mes y 10 días significa que el plazo máximo para tener un fallo de Lorenzo sería alrededor del 7 de Enero , es decir el plazo legal que tensdria el AFSCA para declarar en abierto incumplimiento a quienes no presentaron la propuesta de adecuación antes del 7 de Diciembre . Según yo lo entiendo , el AFSCA nunca podría concursar una licencia a partir de esa fecha sin haber conocido cual es la sentencia de fondo del tema , por lo cual , toda licencia que se ponga en concurso dejaría de estar judicializada y esto daría garantías legales a quienes compren las licencias concursadas por ejemplo del Grupo Clarín o de otros grupos de medios que no presenten la adecuación voluntaria ( hasta el momento solo tenemos conocimiento del Grupo Hick de Santiago del Estero , pero no de otros grupos que aún deben hacerlo y presentarlo antes del 7 de diciembre ) 

Ayer obtuvo buenos resultados: el juez de primera instancia y los camaristas corrieron a notificarse personalmente. La decisión se conoció a mediodía y a eso de la una ya habían firmado. Y la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que venía muy remolona, hizo un sorteo para jueces subrogantes en la misma tarde.
* * *
Alfonso no tiene por qué fallar antes del célebre 7D. Podría llegar a estar en condiciones de hacerlo, con una mínima cooperación de las partes, para abreviar trámites pendientes. Si lo hará o no es enigmático a esta hora, la Corte no se lo ordenó ni podía hacerlo. El contexto político pesa pero el magistrado debe combinar la urgencia y el deber de ser riguroso. En un asunto de este porte es verosímil que esté pensando y escribiendo la sentencia desde tiempo atrás, pero fuera de su círculo más cercano nadie lo sabrá. Las presiones, que Alfonso denunció ayer y parecen corresponder más a un asedio mediático que a uno de otro tipo, seguramente lo inducirán a no relajarse ni dejarse estar.
Tendrá que meterle pata pero debe elaborar un fallo sólido. Es inexorable que una de las dos partes lo crucificará y otra lo exaltará. Pero la sentencia recorrerá otras instancias y será mirada con lupa por juristas, políticos, protagonistas y gentes del común: deberá tener una densidad proporcional al conflicto que dirime.
Para este cronista, es claro que el pedido de inconstitucionalidad debe ser rechazado. Como apuntó la Corte Suprema la legislación anti trust existe en todos los países capitalistas. La inconstitucionalidad, una medida extrema, no le cabe como regla general. Para colmo, como susurran varios cortesanos en privado y los abogados del Estado en público, Clarín fundó muy mal ese aspecto de la demanda. Y no agregó prueba interesante al respecto. Se afincó más en el reclamo patrimonial por potenciales daños y perjuicios.
En este sentido, hay un aspecto interesante y poco comentado. El pleito lleva años de vida merced a artilugios de Clarín y de magistrados amigables. La mora benefició objetivamente al Grupo, que conservó todas sus licencias excedentes. Su derecho como concesionario tiene un plazo fijo. Ha transcurrido una buena parte del período de la concesión, que Clarín habrá aprovechado para sustentar su poder y obtener beneficios económicos. El supuesto lucro cesante ante una eventual medida injusta se achica mes a mes. El daño virtual es menor, lo que impactaría en un reclamo por daños y perjuicios. Y hasta podría ser relevante para sopesar la inconstitucionalidad.  ( Pero si es patrimonial se soluciona pagando una indemnización al que sufre el daño patrimonial , no conservando la posicion dominante ) 
* * *
La Corte consigna que un juicio moroso es denegación de justicia, lo que podría ser un precedente interesante. Los Tribunales son muy lentos, vicio del que la Corte no está exenta.
Lorenzetti es un hábil político, por eso tiene liderazgo entre sus pares. Ayer hizo ejercicio de autoridad, lo que le place. Condimentó un fallo que deja bastante de garpe a Clarín con un par de consideraciones que le servirán a su discurso mediático.
La Corte, que siempre calcula cuándo presenta las sentencias, difundió ayer otra que permite que los jueces decreten inconstitucionalidades de oficio. Una novedad enorme, que trasciende los renglones de esta mención. Nada hay de casual en la coincidencia de la presentación conjunta de las dos sentencias. La Corte quiere reafirmar el peso del Poder Judicial. Es factible que en los próximos días haya algún gesto grato a la corporación de magistrados que encontró en Lorenzetti a un Secretario General celoso de sus derechos y hasta de sus prebendas.
Más allá de esas pulseadas, propias del sistema democrático, el expediente más sonado de estos años va derechito hacia su sentencia. El que pierda podrá interponer el per saltum, junto a la apelación. La Corte definirá, en ese momento ahora inminente, si asume la lógica decisión de definir el entuerto cuya gravedad institucional es necio negar.

Desde siempre agradezco a Gustavo Arballo por explicarnos a los legos cada fallo 
Fuente : Página 12

martes, 27 de noviembre de 2012

Política, impuestos y distribución de la renta

Capacidad tributaria y Justicia distributiva 
¿El aumento de la carga tributaria contribuye a la soberanía de los actores sociales menos favorecidos?

Por:  Eduardo Anguita

La última actualización de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias fue en abril de 2011. La necesidad del fisco de recaudar pone a prueba cuáles son los actores sociales y los agentes económicos que tienen mayor capacidad tributaria y cuáles son las formas legítimas de la puja distributiva en la Argentina. Habría que precisar cuánto se actualizaron los salarios en estos últimos 19 meses como para ponderar cuántos más fueron los trabajadores en relación de dependencia que están pagando un tributo creado en tiempos de Menem Cavallo para gravar a los altos ejecutivos y que luego, modificando la base imponible, se extendió primero a trabajadores de elevados ingresos y ahora a una cantidad de asalariados de ingresos medios. 

Un reciente trabajo del economista Horacio Rovelli, que toma la evolución económica argentina entre septiembre 2011 y agosto 2012, afirma que el gobierno avanzó fuertemente en soberanía fiscal, al lograr que el impuesto a las ganancias represente el 5,9% del PBI y los derechos de importación lleguen al 3,1 por ciento. Es decir, que los ingresos fiscales federales por estos dos impuestos representan el 9% del PBI en una ecuación donde la presión impositiva nacional llega al 30% si a eso se le suman los aportes a la seguridad social.

Para comparar la carga tributaria actual con la de otros momentos de la historia reciente, hacia 1999 representaba algo más del 17% y en 2003 representaba el 20 por ciento. A eso, desde ya, debe agregarse el crecimiento de la masa producida en la Argentina, que permite entender a qué se refieren los economistas que hablan de soberanía fiscal. Al menos, para entenderlo en el sentido de la dependencia de los aportes financieros del FMI, el Banco Mundial y los clubes de bancos que proponían la emisión de títulos públicos. Ese esquema de financiamiento del déficit público era solidario con la aplicación de planes de ajuste y privatizaciones y, además, con la ideología de la timba financiera que nublaba a buena parte de los ahorristas argentinos. Una parte del dinero, ante la desconfianza en el rumbo, era fugada del circuito legal en dólares, con la ayuda precisa de los mismos bancos que diseñaban los títulos que el Estado debía emitir. La otra parte del dinero ahorrado iba al estrecho mercado bursátil, destruyendo cualquier idea de ahorro asociada con la inversión productiva.

El desendeudamiento y el impulso al consumo fortalecieron el mercado interno. Es cierto. Pero la pregunta que cabe formular es si el aumento de la carga tributaria contribuye en algo a la soberanía de los actores sociales menos favorecidos. Cuando se dice que el tema de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias afecta sólo a uno de cada cuatro trabajadores registrados y que en la Argentina hay todavía tres de cada diez asalariados sin registrar se puede llegar a la idea de que el impacto sobre este tema es más mediático que real. Se podría inferir que sectores desencantados del gobierno, con Hugo Moyano como epicentro, buscaron un ariete para vulnerar una política económica redistributiva que avanza progresivamente. Sin embargo, el estudio de Horacio Rovelli indica que la mitad del Impuesto a las Ganancias fue aportado por la llamada cuarta categoría. Para quienes no son especialistas en impuestos, como quien escribe estas líneas, surgen muchas preguntas que no son técnicas sino de justicia social; es decir, políticas.

En primer lugar si se toma la actualización de los salarios vía convenciones colectivas de trabajo, debería ponderarse que, entre abril de 2011 –última fecha de actualización de la base imponible al salario– y fines de noviembre de 2012, los ingresos de los trabajadores registrados aumentaron entre el 35% y el 40% en términos nominales. Al no haber una cláusula gatillo que actualizara la cuarta categoría con el aumento salarial, queda claro que hubo una decisión racional de la autoridad impositiva y/o política no sólo de recaudar más impuestos entre los asalariados sino también prosperó la idea de achicar la brecha de ingresos, acotando a los sectores mejor remunerados.

En segundo lugar, cabe preguntarse si los importantes aumentos nominales en materia salarial respondieron a una distribución más justa de la renta o a una actualización del aumento del costo de vida. La respuesta a este espinoso tema tiene grandes disparidades: quienes toman los índices oficiales pueden afirmar que sólo la mitad de esos aumentos se los comió el impuesto inflacionario mientras que aquellos que se basan en el promedio de varios índices provinciales más consultoras privadas consideran que el aumento real de los ingresos resulta un índice muy bajo; es decir, que los ingresos nominales son apenas más altos que el aumento del costo de vida. 

Este tema, complejo y políticamente delicado, no es menor, porque si aumenta la base imponible entre los asalariados y llegara a ser cierto que el aumento de precios erosiona los ingresos de la población trabajadora, se produciría algo que no deviene de una imposición externa (FMI o bancos acreedores) sino que se trataría de una desviación, de un camino no deseado por quienes consideran la Justicia Social como una política sostenida para que sean los sectores más ricos los que paguen más tributos.

Yo lo creo mas como un límite de los tenedores del capital para que toda la plusvalia generada quede en manos de los dueños de los medios de producción . Como decir ya tienen el salario m,as alto de latinoamerica , asi que dejense de joder porque sino se viene la devaluacion , todo lo que les aumentemos los salarios si nos hacen paros , va a ir directamente al precio de venta de la mercancia o el servicio que sea , ni un punto por arriba del IPC , todo el incremento de costos de la fuerza de trabajo ira al incremento del precio de venta y no hagan los vivos haciendonos paros que son extorsivos si pretenden quedarse con parte de la renta uds que solo son recursos necesarios ( tanto como las maquinas pero estas se rompen  si pero nunca se qujan ) para hacer rendir al capital .

En tercer lugar, hay algo que está relacionado a la cultura tributaria y es de difícil comprensión para los militantes de un proyecto nacional y popular. Tanto los aportes a la seguridad social como el pago de la cuarta categoría se realizan por retenciones del agente empleador del salario bruto del trabajador. Los empresarios y, en general, los agentes económicos independientes de buena posición económica, primero perciben sus ingresos y luego pagan el impuesto a las ganancias y a los bienes personales. Cabe la aclaración de que, en función de los pagos del año anterior, pagan un adelanto por ambos conceptos.

En cuarto lugar podría decirse que, en términos prácticos –pero también antropológicos– se da la paradoja de que al asalariado no se le dan las mismas posibilidades que a los que tienen altos ingresos de ser pagadores voluntarios de sus tributos. Es más, si se toma el IVA, el asalariado paga sin chistar, mientras que aquellos llamados "responsables inscriptos" pagan el IVA pero luego pueden recuperarlo, aduciendo, por ejemplo, que la vestimenta que compraron era un regalo empresario o que el combustible que cargaron fue utilizado para actividades laborales. 

Un alto ejecutivo puede desgravar por ejemplo el pago de su inscripción en empresas de medicina privada que les brindan una hotelería de lujo que no tiene nada que ver con la excelencia sanitaria, ¿por qué?
En quinto lugar, muchos economistas que apoyan el camino elegido por el gobierno, señalan la capacidad de elusión y evasión impositiva no sólo de las cerealeras o las mineras sino también del complejo automotriz, que muchas veces fija precios de productos intracompañía que les permiten girar remesas de forma encubierta al exterior o disimular parte de sus ganancias reales. 

Cabe preguntarse si, una vez más, aquellos tributos que son pagados en forma voluntaria y no compulsiva tienen un margen de ventajas que podrían corregirse sin poner en riesgo "la seguridad jurídica" sino más bien permitirían democratizar el verdadero sentido de ese concepto.


En sexto –y último– lugar, para un no experto en tributos, resulta paradojal que jamás se haya avanzado de modo sistemático sobre la fuga de capitales desde el punto de vista impositivo. Cualquier lector inquieto puede ver informes oficiales y académicos que dan por cierto cifras siderales que escaparon del circuito legal al ilegal. Se dice que, en la Argentina, hay entre 100 mil millones y 200 mil millones de dólares en esta situación y que a esos montos se llega por el descontrol –o la complicidad– que el Estado tuvo en los últimos 30 años. Es decir, la misma democracia que durante un par de décadas hizo una ecuación de suma cero respecto de los crímenes de lesa humanidad (hasta que en 2003 comenzó el fin de la impunidad en esa materia) mantiene una anomia significativa respecto de qué responsabilidades impositivas –y penales– tienen los que fugaron capitales. Los expertos de la Unidad de Investigaciones Financieras corroboran estas cifras. Los estudios de las llamadas “rutas del dinero” podrían dar luz no sólo a procesos de corrupción estructural sino también podrían ser una fuente concreta para identificar a los que tienen cuentas pendientes con el fisco por haber sacado dinero del circuito legal, ya que en la mayoría de las veces, entre otros delitos, lo hacen para no pagar impuestos.

Son delitos que están en curso, por más que hayan comenzado hace más tiempo que los plazos procesales para extinción de la pena, por el simple hecho de que puede tomarse la fecha de detección del delito para iniciar acciones administrativas y luego legales. Se pueden plantear muchas hipótesis respecto de por qué algunos sectores concentrados y transnacionalizados de la economía gozan, a veces, de ciertos privilegios. Pero no cabe ninguna hipótesis que justifique laxitud en materia de persecución a quienes fugan capitales. Sobre todo, porque la épica de un proceso popular y democrático se basa en mantener la calma y el trato amable, al tiempo que se es inflexible con los que buscan poder –económico, en este caso– para acrecentar la impunidad.

Fuente : Tiempo Argentino

No a Clarin , el 7D termina la cautelar y no hay tutía


La Corte rechazó el pedido de Clarín de prorrogar la cautelar que paralizaba la ley de medios

La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido del Grupo Clarín que reclamaba una prórroga de la medida cautelar que paraliza la aplicación del artículo 161 sobre la la adecuación de licencias.
Fuentes judiciales indicaron esta mañana que el máximo tribunal rechazó “in limine”, sin tratamiento, el pedido del grupo empresario y exhortó a la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial federal para que se expida sobre la cuestión.

Igualmente como decía en algún otro post seguramente  la CSJN prefiere lavarse las manos en esta coyuntura y tirar la pelota a la cámara ( siendo que la justicia es la garantia de la propiedad de los medios de produccion y difusion de las clases dominantes ), la realidad es que la CSJN va a patear una decisión de fondo de los Articulos 45 y 161 impugnados por el Grupo Clarin todo lo que pueda como hizo con el corralito , dejar pasar el tiempo para que decante y no quedar pegados ( 2015 ? ) - Si fuera parte del poder ejecutivo  trataría de usar el Per Saltum pero tambien es un riezgo ya que la Corte podría rechazarlo .

Rectifico parte d elo dicho leyendo el fallo donde se le ordena al juez fallar sobre el fondo como corresponderia hacer antes de que venza la cautelar , en 3 años no pueden decir si dos articulos son o no constitucionales ? Para que serviría la justicia si demora  años  para definir la constitucionalidad de un artículo impugando ?

Fallo de la CSJN 

lunes, 26 de noviembre de 2012

El débil lazo de la política en el movimiento obrero

Después del paro del 20N 

(20 de Noviembre  o 20/11 en lugar de esas abreviaturas ridículas que ponen al  8 de noviembre le decian ridiculamente 8N y al 7 de diciembre cuando vence la cautelar del grupo Clarin le dicen 7 D ) 

Los sindicalistas argentinos hace décadas que no son dirigentes políticos, dejaron de serlo a raíz de la derrota del '76.  El viejo cuento del policía bueno y del policía malo suele funcionar, incluso con aquellos que lo conocen, porque la necesidad de esa "diferencia" suele tener más peso que un dato evidente: ambos son policías. Pero conviene no abusar de las analogías, de lo contrario la explicación adquiere carácter caricaturesco, sus trazos tienden a la simplificación y a la unilateralidad.
Por:   Alejandro Horowicz


Y este es el punto: los sindicalistas argentinos hace décadas que no son dirigentes políticos, dejaron de serlo a raíz de la derrota del '76, pero eso no les impide ser referentes sindicales más allá o más acá del sistema de alianzas en el que participen (CGT oficialista y opositora, CTA oficialista u opositora, y sindicatos y militantes de organizaciones variopintas). Y los alineamientos sindicales, cuando no obedecen a profundas delimitaciones políticas, son siempre susceptibles de reformulación. Dicho brutalmente: la política en el movimiento obrero argentino es un lazo tenue, débil, casi exclusivamente electoral. Por eso, cuando Hugo Moyano se preguntó alguna vez por qué no hubo en la Argentina un presidente de origen obrero, como el caso de Lula en Brasil, la respuesta surge nítida: porque los trabajadores argentinos hace tiempo que no hacen política, y por ende no tienen partido propio.
 
Y la única vez que lo lograron, el partido laborista construido desde los sindicatos con motivo de dar sustento electoral a la candidatura presidencial de Juan Domingo Perón en 1946, tuvieron que terminar aceptando pocos meses más tarde la "fusión" en el Partido Único de la Revolución Nacional, para después terminar siendo peronismo a secas, PJ. Es decir, los que organizaron el 17 de octubre que funda el peronismo como movimiento democrático de los trabajadores, no pudieron resistir al jefe; y cuando Perón ordenó la fusión, más allá de las resistencias puntuales, como el caso de Cipriano Reyes, dirigente del Sindicato de la Carne, terminaron todos en el redil.  

Eso sí, la capacidad por materializar otro 17 de octubre dejó de ser patrimonio de la nueva dirigencia sindical. Perón lo sabía y lo hizo exactamente para que así fuera.
 
Volvamos a empezar. El paro convocado por los aliados de Moyano el 20N alcanzó su meta. La metodología empleada, el piquete, cumplía un objetivo preciso: cambiar en un punto determinado (el lugar del corte) la relación de fuerzas general. Una vieja consigna maoísta, lo sepan o lo ignoren quienes instrumentan ese viejo método, opera y razona así: no importa si la relación de fuerzas estratégica no resulta favorable, incluso puede ser sumamente desfavorable, se trata de que en el punto donde se dirima tácticamente (en este caso, el punto de corte) pueda ser invertida. Entonces, si estratégicamente es cuarenta a uno, tácticamente se puede invertir. Por eso, un segmento de las organizaciones sindicales que representa en el mejor caso la cuarta parte de los trabajadores sindicalizados, cuando la mayoría no lo está, fue capaz de remplazar todas sus falencias mediante este método político
Y eso es así porque el gobierno no reprime la protesta social. No se trata de una apreciación abstracta, de sus credenciales democráticas –que las tiene–, sino de un elemento mayor: reprimir una protesta requiere que el instrumento sea políticamente confiable, de lo contrario el sentido mismo del acto puede ser desfigurado. Como el gobierno puede confiar políticamente en las fuerzas represivas de las que dispone sólo a medias, en rigor de verdad no está en condiciones de elegir. Y el ministro del Interior sabe, o debiera saber, que todo intento en esa dirección terminaría del mismo modo que en el Parque Indoamericano. 
 
Es posible discutir sobre la legitimidad o ilegitimidad del instrumento utilizado por Moyano; pero en tanto y en cuanto sus resultados no dejan de operar con eficacia y los costos políticos de su funcionamiento no son ni remotamente mayores a los beneficios que arrima, no pareciera el camino analítico más adecuado. Toda apreciación que no parta del realismo, que no contabilice sin mayores prestidigitaciones ideológicas los resultados, corre el serio riesgo de desconocer la naturaleza de lo acontecido. No se trata de un "apriete" y mucho menos de una traición, sino de un conjunto de reivindicaciones que por la negociación o por la fuerza los dirigentes sindicales, en tanto representantes de los trabajadores y de sus aspiraciones, están dispuestos a llevar adelante. Conviene no equivocarse, si esos son los dirigentes sindicales es porque estos son los trabajadores. Existe una relación de determinación entre un elemento y el otro. La ingenua idea de los dirigentes traidores y burocratizados con dirigidos impolutos resulta excesiva  Para que no haya ninguna duda: el plazo para escuchar las demandas de todos los trabajadores ha sido fijado por el máximo referente de la CGT "oficialista". Y no lo hizo en cualquier lugar, sino en las columnas del archienemigo Clarín: el gobierno dispone de 90 días para actuar en consecuencia. Por tanto, es muy probable que lo haga. Una lectura en otra dirección corre el riesgo de ignorar el principio de realidad. Y  no ha sido ignorando qué pasa como el oficialismo vino manejándose a lo largo de  casi una década.
 
LA LECTURA DE LA UOM. 
 
El fastidio de la dirección de la Unión Obrera Metalúrgica por los decires del senador Fernández no fue disimulado ni un instante. En el sitio oficial que la UOM dispone en Internet se puede leer íntegro el rajante comunicado de los hombres de Antonio Caló. El senador pensó, equivocadamente por cierto, que su juicio sobre Augusto Timoteo Vandor era una chicana contra Moyano. El error es doble, no sólo ignoraba la ambigua relación entre los que pararon y los que no lo hicieron, sino, y lo que es mucho más grave, hacía propia una valoración "moral" que compartiera la tendencia revolucionaria del peronismo en la década del '70, sin la menor relectura crítica. 
Es cierto que Vandor no dejo de recurrir a triquiñuelas deleznables para conservar la dirección de la UOM durante el gobierno del general Juan Carlos Onganía, y que respaldó a ese general al punto que se puso saco y corbata para el día de la asunción del jefe de la caballería azul, en junio de 1966. Tan cierto como que en enero del '69, la UOM en su congreso nacional de Mar del Plata, cambió violentamente de rumbo. Por eso, cuando en mayo del '69 se produjo el Cordobazo, Vandor fue su artífice político. Recordemos, el movimiento obrero estaba dividido. De un lado la CGT de los Argentinos y del otro la oficial. En Córdoba, el principal sindicato de la provincia, SMATA, los mecánicos, militaba en las huestes de Vandor. Y el principal sindicato de la CGTA, Luz y Fuerza del "Gringo" Tosco, confluyeron junto con la UTA, de Atilio López, en el paro activo del 29 de mayo. Fue Vandor el que determinó ese comportamiento, paro activo en Córdoba, y paro nacional dominguero en el resto del país. Golpear duro y negociar, esa era la estrategia vandorista. En la actual dirección del movimiento obrero, más allá de las tendencias sindicales y de las adhesiones políticas personales de los dirigentes, ninguno tiene ni la afinada lectura del extinto dirigente de la UOM, ni su afilada capacidad de réplica política. Esas capacidades entre los actuales dirigentes de los trabajadores se extrañan. 
No se trata de una deficiencia tan sólo personal. La derrota del '76 constituye hasta hoy el límite. Una nueva camada de dirigentes saldrá de una nueva serie de luchas, la idea de que todo siga tal como es hoy no sólo resulta conservadora sino además ingenua. Así como toda la sociedad argentina ha sido sacudida una y otra vez por el proceso de democratización que la recorre desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por la Suprema Corte de Justicia, el movimiento obrero aun espera que el impacto del juicio a Pedraza y los demás cómplices del asesinato de Mariano Ferreyra tenga su retraducción política. Y como está en la naturaleza de las cosas, más tarde o más temprano terminará sucediendo.

Fuente : Tiempo Argentino
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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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Politica Obrera