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domingo, 18 de agosto de 2013

Ayudamemoria

Ayudamemoria

Por Pedro Perucca.  

Cortes de ruta y represión es un imprescindible trabajo de investigación del sociólogo Matías Artese que analiza los mecanismos de criminalización de la protesta social durante la nefasta década larga neoliberal 1989/2002.
Con la publicación de Cortes de ruta y represión. La justificación ideológica de la violencia política entre 1996 y 2002, del sociólogo e investigador Matías Artese, se inaugura la serie TDS, tesis doctorales de sociales, editada por la Facultad de Ciencias Sociales en coedición con EUDEBA.

El minucioso trabajo de investigación de Artese se detiene en seis casos paradigmáticos que nos permiten entender la violencia represiva estatal y las construcciones ideológicas que la acompañaron y reforzaron, sobre todo a lo largo de esa que, parafraseando a Hobsbawn, llama la “década larga”, los años comprendidos entre  1989 y 2002. Esta larga década menemista ha tenido consecuencias profundas y nefastas para nuestro país, algunas ya perimidas y otras que siguen manifestándose, lo que exige un constante regreso analítico a ese pasado tan cercano y, en muchos aspectos, tan doloroso. Desde la academia y desde las diversas manifestaciones del arte, las de la dictadura militar o el reciente estallido popular de 2001 suelen ser épocas mucho más revisitadas, pero ciertamente la profundidad de las transformaciones políticas y culturales operadas por el menemismo (y por su continuación acrítica en la presidencia aliancista de Fernando De la Rúa, entre 1999 y 2001, que asumió matando y se escapó matando) requerirán muchos más trabajos en la senda de este valioso aporte de Matías Artese. Sí hay muchos trabajos sobre la aparición de los llamados “nuevos movimientos sociales” en la Argentina, sobre el desarrollo de las originales organizaciones de fogoneros o piqueteros, etcétera, pero en este caso es interesante el foco elegido ya que nos muestra cómo este proceso de reorganización popular, con nuevos actores (movimiento piquetero) y nuevas metodologías (cortes de ruta), que configuraron las primeras resistencias efectivas ante una avanzada neoliberal que se percibía como imparable, fue acompañado por construcciones políticas e ideológicas justificatorias de la represión, tanto desde el poder del estado como desde los medios de comunicación masivos, tendientes a construir el consenso social necesario para avanzar con la “criminalización de la protesta”.

Los seis hitos elegidos en la investigación son los levantamientos de Cutral-Co y Plaza Huincul de 1996, la segunda pueblada neuquina de 1997, el proceso de los autoconvocados correntinos de 1999, la lucha de General Mosconi y Tartagal de 2000, el nuevo estallido de los desocupados salteños de 2001 y, finalmente, la Masacre de Avellaneda de 2002.

Basándose en las herramientas de la corriente de investigación conocida como Análisis crítico del discurso, se van a analizar estos seis momentos álgidos del conflicto social mediante la “indagación en un conjunto de indicadores discursivos que operarán como síntesis de las interpretaciones, pues en el lenguaje, entendido como sistema complejo de signos, también se expresan relaciones de poder y de confrontación”. Así se tomarán como fuentes principales para el análisis de los discursos diversos medios de comunicación (tres diarios nacionales y dos provinciales o de las localidades en las que se produjeron los hechos), sabiendo siempre que “los medios encierran indefectiblemente un carácter de clase” y que, precisamente por ello, tienen una enorme “capacidad de concentración y difusión de información sesgada”. Las declaraciones en los medios de manifestantes, dirigentes gremiales, funcionarios de gobierno, empresarios y de los propios comunicadores serán complementadas con entrevistas semiestructuradas a los protagonistas de las luchas, realizadas en el curso de la investigación.

En Cortes de ruta y represión queda claro que, contra el discurso falaz de la “ausencia de Estado” noventista, el proceso de reestructuración neoliberal se puso en marcha contando con todas las herramientas del Estado Nacional. La convertibilidad, la reforma del Estado y las privatizaciones (cuatro de los seis conflictos analizados tienen que ver con la privatización de YPF) necesitaban de la construcción de un consenso. Pero también la represión a los que enfrentaban esas transformaciones exigía la construcción de un “consenso represivo”, a través del cual “determinadas personas se convierten aunque sea temporalmente en no ciudadanos y cargan con categorías cercanas a la idea de peligrosidad y desviación”. En ese sentido podemos ver como la recuperación de categorías ideológicas propias de la dictadura militar va a jugar un rol fundamental en la construcción de este nuevo consenso represivo.

No sólo se asocian las protestas sociales al “desorden social”, a la “locura”, al “vandalismo” o al “delito” sino que se recuperan categorías de tan nefasta memoria como las de “infiltrados”, “guerrilleros” o “subversivos”. Así también se demonizó la participación y el involucramiento de las organizaciones de izquierda militante en los procesos sociales, caracterizándolos como “grupos radicalizados”, “provocadores”, “activismo radical” o hasta “guerrilla urbana”, llegando a vincularlos con las FARC o el narcotráfico.

Incluso cuando la represión estatal generó víctimas fatales (Teresa Rodríguez en 1997, Mauro César Ojeda y Francisco Escobar en 1999, Aníbal Verón en 2000, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002) los funcionarios de turno avalaron el proceder policial y unánimemente responsabilizaron a los propios piqueteros por las muertes. Abundaron las acusaciones a “francotiradores” que le disparaban a la Policía y a los manifestantes, a “infiltrados” con “armas de grueso calibre”, a “enfrentamientos” entre grupos de piqueteros, etc. Y en esto no hay distinción de banderías políticas, son tan mentirosas e indignantes las declaraciones de Carlos Corach sobre las muertes de Cutral Co como las de Federico Storani sobre las de Corrientes. También se constata una coherencia similar en el caso de los medios de comunicación que, además de repetir las falacias criminalizadoras de los funcionarios, hasta son capaces de repetirse en su brutalidad textual. Clarín, por ejemplo, tituló luego de la muerte de Teresa Rodríguez “La crisis en Neuquén ya produjo una muerte” y se ve que la maniobra desresponsabilizadora le resultó tan ocurrente que luego de la masacre de Avellaneda se despachó con aquél titular de triste memoria “La crisis causó 2 nuevas muertes”.

En fin, el trabajo de investigación de Matías Artese constituye un punto de partida importante para develar la forma en que la represión estatal requiere un discurso legitimador (que en la década menemista no tuvo empacho en recurrir a categorías criminalizadoras propias de la dictadura militar), tarea para la que los medios masivos de comunicación se han prestado tan gentilmente en dictadura como en democracia. También es interesante comprobar cómo el discurso de condena moral y de defensa de la legalidad al ultranza se modifica drásticamente cuando los que cortan la ruta no son piqueteros pobres sino terratenientes ricos. Clarín miente, por supuesto, pero no es el único.

La lectura de Cortes de ruta y represión no sólo nos permite constatar que la irrupción social de 2001 también obligó a modificar las relaciones y los discursos del poder estatal sobre la movilización social cuestionadora (lo que no significa que en la década kirchnerista haya desaparecido la violencia estatal, como queda claro observando las represiones a ambientalistas o pueblos originarios) sino que además nos obliga a recordar con nombre y apellido a algunos de los más groseros portavoces del discurso de criminalización de la protesta, muchos de los que, aún con sus manos manchadas de sangre obrera, siguen infestando las listas sábana de esos partidos tradicionales que en el próximo octubre volverán a pedirnos el voto.

Fuente: Marcha

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