Denuncias y bronca a seis meses de las inundaciones

Se cumplieron 6 meses de las inundaciones que el pasado 2 de abril desataron una tragedia social en La Plata. Organizaciones sociales y asambleas marcharon para pedir verdad y justicia y presentaron nuevas pruebas sobre la inacción del Estado en todos sus niveles.

“Las respuestas inmediatas y posteriores a la inundación, fueron realizadas casi exclusivamente por las organizaciones de la sociedad social. En tanto, la política pública quedó reducida a acciones desarticuladas, sin planificación y un manejo discrecional de los recursos disponibles”, es una de las lapidarias conclusiones del informe confeccionado por el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires sobre las inundaciones del 2 de abril en La Plata y alrededores. “No se trató de una catástrofe natural, sino social”, continúa el documento del cual se presentó un avance este miércoles en la Plaza San Martín, frente a la gobernación de la Provincia, en el marco de las actividades organizadas por distintos actores sociales de La Plata a seis meses de la tragedia.

El colegio aseguró que, tras una investigación realizada en en 27 barrios afectados, pudo averiguar que sólo el 4,77% de los vecinos evacuados utilizó las estructuras públicas luego de las tormentas, mientras que el 88,42% recurrió a casas particulares. El 57,25% de las viviendas de la ciudad debieron ser evacuadas.

Datos muy similares a los que arrojaron otros informes realizados en los últimos seis meses. De ellos se concluye que el 55% de la población del partido fue afectada directamente por la inundación. Un total de 130.000 viviendas damnificadas que, se estima, constituye unos $2.618 millones de daños, según el Gabinete de Reconstrucción de la Ciudad Capital creado por municipio y provincia en mayo pasado.

Pero sin duda el dato más escalofriante es el de las víctimas fatales. Hasta ahora se han reconocido oficialmente 67 muertes debidas a la inundación. Un número que sin embargo está envuelto en la polémica. Desde un primer momento, las autoridades provinciales fueron reticentes a reconocer la magnitud de la catástrofe y por ende el número oficial de fallecidos. Es por ello que Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, comenzó una investigación con el objetivo de hacer luz sobre la cantidad de víctimas durante y después del 2 de abril.

Invitado a la jornada de debate y reflexión frente a la gobernación, el magistrado aseguró que su “objetivo es tratar de dictar sentencia antes de fin de año. No podemos dar ni números ni identidades. Hemos resuelto la reserva del expediente para no generar conflictos. Preferimos trabajar en silencio, pronto se van a enterar. No coinciden con el número oficial, nosotros tenemos un número distinto de víctimas”. Ante las asambleas barriales y organizaciones sociales, Arias dijo que “el ciudadano platense no es el mismo que el de antes de la inundación, es un impacto tan grande que ha transformado muchísimas cosas en la ciudad de La Plata”.

Y buena parte de ese cambio se vio reflejado en la larguísima marcha que recorrió el centro de la ciudad, desde la gobernación hasta el palacio del municipio una vez terminadas las mesas de debate. Miles de personas reclamaron por “Verdad y justicia”, por la creación de un nuevo plan de contingencia en casos de emergencia y contra la distribución discrecional de los subsidios para inundados. Este último punto ha sido muy sensible en la vida política platense en las últimas semanas. Especialmente luego que el actual diputado provincial y primer candidato a concejal del Frente Para la Victoria, Gabriel Bruera -hermano del intendente-, recibiera a las asambleas para discutir el tema y no pudiera dar ningún tipo de respuestas en una reunión secretamente filmada y difundida por las redes sociales.

Otro de los reclamos que movimientos sociales y vecinos llevaron hasta la municipalidad fue la derogación del Código de Ordenamiento Urbano (COU) aprobado por la actual gestión en 2010. Según un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, el COU permitió un incremento del 1361% en la cantidad de metros habilitados para la construcción en altura en el casco histórico, y del 372% en todo el resto de la periferia. Un vía libre a las empresas de construcción que comenzaron a levantar edificios en zonas que no estaban habilitadas antes, lo cual provocó un aumento en la densidad poblacional del partido y por ende el colapso del sistema de desagüe de la ciudad. Una situación que había sido denunciada en repetidas oportunidades tanto por la Facultad de Arquitectura de la UNLP como por asociaciones civiles y organizaciones sociales, pero que la comuna desoyó hasta desencadenarse la tragedia social.

Fuente: Marcha