La Justicia en debate

abril 18, 2013 - Número 3, Revista

Por Martín Ogando

En Argentina el descrédito de la Justicia y la sensación de impunidad tienen largo recorrido. Lejos de estar orientada a defender los intereses, los derechos y la vida misma de las personas esta institución es percibida como una corporación corrompida por los arreglos con el poder político y las corporaciones económicas, de espaldas al ciudadano “de a pie” y con lazos indiscutibles con estructuras mafiosas policiales y delictivas.

El caso de Marita Verón, que generó un fuerte rechazo social, es sólo una gota en el océano de injusticias cotidianas que apaña un entramado al servicio de los poderosos y absolutamente pendiente de su propia preservación. Es posible señalar algunas contadas y valiosas excepciones, entre las que se encuentran los juicios a los genocidas de la última dictadura militar, logró inédito a nivel mundial. Sin embargo, aún en esta reparación tardía y desigual, no ha sido el Poder Judicial el que ha estado a la vanguardia. Este se sumó tarde y a veces a regañadientes al impulso que dieron los organismos de Derechos Humanos y otros actores políticos institucionales y extra-institucionales.

Dicho esto, ¿cómo no defender la democratización de la justicia? ¿Cómo no valorar positivamente la puesta en debate de este factor de poder corporativo de primer orden? De lo que se trata es de dilucidar en qué medida y con qué profundidad avanzan en este sentido los seis proyectos presentados recientemente por el ejecutivo nacional de Cristina Fernández.

Con la justicia (de ellos) no se jode
Es inocultable que los proyectos presentados por el Gobierno han generado un fuerte rechazo en casi todo el arco opositor y por supuesto en la propia corporación judicial, incluida la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Hay objeciones procedimentales y también impugnaciones del sentido de oportunidad de los proyectos en danza. Desde la derecha liberal hasta el progresismo moderado y bienpensante se señala la intención del kirchnerismo de darles un tratamiento express en el Congreso sin debate alguno. Por otro lado, se nos explica que no hay intención de democratizar la justicia sino que este es un capítulo más de la avanzada autoritaria del “populismo kirchnerista”, que “viene por todo” y ahora se va a “llevar puesta la independencia del poder judicial”. Independencia esta que valió siempre respecto de los laburantes y del control popular, pero que no impidió jamás la más absoluta dependencia respecto del dinero y del poder.

El problema principal entonces no es la crítica a los proyectos oficiales o incluso la evaluación sobre las intenciones más o menos explícitas del Gobierno. El problema es el punto de vista fundamental que se asume en la pelea de fondo por una justicia genuina para el pueblo. Y acá, tristemente, la mayor parte del campo opositor asume la defensa incondicional de la corporación judicial y del status quo de la que seguramente sea la institución más retrograda y anti-popular de los poderes del Estado. Lo notable es que fuerzas políticas progresistas, de centro-izquierda y hasta de izquierda hayan quedado entrampadas en este escenario defendiendo a los tribunales de los poderosos, a la institucionalidad republicana y a la Constitución neoliberal de 1994.

Aquella oposición resulta esperable en sectores de derecha o centro-derecha pero llamativa en organizaciones del campo popular que han archivado sus reclamos históricos en pos de una estrategia meramente oportunista de “unidad de oposición”. Con este discurso no hacen más que fortalecer el discurso kirchnerista de que nada se encuentra a su izquierda y por lo tanto la disyuntiva es “ellos o la derecha”.

¿Vienen por todo?

Ahora bien, más allá de la defensa corporativa y reaccionaria que parte de la oposición política hace de esta justicia para pocos, ¿cuál es la profundidad del proyecto del Gobierno? En este punto hay que ser claros: los seis proyectos enviados al parlamento no apuntan a una democratización profunda del sistema judicial sino a unas pocas reformas muy puntuales. Lo ha dicho con justeza Alberto Binder, vicepresidente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Políticas y Sociales) y participante del espacio Justicia Legítima: son “reformas menores que no solucionan ningún problema de fondo ni tampoco ponen en peligro la República”. Y justamente el problema es que esta Republica donde deciden unos pocos, donde los poderes fácticos valen más que las mayorías y donde la propiedad de algunos está por encima de la vida de los más, sí que merece ser cuestionada.

La escasa profundidad de las reformas planteadas se acompaña por un tratamiento restringido y acelerado del tema, que no da lugar a la más amplia participación popular en un debate de vital importancia. Un cambio de fondo en la Justicia debiera empezar por un debate de masas que, entre otras cosas, permita generar mayor consenso y el apoyo de gran parte de las organizaciones populares.

Los proyectos
En lo que hace al contenido concreto de los seis proyectos las valoraciones son desiguales. Hay algunos escasamente polémicos y que debieran ser apoyados sin mayor objeción. Es el caso de los orientados a dar mayor publicidad a los actos del Poder Judicial en sus instancias superiores, a la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios y al ingreso por concurso de los empleados.

Sin dudas el proyecto más polémico es el que limita las cautelares contra el Estado a una duración de 6 meses. No es ningún secreto que el origen de este proyecto es la famosa cautelar interminable que la Cámara Civil, Comercial y Federal le ha otorgado al grupo Clarín trabando desde hace más de tres años la plena aplicación de la llamada Ley de Medios. Es imposible no compartir la indignación frente a esta situación que mantiene al margen de la ley de manera impune a uno de los grupos económicos más grandes del país y que se continúa con la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 45 y 48 de la LSCA por parte de la misma Cámara. Sin embargo, se objeta con razón que para enfrentar a Clarín no es posible que se ponga en riesgo la garantía de justicia para particulares vulnerados en sus derechos frente al Estado. Así jubilados, trabajadores o pequeños comerciantes podrían quedar indefensos frente a eventuales atropellos estatales que no necesariamente se encuadren en la excepción marcada en el proyecto que refiere a la “afectación directa a la vida, salud o prestaciones alimentarias”. De hecho, al cierre de esta edición y producto de un planteo del CELS se estaba discutiendo una modificación a este proyecto.

La creación de las Cámaras de Casación en los fueros contencioso administrativo, laboral y civil y comercial, han sido criticadas por reproducir la estructura jerárquica y burocrática del Poder Judicial y por el peligro de que terminen alargando aún más la resolución de los procesos judiciales.

Finalmente la elección por sufragio popular de los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a jueces, abogados y académicos supone un avance en relación al actual mecanismo que resulta absolutamente endogámico y corporativo. Sin embargo es objeto de debate si la elección en lista sábana, con una representación limitada a una mayoría y una minoría y en el mismo turno de la elección presidencial puede apuntalar una efectiva democratización del organismo.
En realidad busca generar un nuevo bipartidismo que s elleve todos los cargos , igual que Menem y Alfonsin para el senado en el nefasto pacto de Olivos que firmaron y arreglaron 2 y uno para quedarse con todos los senadores en ese momento solo para la UCR y el PJ , si buscara mayor representacion claramente usaria el sistema D'hont nunca mayoías y minorías y atarlas a las bolestas del FPV , el PRO o la UCR donde colocar a sus propios abogados e intelectuales afiliados a los partidos . Asi se enfrentan Carta Abierta vs el Gruipo Aurora o Forster vs Aguinis dejando afuera otras opciones. 

Una justicia popular

El análisis de los alcances y limitaciones de los proyectos presentados demandarían seguramente mayor detalle y el aporte de especialistas en el tema. Sin embargo, lo central en términos de la confrontación política que se estará desarrollando en estos días no pasa necesariamente por esa “letra chica”. Por un lado las tentativas reaccionarias de dejar todo como está deben ser rechazadas de plano. Pero por otro lado la principal limitación del proyecto kirchnerista no es su supuesta intención de avasallar a la justicia sino justo lo contrario: que se trata de una reforma extraordinariamente limitada, pragmática y de corto alcance que deja intacta a la corporación judicial. El feroz rechazo que alguno de los proyectos ha generado en los factores de poder no es prueba, como se intenta argumentar, de su justeza o radicalidad sino de lo poco que están dispuestos a conceder. Siendo así, sabiendo que por más limitadas que sean las medidas los cacerolazos existirán y la oposición despotricará, la tibia iniciativa oficial suena a oportunidad perdida.

No somos portadores de certezas absolutas en este tema, ni mucho menos. Pero sí pensamos que una democratización real de la Justicia debe acercarla en términos reales al pueblo, garantizar sus derechos y no los de los poderosos, simplificar el acceso a la misma y a su lenguaje, y poner al menos en debate propuestas como el juicio por jurados, la descentralización de los fueros, la horizontalidad y democratización en la organización de los jueces y la elección popular de los mismos. Un amplio y democrático debate nacional sobre estas y otras propuestas, con participación popular real y protagónica, sería probablemente la vía más potente para acometer una efectiva democratización y un profundo cambio cultural en la justicia argentina.


Fuente :  http://mareapopular.org/revista/la-justicia-en-debate/