En el marco del V
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en
1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano decidió declarar el
28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. En la mayoría
de los países de la región, las complicaciones derivadas de abortos inseguros y
clandestinos constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres. Para
complementar este cuadro, diremos que en el continente, entre el 10 y 30
por ciento de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están
ocupadas por mujeres con diagnóstico de aborto incompleto.
Como muestra de la
relación entre la ilegalidad de la práctica y la mortalidad de las mujeres
pobres, resulta elocuente que en el vecino país de Uruguay, desde la aprobación
en octubre pasado de la Ley que despenaliza el aborto (en las 12 primeras
semanas de gestación), no se registraron muertes como resultado de las
interrupciones. Con esta legislación, sin dudas imperfecta, Uruguay se
convirtió en el segundo país de Latinoamérica, además de Cuba, en permitir
el aborto libre en el primer trimestre de embarazo.
A contramano de las
apelaciones gubernamentales a la ampliación de los DDHH en nuestro país, luego
de 30 años de democracia, aún se cuenta, entre las deudas pendientes, la
legalización del aborto. La realidad muestra que por año, aproximadamente 600
mil mujeres deciden interrumpir sus embarazos mientras algo más de 700 mil lo
llevan adelante. Es decir, en Argentina hay casi la misma cantidad de abortos
que de nacimientos. Cuando una mujer no quiere tener un hijo, evidentemente, no
lo tiene. Al menos esto es así en numerosos casos. Sea o no sea legal. El
cuerpo es de la mujer y la decisión es de la mujer, aún cuando los poderes
político y religiosos no quieran respetar esa decisión, la ilegalicen, la
condenen o la persigan.
Según lo registrado en
las guardias de los hospitales y en las escasas consultarías de pre y post
aborto que hay en el país, estos son realizados mayoritariamente por niñas y
adolescentes de entre 15 y 20 años. En el 90% de los casos registrados en las
consultorías de hospitales de Capital Federal, las jóvenes usan Misoprostol. En
otros casos, gente que se presenta como idónea les hacen abortos inseguros que
terminan con infecciones severas que pueden llevarlas a la muerte, a la
mutilación o a la esterilidad permanente. Unas 60 mil mujeres pobres son
hospitalizadas por año por abortos inseguros, de ellas 300 mueren. El aborto
ilegal es la principal causa de muerte materna en Argentina.
Un informe realizado por
el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo) en el 2011 declara
que dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe, Argentina está entre los
países que registran el índice más alto de fallecimientos como consecuencia de
interrupciones de embarazos de forma clandestina.
En un documento dirigido
especialmente para la Argentina, el PNUD postuló como uno de los
"objetivos del milenio", la tarea de "mejorar la salud
materna" en el país. El organismo exhortó a las autoridades Argentinas a
reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna para el año 2015[1].
Ya en el 2010 otro
organismo internacional, Human Rights Watch, llamó la atención de los
funcionarios de la salud argentinos por las consecuencias de abortos
clandestinos, manifestando que "persisten los problemas en el acceso por
parte de mujeres a servicios de salud que por derecho les corresponden,
incluida la anticoncepción, la esterilización voluntaria, el aborto legal y la
atención posterior a un aborto". De hecho, el documento señaló que
"el Estado argentino incumple en todos los niveles su obligación de rendir
cuentas sobre sus acciones para cumplir con los derechos relacionados con la
salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas".
Desde el movimiento de
mujeres y las organizaciones populares no nos cansamos de decir que el aborto
ilegal constituye un crimen contra las mujeres, fundamentalmente las más
pobres, por lo que el Estado debe encargarse de garantizar la práctica en forma
gratuita en los hospitales públicos. Pero además de constituir un problema de
salud pública y de derechos humanos, el aborto legal, seguro y gratuito implica
la posibilidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Ni la
Iglesia, ni los jueces, ni los médicos ni los legisladores deben meterse en una
decisión personal de las mujeres. Es por esto que, desde las organizaciones se
están impulsando a lo largo y ancho del país espacios de Consejerías pre y pos
aborto con el objetivo de informar, contener, organizar a las mujeres que
deciden interrumpir un embarazo. Pero no nos confundimos, estas valiosas
experiencias no deben distraernos del reclamo inclaudicable al Estado que debe
garantizar el aborto legal y gratuito.
Como importantes
conquistas de la lucha popular y feminista, hoy contamos con el fallo de la
Corte suprema de Justicia quien se expidió afirmando el derecho que tenemos a
practicar abortos no punibles sin ningún tipo de impedimento o traba legal ni
administrativa. Sin embargo, el incumplimiento al fallo no sólo se manifiesta
desde los objetores de conciencia en los Centros de Salud u Hospitales, sino
también desde los propios Gobiernos provinciales o municipales, así lo
demuestran los casos de Salta o la Ciudad de Buenos Aires, donde se conformaron
guías protocolares con mayores restricciones para las mujeres a la hora de
ejercer nuestro derecho, siendo violentadas doblemente.
Pese a los avances que ha
habido en materia de leyes como la de Salud Sexual y Procreación Responsable
así como la Ley de Educación Sexual Integral, bien sabido es que desde el
ejecutivo del Gobierno Nacional existe una negativa a abrir el debate por la
legalización. Los vínculos de coexistencia pacífica que mantienen con
sectores poderosos del clero y demás actores conservadores resguardan la
ilegalidad. El nombramiento de un papa argentino es, sin duda, un hecho que
aleja más las posibilidades de abrir el debate por los derechos de las mujeres
y las sexualidades disidentes.
Por lo expresado, este 27
y 28 de septiembre, los movimientos de mujeres y las organizaciones populares
en Nuestramérica salimos a las calles para reclamar por la despenalización y
legalización del aborto. Sabemos que sólo con la lucha podremos instalar este
debate como parte de los Derechos de las Humanas. Salgamos a gritar bien fuerte
por la defensa de nuestra libertad sexual y reproductiva como derecho
inalienable, por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, a
planificar nuestra maternidad, al libre acceso a métodos anticonceptivos, por
nuestro derecho a no ser discriminadas ni violentadas por el sólo hecho de ser
mujeres.
Como parte de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto, desde Marea Popular y el Frente Popular
Darío Santillán- Corriente Nacional / Patria Grande, exigimos el tratamiento y
aprobación del Proyecto de legalización, basta de cajoneo!!!
Por nuestro derecho a decidir! Mi cuerpo es
mío!
Saquen sus rosarios de nuestros ovarios!
Separación de la Iglesia y el Estado
¡Educación Sexual para decidir,
Anticonceptivos para no abortar y
Aborto
Legal para no morir!
Actividades
en todo el país:
En
Ciudad de Buenos Aires: hoy 12hs Abrazo al Congreso / 18hs Marcha de Congreso
a Plaza de Mayo
En
Moron – Pcia. De Buenos Aires: Sábado 28 12hs Mesazo por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el centro con radio abierta, juegos, muestra
de fotos, poesía y música.
En
Córdoba: hoy 18hs Marchamos por el centro de la Ciudad por el Derecho
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En
Rosario: Sábado 28 de 10 a
18hs Mesazo por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En Salta: hoy de 10 a 13hs
en la Plazoleta IV Siglos / Radio Abierta y Tendederos (muestra de fotos).
Transmisión al aire del programa PATRIA ROCK por Radio Dinamo FM 100.9.
En Mar del Plata:
Sábado 28 de 14.30hs frente a la Catedral Mesazo por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito / 16hs Marcha y lectura del documento.
[1] “Los datos muestran
que la tasa de mortalidad materna no ha descendido significativamente y que las
complicaciones relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de
muerte, cerca del 30%", indica el documento. Según advierte el informe, sólo
en Jamaica y Trinidad y Tobago, las complicaciones relacionadas con el aborto
superan esa cifra.
Contacto de prensa:
María Paula García / Marea Popular: (011) 1569304134
Claudia Calvo / FPDS CN: (011) 153068459
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