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martes, 15 de octubre de 2013

Los medios comunitarios a cuatro años de la LSCA

Los medios comunitarios a cuatro años de la LSCAPor Javier Torres Molina.  
Se cumplieron cuatro años de la sanción dela Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mientras las autoridades encargadas de aplicarla festejan sus logros y reclaman a la Corte Suprema que falle en la disputa con Clarín, desde los medios alternativos se afirma que el Estado no cumple con el ordenamiento y no los incluye.

En octubre del 2009, el Congreso nacional sancionaba un nuevo ordenamiento legal en materia de regulación de los servicios de radio y televisión que ponía fin al decreto ley 22.285 de 1980, instaurado por la dictadura militar y modificado sustancialmente durante el proceso de reformas neoliberales que permitieron la constitución de oligopolios mediáticos y la transnacionalización de la comunicación.

Desde el gobierno nacional se conmemoró ese acontecimiento y el titular del AFSCA -la autoridad encargada de aplicar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual (LSCA)- expresó que “estamos festejando los primeros cuatro años de una nueva comunicación popular profundamente democrática en la Argentina. Una nueva comunicación que de la mano de un conjunto de herramientas permite que nuestro pueblo, en todos los rincones de la patria pueda tomar la palabra, con su historia, sus tradiciones, su cultura y sus matices, y de esa manera, ocupar el centro de la escena pública”.

Sin embargo, las organizaciones que agrupan a los medios de comunicación alternativos no comparten ese diagnostico y reclaman al AFSCA desde hace tiempo una serie de medidas para permitir su efectivo reconocimiento.

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) durante su 10º Encuentro realizado el pasado fin de semana en la ciudad de Buenos Aires -al que asistieron más de 400 integrantes de diversos medios de todo el país- se abordaron las diferentes problemáticas en torno a la aplicación de la LSCA y se destacó su “casi nula aplicación”.

Entre las principales reivindicaciones de la RNMA se destaca el incumplimiento por parte dela AFSCA de elaborar un plan técnico que permita saber qué cantidad del espectro está siendo utilizado y qué porción se encuentra vacante, para de esa manera planificar debidamente la reserva del 33 % que se establece para los medios gestionados por organizaciones sin fines de lucro.

Además, desde la RNMA se expresa que hasta julio del corriente año se entregaron 895 autorizaciones para que los diferentes tipos de prestadores -de gestión privada, sin fines de lucro y estatal- operen radios FM, sólo 28 han sido para el sector sin fines de lucro: “un 3,1 %, muy lejos del 33% previsto en la ley”.

También se denunciaron las interferencias de la que son objetos algunos de los medios comunitarios por parte de los medios comerciales -cuestión que ha sido recurrentemente denunciada ante el AFSCA-, y se señala la posibilidad de que los fondos que se deben destinar a proyectos especiales de comunicación audiovisual y servicios de comunicación audiovisual de medios comunitarios, de frontera y pueblos originarios -como expresa el artículo 97 inciso F de la LSCA- sean repartidos en forma discrecional.

Sobre ese mismo punto, el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias sostiene que ese fondo “discrimina a aquellos que no tienen legalización, autorización o reconocimiento legal, impidiéndoles concursar y profundizando de este modo la desigualdad”, ya que es requisito para poder acceder a ese fondo tener licencia, cuestión que es de difícil obtención para la mayoría de los medios comunitarios, alternativos, populares por los costos y requisitos que se solicitan.

Además desde ese espacio se objeta una reciente resolución del AFCA -firmada bajo expediente N° 2613/13- que autoriza el funcionamiento de 20 canales analógicos de baja potencia y que no tuvo en cuenta los reclamos de las televisoras comunitarias: “¿cuál es el criterio que la gestión de Martín Sabbatella utiliza para autorizar algunos medios y no a todos los que se encuentran operativos? ¡Basta de discresionalidad!”, se expresa en un comunicado elaborado por el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias.


¿Que dice la LSCA?

La ley Nº 26.522 (LSCA) acaba de cumplir cuatro años. Reserva el 33% del espectro a los prestadores de gestión privada sin fines de lucro, figura que agrupa un universo amplio de posibilidades a la hora de definir posibles operadores de medios de comunicación.

Por ejemplo, serían de gestión privada sin fines de lucro medios de comunicación operados por sindicatos, mutuales, cooperativas, iglesias de cualquier credo, fundaciones, ONGs y organizaciones sociales de cualquier tipo, donde estarían comprendidas lo que actualmente se denominan medios de comunicación comunitarios, alternativos y/o populares.

Pero a la hora de fundamentar la necesidad de dividir el espectro en tres tipos de licenciatarios en el texto de la LSCA aparecen diferentes instrumentos internacionales que se refieren a la necesidad de que existan operadores “estatales, privados y comunitarios”, por lo que esos fundamentos quedan desnaturalizados al no existir ningún artículo que legisle expresamente a los medios comunitarios, más allá del artículo 4° que define -entre otros aspectos- a las emisoras comunitarias y la referencia ya expresada sobre el destino de fondos que se recauden en concepto de gravámenes.

Es decir que si bien la LSCA reconoce la existencia de los medios comunitarios, no establece ninguna norma específica que fomente su desarrollo o legisle sobre ellos, más allá de ese porcentaje que además debe ser compartido con otros emprendimientos, sin establecerse la manera en que los fondos serán asignados.
Desde las organizaciones de medios comunitarios, alternativos y populares desde el mismo proceso de discusión de la ley se reclama que existan concursos y pliegos específicos para ese sector y que se desarrollen políticas activas que fomenten su instalación y desarrollo con el objetivo de jerarquizar e incentivar la tarea que realizan los medios comunitarios, sobre todo si el principal objetivo que se plantea la LSCA es democratizar las comunicaciones en Argentina. 

En realidad queda claro en la implementación de la ley por parte del actual gobierno que luego del enfrentamiento y divorcio con el grupo Clarin , luego de avalar y luego impugnar la fusion de Cablevision y Multicanal solo busca desarmar a su oponente mediatico por un lado transformandolo en el pricipal mal que zota al supuesto capitalismo serio que hace feliz al mundo y esto lo hace desatendiendo la implementación de la ley y armando un monopolio propio de medios favorables al gobierno mientras maneja arbitrariamente la pauta oficial para los medios afines , no parecieria existir ningun interes real por democratizar nada 



Fuente : Marcha

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