9 de julio

Por Ulises Bosia.

Este martes se cumplen 197 años de la declaración de independencia. ¿Es posible ser independientes en el mundo del capitalismo globalizado?

El fenómeno de la extranjerización de la economía sufrió una aceleración cualitativa en los años 90, a tal punto que hoy es posible decir que el capital extranjero tiene una influencia decisiva en la economía argentina. La magnitud de este problema es tal que en el 2011 el 80,4% del valor generado por las 500 empresas más grandes correspondió a firmas extranjeras.

Monsanto, Cargill, Barrick Gold, Chevron, Pan American Energy, BBVA, HSBC, Telefónica, Telecom, Petrobrás, Carrefour o Volkswagen son algunas de las empresas multinacionales más conocidas que operan en nuestro país. Si bien muchas de ellas concentran su accionar en las actividades ligadas a la extracción y exportación de recursos naturales, en realidad se las puede encontrar en casi todas las ramas de la economía.

Las consecuencias de esta realidad son múltiples pero vamos a destacar tres. Por un lado el problema de la enorme fuga de capitales, que desangra nuestra economía y es uno de los principales factores de la escasez de dólares que vivimos actualmente. Por otro, la limitación al desarrollo de la industria nacional, en la medida en que la producción local es planificada como un eslabón de una cadena que se despliega por varios países. De esa manera los procesos más complejos vinculados a una mayor innovación tecnológica se reservan a los países centrales del capitalismo, mientras que en naciones como la nuestra se aprovecha la abundancia de recursos naturales y el bajo nivel salarial de la mano de obra. Finalmente, en buena medida las inversiones extranjeras se orientan en toda América Latina a la extracción de bienes naturales y la actividad primaria en general, sea en la minería, el petróleo, el gas o la producción agraria, y al financiamiento de la infraestructura necesaria para ese circuito de exportación. En ese sentido la inversión extranjera, tal como está planteada hoy, es un factor de peso que empuja con fuerza la tendencia a la primarización de las economías de nuestros países hermanos.

Esta presencia económica se combina con el aspecto jurídico-político del fenómeno de la extranjerización que tiene que ver con un enorme entramado legislativo proveniente de la década de 1990 pero aún vigente.

En primer lugar nos referimos a la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley 21.382) sancionada por la última dictadura militar y reformada por el menemismo. Es una norma que afirma que “los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales”. Por si fuera poco asegura la libre disponibilidad para el giro de las ganancias empresarias al exterior del país y la ausencia de requisitos de inversión.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta la vigencia de decenas de Tratados Bilaterales de Inversión con múltiples países mediante los que los capitales extranjeros gozan de diversos incentivos para invertir en nuestro país. Los tratados les aseguran la garantía de que ante cualquier problema que surja, sus intereses no serán defendidos ante la Justicia local sino ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial en el que hoy se acumulan las denuncias de las empresas multinacionales contra nuestro país.

Algunos países de América Latina, pertenecientes a la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América se retiraron del CIADI, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, mientras que por ejemplo Brasil nunca formó parte, al entender que hacerlo implica una inaceptable entrega de la soberanía nacional.

Finalmente se puede pensar la extranjerización de la economía también por su dimensión social. Principalmente teniendo en cuenta el problema del bajo nivel salarial de la clase trabajadora y de las condiciones concretas en las que trabaja. Para que las multinacionales inviertan en nuestro país se necesita una mano de obra barata.

En los últimos diez años la tasa de ganancia empresaria fue muy elevada y en algunas ramas incluso más alta a la de la década del noventa. Sin embargo, el poder de compra real del salario de la clase trabajadora en promedio solamente pudo recomponerse ligeramente por sobre el nivel del año 2001, muy por debajo del máximo histórico que en nuestro país se dio en el año 1974. Además, el hecho de que uno de cada tres trabajadores se encuentre empleado en negro, es decir ilegalmente, no puede ser comprendido por fuera de esta realidad. Así como tampoco las condiciones de tercerización fraudulentas instaladas en múltiples actividades entre las que se destaca el empleo público.
¿Cómo recordar y homenajear entonces la entrega de los patriotas de nuestra independencia sin enfrentar en la actualidad estos impedimentos estructurales al desarrollo de nuestro país? 

Fuente: Marcha