por Martín Schorr / Andrés Wainer /
En las páginas que siguen el lector encontrará una radiografía de la composición actual de los principales grupos empresariales de la Argentina. Entenderá por qué las impecables intenciones nac&pop no han logrado deshacer el entuerto económico enhebrado por el neoliberalismo. Concluirá que no alcanza con la intervención estatal para que una nueva burguesía nacional resucite. Y varias malas noticias más.
U na de las principales apuestas del gobierno de Néstor Kirchner fue el intento de recrear la tan mentada “burguesía nacional”, que debía constituirse en sujeto impulsor de un proceso de desarrollo económico con inclusión social. Para lograrlo, se apeló al recuerdo del empresariado mercado-internista que durante la etapa de la industrialización sustitutiva conformó, junto con la clase obrera, la alianza social sobre la cual se erigió el peronismo clásico.
Tal proyecto parece haber quedado trunco, como se desprende de algunas acciones del gobierno de Cristina Fernández que involucraron la intervención directa del Estado en empresas de sectores estratégicos (YPF y Aerolíneas Argentinas, entre otros). No obstante, la esperanza en una clase empresaria vernácula no ha desaparecido del todo. Diversas regulaciones en materia comercial, especialmente a partir de 2008, buscarían favorecer la actividad de los capitalistas nativos.
Las transformaciones que sufrió la economía argentina durante el decenio de 1990 (con sus antecedentes desde 1976) fueron decisivas. Si durante la fase de sustitución de importaciones el eje del proceso económico pasaba por la defensa del mercado interno, bajo predominio neoliberal se priorizó la inserción en el mercado mundial a partir de rubros altamente concentrados y asociados a la explotación de recursos naturales (en los cuales los salarios constituyen mucho más un costo de producción que un factor dinamizador del consumo). Más recientemente, el abandono del régimen convertible implicó cambios a nivel macroeconómico que tuvieron un impacto positivo en el desempeño de los sectores ligados al consumo nacional, pero al mismo tiempo se profundizó el modo de inserción del país en una economía global crecientemente internacionalizada.
Piñón fijo
El proceso de extranjerización de la economía argentina continúa viento en popa. En la primera mitad de los noventa el grueso de la inversión extranjera directa se dirigió al sector no transable, especialmente hacia los servicios públicos privatizados. Durante el segundo lustro menemista, la extranjerización alcanzó también al sector productivo, en particular a aquellas actividades que contaban con ventajas absolutas como la producción agroindustrial, minera, petrolera y de otros commodities. Del panel de las 200 corporaciones más grandes de nuestro país, en 2001 un total de 92 empresas eran extranjeras, y daban cuenta del 55 por ciento de las ventas globales de dicha cúpula (en 1990 eran 56 firmas que explicaban “apenas” el 23 por ciento de la facturación total).
Ni el resurgimiento de discursos pro “capitalismo nacional” en los elencos gubernamentales, ni el renovado protagonismo de firmas de capital local supuestamente interesadas en desarrollar el mercado interno, han logrado revertir durante la posconvertibilidad el proceso de extranjerización. En 2010 las compañías de origen foráneo dentro de la elite empresaria eran 115 y su ponderación en las ventas totales orillaba ya el 60 por ciento. Semejante primacía trasnacional se dio, además, en un cuadro de creciente concentración a favor de estos segmentos del poder económico, pues las doscientas empresas más grandes del medio doméstico explican ya cerca del 30 por ciento de toda la producción generada en el país, porcentual holgadamente superior a los registros durante la convertibilidad.
El queso gruyere
El señorío extranjero se manifiesta en casi todos los sectores, pero se torna particularmente intenso en las actividades que han tenido un rol protagónico en el crecimiento económico de la posconvertibilidad: agroindustrias, armaduría automotriz, industrias químicas y de refinación, minería y petróleo, comercio minorista y de productos agropecuarios. Además, los capitales transnacionales tienen una presencia destacada en servicios como la telefonía celular y el sistema financiero (hacia el año 2010 los bancos de afuera controlaban la mitad de los depósitos y los préstamos concedidos por la banca privada con operatoria en el medio local).
El peso estructural de los oligopolios foráneos se vuelve aún más gravitante cuando se evalúa su importancia sobre el comercio exterior: la participación de este tipo de firmas sobre el total de las exportaciones argentinas pasó del cuarenta por ciento hacia fines de la convertibilidad a casi el cincuenta por ciento hoy por hoy. De esta manera un número acotado de corporaciones extranjeras ejerce el control sobre buena parte de las divisas generadas en el país, lo cual les confiere objetivamente un importante poder de veto sobre la orientación del funcionamiento estatal en distintos aspectos.
Otro aspecto nada menor que ilustra la misma tendencia: los “cambios de mano” a favor del capital transnacional (con una participación activa de inversores brasileros) en compañías de cuya propiedad participaban accionistas locales y que operan con altos márgenes de rentabilidad, ya sea por su generalizada condición de oligopolios en un mercado interno reactivado y/o por contar con bajos costos absolutos en dólares (lo cual favorece su inserción exportadora en un contexto de creciente demanda mundial de commodities). Entre las empresas líderes que se desnacionalizaron en estos años se destacan: la bodega Peñaflor, Trigaglia (molino harinero), Molfino Hermanos (industria láctea), Pecom Energía (holding petroquímico del grupo Pérez Companc), Cervecería Quilmes, Acindar (siderurgia), Loma Negra (cemento) y numerosos frigoríficos.
Es evidente entonces que bajo el esquema de acumulación configurado tras el boom de la convertibilidad, la extranjerización del núcleo duro del poder económico local y, en consecuencia, del conjunto de la economía argentina, se ha visto reforzada. El correlato de esta situación es una ostensible pérdida de “decisión nacional” en lo que atañe a ciertas temáticas relevantes para el devenir económico, político y social del país. Tal es el resultado de una economía dependiente en tiempos de globalización, pero también del andamiaje normativo-institucional vigente. En la actualidad siguen rigiendo la Ley 21382 de Inversiones Extranjeras, sancionada durante la dictadura militar, y otras normas complementarias que habilitan múltiples prebendas al capital extranjero. En el mismo sentido, en los últimos años fueron ratificados 55 de los 58 tratados bilaterales de inversión que la Argentina suscribió en la década del noventa, en pleno auge del neoliberalismo.
Estreñimiento externo
Tras el default de la deuda, el abandono de la paridad cambiaria fija y la cancelación de los pasivos con el FMI, el país logró mayor autonomía respecto del capital financiero internacional. Sin embargo, el rol central que juegan las grandes empresas extranjeras en variables como el nivel de la inflación y el tipo de cambio, la inversión, el mercado de trabajo, la distribución del ingreso y las cuentas externas y fiscales, han reforzado ciertos aspectos nodales de la dependencia económica.
En este sentido hay una serie de elementos críticos que no han llamado la atención de los “hacedores de política”, ni de los ámbitos académicos, ni siquiera de las instituciones sindicales, al menos hasta que “reapareció” en toda su crudeza la problemática de la restricción externa. Solo entonces se reaccionó con medidas, no siempre exitosas, que priorizan el corto (y muy corto) plazo. Entre los puntos fundamentales a resaltar figuran:
• Las compañías transnacionales que se desenvuelven en el nivel local son poco generadoras de empleo por unidad producida, y manifiestan una distribución funcional del ingreso sumamente regresiva, lo cual torna poco plausible que puedan impulsar un “modelo de acumulación con inclusión social”.
• Los actores que controlan una proporción considerable y creciente del ingreso ejercen una fuerte presión sobre las cuentas externas, porque son grandes demandantes de divisas (aunque sean importantes exportadores). Esto se debe a los altos coeficientes de importación (con su correlato de débiles grados de articulación e integración productiva y tecnológica en el plano interno, y el afianzamiento del carácter trunco de la estructura manufacturera), a la remisión al extranjero de utilidades y dividendos, al pago de honorarios y regalías por la compra y utilización de tecnologías y patentes, a los intereses devengados por el endeudamiento con el exterior. La inversión extranjera directa no contribuye en el largo plazo a superar el estrangulamiento externo crónico de la Argentina.
• La insuficiente inversión por parte de las grandes empresas extranjeras y nacionales, así como la persistencia de buena parte del excedente en estado “líquido”, en su mayor parte bajo la forma de fuga de capitales al exterior.
Burgueses ilustres y nuevos ricos
La debilidad del capital nacional vis-à-vis el capital extranjero es ostensible. Incapaz de competir en igualdad de condiciones, el empresariado local ha resignado porciones importantes de la estructura económica y se ha replegado hacia el procesamiento de recursos básicos relacionados con la “vieja” (pero sumamente actual) inserción del país en la división internacional del trabajo, actividades que, vale recalcar, tienen en los salarios bajos un dato estructural. Entre los “miembros ilustres” de esta fracción del poder económico se destacan los grupos Arcor, Grobocopatel, Ledesma, Madanes, Pérez Companc, Techint, Urquía y Vicentín, quienes se vieron ampliamente beneficiados desde el 2003 en adelante.
A ellos deberían agregarse un conjunto de empresas que experimentaron crecimientos notables bajo los gobiernos kirchneristas y que antes ocupaban lugares marginales (o inexistentes) en la dinámica de acumulación general y al interior de los sectores dominantes. Dicha expansión fue posible merced al involucramiento de estos actores en “áreas de negocios” habilitadas desde el sector público en diferentes frentes: obras de infraestructura, energía, medios de comunicación, juegos de azar, etc. Nos referimos a Cristóbal López, Lázaro Báez, Electroingeniería, Grupo Petersen y Pampa Holding.
El rápido florecimiento de estos “nuevos” grupos económicos fue posible por tratarse en general de actividades no transables reguladas por el Estado, no sujetas directamente a la competencia capitalista. Más allá de los hechos de corrupción que suelen imputárseles, el principal señalamiento que conviene hacerles es que no constituyen “campeones nacionales” fomentados desde el aparato estatal a la manera de los chaebols coreanos para disputar una porción del mercado mundial en sectores dinámicos e intensivos en conocimiento, sino que se insertan en espacios de acumulación que permanecen a resguardo de la competencia externa.
Más allá de las diferencias que puedan establecerse entre estos nóveles capitalistas vernáculos y los conocidos de siempre (historia empresaria, procedencia social de los propietarios, inserción sectorial de las firmas, grados de articulación con el capital extranjero), queda claro que ninguno de ellos está en condiciones de impulsar la reindustrialización del país sobre la base del desarrollo de nuevas capacidades productivas que puedan recrear las ventajas dinámicas de la economía, como mecanismo para hacer viable una sociedad más igualitaria y reducir el nivel de dependencia.
De modo que en la actualidad, pese a ciertas construcciones discursivas, hay confluencia de intereses entre el capital extranjero y los diferentes segmentos del gran empresariado nacional. En un caso, el de los “miembros ilustres”, por su inserción en el mercado mundial a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas domésticas. En el otro, el de los “nuevos burgueses”, porque no buscan modificar las modalidades de inserción de la Argentina en la economía global, en tanto su objetivo casi excluyente pasa por garantizarse ciertos “nichos de privilegio” al amparo del Estado. El problema es que, en ambos casos, el resultado es el mismo: la profundización de un perfil de especialización sumamente regresivo y una inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial.
Cambio de frente
No se trata de un destino fatal. Así lo demuestra la experiencia de otras burguesías periféricas, entre ellas las del sudeste asiático, cuyas empresas nacieron mayormente como proveedoras o clientes de compañías foráneas pero luego se diversificaron hasta terminar compitiendo con las trasnacionales. Corea del Sur, Taiwán o China también procuraron insertarse en la economía globalizada a través de sus exportaciones, pero a diferencia del grueso de América Latina estos países carecen de ventajas comparativas naturales y sus respectivos Estados buscan crear o fortalecer burguesías nacionales asentadas sobre la producción industrial (con una creciente densidad tecnológica). De allí que regiones como el este de Asia y América Latina ocupen hoy en día lugares tan disímiles en la división internacional del trabajo.
En ese marco, no figura entre las prioridades de las empresas trasnacionales el modificar sustancialmente el rol de la economía argentina en el mercado mundial. Pero tampoco parece existir una burguesía nacional dispuesta a llevar adelante un proyecto de país distinto al que surge “naturalmente” de la tradicional división del trabajo a escala global. Son cuestiones de suma relevancia, máxime cuando en nuestro país se ha difundido la creencia de que a partir de la salida de la convertibilidad, puntualmente desde 2003, se estaría atravesando una reindustrialización pujante que tiene entre sus principales correlatos un control nacional cada vez más acentuado. Lo cual entra en contradicción con dos factores estructurales estrechamente relacionados que se fueron configurando en los años de vigencia del neoliberalismo y que durante la posconvertibilidad se profundizaron: un perfil de especialización internacional que pivotea sobre producciones con un bajo o nulo grado de industrialización, y una creciente extranjerización de la economía local.
Es hora de revisar críticamente el discurso legitimador de los procesos socio-económicos en curso y los criterios que guían la intervención estatal, a la luz del esquema real de ganadores y perdedores de la última década en términos de clases y fracciones de clase.
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