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viernes, 31 de mayo de 2013

¿Un posible acceso a la vivienda para los sectores medios?


Por Nicolás Calcagno*. 

En junio de 2012, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) lanzó el programa Mi Primera Casa, presentándolo como la línea de créditos hipotecarios con la tasa más baja del mercado y como parte de una política destinada principalmente a los sectores jóvenes y de bajos recursos. Un análisis de su alcance e implicaciones.

Por otra parte, se lo presentó como una forma novedosa e innovadora por parte del Estado de diseñar políticas para el acceso a la vivienda, ya que uno de sus componentes principales pasa por el hecho de que las personas beneficiarias pueden elegir libremente dónde van a vivir. El programa, así, surgía como la mejor oportunidad de acceder a la vivienda para quienes tuvieren ingresos desde $2300, en un contexto de crisis habitacional y ausencia de créditos hipotecarios.

Déficit habitacional en la CABA

La gravedad de la situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) es de larga data. En los últimos cincuenta años su población se mantuvo prácticamente estable. Mientras que en 1947 la población de la ciudad era de 2.981.043 habitantes, hacia 2010 se redujo, pasando a 2.891.082. No obstante esta disminución poblacional, la tasa de déficit habitacional creció vertiginosamente. En los últimos veinte años se duplicó la emergencia, ya que se registró un aumento de habitantes porteños en situación de déficit habitacional, de 346.821 que había en el año 1991, a 667.435 en el 2010, aproximadamente.

La población en emergencia habitacional se localiza principalmente en barrios del sur de la ciudad, y en menor medida en los del oeste, en tipologías de vivienda precaria y autoproducida, como hoteles-pensiones, ocupaciones, conventillos, villas, asentamientos, núcleos habitacionales transitorios, complejos y barrios municipales y población en situación de calle. Sólo en el sur de la ciudad se concentra el 69% de las villas, y particularmente en las comunas 4 (que abarca los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y 8 (que incluye a Villa Soldati y Villa Lugano) se aglutina la mayor proporción de hogares y población pobre de Buenos Aires, que asciende a casi el 30% del total de las dos comunas mencionadas.

La política presupuestaria en materia de vivienda durante la gestión del PRO: Subejecución

Desde las esferas ejecutivas del gobierno local, encargadas de resolver el déficit habitacional de la ciudad, las respuestas en términos de ejecución de políticas públicas han sido magras. Desde el 2006 se dio inicio a un proceso de fragmentación y desarticulación institucional que se plasmó en la dispersión de las responsabilidades antes atribuidas al Instituto de la Vivienda (IVC) en otros seis organismos del Gobierno de la Ciudad. Paralelamente, comenzó a producirse el fenómeno de la sub-ejecución de partidas presupuestarias destinadas a la problemática de vivienda. Analizando pormenorizadamente cómo y en qué gasta el ejecutivo, se puede verificar que mientras en 2007 el IVC ejecutaba el 86,7% de sus recursos, en 2010 (año en el que se produjo el estallido de la crisis habitacional, cristalizado en la toma del Parque Indoamericano) se ejecutó sólo el 44,6%.

Lo mismo ha sucedido en programas que pretenden paliar esta realidad habitacional, tales como la Ley 341 de Autogestión de la Vivienda (que en el año 2010 sólo ejecutó el 58,7%, y en 2012 el 66,78%) o el programa de "Reintegración, Integración Y Transformación De Villas" del IVC (que ejecutó el 0,55% del presupuesto asignado en 2010, y el 25,07% en 2012). Mejor suerte tuvieron los programas que prevén acotadas intervenciones de infraestructura en asentamientos informales o embellecimiento estilístico de las viviendas; o los destinados a ofrecer subsidios, por única vez, a familias con problemas habitacionales que se encuentran a la espera de una vivienda definitiva o sufren situaciones de desalojo.

¿Cuál es el perfil del destinatario de Mi primera casa?

Si bien formalmente se anuncia que pueden ingresar al programa Mi Primera Casa incluso aquellas personas que cuenten con ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil, un punto a destacar es el concerniente al monto del crédito, que en concreto varía considerablemente según los ingresos declarados por el postulante, variando también así sus posibilidades reales de acceder a una propiedad. Aquellos postulantes que cuenten con ingresos totales equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil ven sumamente reducida la posibilidad de poder adquirir una vivienda con esta línea de créditos. En primer lugar se observa como límite el ahorro previo exigido de alrededor de $25.000. Por otra parte, la cuota inicial representa el 40% de los ingresos, lo cual en el caso de un SMVyM resulta imposible de afrontar, ya que éste apenas cubre los gastos que debe afrontar un trabajador para alimentarse, cubrir gastos de transporte, vestimenta, etc.

Pese a que Mi Primera Casa fue anunciado como una solución al problema de vivienda de los sectores medio-bajos, no es una respuesta al déficit habitacional que acusa históricamente la ciudad. Lejos de ello, el programa apunta más bien a un cambio en el régimen de tenencia de los sectores medios (pasando del alquiler a la propiedad) y a un traslado de estos sectores hacia las comunas con menor valor inmobiliario. Sin embargo, tampoco constituye una solución de fondo para que los sectores medios logren un cambio masivo en el régimen de tenencia, ya que se contemplan sólo 3.500 créditos por año. Es decir, sabiendo que se estima en un número cercano a los 300.000 la cantidad de inquilinos (formales) en la ciudad, sólo 3.500 podrían pasar a ser propietarios, lo que representa aproximadamente un poco más del 1% del total.


*Nicolás Calcagno es miembro del Observatorio de Políticas de la Ciudad – OPC (www.politicasdelaciudad.com.ar)

Fuente: Marcha

Extractivismo, un debate necesario en América Latina


Por Leandro Morgenfeld*

La primera década del siglo XXI generó un boom de la economía latinoamericana, basado en parte en la alta demanda y precios de las commodities. ¿Qué peligros sociales y ambientales tiene el esquema basado en las exportaciones agro-mineras? ¿Es posible otra utilización de los bienes comunes de la naturaleza? Los dilemas de la región.

América Latina, en los últimos años, tuvo un crecimiento económico sorprendente, sostenido por la alta demanda y precios de la soja, petróleo y bienes minerales. En la última década, proliferó el modelo extractivista, que se basa en la apropiación de cuantiosos volúmenes de bienes naturales, generalmente bajo prácticas intensivas, que en su mayor parte se exportan como materias primas (minería, agricultura, actividad forestal e hidrocarburífera).

Los países de la región están recreando, en un nuevo contexto mundial, un modelo agro-minero exportador. Este avance del extractivismo produce consecuencias negativas, debido al uso generalizado de agrotóxicos, desmontes, desalojos de comunidades rurales, contaminación, concentración de tierras y represión contra quienes resisten esas políticas. Las principales beneficiadas son las grandes corporaciones, en detrimento de los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños productores y la población en general, que sufre y sufrirá los nefastos efectos ecológicos. Pero también le sacaron provecho, indirectamente, los Estados latinoamericanos, que captan una parte (minúscula generalmente) de esas rentas, pudiendo equilibrar sus cuentas fiscales y, en algunos casos, ampliando el gasto social. Esto último plantea un dilema fundamental para algunos gobiernos de la región.

Esta inserción económica internacional latinoamericana de los primeros años del siglo XXI (que permitió lograr balanzas comerciales positivas y superavit fiscal) se dio en un contexto mundial de aumento de la demanda de bienes comunes de la naturaleza, especialmente por haberse transformado China en una importadora creciente de materias primas.
No es casual que África y América Latina se hayan transformado en dos áreas fundamentales de disputa entre las históricas potencias imperiales y China, succionadora de bienes minerales y agropecuarios en estos dos continentes. La necesidad de alimentar a millones de personas que se incorporan cada año como consumidores al sistema capitalista y el creciente consumo energético de bienes hidrocarburíferos y minerales no renovables impulsó en la última década un aumento inédito de los precios y demanda de los mismos, impactando en la inserción económica internacional de los países latinoamericanos. Parece haber un ciclo en el que se invirtió la histórica tendencia al "deterioro de los términos de intercambio".

Esta orientación -el denominado "consenso de las commodities"- no se circunscribe a los gobiernos neoliberales de la región, ni a los países tradicionalmente mineros (Chile, Perú, Bolivia). Brasil, por ejemplo, es hoy el principal productor y exportador de bienes minerales. Según el especialista Eduardo Gudynas, en ese país se extrajeron 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011. El resto de los países sudamericanos, en total, sumaron 147 millones de toneladas. En el caso de Argentina, según el periodista Darío Aranda, el monocultivo de soja pasó en la última década de 12 a casi 20 millones de hectáreas (del 38% al 56% de la superficie cultivada). En el caso de la minería, hace 10 años había 40 proyectos y hoy existen 600. Corporaciones transnacionales, con la Barrick Gold a la cabeza, hacen grandes negocios en el país.

Además de haberse demostrado que la idea del "desacople" (la ilusión de que América Latina podía evitar las consecuencias de la crisis económica global) era errada, el modelo extractivista plantea un debate importantísimo: ¿Es sostenible desde el punto de vista social este modelo agro-minero exportador? ¿Y desde el punto de vista ambiental?
Para algunos, el tema ambiental es secundario, y la especialización en la producción y exportaciones de commodities es lo que permitió a los gobiernos progresistas de la región recuperar la influencia del Estado y ampliar las políticas sociales. Entre quienes sí advierten sobre las consecuencias nefastas, existen dos grandes grupos. El primero, integrado por los activistas que apuestan a un capitalismo verde, es decir plantean que es necesario incrementar las regulaciones y controles en función de un modelo extractivo sustentable. El segundo, compuesto por quienes advierten que la destrucción (consumo sin reposición) exponencial de minerales y bienes agropecuarios llevará en pocas décadas a una crisis sistémica y civilizatoria. La salida, esgrimen, tiene que ver con el ecosocialismo, es decir con una perspectiva que denuncie el carácter irreconciliable del capitalismo con la preservación de un equilibrio ecológico. Sostienen la necesidad de construir otro tipo de sociedad -que no se base en la explotación del hombre por el hombre- y otro patrón de producción-consumo que no aniquile los bienes comunes de la tierra en el mediano plazo.

Esta última posición se entronca con las luchas y los planteos de diversos movimientos sociales latinoamericanos (como los que se produjeron la semana pasada, en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto) que denuncian la minería a cielo abierto, la sojización, la desforestación, la expropiación de pequeños campesinos y pueblos originarios, vinculando ambas luchas, social y ambiental, en una perspectiva anti-imperialista y anti-capitalista. Advertir los peligros de la profundización de la "acumulación por desposesión" -concepto de David Harvey- es un paso fundamental para construir una estrategia de resistencia frente a la ofensiva del gran capital para apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza.

* Docente UBA e ISEN. Investigador del CONICET. Autor de Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las conferencias panamericanas (Ed. Continente, 2011), de Relaciones peligrosas. Argentina y Estados Unidos (Capital Intelectual, 2012) y del blog www.vecinosenconflicto.blogspot.com

Fuente: Marcha

jueves, 30 de mayo de 2013

Hagman, de Marea Popular: “Somos independientes”



El dirigente de Marea Popular adelantó con cuales otras fuerzas buscarán acordar de cara a octubre, qué agenda intentarán discutir en la campaña y responde a las acusaciones de “kirchneristas”.

Por Marcelo Maccio Villegas / 30 de mayo 2013

Marea Popular festejó, el pasado 18 de mayo, haber conseguido más de 6000 afiliaciones para constituirse como partido político en terreno porteño. Días más tarde, el 27 de mayo,presentaron una alianza electoral con Unidad Popular, representado en Claudio Lozano.

Itai Hagman, dirigente de Marea Popular y posible candidato a diputado nacional, dialogó conNoticias Urbanas y explicó la conformación del nuevo partido: “Nace de la unidad de distintas agrupaciones. Nos unimos porque veníamos reflexionando sobre cómo hacer para, sin renunciar a la militancia social, participar del debate electoral e institucional”.

Contó que buscarán llegar al Congreso Nacional y a la Legislatura porteña para “plantear una agenda representada por militantes sociales, que hasta ahora delegaban en políticos profesionales su representación. Queremos romper con esa lógica y decir ‘los movimientos sociales también pueden hacer política y tener representación’”.

-¿Qué agenda intentarán discutir en la campaña?
-Vamos a plantear cinco ejes: Uno tiene que ver con la soberanía. Después de 10 años de kirchnerismo y 30 de neoliberalismo tenemos un nivel de extranjerización de la economía y falta de control sobre nuestros recursos naturales que es muy preocupante. Creemos que no se puede cambiar la matriz productiva si no se recupera la soberanía.

Otro punto es la igualdad: vivimos en un país injusto y desigual. Cambiar eso implica llevar adelante una reforma tributaria progresiva, que es una deuda de todos los gobiernos. Necesitamos una reforma que permita mayor igualdad y que permita financiar el Estado pero no con la receta de la derecha.

El tercer punto tiene que ver con el trabajo digno, que afecta a la juventud con la precarización laboral, tenemos un tercio de los trabajadores en negro. Cuarto punto: democratización del Estado, que es una demanda del 2001. Las estructuras políticas que hoy dominan son las tradicionales, y para nosotros esas estructuras impiden que haya participación genuina de la población. Hay que cambiar la lógica del Estado, con participación directa, hay que plantear que los políticos vivan como el pueblo.
Por último está el tema de la vivienda, que en la Ciudad es muy importante. A comparación de 2001 hay un 50 por ciento más de gente que vive en situación precaria. Para nosotros este tema es fundamental e implica que el Estado intervenga en el mercado.

-Qué expectativas tienen para las elecciones, ¿buscan ganar o con lograr imponer esta agenda creen que alcanza?

-Estamos armando un espacio que va a disputar su lugar en el Congreso y la Legislatura, pero el objetivo fundamental es visibilizar esta agenda en la campaña. Cuando entremos a las cámaras lo haremos mediante proyectos puntuales. Hoy hay discusiones de maquillaje y los grandes problemas no se discuten. Somos el único espacio que en la Ciudad va a estar planteando una agenda que tiene que ver con los problemas reales de la población.

-Ya hubo acuerdo con Unidad Popular, ¿esperan sumar otros sectores?

-Hay agrupaciones con las que venimos articulando hace mucho tiempo que se dedican a la militancia social o barrial y que a nosotros nos importa que tengan mucha presencia en la campaña, como el Frente Darío Santillán, Camino de los Libres y otros. Además discutimos con los grupos que se están yendo de Proyecto Sur, agrupaciones, comuneros. Entendemos que Proyecto Sur en su momento expresó una agenda importante, pero hoy eligió otro camino y hay muchas fuerzas que están yéndose de esa experiencia y nosotros queremos conformar un espacio junto con ellos. Y también llamamos a quienes todavía están en esas experiencias y a quienes están en el kirchnerismo, porque tenemos el desafío de construir una alternativa a la gestión Pro.

“Creemos que podemos hacer algo muy amplio, son muchos los espacios que coinciden con la necesidad de armar algo nuevo, no limitarse a elegir entre lo que ya conocemos”, agrega Hagman. Entre los rumores que circularon uno indicaba la posibilidad de acordar con Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad. “Tenemos mucho respeto por Luis porque consideramos que es de los pocos dirigentes que guarda una coherencia y honestidad intachables. Tenemos vocación de que Luis forme parte de esta construcción, nos gustaría que él y su partido sean parte porque pensamos que hay cosas en común”, responde Hagman a los rumores, y agrega: “Pensamos que Luis podría ser parte de esto, si él quiere aportar su nombre y trayectoria a una experiencia colectiva, lo vamos a recibir muy bien”.

-Entre las críticas que recibe Marea Popular está la que asegura que son una agrupación kirchnerista…
-Hay una especie de locura en la oposición, ven kirchneristas hasta en la sopa. Hay una lógica que si uno no toma la agenda que propone la oposición mas férrea, automáticamente es kirchnerista tapado. Lo que hicimos fue mantener una posición independiente que intenta escapar a la lógica binaria de dos opciones, o kirchnerismo u oposición como relato único; y no nos sentimos representados por ninguna de esas dos posiciones. No creemos que la alternativa superadora venga por el lado de la oposición conservadora. Nuestra posición es independiente, con autonomía y sensatez.
“No jugamos en el juego de la polarización entre Gobierno y oposición, que es el juego que destruyó Proyecto Sur y llevó al FAP a estar dividido. No entramos en eso”, comenta el dirigente, y asegura que de unirse más fuerzas, espera que las candidaturas se decidan por común acuerdo, y “no pensar las candidaturas en nombre y apellido”, porque eso “es una guerra de vedettes, como el Pro y Lavagna o Lilita y Pino”.


Fuente http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/hagman-de-marea-popular-nuestra-posicion-es-independiente-con-autonomia-y-sensatez/

Década K: “es la política, estúpido”


Por Francisco Cantamutto. 

El decenio kirchnerista ha marcado una etapa con espesor propio en la historia argentina. Es necesario un balance que evite cualquier juicio unilateral, ya que quedará siempre corto. El populismo, el arbitrio sobre los sectores sociales y la indefinición.

A una década, intentar un balance no pretende ofrecer una conclusión cerrada. No se trata de simples sumas y restas. Es necesario arriesgar una mirada procesual, aún si ésta también resulta insuficiente. Queremos presentar aquí al kirchnerismo como una construcción hegemónica de una parte de la clase dominante, en clave populista -en el mejor sentido posible de este término-.

Tiempo de balances

Aunque nada tenga de particular una década para promover las evaluaciones de conjunto, la proximidad de las elecciones legislativas la consolidan como tiempo suficiente para intentar balances del período. Así, han comenzado a circular intentos de dimensionar políticas a favor y en contra. Cada una de estas definiciones puede resultar ambigua, a menos que el proponente haya tomado partido abierto y pretenda negar algún costado de la balanza, elogiando sin límites o criticando sin mesura.

Una nota interesante es que, de modo repentino, amplios sectores opositores parecen rescatar la experiencia de esos primeros años de Néstor. ¿Por qué esta súbita reivindicación de aquel período? Entre otros motivos, la oposición pretende recuperar esa etapa porque se trata del mejor momento del kirchnerismo para sus intereses. El superávit fiscal logrado a partir del default de la deuda y la licuación salarial permitió impulsar los subsidios a la actividad, apuntalando una elevación de la tasa de ganancia. La renegociación de la deuda externa, como hemos insistido, sirvió para obtener ciertos descuentos sin salirse del juego financiero mundial. Tras la pauperización de la condiciones de vida de la población, toda mejora distributiva era bienvenida por los sectores populares, y tolerada por la clase dominante.

El kirchnerismo tuvo, a la vez, una lógica de veloz recuperación de las demandas planteadas por los sectores populares en su resistencia al neoliberalismo. Así, la reforma de la Corte Suprema de Justicia y la reapertura de los juicios a los genocidas fueron gestos políticos muy fuertes, de profundo impacto entre organizaciones que venían sosteniendo el reclamo desde hacía décadas. La legitimidad del kirchnerismo se construyó en base a presentarse como la tendencia opuesta al neoliberalismo, a la corrupción, al encubrimiento. Esta estrategia de posicionamiento político, de mayor relevancia que la propia trayectoria de los integrantes del gobierno, junto a la recuperación del mercado de empleo, serían las bases de la legitimación entre los sectores populares del proyecto articulado por la gran burguesía y el peronismo.

La tensión instalada

Las pautas generales del patrón de acumulación fueron trazadas por sectores de la gran burguesía: la industria, la construcción, una fracción del sector financiero y parte del sector agropecuario. Además de excluir a los trabajadores del comando de la salida de la Convertibilidad, este programa también marcaba una ruptura al interior de los sectores dominantes: quedaban fuera la banca extranjera, las privatizadas, el sector comercial, y otra franja de la burguesía agropecuaria.

Esta escisión interna a la clase dominante no implicaba que las fracciones desplazadas del comando fueran perdedoras, sino que no dirigirían este proceso, no sólo en materia de acumulación sino de las definiciones políticas generales. Esta situación se hizo evidente en el conflicto por las retenciones en 2008, momento en el cual estas fracciones desplazadas cuestionaron la permanente injerencia del Estado. Frente al pacto excluyente de la Convertibilidad, que dirimió con cierta estabilidad las demandas de la gran burguesía durante casi una década, el modelo kirchnerista se presentó más inestable, menos previsible: requierió de mediaciones permanentes, cuyo resultado fue siempre contingente.

A esta división interna de la gran burguesía se le sumó la consideración de las demandas de los sectores populares. Dado que la mejora económica estructural se detuvo hacia 2007/08, la política activa tuvo un rol preponderante aquí también. No sólo en lo que respecta a la política social fuertemente ampliada, sino a políticas de otro orden que figuraban como demandas en disputa desde hacía décadas al interior de las organizaciones sociales: ley de medios, intervención estatal en YPF, matrimonio igualitario, etc. Muchas de estas demandas habían sido propuestas y articuladas como proyectos mucho antes de la llegada del kirchnerismo, que las tomó en consideración según sus propias necesidades.

La constante intervención política para arbitrar entre fracciones de la gran burguesía, y entre éstas y los sectores populares es lo que constituye al kirchnerismo como populismo. No referimos aquí a la prédica de la derecha, que pretende señalar con tal nombre un supuesto autoritarismo sobre masas ingenuas. No. El populismo reside en el corte oblicuo realizado sobre las clases sociales, que busca postular un conflicto entre “pueblo” y “enemigos del pueblo”, conjuntos resignificados según la ocasión. Por ejemplo, para el kirchnerismo pueden ser incluidas como parte del pueblo fracciones completas de la gran burguesía, responsable de las atrocidades del neoliberalismo. O volverse enemigos, antipatria, grupos previamente aliados, como es el caso del enfrentamiento con Clarín. El populismo, como proceso, ha permitido validar positivamente, y no como engaño, tanto demandas populares como demandas de la gran burguesía. Ese es su sino.

Hegemonía y populismo

La definición populista del gobierno no apunta a ninguna lógica de complot. El estamento actualmente en el gobierno no es tampoco un grupo jacobino que protagoniza un proceso de reformas sociales de amplio alcance. El populismo es la solución emergente del conflicto que atraviesa la sociedad argentina: la imposibilidad de sostener el proyecto neoliberal, porque no satisface al conjunto de la gran burguesía y porque es rechazado por los sectores populares, y la falta de un proyecto alternativo consolidado. El gobierno es una expresión (con particularidades propias, claro) de una disputa que atraviesa a toda la sociedad: la construcción de sí misma a partir de las fuerzas realmente existentes.

Fuente: Marcha

miércoles, 29 de mayo de 2013

A 44 años del Cordobazo


Iturriza (I): "Hay que priorizar a los Consejos comunales en su rol político”


Por Fernando Vicente Prieto, desde Caracas. 

En medio de la intensa agenda del gobierno de Calle liderado por Nicolás Maduro, entrevistamos hace pocos días a Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para las Comunas de la República Bolivariana de Venezuela.

Al finalizar una reunión de trabajo con movimientos sociales, y a poco de empezar otra con funcionarios y servidores públicos del Ministerio, el ministro Iturriza -sociólogo, escritor, militante popular- recibió a Marcha y compartimos una charla sobre la construcción del Estado comunal hoy en Venezuela, ante una nueva etapa del ciclo bolivariano.

Fue nombrado hace apenas un mes, el 21 de abril pasado, y desde ese momento acompañó a Maduro en las asambleas de gobierno de Calle que realizó en Zulia, Miranda, Táchira y Barinas, entre otras actividades. Tiene a su cargo la política hacia lo que Chávez identificó como resorte esencial para el “punto de no retorno” en el socialismo bolivariano: la construcción del Estado comunal.

“Uno de los signos distintivos en este momento -explica-, es que está la necesidad de recomenzar, pero lo fundamental es que no estamos comenzando desde cero, hay un avance. Con todas las deficiencias que puedan identificarse a estas alturas, hay un avance de participación general y de construcción e impulso de procesos comunales y de comunas en particular”.

Iturriza sostiene que esas son experiencias sumamente incipientes todavía, a las que no se les puede exigir alguna cosa que jamás estuvieron en capacidad de dar. "Hay una apuesta muy gruesa de prefiguración de la nueva sociedad, pero evidentemente todo lo nuevo se construye a partir de lo viejo, de manera que buena parte de lo viejo persiste".

Entre los riesgos de estancamiento en la construcción del Estado comunal, identifica como uno de los principales a la transformación de la política en gestión. "Los consejos comunales son formas de organización llamadas a tener un protagonismo muy importante en todo este proceso de impulso de la participación popular. Pero ahí está pasando algo que nosotros tenemos que meterle el ojo, estudiarlo y elaborar políticas a partir de ese diagnóstico, que además se hace sobre la marcha, porque nosotros no podemos parar", señala. “Nosotros tenemos que estar muy atentos contra una cierta lógica de 'los Consejos comunales como gestores' que se ha impuesto. Porque lo que se debe priorizar no es la gestión, no es el papel de gestores, es lo político”.

Pueblo en revolución

Iturriza apunta como dato positivo que, ante todo, hay participación: “La mayor fortaleza de la Revolución Bolivariana ahorita es la conciencia del pueblo. Hay una conciencia muy fuerte de la necesidad de seguir peleando por lo conquistado, de que todo lo que se conquistó, se conquistó con protagonismo popular. La conciencia del pueblo venezolano de veinte años para acá es casi incomparable: se avanzó años luz. Se avanzó como nunca antes se había avanzado aquí. No tiene comparación con ningún otro momento, es un pueblo que recuperó su dignidad, entonces tiene respeto de sí mismo, y eso ya determina muchas cosas, determina una disposición para entender lo que está pasando, para entender su realidad, para identificar las herramientas que le permitan transformarla, para no permitir que nadie venga a poner en riesgo todo lo que ha alcanzado”, señala.

“El paso del Presidente Chávez por la historia de Venezuela dejó una huella imborrable, indudablemente. Que es la que nos permite que nosotros estemos, aún sin el Comandante, en la situación en la que estamos. No es la situación de ventaja cómoda que nos gustaría y a la que nos acostumbramos con el Comandante Chávez a la cabeza, pero sí la ventaja suficiente como para que nosotros sigamos construyendo y sigamos fortaleciendo nuestra base social y construyendo una hegemonía democrática”.

Hegemonía plebiscitaria

Sobre el lugar del voto, Iturriza explica que "en el proceso venezolano, esa fue la vía que elegimos. Esto no es una cosa arbitraria, tiene que ver con una lectura que se hizo de las condiciones muy particulares del caso venezolano. El Presidente Chávez en el Golpe de Timón -entre otros muchos discursos- lo decía. Hablaba de que para nosotros de nada sirve vencer nada más, también hay que convencer”.

“La hegemonía no es cualquiera, es una hegemonía democrática. Este es un proceso muy plesbicitario, es un proceso que se está midiendo permanentemente, por la vía electoral. O sea que tiene una legitimidad de origen muy sólida y por eso es que precisamente el antichavismo apunta a tratar de atacar esa legitimidad”.

“Todo lo que se haga en Venezuela, todo lo que se haga desde el gobierno y no desde el gobierno, tiene que incidir para que esa legitimidad se fortalezca, para que esa voluntad popular sea cada vez mayor, para que cada vez más gente engrose las filas de la revolución Bolivariana. Yo creo que las condiciones están dadas, fundamentalmente porque tenemos una enorme base social con mucha conciencia, y si bien lo demás no deja de ser importante, creo que esto es lo fundamental de este momento”.

Fuente: Marcha

La Tosco – Corriente Sindical adhiere a los cortes, paro y movilización convocada por la CTA

En el marco de la jornada de lucha convocada por la CTA junto con organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas apoyamos las reivindicaciones que hacen a derechos de los trabajadores largamente postergados.
Entre otras reivindicaciones resaltamos: por paritarias libres y sin techo, por un salario mínimo vital y móvil, jubilaciones y planes sociales acordes a la canasta familiar, por la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica alimentaria y por la derogación del impuesto al salario y los topes para cobrar las asignaciones familiares. Al mismo tiempo es necesario avanzar en el reclamo por el fin de la tercerización y la precarización laboral.
Entendemos que es con el trabajo gremial de todos los días pero también con acciones organizadas y unificadas que podremos ir avanzando en nuestros derechos, conquistar mayor democracia sindical y comenzar a revertir la fragmentación actual. En momentos donde la inflación carcome nuestro poder adquisitivo y las negociaciones paritarias no sólo tienen techo sino que dejan a un gran porcentaje de trabajadores en negro por fuera de las mismas, necesitamos también reclamar por una política activa antiinflacionaria muy lejos de las obsoletas recetas devaluacionistas y neoliberales.
Todas estas demandas legítimas pueden concretarse con una verdadera redistribución de la riqueza, uno de cuyos basamentos sea una reforma tributaria integral, considerando y afectando principalmente las altas tasas de ganancias de los capitalistas, su responsabilidad como formadores de precios y la falta de inversión reproductiva como principales fuentes de la inflación.
Para que nuestros reclamos ganen la calle, adquieran fuerza y se hagan oír estaremos apoyando e incentivando la medida.

martes, 28 de mayo de 2013

¿Para qué sirvió expropiar YPF?: Reflexiones un año después


Por Gustavo Lahoud · Claudio Lozano · Tomás Raffo (*)

Mucho se ha dicho, a un año de la estatización de YPF, del carácter estructural que dicha medida supuso. Se la suele presentar como la más audaz de las medidas tomadas por la gestión gubernamental, dirigida a modificar el comportamiento empresario en un sector clave para la economía como lo es la producción de energía, al mismo tiempo que demuestra la vocación oficial de pelear contra los monopolios ya que se cambió la composición accionaria de la empresa más grande, en facturación, de la economía argentina.

Como para muestra basta un botón , en este material se realizará una evaluación de las principales medidas que se han adoptado en materia hidrocarburífera a partir de la estatización, ya que es la forma, de otorgarle sentido, en el amplio sentido de la palabra, a la expropiación de YPF.

Cuatro puntos nos parecen centrales a la hora de encarar esta evaluación: a) el aumento de precios en el sector: b) Los datos del balance de YPF; c) Las políticas en planeamiento; y d) Los oscuros puntos en blanco de la expropiación.


I) Sobre el aumento de precios y las rentabilidades del sector

En el marco del supuesto congelamiento de precios que el Gobierno dispuso sobre los productos alimentarios vendidos en las grandes cadenas de supermercados, el gobierno ha dispuesto sendos aumentos de precios vinculados con un producto estratégico para el funcionamiento económico; nos referimos, obviamente, al precio de la energía. Estos aumentos fueron básicamente 3:

1. El aumento del 66% del precio del barril de petróleo para su exportación. Precio que pasó de U$S 42 a U$S 70. Vale recordar que el costo de producción del barril no supera los U$S 10; por lo que el precio de U$S 42 ya incorpora una ganancia extraordinaria significativa de 320% que es apropiada por las empresas del sector; tasa de rentabilidad que con los precios vigentes alcanza el 600%.

2. El aumento entre el 50% y el 66% del precio del gas de boca de pozo. Esto es así porque se dispuso fijar el precio en U$S 7,5 dólares el millón de btu para el gas nuevo en lugar de los U$S 4,5 y U$S 5 en que se encuentra actualmente. Téngase presente que gran parte del denominado gas nuevo no es sino reserva de gas ya comprobada pero aún no explotada, cuando no es también gas viejo que se hace pasar por nuevo . Al efecto de considerar el nivel del precio del gas, es bueno recordar que en buena parte de los yacimientos gasíferos del país, el gas está asociado con el petróleo. Por ende, el costo de producir gas en buena medida ya está cubierto por el costo de producir petróleo.

El aumento en el precio de los combustibles líquidos, por vía del establecimiento de un precio tope de comercialización para lo cual se toma como referencia el valor más alto del mercado en cada tipo de combustible. Desde el 9 de abril, se dividió al país en seis regiones, pero es importante señalar que hay una gran dispersión de precios entre distintas jurisdicciones en el interior, con diferencias que oscilan entre el 8% y el 20% aproximadamente entre las distintas empresas. Por ejemplo, en el caso de la nafta Premium, en el interior tenemos valores que van desde los $6,5 hasta $8, mientras que en Ciudad de Buenos Aires la brecha es menor (de $6,99 hasta $7,8 por el mismo combustible).

Téngase en cuenta, sin embargo, que estos precios ya dejaron incluso de ser referencia, ya que, desde la publicación de la medida, se ha producido una carrera de precios entre las operadoras y los mismos establecimientos, generando una nueva situación de zozobra para los consumidores y para el funcionamiento de todo el sector de comercialización de combustibles líquidos. Con esta medida, muy probablemente se busque recomponer precio para YPF (téngase en cuenta que, en comparación, siempre ha tenido los precios más bajos del mercado), de modo tal de tender a una equiparación y, con ello, desviar potencial demanda a los otros operadores, quienes, ante esa situación, tendrían que responder o con más producción o, en su defecto, con importación adicional de combustibles, lo cual redundaría en pérdidas de rentabilidad para sus operaciones La primera conclusión de estas decisiones es que la estatización de YPF ha cumplido un rol fundamental en recomponer la rentabilidad empresaria del sector, antes que en erigirse como un actor con un comportamiento diametralmente opuesto al que caracteriza a las firmas del sector. En lugar de que YPF sirviera para bajar el precio dela energía y con ello favorecer al proceso de reindustrialización y aportar también al supuesto congelamiento de precios; YPF exacerba el comportamiento rentístico que caracteriza al sector desde que se privatizara en los noventa.


II) Los datos preliminares del balance de YPF

El 11 de marzo del corriente, y en el marco de las hechos descritos, la Presidencia de YPF dio a conocer los primeros números globales sobre extracción de petróleo y gas, ventas de combustibles líquidos y rentabilidad obtenida por la empresa en 2012. En tal sentido, recuérdese que la nueva conducción de la empresa comenzó a tomar decisiones a partir de junio de 2012, luego de concluido el proceso de intervención y de normalización a partir de la integración del nuevo Directorio posterior a la asamblea de accionistas de fines de mayo pasado.

En líneas generales, estos son los números más relevantes:

- La extracción de petróleo se incrementó en un 2,2% en relación a 2011. En tal sentido, si bien todavía no tenemos los números más desagregados, la extracción de YPF estaría apenas por encima de los 11 millones de m3/año, lo que sigue representando alrededor de un 30% de la extracción total, que se ubicaría en torno a los 33 millones de m3/año. Este número implicaría una baja del 4.3% de la extracción de crudo en relación a 2011, si se toma el conjunto de las empresas que operan en extracción. Por cierto, es importante recordar que 2011 fue un año complejo, con paros muy prolongados que afectaron esencialmente la extracción en las cuencas patagónicas, con lo cual, las cifras preliminares de 2012 siguen reflejando el cuadro de estancamiento y caída que es ya estructural al funcionamiento del sistema.
En lo que respecta a gas natural, YPF anunció un retroceso del 2,3% en relación a 2011, en un cuadro de situación aún más grave, ya que la extracción de gas en todo el país habría declinado un 3,1% aproximadamente. Las necesidades diarias de abastecimiento de gas rondan los 170 millones de m3/día, de los cuales, alrededor de 25%- unos 42 millones de m3/día- deben importarse porque el sistema no los puede abastecer, ya que la producción diaria está en torno a los 130 millones de m3/día.

- En la performance de elaboración de combustibles líquidos, es donde se ha visto un mejoramiento parcial durante el segundo semestre de 2012, merced a la maximización de la producción de naftas súper y diesel ultra en las principales refinerías de YPF. En tal sentido, el conjunto del sistema de refinación del país superó los 19.000 millones de litros de combustibles, un 2,4% más que 2011 y alrededor de la mitad del incremento productivo, se explica por YPF, que controla, en promedio, casi el 60% de la comercialización de combustibles.

- Finalmente, en lo que respecta al total de ventas, YPF registró unos 67.700millones de pesos en 2012, un 19,5% más que 2011, lo cual probablemente se deba al aumento productivo señalado anteriormente y a los ajustes de precios obtenidos durante 2012. Sin embargo, en lo que respecta a las utilidades netas, en el primer balance preliminar, la empresa informó unos 3.900 millones de pesos, lo cual representa un descenso de 12% en relación a los 4.445 millones de pesos de ganancias en 2011.

Como se desprende de la información presentada, más allá del aumento de precios del sector, que favoreció particularmente a YPF y que se refleja en el volumen de sus ventas, no se ha producido un cambio en la tendencia declinante en materia de producción de crudo y gas; elementos claves para una matriz energética que depende en un 90% de estos recursos fósiles.


III) Las políticas de YPF: el fracking en perspectiva

Frente a esta preocupante realidad, la gestión estatal de YPF ha presentado el Plan Estratégico de la compañía. Efectivamente, esa planificación establecía un horizonte de cinco años entre 2013 y 2017, durante los cuales se debían asegurar unos 7.000 a 7.500millones de dólares por año- totalizando unos 35.000 millones en el período-para el desarrollo de nuevos campos en búsqueda de recursos convencionales y no convencionales. A juzgar por las emisiones de obligaciones negociables, títulos y bonos lanzadas entre junio de 2012 y marzo de 2013, a partir de las cuales se ha logado captar alrededor de $15.000 millones, estamos ante una necesidad ingente de más recursos frescos para llegar a los mínimos requerimientos de financiamiento planteados en la planificación para el quinquenio.

Ello parece difícil de lograrse en el corto plazo, ya que, por un lado, la Argentina no puede fondearse a tasas razonables en el mercado internacional- recordemos que persiste el conflicto por los holdouts- y, por otro lado, las cajas internas - Anses y otros organismos- que han permitido generar buena parte de esos recursos, son vías de financiamiento insuficientes para una industria que es capital intensiva, amén que resulta peligroso, seguir recurriendo a estas fuentes para captación de recursos. Es decir, el precio que se paga porque YPF no modifica el comportamiento empresario del sector es que en lugar de financiar el Plan Estratégico con una reducción de la rentabilidad de los operadores privados se financia a costa de los jubilados (por vía de la gestión de los activos del FGS que realiza el ANSES).

En función de esta situación, se ha creado, mediante la Resolución 130/2013 del Ministerio de Economía, el llamado Fondo Argentino de Hidrocarburos, que no es otra cosa que un fideicomiso respaldado en el Artículo 71 de la Ley N° 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a crear y/o constituir y/o participar en fideicomisos con otras entidades públicas o privadas, otorgar préstamos y/o efectuar aportes de capital en empresas del sector hidrocarburífero en las cuales el Estado Nacional tenga participación accionaria y/o el ejercicio de los derechos económicos y políticos. En la norma se ha establecido un monto de hasta $2.000 millones de dólares, que, muy probablemente, sean volcados gradualmente hacia inversiones en YPF.

Esto podría ser incluso más factible si se tiene en cuenta que la Argentina dispondría de alrededor de $3.300 millones de dólares de las reservas internacionales que no se afectarían al pago del denominado cupón PBI, ya que el crecimiento de la economía en 2012 fue inferior al 3,2% requerido para que ese pago se efectúe. Aunque, a esta altura, se trata de especulaciones que, al correr de los meses, podrían verse corroboradas si las negativas condiciones de inversión para la compañía persisten. ( salieron con el blanqueo para ver si se consiguen fondos para YPF ) La otra cuestión relevante y directamente relacionada con lo anterior, es que ni siquiera se ha alcanzado una estructura de financiamiento mínimo para poner en marcha lo que parece ser el proyecto estrella del programa de Galuccio: la explotación no convencional de gas y petróleo en la formación Vaca Muerta en la cuenca neuquina, cuyas necesidades de financiamiento total oscilarían entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares durante el quinquenio.

Téngase presente que el proyecto estrella- con el uso dela técnica denominada Fracking en la actividad petrolera- es ni más ni menos que la puesta en funcionamiento de un proceso productivo similar al de la megaminería a cielo abierto con la diferencia que se trata de la inyección de enormes cantidades de agua, productos químicos y arenas a grandes profundidades para extraer el gas y/o el petróleo que está en formaciones rocosas de muy baja permeabilidad y porosidad. Es esta particularidad geomorfológica la que hace imprescindible el uso a gran escala de estos productos y, sobretodo, del agua, con los consabidos impactos en términos de la imposibilidad del usufructo del recurso hídrico para otras actividades productivas.

Asimismo, este proceso genera considerables daños ambientales como lo demuestra, por un lado, el hecho de los crecientes conflictos sociales que se han producido allí donde esta actividad extractiva está permitida (fundamentalmente en Estados Unidos, que es el país promotor de este tipo de emprendimientos) como, por el otro, la postergación de este tipo de procedimiento extractivo a través de las denominadas Moratorias en países desarrollados y en proceso de desarrollo (Francia, Polonia, China, etc), que es resistida por los intintereses de los empresas norteamericanas (poseedoras obviamente de la tecnología).

En este sentido, no es casual que la dirección de YPF comenzara a trabajar en un posible vínculo estratégico con Chevron, de los Estados Unidos. La idea era encarar un primer tramo de fuertes inversiones en la formación Vaca Muerta- en el orden de los 1.000 millones de dólares en 2013- como parte de un programa general a desarrollar en el quinquenio 2013-2017, que comportaría una inversión total de unos 15.000 millones de dólares por parte de la compañía estadounidense. El tipo de explotación a encarar, se realizaría bajo el modelo de farm in, por el cual YPF pone en juego el recurso (en este caso, la potencial riqueza hidrocarburífera no convencional) a cambio de una inversión inicial de Chevron para desarrollar un área específica de los plays de la formación Vaca Muerta, que le brinda derechos ulteriores para la participación accionaria en la concesión del área en cuestión. Sin embargo, la propuesta quedó virtualmente congelada ante el avance de una causa megamillonaria por contaminación ambiental en la región amazónica que una ONG y el gobierno ecuatoriano le iniciaron en 2010 a la empresa estadounidense, a partir de la cual las inversiones que realice en la Argentina, corren el riesgo cierto de ser embargadas.

Esto podría producirse ya que, simultáneamente, se realizó una presentación en la Argentina patrocinada por estudios jurídicos locales para obstaculizar cualquier tipo de inversiones de Chevron, a consecuencia de la cual, hacia fines de 2012, el juez en lo Civil y Comercial, Adrián Elcuj Miranda, estableció el congelamiento de los activos de la empresa estadounidense en el país. Con esta situación consumada, ambas empresas estarían en la búsqueda de mecanismos de asociación financiera alternativos que permitan poner en marcha el proyecto. Ante esta situación de estancamiento en la que se encuentra la empresa, se han producido dos hechos que han agravado aún más la traumática coyuntura.

Por un lado, la seria afectación operativa de la refinería de Ensenada, provocada por las inundaciones de comienzos de abril, cuya intensidad desbordó la capacidad de contención y canalización de fluidos del sistema de seguridad, a resultas de lo cual se produjo el incendio en una de las principales estructuras de destilación de la planta.

Piénsese que esta refinería es responsable por el 25% del total de combustibles líquidos que se vuelcan al mercado y representa casi el 50% de la capacidad de producción de YPF. Actualmente, se estima que el proceso para recuperar la capacidad de refino al 80% aproximadamente, demandará casi dos meses, con la necesidad entonces de adoptar medidas de contingencia para superar esta situación crítica.

Por otro lado, y como consecuencia de la anterior situación, YPF debería importar por lo menos 50% más de combustibles líquidos en relación al año 2012. Durante el año pasado, la empresa importó aproximadamente el 10% de su producción, lo cual le insumió alrededor de $1.000 millones de dólares, a lo que habría que sumar unos $800 millones para el año en curso.

Asimismo, se encararán otras medidas adicionales, como la compra de combustibles líquidos a otras operadoras (posiblemente Oil, Petrobras y Axion), la exportación de variedades de crudo más pesados (como el tipo Escalante de la cuenca del Golfo San Jorge) y la maximización productiva de las operaciones en las refinerías de Luján de Cuyo y Plaza Huincul. Nótese que, luego de casi cinco años, y por una cuestión coyuntural crítica, se decide exportar crudo al sólo efecto de tratar de recomponer caja. De esta manera, la excepcionalidad como norma de formulación y ejecución de decisiones se emparenta con la arbitrariedad y la falta de una mirada integral y sistémica del problema, ya que lo que hay que hacer- siempre- es resolver el apuro que plantea la coyuntura a partir de la agudización de la crisis.


IV) Los oscuros puntos en blanco del proceso de expropiación

Los recientes rumores sobre un potencial acuerdo entre la Argentina y España para dar por finalizado el conflicto suscitado a raíz de la expropiación del 51% del paquete accionario de Repsol en YPF-sellado con la aprobación de la denominada Ley de Soberanía Hidrocarburífera 26.741 en mayo de 2012- abren nuevamente un preocupante escenario de incertidumbre en materia de la política hidrocarburífera llevada adelante por la Administración de Cristina Kirchner. A la luz de este ruido mediático que, por cierto, tiene una alta cuota de juego de intereses contrapuestos en un contexto de erráticas medidas oficiales para detener el avance de la crisis energética, es importante recordar que, luego de un año de sancionada la mencionada ley, el Gobierno nacional no ha avanzado enérgicamente en la ejecución de las principales medidas necesarias para concluir el proceso de expropiación y renacionalización de la petrolera YPF. Es decir, desprolija y sospechosamente ha dejado en blanco puntos por demás importantes del proceso de expropiación de YPF.

¿Cuáles son esos puntos aún pendientes de definición?

En primer lugar, la tasación oficial del valor accionario del conjunto de la empresa y, fundamentalmente, del 51% expropiado. La ley, sancionada el 3 de mayo de 2012, determina en su artículo 12 que será el Tribunal de Tasaciones de la Nación el que debe determinar el valor de la empresa a los efectos de poner en marcha el proceso expropiatorio. Este decisivo primer paso, aún no se ha concretado. Es decir no se sabe cuánto se va a pagar por la expropiación de la firma.

En segundo lugar, y como consecuencia de ello, no se han activado los mecanismos enmarcados en la ley de expropiación N° 21.499, con lo cual, la injustificable demora en la determinación de un trámite de tamaña relevancia, puede llevar a detener todo el proceso en un contexto en el que Repsol ha interpuesto, durante 2012, tres reclamos jurídicos solicitando la nulidad de lo actuado por el Estado argentino. Una de esas presentaciones fue realizada ante el CIADI, el organismo del Banco Mundial que resuelve casos de disputas por inversiones internacionales presentadas por empresas extranjeras contra los Estados receptores de esas inversiones, cuya jurisdicción es reconocida por la Argentina desde la década de los 90 (a diferencia de lo que sucede en Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que se retiraron del CIADI) y, además, es un mecanismo previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y España. Otra presentación fue realizada ante la Security Exchange Commission (SEC) en los Estados Unidos y la tercera en España, con el objeto de dificultar las decisiones tomadas por el nuevo directorio conformado a partir de la asamblea de accionistas realizada en junio de 2012 y que reflejaba la nueva realidad de mayoría estatal en el control de la compañía.

Un tercer aspecto que nos parece relevante y que está íntimamente relacionado con los dos puntos anteriores, es la inexistencia de información confiable sobre el nivel de reservas probadas efectivamente existentes en todos los yacimientos donde la compañía opera. Este punto reafirma la necesidad de realizar una auditoría integral del estado delas reservas de petróleo y gas de la compañía a los efectos de determinar, con mayor precisión, el valor de los activos, más aún teniendo en cuenta que las compañías petroleras se valorizan en el mundo por la cantidad de reservas probadas con que cuentan en su inventario, lo cual se suma, ciertamente, a la estructura productiva existente (refinerías, maquinaria, comercializadoras, infraestructura de transporte, etc.).En definitiva, sobre ello tampoco se ha avanzado.

En cuarto lugar, un aspecto no muy visibilizado (por lo impresentable que supone) de la gestión de la crisis energética, ha sido la decisión del gobierno nacional, a fines de 2012, de contratar unas 30 cargas de gas natural licuado (GNL) por un monto de 1.500millones de dólares- de las más de 80 previstas para 2013 en orden a paliar el déficit en el suministro de gas- con la empresa Gas Natural Fenosa, que tiene a Repsol como uno de sus principales accionistas y al mismísimo Antonio Brufau, CEO de Repsol, como su actual Vicepresidente. Ello, de no revisarse, supondría encarar una transacción comercial con una compañía que tiene, entre sus accionistas, a la empresa que hoy está en abierta disputa con la Argentina a partir de la expropiación. ¿Puede sostenerse esta decisión, aún desde la política permanente de la improvisación y el corto plazo para morigerar los efectos de la crisis energética? Más aún, este tipo de decisiones nos obligan a preguntarnos si, efectivamente, no se está abonando el terreno para un posible acuerdo con España para concluir con el conflicto por YPF.


V) Conclusiones

En definitiva, además de la situación puntual de YPF, es importante tener en cuenta que las pujas interministeriales sobre el rumbo de la política energética nacional y el incremento del déficit comercial energético- que se ubicó en los 3.500 millones de dólares para 2012 y se estima en casi 7.000 millones de dólares para 2013-, siguen profundizando un cuadro de situación de por sí alarmante, que se cruza con nuevas decisiones que van en la misma dirección, como el aumento en el valor del gas nuevo que se extraiga- que pasará de los 4,5 a 5 dólares por mm btu actuales, a unos 7,5dólares, financiados directamente por el Estado- y el incremento a 70 dólares del precio de referencia del barril de petróleo para exportación (que estaba en 42 dólares), lo cual redunda en una exacerbación de la renta extraordinaria apropiada por las firmas privadas y al mismo tiempo en una baja de las retenciones aplicadas a las ya menguantes exportaciones. Todas estas medidas, reproducen la lógica rentista, parasitaria y fragmentaria en el abordaje de la problemática energética y benefician a los mismos sectores empresariales transnacionales, agudizando la crisis e imposibilitando un abordaje integral del problema.

Esta visión cortoplacista y la tendencia a la adopción de medidas que reproducen las contradicciones y la debilidad en el funcionamiento de todo el sistema energético, refuerzan la estructuralidad de la crisis y no da respuestas a la pesada herencia de las políticas extractivas y desreguladoras que durante más de veinte años caracterizaron la organización productiva y normativa del sistema energético con la consecuente apropiación de la renta por parte de actores empresariales extranjeros y otros de origen nacional coaligados en el objetivo de reproducir un esquema de liberalización sin control real del Estado en todos los eslabones de la cadena hidrocarburífera y del subsector eléctrico. Una imagen puede resumir esta idea: Es el ropaje estatal el que garantiza el mantenimiento y profundización de la renta extraordinaria del sector para los privados.

En efecto, la República Argentina ha basado sus políticas energéticas en los últimos 20 años en la maximización de la extracción de hidrocarburos, con escasa o nula reposición de reservas, a lo cual se ha sumado que nos transformamos en país exportador de petróleo y gas. Las consecuencias han sido nefastas, ya que, de tener unos 30 años de reservas de gas y unos 25 de petróleo en 1990, hoy tenemos reservas para 8 y 10 años respectivamente. A lo cual se debe agregar que en 1998 alcanzamos el pico de extracción petrolera y en el 2004 de extracción gasífera y desde ese momento, no han habido procesos de inversiones suficientes para recuperar las reservas necesarias para no poner en peligro nuestro abastecimiento. En definitiva, hemos perdido la autosuficiencia y en materia de gas hoy debemos importar el 25% de las necesidades diarias del fluido.

Asimismo, persisten en el sector hidrocarburífero y eléctrico problemas estructurales de falta de inversión que se han acumulado; en materia de energía eléctrica hoy es muy claro con una fuerte desinversión en redes de distribución, mientras que, entre 2008 y 2012, fue el Estado y no los privados, el que encaró ampliaciones de transporte eléctrico que se necesitaban con urgencia en la red (unos 10.000 km de líneas de extra y alta tensión se construyeron en los últimos años). Ciertamente, el hecho que el Estado se haya visto forzado a encarar inversiones más que necesarias en el sector transporte de electricidad, contrasta con la opacidad y falta de transparencia del esquema normativo regulador heredado en materia de electricidad que, en lo concreto, erosionó la capacidad de planificación e intervención del Estado en la materia y la puso a disposición del incremento de la rentabilidad de los operadores privados.

Finalmente, todo el sector energético está funcionando con serias carencias en la Argentina, y persisten gravísimos problemas de regulación, falta de planificación e inconsistencias operativas que son claves a la hora de describir el estado de insuficiencia y pérdida de autonomía y soberanía energética.


3 de mayo de 2013

(*) Gustavo Lahoud es investigador del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas y colaborador del MORENO. Tomás Raffo es economista, CTA, Instituto Pensamiento y Políticas Públicas. Claudio Lozano es diputado y director del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas.

http://www.bitacora.com.uy/noticia_5309_1.html?utm_source=feedly

Juventud de Proyecto Sur rechaza acuerdo Pino-Carrió

Junto a Comuneros de la Ciudad, la Juventud de Proyecto Sur Capital, manifestará sus diferencias con el acercamiento electoralista de su partido a la centro derecha representada en la figura de Elisa Carrió y propondrá continuar y profundizar un proyecto popular que sostenga las causas fundantes del movimiento que encabezaba Pino Solanas.

Martin Iommi, Comunero de Caballito y referente de la Juventud del Partido Proyecto Sur CABA afirmo: "No es casual que la mayoría de los Comuneros de la alianza Proyecto Sur nos encontremos en una mesa-debate para continuar y profundizar un proyecto emancipador que siga construyendo otro modelo de Ciudad. Nos llena de entusiasmo porque, junto a otros sectores políticos y sociales, nos empezamos a unir y estamos convencidos de que una nueva fuerza nace en Buenos Aires".

Si bien los organizadores esperan la presencia de los 15 Comuneros electos por dicha Alianza, 4 aun no han confirmado su participación. Así mismo ya comenzaron a llegar desde todo el país adhesiones que reflejan el rechazo generalizado de la militancia de Proyecto Sur al acuerdo con Elisa Carrió y el interés en ser parte de un espacio que continúe la lucha por las 5 causas.

Contacto:
Martin Iommi, miembro de la Junta Comunal Nro. 6 Caballito

Declaración Juntistas Comunales
CONTINUAR Y PROFUNDIZAR UN PROYECTO EMANCIPADOR
POR QUÉ RECHAZAMOS UN ACUERDO CON ELISA CARRIÓ


Venta de tierras públicas, desalojos, represión como en el Borda y la Sala Alberdi, ninguneo a las comunas y desfinanciamiento de la educación pública. Es la cruel realidad de una ciudad gobernada por personajes que han hecho de cada necesidad un negocio. Servicios públicos caros y mal realizados, veredas destrozadas, inundaciones, falta de urbanización en villas y asentamientos. Macri es el gerente de una ciudad mercantilizada, excluyente y desigual. El kirchnerismo, sin embargo, no ha sido oposición real a sus políticas. Lo vimos en la Ciudad con la votación conjunta para la venta de tierras públicas en Palermo, Caballito y Liniers, del edificio del Plata y la construcción del Centro Cívico en los terrenos del Borda. A nivel nacional, se evidenció en el voto conjunto para la apertura del canje de deuda externa de 2010, la sanción de la L ey Anti-tetorrista a pedido de los organismos internacionales, y el voto conjunto en pos de la Ley de ART a favor de las patronales.

Para defender lo público, el derecho a la ciudad para todos y todas, los espacios verdes, la salud y la educación, hace falta un verdadero proyecto emancipador. Durante años, las cinco causas de Proyecto Sur han sido un eje vertebrador de una política pública que avanzaba en propuestas nacionales, democráticas, populares y emancipadoras. Este planteo se hacía fuerte a nivel nacional con la denuncia del modelo agro-minero exportador que lleva adelante el kirchnerismo asociado con los gobernadores provinciales. Pero esas grandes causas nacionales no pueden desarrollarse con quienes durante años han venido defendiendo, como Elisa Carrió, a los fondos de pensión y los banqueros, a la Repsol y a las corporaciones capitalistas contra cualquier derecho democratizador que se plantease. Tampoco con los que apoyan al derechista Capriles en Venezuela. La alianza con la centro derecha no puede albergar ninguna ilusión de que sea “tácticamente” adecuado a los intereses populares. Lo vivimos a diario en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es que la mayoría de Comuneros del Partido Proyecto Sur y del Partido Socialista Auténtico junto con la juventud del partido Proyecto Sur en Capital y la inmensa mayoría de la militancia en la Ciudad no avala un acuerdo de este tipo. Durante meses pedimos una alianza que mire hacia el campo popular. Ellos son los aliados naturales para nuestro proyecto. Ahora seguimos manteniendo nuestro rumbo y llamamos a fuerzas como la CTA, MST, Buenos Aires Para Todos, Partido Social, Marea Popular y todos aquellos que se movilicen en defensa de lo público, movimientos estudiantiles y territoriales, partidos de izquierda, movimientos culturales y cooperativistas, artistas y movimientos de derechos humanos a conformar un gran frente democrático, nacional, popular y de izquierda para darle una expresión política a esa enorme franja de la población que está buscando una opción al gobierno kirchnerista pero no está dispuesta a aliarse con la derecha.



Una década K: “es la economía, estúpido”


Por Francisco J. Cantamutto.

Una década de kirchnerismo ofrece buenas razones para una evaluación de conjunto. ¿Qué nos deja este período? ¿Hay una dirección clara del "modelo nacional y popular"?

La forma del pensamiento humano para aprehender es intentar clasificar, ordenar. Utilizar décadas para ubicar períodos económicos no obedece a ninguna ley, pero parece funcionar para entender: la década pérdida de los ochenta, la década neoliberal de la Convertibilidad, y ahora, la década del kirchnerismo. Los sectores afines al gobierno han promovido la idea de una década ganada, a lo que la oposición patronal pretende responder, aunque sin lograr un eslogan de igual impacto. ¿Se puede analizar qué dejó este período? ¿Hacia dónde va “el modelo”?

Resulta casi imposible dar cuenta de esta etapa sin omitir algún aspecto relevante, por lo que la interpretación de conjunto es relevante por demás. La década, por ser un corte arbitrario, conjuga procesos de diverso alcance y duración. Así, según se quiera, se resaltan aspectos coyunturales, cíclicos o estructurales, que indican informaciones diferentes.

El gran cuco neoliberal

La estrategia central del gobierno es diferenciar sus resultados con el desempeño de la Convertibilidad: el contraste entre aquel período y éste mostrarían la reversión del neoliberalismo. Esta no es una elección al azar. La caída de la Convertibilidad, aunque con un fuerte trasfondo económico, fue impulsada por las protestas que impugnaban el neoliberalismo como forma de organización social. El gobierno, para obtener alguna legitimidad, necesitó siempre mostrarse como contracara de aquel proyecto –que, debemos resaltar, no se restringe a la Convertibilidad.

Así, se multiplican los indicadores que muestran la magnífica recuperación posterior a la crisis: el crecimiento del empleo, de los salarios, de la industria y la construcción, etc. Hay aquí dos problemas soslayados. En primer lugar, la comparación respecto de los pésimos valores de la crisis es válida para evaluar el ciclo económico, pero no es apropiada para distinguir respecto de procesos de crecimiento anteriores. Así, por ejemplo, si comparamos el salario promedio real con el momento peor de la crisis, a mediados de 2002, podremos observar un importante crecimiento, pero si lo referimos a la expansión de la Convertibilidad, resulta que ¡sus niveles son iguales! Si lo referimos a 1974, antes de la dictadura, el salario actual persiste a un 30% por debajo.

En segundo lugar, el kirchnerismo escatima el peso que tuvieron en la recuperación el default reconocido por Rodríguez Saá, y la devaluación y la pesificación de Duhalde: sin estos, no habría recuperación alguna. Aceptar esta filiación es un problema político complejo para el kirchnerismo. Por un lado, por la deuda política que implica con esos sectores partidarios. Por otro lado, porque indica quiénes fueron los sectores sociales que dominaron la salida de la crisis. Aunque poco se hable hoy día, el programa default-devaluación-pesificación fue articulado y propuesto por el Grupo Productivo, un agrupamiento comandado por la Unión Industrial Argentina, que reunía a la Cámara Argentina de la Construcción, a Confederaciones Rurales Argentinas, y más tardíamente a Asociación de Bancos públicos y privados de la República de Argentina.

Es decir, sectores relevantes de la gran burguesía fueron artífices del programa económico post-Convertibilidad. Más allá de algunos coqueteos políticos de Moyano y el oportunismo de Daer, ningún sector de los trabajadores influyó en la definición de este programa, y éste es un dato central para caracterizar la década emergente. Y quizás hasta más importante aún, al señalar esta alianza fuerte con sectores del capital, a menudo olvidados por los defensores radicales del gobierno, indica también una pauta de grandes ganadores en la nueva gestión económica.

En lo estructural

La recuperación de la tasa de ganancia industrial alcanzó niveles récord para la historia nacional. Con ese impulso, basado en una brutal licuación de los salarios, no resultó difícil para el empresariado iniciar un proceso de expansión de la actividad. He allí el misterio del crecimiento al que remiten los alabadores de esa fase inicial. La lenta recuperación salarial se detuvo a partir de 2007, momento en que la economía comienza a transfigurar su fisonomía. Desde ese año para esta parte, el crecimiento del sector industrial se ha ralentizado, pasando a liderar la expansión el sector financiero, aquel que se decía atacar. El desempleo, por ello mismo, dejó de descender. El sector externo muestra una dinámica semejante: luego del superávit logrado en los primeros años, la propia expansión ha desgastado el saldo corriente, corroído a su vez por las remisiones de utilidades al exterior y, desde 2005, los pagos de deuda externa.

Estos procesos no son una eventualidad, sino la expresión del desgaste del impulso original. Durante esa fase, la clase trabajadora se fortaleció, y el gobierno –que también impulsó de este proceso a través de las negociaciones colectivas- no puede simplemente volver a la solución de 2002. Esto pondría en entredicho su legitimidad social. Lo que ha hecho desde entonces, no sin éxito, es arbitrar un “equilibrio” entre sectores sociales aliados: no resuelve ni por la vía de radicalización ni por la vía de ajuste, y requiere de la permanente actividad de mediación política.

Este es un dato no menor, tanto en la evaluación económica como en la política: el gobierno de alguna forma respeta su sesgo, sin mejorar estructuralmente la situación de la clase trabajadora, pero sin tampoco atacarla abiertamente. Muchas de las políticas económicas más interesantes responden a este escenario de mediación inestable. La estatización de las AFJP sirvió para subsidiar a la industria y a los servicios públicos, tanto como para solventar la Asignación Universal por Hijo. La compra de participación en YPF es un intento por resolver las necesidades del capital industrial en materia energética, que podría permitir una ulterior expansión de la actividad y el empleo. Cada medida es un intento por sostener este equilibrio entre intereses encontrados: la visible presencia del Estado en la economía obedece a esta lógica, no a un estrafalario deseo estatalista.

Mediación permanente, sin cuestionar
Mientras el salario y el desempleo se mantienen estables desde hace un lustro, la concentración de la producción, la extranjerización y la dependencia de las ramas primarias se ha profundizado. No ha habido un proceso de cambio estructural, ni de industrialización, aunque se ha logrado sostener lo obtenido en la fase expansiva pre-crisis mundial.

Éste es “el modelo”: profundizarlo es sostener este inestable equilibrio, que no implica cuestionar privilegios estructurales del gran capital ni revertir lo más severo del neoliberalismo histórico. Su superación requiere el cuestionamiento de la alianza económica-política que sostiene el kirchnerismo desde hace una década.

Fuente: Marcha

lunes, 27 de mayo de 2013

Punto de partida


Por Gerardo Szalkowicz.

Tras más de seis meses de negociaciones, las FARC y el gobierno colombiano anunciaron este domingo el acuerdo en el primero de los seis puntos de la agenda, referido al desarrollo agrario. Sigue pendiente la participación popular en el proceso de diálogo.

La declaración conjunta que hicieron pública la insurgencia y el gobierno en el Palacio de Convenciones de La Habana se denomina "Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral" y, según el texto, supondrá "el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia".

El acuerdo se refiere al acceso y uso de la tierra, lo que incluye aspectos relacionados a las tierras improductivas, la formalización de la propiedad y la protección de las zonas de reserva. Se propone que “una mayor cantidad de habitantes del campo, sin tierras o con tierras insuficientes, pueda acceder a ellas mediante la creación de un Fondo de tierras para la paz”.

Además, el gobierno se compromete a formalizar progresivamente “todos los predios que ocupan o poseen los campesinos”, a impulsar planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. En tanto, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental.

De todas maneras, estos convenios se implementarán sólo si se logra un consenso sobre la totalidad de la agenda, ya que uno de los principios que guía la negociación es que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". Según expresó el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, “no hay aplicación parcial de los acuerdos, estos solamente se aplicarán una vez tengamos el acuerdo completo para el fin del conflicto”. De la Calle además reiteró que en caso de lograrse un acuerdo integral, “el documento será sometido a la ratificación de los ciudadanos por medio de un mecanismo de refrendación popular”. Las FARC-EP, en cambio, proponen la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Voces que no se escuchan

Con posterioridad a la lectura de la declaración conjunta, el vocero de las FARC Iván Márquez leyó un comunicado en el que expresan: "Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción final de un acuerdo".

La insurgencia también aprovechó para reiterar cuestionamientos al modelo económico vigente en Colombia: “Preocupa que mientras las mayorías reclaman reconciliación y expresan sus anhelos de justicia, el país tenga que seguir soportando la inclemencia de medidas políticas y económicas que entregan nuestro territorio a la voracidad de las trasnacionales, se siga profundizando la desigualdad y continúen cayendo compatriotas de lado y lado en una guerra que urge una salida política”.

Márquez resaltó además la importancia de la participación del pueblo en la búsqueda de los caminos hacia la paz. “Estamos abriendo una senda para que el pueblo actúe, se movilice en defensa de sus derechos y siga haciendo escuchar su voz como protagonista principal de la construcción de la paz”, sostuvo.

Precisamente la negativa del gobierno colombiano a incluir en este proceso las voces y propuestas de las organizaciones sociales y comunidades campesinas e indígenas –principales víctimas del conflicto- sigue siendo el mayor déficit de la iniciativa.

Bajo ese reclamo se vienen desarrollando infinidad de actividades que intentan visibilizar la voz del pueblo organizado, como la multitudinaria marcha del pasado 9 de abril, impulsada por Marcha Patriótica, o el Congreso para la Paz que reunió a unas 20 mil personas en la Universidad Nacional en Bogotá del 19 al 22 de abril, convocado por el Congreso de los Pueblos.
También en otros países se vienen realizando actividades para sumar apoyos en ese sentido, como el “Foro por la Paz en Colombia” realizado recientemente en Porto Alegre, Brasil. En la declaración final, se expresa que: “Así como apoyamos el diálogo del gobierno con las insurgencias, también señalamos la imperiosa necesidad de incluir a todo el pueblo colombiano en la construcción de los acuerdos, encaminando todos los esfuerzos a construir una realidad llena de justicia social como baluarte de reconciliación entre las y los colombianos a través de la participación popular como muestra de ampliación de la democracia”.

Lo que viene…

Después del cierre de este noveno ciclo de conversaciones, que culminó con este primer acuerdo, la mesa de diálogo se reanudará el 11 de junio. Allí las delegaciones comenzarán a debatir el segundo punto de la agenda referido a las garantías para la participación política de la guerrilla. Los temas que seguirán son el problema de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y la refrendación de lo pactado en la mesa.

También se espera que próximamente se anuncie el inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El proceso de negociaciones que busca culminar con el conflicto armado que lleva más de medio siglo se anunció en octubre pasado en la ciudad de Oslo (Noruega) y se instaló formalmente el 19 de noviembre en La Habana, Cuba. Los gobiernos de estos dos países vienen participando como garantes del proceso, mientras que los gobiernos de Venezuela y Chile lo hacen como acompañantes.

El presidente Juan Manuel Santos espera que el proceso llegue a buen puerto antes de fin de año (cosa bastante improbable) y tenerlo como su principal carta de campaña para buscar la reelección en mayo de 2014.




Que tema si las FARC llegaran en algun momento a entregar las armas y después los paramiliatrees empiezan a matarlos a todos como hicieron con el M19 en el pasado y con varios participantes de la marcha patriotica asesinados 





* Hacé click aquí para leer el texto completo del acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano.

Fuente : Marcha
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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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