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sábado, 20 de julio de 2013

YPF-Chevron: había otras soluciones

El martes fue anunciado el acuerdo entre YPF y la multinacional yanqui Chevron, para explotar el yacimiento de hidrocarburos no convencionales conocido como “Vaca Muerta”. El día anterior el gobierno había decidido premiar a través de un decreto a todas las empresas que realicen inversiones en el sector energético mayores a los 1.000 millones de dólares, otorgándoles libertad para remitir utilidades a sus países de origen, permitiendo la exportación de un recurso estratégico fundamental para nuestra economía y permitiéndoles resolver cualquier problema judicial que pudiera ocurrir en un tribunal extranjero. Llama la atención la vigencia de las siguientes palabras de John William Cooke, con motivo del acuerdo con Chevron (en ese momento Standard Oil de California) promovido por Perón, que despertó resistencias dentro y fuera de su espacio político. “Combatí el proyecto petrolero. Por ejemplo los excesivos privilegios que se reserva la compañía extranjera en su proyecto, la falta de obligaciones concretas y compensatorias por la concesión buscada, el lamentable sistema de arbitraje, las prórrogas interminables del contrato”.

Argumentos de ayer y de hoy

Cuando el año pasado el gobierno tomó la decisión de expropiar el 51% de las acciones de Repsol fuimos muchos quienes apoyamos. Se trató de una medida limitada, ya que era posible avanzar en una YPF 100% estatal y sobre el control público de los recursos hidrocarburíferos que están en manos de otras empresas. Pero indudablemente se trató de un paso positivo, debido a que el modelo de Repsol era insostenible y no generaba en nuestro país más que una enorme sangría permanente para financiar el desarrollo de la multinacional en el mundo. La gestión posterior de YPF demostraría si se había optado por el rumbo de la soberanía energética o no. En este sentido, el acuerdo con Chevron marca un verdadero retroceso, ya que a pesar de que la recuperación de YPF se basó en la crítica a la desinversión de Repsol, en los mismos años Chevron desinvirtió aún más en nuestro país.

Volvemos a escuchar los mismos argumentos de otras veces: sólo es posible llevar adelante estas explotaciones por medio del gran capital, y para “convencerlo” de que venga a ganar plata, se le otorgan beneficios extraordinarios. Son muchas las razones para cuestionar esta forma de pensar.

En primer lugar la experiencia histórica. Bajo ese razonamiento se sancionó durante la dictadura la Ley de Inversiones Extranjeras, más tarde reformada por el menemismo, que aun sigue vigente en nuestro país. ¿Cuál fue la ganancia para la Argentina? Se trata del mismo razonamiento que nos dice que estamos obligados a aceptar al CIADI como tribunal arbitral mientras que países como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Brasil no lo hacen. Es claro que las inversiones extranjeras no sirven para desarrollar al país sino sólo para el beneficio de esas compañías. Nuestro problema no es la falta de capitales ni mucho menos un supuesto aislamiento del mundo, sino por el contrario la extrema dependencia de nuestro país de los centros del mercado mundial globalizado.

En segundo lugar en Argentina sí existen los fondos para recuperar una gran empresa petrolera como fue YPF. La renta que producen el campo, la minería, la forestación, la pesca e inclusive las otras petroleras es inmensa, pero se la apropia una ínfima minoría en función de sus propios intereses, en lugar de estar en manos públicas para financiar una transformación del modelo productivo. Lo que hace falta es la voluntad política de construir la fuerza social suficiente para poder avanzar sobre ellas.

En tercer lugar, ante la eventual necesidad de un acuerdo con capitales extranjeros, desde luego debe hacerse en otros términos: en el marco de la integración latinoamericana, y generando en el propio acuerdo las condiciones para superar nuestras limitaciones. Nuestra América cuenta con países productores de energía con grandes empresas estatales que deberían ser priorizadas antes que una multinacional norteamericana. Para peor, en este caso el gobierno nacional prefirió defender a Chevron ante el embargo judicial de 19 mil millones de dólares impuesto por el gobierno ecuatoriano por daños ambientales en la Amazonía. Por otro lado, cualquier acuerdo motivado por la falta de recursos técnicos debería estar regido precisamente por la condición de la transferencia del 100% de la tecnología. Al mismo tiempo, debería contemplar la creación de un fondo específico para evitar en el futuro recaer en la necesidad de capital privado.

Finalmente, la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking está sumamente cuestionada por su alto impacto ambiental. En este sentido se replantea el debate abierto por las asambleas ciudadanas contra la megaminería. Y se evidencian las fallas en la participación democrática, en la medida en que ni los pobladores de las zonas afectadas no son consultados ni escuchados, ni tampoco se promueve un debate nacional para decidir colectivamente sobre un tema estratégico como este.

Actualmente el 90% de nuestra matriz energética se basa en el consumo de hidrocarburos, principalmente gas natural. Es necesario avanzar en un replanteo de esta situación. No será posible si seguimos apostando al camino de la entrega de nuestros recursos naturales a las multinacionales. El verdadero problema no es la intervención del Estado, como dicen los economistas de la derecha, sino el sometimiento del Estado nacional ante intereses contrarios a nuestras necesidades.
 
Fuente : Infobae

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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