El FMI 'censuró' al país por la manipulación de los índices del INDEC. Una historia que arranca con la contracción de la deuda externa argentina, y continúa con la crisis económica mundial.
A pesar de haber pagado hasta el último centavo al Fondo Monetario Internacional, el gobierno argentino sigue recibiendo los latigazos del principal representante de los intereses financieros a nivel global. “Todo en un pago y chau fondo”, titulaba en diciembre de 2005 el cotidiano Página/12, (Todo en un pago y chau al Fondo) tras el anuncio del entonces presidente Néstor Kirchner del pago de la deuda de 9.500 millones de dólares que el país mantenía con el organismo -el mismo diario había criticado duramente a Ignacio Lula da Silva por hacer el mismo anuncio el día anterior-. (Deuda cero le ganó a hambre cero)
En ese momento, la intención que había manifestado el gobierno era la de sacarse de encima los controles periódicos que el FMI realizaba en Buenos Aires, y las “sugerencias” que éste hacía, y hace, a los países deudores. Una decisión polémica, especialmente porque el ejecutivo descartó la posibilidad de una profunda y exhaustiva investigación en torno al origen de la deuda externa argentina, envuelta en un halo de ilegalidad explícita -hasta existen fallos judiciales, como la causa 14.467 tramitada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No 2 entre 1982 y 2000-.
A partir de allí las relaciones con el FMI y sus directivos sufrieron una serie de vaivenes. El principal punto de conflicto, a partir de 2007, es justamente la medición de la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El viernes pasado, el FMI dio a conocer una “declaración de censura a Argentina en relación con el incumplimiento de su obligación ante el FMI establecida en el Convenio Constitutivo”, iniciativa sin precedentes en la historia del Fondo. Según el organismo, el país no avanzó “en la adopción de las medidas correctivas desde su reunión del 17 de septiembre del 2012 para mejorar la calidad de los datos oficiales reportados al FMI sobre el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y el Producto Bruto Interno (PBI)”. En 2010, el entonces ministro de economía Amado Boudou, anunció el desembarco de una comisión ad hoc del FMI para revisar y elaborar un nuevo IPC a nivel nacional. Un aparente acercamiento que no dio frutos. Luego, ya a fines del año pasado, la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, había amenazado con sacarle “tarjeta roja” a la Argentina si no adecuaba sus índices a la normativa usada en los principales países del capitalismo financiero mundial.
Ahora bien, ¿porqué miente el INDEC? Existen factores internos e internacionales para explicar el fenómeno. En el caso de las causas internas, es evidente que un Indice de Precios al Consumidor (IPC) alterado es funcional al mantenimiento del 'modelo' kirchnerista. Como bien explica el economista Julio Gambina, en una nota difundida ayer, “el efecto de la manipulación de las cifras dificulta la medición aceptable de la inflación, limitando la capacidad de definir el efecto regresivo del aumento de los precios en los trabajadores y sus familias, como en el conjunto de los ingresos populares. Al mismo tiempo deforma la realidad de la evolución económica, sobrevalorando los ritmos de crecimiento de la economía local, algo que incide en la lógica de la disputa del consenso de la sociedad”.
Pero en este caso son las razones internacionales las que generan fuerte conflicto entre el FMI y el estado. Existen una serie de bonos del estado emitidos en moneda extranjera que son alcanzados, por decreto presidencial, por la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En la práctica, éste establece el ajuste de las tasas de interés de los bonos de deuda al índice inflacionario medido por el INDEC. De esta manera, el estado se ha ahorrado unos 6.000 millones de dólares en pago de obligaciones, manipulando las mediciones de inflación y PBI. El mismo secretario de comercio, Guillermo Moreno, admitió en su momento que “es una locura pagar más intereses porque sube el precio de la lechuga”.
Con la censura anunciada, más bien un 'apriete diplomático' sin posibilidades reales de sanciones concretas -aunque el convenio constitutivo hable de expulsión del país censurado-, el Fondo vuelve a la carga para para defender los intereses de los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y los famosos fondos buitre que reclaman el pago de intereses usureros tras el default de 2001.
La normalización de las mediciones del INDEC fue anunciada por el ministro de economía Hernán Lorenzino ayer, y está prevista para el cuarto trimestre de 2013, en consonancia con lo que exige el FMI, que dio plazo hasta septiembre para demostrar avances en el tema. El nuevo sistema nacional, fuertemente necesario, como lo explicitan los trabajadores del INDEC en lucha desde hace ya seis años, podría dar un foto más real de la situación económica nacional -especialmente en torno a los índices de inflación, pobreza e indigencia, los más adulterados-. Pero al mismo tiempo pone al ejecutivo en un briete ante la situación de la deuda externa. Actualmente Argentina debe una suma que ronda los 200.000 millones de dólares, sin contar los intereses compensatorios que surjan en las negociaciones del gobierno, al Club de París, el Banco Mundial y acreedores privados. Éstos últimos son los mayoritarios, y entre ellos se encuentran los famosos Fondos Buitre. El principal 'negociador' de la situación es justamente el Fondo, con el cual el gobierno deberá sentarse a negociar y que será parte de la elaboración de un nuevo índice de medición para el INDEC. En la práctica, el representante de un decadente sistema económico mundial, en muchos casos responsable de las políticas de ajuste que se aplican hoy en Grecia, España o Portugal, y de los grandes descalabros económicos de los últimos 40 años, reclama al país la adecuación de su sistema económico, basado en el extractivismo neodesarrollista, a los términos del capitalismo financiero. Aún nadie, desde el oficialismo o la oposición, cuestionó la legitimidad de la deuda externa contraída por Argentina, principal punto de partida de la situación actual. El propio Gambina, esboza una posible solución: “La Argentina tiene que regularizar por mecanismos propios y sin intromisión del FMI el INDEC, tal como lo reclaman los trabajadores de ATE del organismo y diversos sectores económicos, sociales, políticos y especialistas del campo de la estadística y las ciencias sociales. (…) La Argentina tiene que asumir una actitud soberana al respecto y junto a denunciar al FMI y retirarse del organismo, es el momento para realizar una asignatura pendiente del régimen constitucional desde su inicio en 1983: investigar la deuda pública vía auditoria y suspender transitoriamente hasta obtener los resultados del estudio sobre legalidad de la deuda los pagos al exterior”.
A partir de allí las relaciones con el FMI y sus directivos sufrieron una serie de vaivenes. El principal punto de conflicto, a partir de 2007, es justamente la medición de la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El viernes pasado, el FMI dio a conocer una “declaración de censura a Argentina en relación con el incumplimiento de su obligación ante el FMI establecida en el Convenio Constitutivo”, iniciativa sin precedentes en la historia del Fondo. Según el organismo, el país no avanzó “en la adopción de las medidas correctivas desde su reunión del 17 de septiembre del 2012 para mejorar la calidad de los datos oficiales reportados al FMI sobre el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y el Producto Bruto Interno (PBI)”. En 2010, el entonces ministro de economía Amado Boudou, anunció el desembarco de una comisión ad hoc del FMI para revisar y elaborar un nuevo IPC a nivel nacional. Un aparente acercamiento que no dio frutos. Luego, ya a fines del año pasado, la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, había amenazado con sacarle “tarjeta roja” a la Argentina si no adecuaba sus índices a la normativa usada en los principales países del capitalismo financiero mundial.
Ahora bien, ¿porqué miente el INDEC? Existen factores internos e internacionales para explicar el fenómeno. En el caso de las causas internas, es evidente que un Indice de Precios al Consumidor (IPC) alterado es funcional al mantenimiento del 'modelo' kirchnerista. Como bien explica el economista Julio Gambina, en una nota difundida ayer, “el efecto de la manipulación de las cifras dificulta la medición aceptable de la inflación, limitando la capacidad de definir el efecto regresivo del aumento de los precios en los trabajadores y sus familias, como en el conjunto de los ingresos populares. Al mismo tiempo deforma la realidad de la evolución económica, sobrevalorando los ritmos de crecimiento de la economía local, algo que incide en la lógica de la disputa del consenso de la sociedad”.
Pero en este caso son las razones internacionales las que generan fuerte conflicto entre el FMI y el estado. Existen una serie de bonos del estado emitidos en moneda extranjera que son alcanzados, por decreto presidencial, por la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En la práctica, éste establece el ajuste de las tasas de interés de los bonos de deuda al índice inflacionario medido por el INDEC. De esta manera, el estado se ha ahorrado unos 6.000 millones de dólares en pago de obligaciones, manipulando las mediciones de inflación y PBI. El mismo secretario de comercio, Guillermo Moreno, admitió en su momento que “es una locura pagar más intereses porque sube el precio de la lechuga”.
Con la censura anunciada, más bien un 'apriete diplomático' sin posibilidades reales de sanciones concretas -aunque el convenio constitutivo hable de expulsión del país censurado-, el Fondo vuelve a la carga para para defender los intereses de los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y los famosos fondos buitre que reclaman el pago de intereses usureros tras el default de 2001.
La normalización de las mediciones del INDEC fue anunciada por el ministro de economía Hernán Lorenzino ayer, y está prevista para el cuarto trimestre de 2013, en consonancia con lo que exige el FMI, que dio plazo hasta septiembre para demostrar avances en el tema. El nuevo sistema nacional, fuertemente necesario, como lo explicitan los trabajadores del INDEC en lucha desde hace ya seis años, podría dar un foto más real de la situación económica nacional -especialmente en torno a los índices de inflación, pobreza e indigencia, los más adulterados-. Pero al mismo tiempo pone al ejecutivo en un briete ante la situación de la deuda externa. Actualmente Argentina debe una suma que ronda los 200.000 millones de dólares, sin contar los intereses compensatorios que surjan en las negociaciones del gobierno, al Club de París, el Banco Mundial y acreedores privados. Éstos últimos son los mayoritarios, y entre ellos se encuentran los famosos Fondos Buitre. El principal 'negociador' de la situación es justamente el Fondo, con el cual el gobierno deberá sentarse a negociar y que será parte de la elaboración de un nuevo índice de medición para el INDEC. En la práctica, el representante de un decadente sistema económico mundial, en muchos casos responsable de las políticas de ajuste que se aplican hoy en Grecia, España o Portugal, y de los grandes descalabros económicos de los últimos 40 años, reclama al país la adecuación de su sistema económico, basado en el extractivismo neodesarrollista, a los términos del capitalismo financiero. Aún nadie, desde el oficialismo o la oposición, cuestionó la legitimidad de la deuda externa contraída por Argentina, principal punto de partida de la situación actual. El propio Gambina, esboza una posible solución: “La Argentina tiene que regularizar por mecanismos propios y sin intromisión del FMI el INDEC, tal como lo reclaman los trabajadores de ATE del organismo y diversos sectores económicos, sociales, políticos y especialistas del campo de la estadística y las ciencias sociales. (…) La Argentina tiene que asumir una actitud soberana al respecto y junto a denunciar al FMI y retirarse del organismo, es el momento para realizar una asignatura pendiente del régimen constitucional desde su inicio en 1983: investigar la deuda pública vía auditoria y suspender transitoriamente hasta obtener los resultados del estudio sobre legalidad de la deuda los pagos al exterior”.
Igualmente hoy lo que mas golpea el tema deuda como condicionante de la economía argentina es la posibilidad de entrar en default tecnico nuevamente por el fallo en la corte de apelaciones de Nueva York en la apelación del fallo de Griessa por el pago a los fondos buitres o hold out : Supongo que si nos quieren obligara pagar luego de haberles cedido la soberania sobre nuestros bonos a los jueces y los juzgados yankees es una razon mas para irse del FMI y sacarle a los yankees para siempre la herramienta de extorsion imperial (FMI) sobre nuestro país . Tambien vale la pena recordar que el único país que realizo una auditoria de la legitimidad de la deuda fue Ecuador bajo la revolución ciudadana de Rafael Correa quiens eguramente será reelecto en primera vuelta en un par de semanas . El tema es que Ecuadir con la auditoria realizada logro reducir su deuda un 70% sin necesidad de haber entrado en default como ocurrio en Argentina : la verdad es increíble que Cavallo siga sin responder en la justicia por el megarcaste de 2001 , o la estatizacion de deudas de 1982 , asi como el seguro de cambio gratuito para la especulación financiera entre 1991 y 2001 , denominado mediaticamente como convertibilidad
http://www.auditoriadeuda.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=44:auditoria-a-la-deuda-ecuatoriana&catid=35:auditoria-de-la-deuda-ecuatorianacategoria&Itemid=55
Decisión inclaudicable por indagar la verdad sobre uno de los capítulos más duros de nuestra historia.
El endeudamiento público conforma un problema histórico del país, no solo por sus dimensiones financieras y su gravitación presupuestaria, sino por su incidencia como fenómeno geopolítico y económico en la vida nacional. Este problema se agudizó y volvió más complejo en las tres últimas décadas, habiéndose constituido en instrumento de dominio tanto por las exigentes condicionalidades impuestas, cuanto por el compromiso ineludible de entregar recursos públicos para su servicio, existan o no disponibilidades.
Esta realidad motivó al Gobierno Nacional a adoptar la decisión, primera y, hasta ahora única, de crear una instancia de auditoria que establezca la legitimidad, legalidad y pertinencia de préstamos, de las negociaciones y renegociaciones; que, además, señale las responsabilidades y corresponsabilidad de prestamistas, los impactos sociales, económicos y ambientales, y sobre todo, que permita fundamentar acciones soberanas y reparadoras respecto de los pagos realizados y los futuros.
Fue así que, el Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, dispuso la creación de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), con la participación de organizaciones sociales nacionales y extranjeras, universidades e instituciones de investigación y desarrollo, varias con experiencia en investigaciones sobre deuda externa.
Luego de un año de arduo trabajo de investigación y análisis y de enfrentar dificultades de información, especialmente por el amplio periodo de treinta años señalado para la auditoría, la CAIC entrega, en esta ocasión, una síntesis del Informe Final realizado por sus integrantes y los equipos de profesionales conformados para el efecto.
De acuerdo con la metodología y organización del trabajo, el Informe contiene los resultados y evidencias en cada uno de los tramos de la deuda ecuatoriana, estructurados de la siguiente forma:
· La deuda comercial que analiza la integralidad del endeudamiento de entidades públicas del Ecuador con la banca privada internacional, en su devenir histórico, desde 1976.
· La deuda multilateral concedida por los organismos financieros internacionales, referente, en este trabajo, a créditos seleccionados según prioridades y presunciones de ilegitimidad.
· La deuda bilateral que agrupa créditos provenientes de gobiernos o entidades oficiales de nueve países; se ha auditado especialmente los de mayores acreencias como son España y Brasil, y aquellos que conforman el Club de París.
· Los créditos concedidos a la Comisión de Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE), para la ejecución del Proyecto Multipropósito Jaime Roldós Aguilera; los mismos que corresponden a los grupos multilateral y bilateral.
· La deuda interna, en cuanto a las numerosas emisiones de Bonos del Estado, Bonos de Estabilización y Bonos AGD.
El trabajo de la CAIC constituye un primer paso de lo que debe ser un proceso permanente; hasta que autoridades del Gobierno y la sociedad, en general, conozcan toda la realidad sobre la forma en que se ha manejado el endeudamiento público que, sin duda, ha deteriorado las condiciones de vida de los ecuatorianos y su justa aspiración para alcanzar el buen vivir.
Fuente :Marcha
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