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jueves, 12 de septiembre de 2013

Debate falso

Debate falso
Por F. S*. 
 
Luego de las declaraciones del candidato kirchnerista Martín Insaurralde sobre el proyecto de baja de edad de la punibilidad, se retoma un recorrido que parte desde un paradigma que ha fracasado. La noción actual, las alternativas y las consecuencias para los pibes y pibas.

La imperiosa necesidad de modificar los bajos resultados electorales en determinados sectores derivó en el anuncio de medidas destinadas a combatir "la inseguridad"; una de ellas, colocar nuevamente en agenda el pseudo "debate" sobre la necesidad de bajar la edad de punibilidad, es decir, modificar la edad en que las personas pueden ser perseguidas por el Estado por la comisión de un delito.

Como sociedad, nos debemos el debate en torno a la creación de un régimen penal juvenil de mínima intervención. Esto implica no bajar la edad de punibilidad actual -16 años- y proponer medidas alternativas a la pena privativa de libertad con la activación de políticas del Ministerio de Desarrollo Social, Educación, Salud. Algo que la propuesta actual no contempla.

No es la primera vez que esta temática se trata de manera irresponsable y aparece en boca de todo el espectro político y mediático. Hace unos pocos años se generó el debate en el Parlamento como respuesta a la comisión de un delito por parte de un niño de 15 años. En aquel entonces, la reacción política tuvo su fundamento en sosegar una sociedad que aclamada "justicia", "seguridad" y "mano dura", entre otras consignas.

Así, el oficialismo pretendió impulsar un Régimen Penal Juvenil que bajara la edad de punibilidad a 14 años. Afortunadamente, y por presión de organismos de derechos humanos, fue desestimado y un amplio sector del kirchnerismo modificó su postura adoptando el lema de "no a la baja", mientras que otros/as la justificaron únicamente en casos de delitos graves como el homicidio. Esta puja de ambos sectores se vio reflejada a lo largo de esta semana con las diferentes declaraciones brindadas.

Hoy en día, cuatro años después de aquel debate, los motivos no son otros que repatriar los votos que se han ido hacia los sectores más conservadores bajo el lema "lucharemos contra la inseguridad", entendiendo a esta misma como una problemática de clase media, porque inseguridad no es la pobreza, no es la bala perdida que mató a Kevin en Zavaleta, no es la falta de acceso a la salud y ni a la educación.

Las aristas que deben analizarse en esta temática son diversas y no están siendo consideradas con la seriedad y contenido que supone.

En primer lugar, se debe entender que, tanto en 2009 como en la actualidad, los pibes y pibas de nuestros barrios han sido víctimas de la desidia estatal, del abandono y de algo más peligroso aún: de la construcción social del enemigo. La misma construcción de la que fueron víctimas las protagonistas de "El martillo de las brujas" o algunas personas que respondían a ciertos patrones patológicos, tales como nuestro autóctono "petizo orejudo" o los jóvenes migrantes en aquella revolución industrial. Hoy, el enemigo tiene gorra, es joven y vive en un barrio popular.
En segundo lugar, bajar la edad sin debatir seriamente la efectividad de una pena privativa de libertad es un retroceso y una negación de la realidad actual del sistema penitenciario. Las teorías que categorizan a las sanciones como ejemplificadoras, retributivas o de reinserción son obsoletas. El delito no disminuye proporcionalmente a la cantidad de personas privadas de libertad y los individuos que cometen delitos no se representan un futuro en la cárcel ni hacen cuentas matemáticas sobre la cantidad de años que se le computarán. El delito tiene un origen económico-social y, hasta que no se lo aborde desde ese parámetro, seguirá existiendo.

La pena privativa de libertad es un castigo, lisa y llanamente, y por ello no podemos permitir que sean los pibes y las pibas pobres los perseguidos por las fuerzas de seguridad, en primera instancia, y, luego, por las agencias judiciales. En igual sentido, los niños y niñas son personas en situación de desarrollo y por ende no son admisibles sanciones siquiera similares a las aplicadas a los/as adultos/as.

En tercer lugar, el argumento de la "recuperación de derechos" es extremadamente peligroso, dado que justificando la ausencia estatal se promueve la baja de edad de punibilidad para que el Estado intervenga y le "devuelva" a estos niños los derechos. Se trata del viejo sistema tutelar que, bajo la excusa de la "marginalidad" de los pibes, pretende intervenir desde el asistencialismo con el encierro como medio. No caigamos en la trampa: ante un Estado ausente en otras esferas, el primer contacto de los niños y niñas con lo estatal jamás debiera ser con su poder punitivo.

Finalmente, pero no de menor relevancia para comprender las críticas desde lo estrictamente jurídico, es preciso enunciar algunos datos históricos: en 1921 se fijó la edad de punibilidad a los 14 años. Fue luego Perón quien elevó la edad a los 16 mediante la sanción de la Ley 14.394. En Agosto de 1980 la dictadura cívico-militar-eclesiástica volvió a los 14 mediante el Decreto Ley 22.278, hasta que finalmente, en mayo de 1983, éste es modificado y se vuelve a la edad de 16 años, régimen vigente actualmente para todas las personas de entre 16 y 17 años que comentan algún delito. Es decir, estamos debatiendo el retroceso a una medida de la última dictadura.

Así las cosas, en virtud de este pequeño racconto, estamos ante una propuesta que, de mínima, es inconstitucional, dado que no respeta parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como los de no regresividad y de progresividad.

Por todo ello, quienes no solo criticamos la baja sino también la pena privativa de libertad, planteamos un Régimen Penal Juvenil de mínima intervención, con políticas públicas de inclusión e integración de los niños, niñas y adolescentes y no de exclusión como lo es el aislamiento en un establecimiento cerrado. Y este debate ha sido frenado por mezquindades políticas y una incapacidad estatal de respuesta, sumado a la imposibilidad de un poder de enfrentar a la opinión pública que eternamente ha propiciado la mano dura.

Finalmente, a modo de conclusión, compartimos una cita de Tomás Moro, quien en un diálogo de su "Utopía", escrita allá por 1516, analizaba la conveniencia de castigar o no los delitos y sabiamente afirmaba: "Si dejáis que sean mal educados y corrompidos en sus costumbres desde niños para castigarlos ya de hombres por los delitos que ya desde su infancia se preveía tendrían lugar, ¿qué otra cosa hacéis más que engendrar ladrones para después castigarlos?".
*Florencia Siaska, abogada y militante de DDHH.

Fuente:: Marcha

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