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lunes, 30 de septiembre de 2013

Ceguera informativa en la política de medios

Publicado en edición impresa de MEDIOLOGIAS  

Por Martín Becerra
 
Opacada por citas doctrinarias sobre garantías constitucionales como la libertad de expresión y postergada por la suma de intereses políticos y económicos decantados en posiciones a favor o contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; en esa condición se halla una de las claves que explica, mucho más que mil discursos, la situación de las políticas estatales en el sector audiovisual y en telecomunicaciones móviles. Esta clave tiene escaso atractivo para la discusión pública, pero su impacto es mayúsculo por la ceguera informativa a la que se somete el Estado.
La ley audiovisual 26.522 sancionada por el Congreso hace casi cuatro años modificó las condiciones de ejercicio de las licencias de televisión (abierta y de pago) y de radio. Todos los países poseen reglas de juego para estas licencias. En este aspecto, es sabido, hay controversia. El grupo Clarín reclama la inconstitucionalidad de una parte de la regulación en una causa sobre la que dictaminará la Corte Suprema.
Pero la ley contiene otros ejes sobresalientes. Uno de ellos, legitimado por el amplio debate previo y posterior a la aprobación de la norma, es la reserva del 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro. A diferencia de las disposiciones sobre concentración, que tienen antecedentes en toda la normativa de radiodifusión previa a 2009, el reconocimiento legal de prestadores sin intención lucrativa es inédito en la Argentina y en buena parte del continente. Desde la sanción de la ley, esta reserva para actores de la sociedad civil fue saludada por las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA y por partidos políticos de distinta orientación. Uno de los autores más citados en la reciente audiencia organizada por la Corte Suprema, Owen Fiss, dice que la libertad de expresión depende de los recursos de los que se dispone; si éstos están concentrados, el interés público se resiente. De allí que la apertura a la sociedad civil mejore y amplíe el ejercicio de la libertad.

Resulta extraño, pues, que sin existir pleitos sobre el derecho de las organizaciones sin fines de lucro a convertirse en licenciatarias, la reserva determinada por la ley carezca hasta ahora de correlato significativo en el mapa de medios. Pero, por obvio que parezca, para poder reservar y luego concretar ese 33% hay que conocer, antes, cuál es el 100%. Y no se sabe.

No se sabe, a días de cumplirse cuatro años de la aprobación de la ley audiovisual, cuántas licencias hay disponibles ni cuáles están ocupadas por licenciatarios en cada una de las localidades del territorio argentino. Esa información, elemental, se denomina “plan técnico de frecuencias” porque ubica en el mapa las frecuencias según su estado de explotación. Sin plan técnico no pueden abrirse concursos para otorgar nuevas licencias. Sin plan técnico no sólo se debilita el conocimiento y la gestión de licencias audiovisuales, sino también la asignación de espectro para telecomunicaciones, sector que puja con insistencia por la falta de frecuencias para expandir las redes móviles, alegando que el pésimo servicio que brindan los operadores no puede mejorar sin nuevas frecuencias.

La responsabilidad por no construir un plan técnico no es exclusiva del actual gobierno, porque desde 1984, cuando se suspendió el anterior, diseñado por la dictadura, ninguna administración dedicó esfuerzos para ordenar el espectro. Pero la ausencia de plan técnico tras la ley audiovisual de 2009 conspira directamente contra la letra y los propósitos de la norma e impide planificar una política inclusiva de asignación de licencias y permisos para que nuevos actores agreguen diversidad al sistema de medios en el país.

La tendencia a otorgar un barniz aséptico a los datos técnicos subestima su impacto. Como ocurre con la manipulación de las estadísticas nacionales por parte del Indec, la falta de información pública sobre el uso de los recursos radioeléctricos escamotea su control social y político y horada la capacidad del Estado de asentar su gestión sobre bases confiables y estables.

*Especialista en medios; en Twitter @aracalacana

Fuente : Perfil 

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