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domingo, 22 de diciembre de 2013

Acerca de los sindicatos policiales

sindicato policias



El conflicto con las policías de casi todo el país ha devuelto al debate público el asunto de la sindicalización policial, con la cual ahora están de acuerdo hasta los macristas de PRO y los “renovadores” de Sergio Massa, junto con un amplio arco político que va desde Víctor De Gennaro, Hugo Moyano y Héctor Recalde hasta dirigentes de la Unión Cívica Radical y del FAP. Todos ellos se preguntan si el sindicato “podría servir para ponerles fin a los autoacuartelamientos (y) terminar con el autogobierno policial” (Página/12, 15/12).

Es decir, si podría ser un instrumento eficaz de regimentación y control de crisis. En estos planteos resulta evidente la ausencia de caracterización de la policía en el Estado capitalista, por un lado, y de las rebeliones policiales contra su propio Estado, por el otro. En febrero de 1974, una asonada policial en Córdoba (el “navarrazo”), impulsada desde la jefatura de la fuerza y desde el propio gobierno de Perón, dio el punto de partida a un proceso contrarrevolucionario que culminó con el golpe militar del ’76. No estaba en juego en aquella ocasión ninguna cuestión relativa a la sindicalización, sino el rescate del Estado por parte de las fuerzas represivas y de las paraestatales. Los acuartelamientos recientes responden a otro conjunto de factores: uno, la crisis inflacionaria, o sea la crisis fiscal, que siempre tiene un efecto disolvente en los aparatos estatales; dos, una manifiesta crisis del aparato policial, como consecuencia de depuraciones debidas a su entrelazamiento con el delito organizado y en especial con el narcotráfico; tres, una pérdida de autoridad del gobierno como resultado de la crisis general y de su derrota electoral.

Que Gendarmería reprima a la policía tucumana, responsable de delitos y desapariciones de personas, y que inmediatamente esa policía reprimida reprima, a su vez, a los vecinos que le reclaman seguridad, o que se enfrente al gobierno de Alperovich, que ha protegido sus delitos y negocios; o que Daniel Scioli y su ministro del área, el matón Alejandro Granados, admitan la disgregación y la podredumbre policial cuando proponen privatizar la “seguridad”, son síntomas extremos de esa descomposición y de esas crisis. Enarbolar los reclamos salariales para justificar una “salida sindical”, mientras se deja a un costado la caracterización concreta de la policía, por un lado en cuanto fuerza de choque contra los trabajadores y contra la juventud y, por el otro, en su situación actual de descomposición, equivale a dar status legal a la mafia del aparato estatal e incluso al narcotráfico, que tienen amplias posibilidades de infiltración y control de esos “sindicatos”.

El derecho de huelga

Carlos Tomada y Jorge Capitanich, a diferencia de los anteriores, se oponen a los sindicatos policiales porque, según dicen, la sindicalización implica derecho de huelga y eso no puede reconocerse en el caso de la policía. Capitanich añade que no puede haber sindicatos “de gente armada”. Uno y otro agitan espantapájaros, porque nadie propone un derecho de huelga policial y menos que nadie la CTA, principal abogada de la sindicalización de “los azules”.

Los defensores K de la sindicalización, como Raúl Zaffaroni y Marcelo Sain, intentan tranquilizarlos. Vinculan el sindicato de policías con una “reforma policial” que consideran indispensable y, al igual que De Gennaro, Recalde y, por supuesto, PRO y el Frente Renovador, hacen hincapié en que un sindicato policial no debe tener derecho de huelga. Es más: coinciden en esa negación del derecho de huelga algunos agrupamientos policiales que pugnan por la sindicalización, como Apropol y otros. Por tanto, no proponen un sindicato sino un instrumento de mediación para contener la crisis y, en el caso de Apropol, para hacer incluso una defensa corporativa de la policía con toda su carga de corrupción y criminalidad. Esas propuestas no hablan, por ejemplo, del personal de la Guardia de Infantería, que se encarga del asalto a las movilizaciones populares, ni del personal de los servicios de inteligencia.

Zaffaroni, como León Arslanián, propone, además de sindicatos policiales, descentralizar la policía, dividirla en pequeñas fuerzas a cargo de los intendentes. Policías comunales, en definitiva. Es una propuesta vieja que pondría a la policía, más aún, bajo control de las intendencias y de los punteros barriales; es decir, del delito organizado. En ese contexto, el sindicato policial sería, simplemente, una nueva organización mafiosa.

Los socialistas y la policía

Como es sabido, lo que distingue a los socialistas de los anarquistas es, principalmente, la reivindicación, por parte de los primeros, del trabajo en las instituciones del Estado. Este trabajo no se limita al parlamento o los municipios. Se trata de una diferencia de método que tiene que ver con dos factores fundamentales. En primer lugar, esas instituciones son un producto histórico, o sea, creado por grandes transiciones históricas que los pueblos solamente pueden superar a través de la experiencia -o sea, de otra transición histórica. En segundo lugar, no pueden evitar, incluso en su condición de instrumentos despóticos contra las masas, que se refracten en su seno las contradicciones de la sociedad capitalista y sus crisis. Muchos izquierdistas admiten este postulado solamente para el parlamento, al cual transforman, para estos fines, en una representación de la voluntad popular. Por su contenido, sin embargo, el parlamento es el padre material y espiritual de la coacción contra el pueblo, simplemente porque es el que dicta las leyes que organizan al conjunto del Estado, incluidos la policía y los servicios de inteligencia. Esos mismos izquierdistas, de todos modos, violan cotidianamente la acción reservada al parlamento cuando se presentan ante otro poder del Estado, la Justicia, con denuncias y apelaciones. ¿Por qué dejar al margen, entonces, a la policía, que hace cumplir las leyes del parlamento y las órdenes de la Justicia? En 2011, el Frente de Izquierda estuvo a punto de presentar una lista para la elección del Consejo de la Magistratura (una elección que, finalmente, no tuvo lugar).

No hay ninguna necesidad de darles a los policías la categoría de “trabajadores” o “proletarios” para orientar un trabajo político hacia ellos. Encerrar la actividad socialista entre esos términos (trabajador, no trabajador) es, simplemente, una cretinada. En numerosas empresas, destacadamente en el subte y en aeronáuticos, el activismo ha organizado sindicalmente al personal de seguridad, que se encarga, como es obvio, de proteger la propiedad de los patrones. La institución policial (represora) incorpora una contradicción entre su jerarquía y la base, entre las camarillas superiores -entrelazadas con el aparato estatal y las grandes corporaciones- y un personal de agentes, que estalla, si no periódicamente, sí cada vez que la crisis social y política alcanza niveles excepcionales. Ignorar la importancia de estas crisis en la disolución del Estado burgués sería imperdonable; la cuestión de los salarios aparece, en forma recurrente, en estas crisis. Sin un trabajo socialista profundo en la policía, la lucha contra la represión y, a término, por el desmantelamiento del aparato represivo, sufriría serias limitaciones. Rechazar este trabajo es puro anarquismo, no es socialismo.

Ahora bien: para este trabajo en la policía es necesario un programa. La cuestión de los salarios es muy importante, claro, pero lo es mucho más la relativa a los códigos de faltas, o sea la persecución sistemática de la juventud, que lleva al gatillo fácil y a la tortura en las comisarías. Asimismo, la oposición a reprimir las movilizaciones populares. La lucha popular contra los códigos de faltas y por la inspección de las comisarías por comités populares, debe ser llevada a los parlamentos y al interior de la policía -¡incluido el boicot a la aplicación de los códigos de faltas! Los partidarios de la sindicalización no hablan de este trabajo, o sea que sindicalizarían al gatillo fácil. Solamente sobre la base de un trabajo socialista sistemático y solamente sobre la base de la formación de una fracción socialista importante en la policía, tendrá actualidad la reivindicación de un sindicato de la categoría inferior de la policía. Una posibilidad de este tipo, como lo prueban numerosos ejemplos históricos, depende en gran medida de un ascenso excepcional de la lucha de los trabajadores. Lo que está claro, de cualquier manera, es que en caso de que se legisle la formación de (pseudo)”sindicatos” policiales, los socialistas deberíamos desarrollar un trabajo político adentro de ellos.

“Semana Santa”

Las asonadas policiales últimas, que han tenido diferencias marcadas en cada provincia, no tienen nada que ver con aquel “navarrazo” cordobés de 1974 ni responden a una tendencia golpista de la burguesía, cuyos partidos políticos se unieron al gobierno para denunciar la llamada “extorsión” de la policía. Los levantamientos ocurrieron en medio de una verdadera disparada inflacionaria, que hizo estallar la crisis salarial en la policía; por eso los aumentos salariales han tenido un impacto muy grande entre los trabajadores y un impacto político en general.

El estallido sacó a flote (por si faltaba) la pugna entre camarillas vinculadas con los punteros políticos, al delito organizado y al narcotráfico. Puso en evidencia, en este plano, la tendencia disolvente en los aparatos del Estado, que se hará más intensa con el agravamiento de la crisis fiscal. Las asonadas pusieron de relieve, precisamente, el “trabajo político” de todas las fracciones, legales o ilegales, de la burguesía adentro del aparato policial.

El conjunto de la burguesía se colocó del lado del gobierno, pero además ha puesto sordina a la designación de César Milani al frente del Ejército (una medida que tiene mayor alcance estratégico que las asonadas policiales). Dado el control que Milani tiene de la inteligencia estatal, no hay que excluir que hubiera dejado andar estas asonadas para reforzar su pretensión a encabezar el Ejército. Todavía no ha sido dicha la última palabra acerca de la negativa del gobierno de enviar la Gendarmería a Córdoba antes de los saqueos, ni del papel de Milani, que cuenta con una red de punteros en esa provincia, en esa negativa.

Ningún socialista necesita “defender” la asonada policial (incluso debe denunciar todas las combinaciones mafiosas que han intervenido en ella) para señalar a los trabajadores la oportunidad que esas asonadas han creado para reclamar un básico de 8.500 pesos, equivalente a una canasta familiar. La posición, sin embargo, de numerosos izquierdistas, que cuestionan esos aumentos como una “extorsión” de la policía, sirve directamente al ajuste que reclaman el FMI y el capital financiero internacional. Estamos ante un caso único de cretinismo izquierdista. Coinciden con el “acta democrática” firmada en el Congreso, que precisamente denuncia la “extorsión” con la mirada puesta en la necesidad de ocultar su propio papel en la descomposición policial y, sobre todo, en la de impedir que esos aumentos se conviertan en un reclamo generalizado de los trabajadores. Hay que hacer notar, además, que el argumento de la “extorsión” ha sido utilizado sistemáticamente por los K o los Macri contra los trabajadores del subte y de otros servicios públicos, con el objetivo puesto en una regimentación del derecho de huelga bajo la excusa de asegurar “servicios esenciales”.

Estos izquierdistas coinciden, especialmente, con la posición oficial del gobierno y del kirchnerismo, que consideran a esas asonadas o sediciones como una reacción política contra un gobierno “nacional y popular”. La consigna: “Para los trabadores, sí; para la yuta, no”, significa plantear el desmantelamiento de los aparatos represivos por la vía de la disminución los salarios de su personal, un absurdo.

Conclusión

En el contexto de la crisis fiscal, inflacionaria y de pagos internacionales, y de la disgregación del gobierno -ahora coparticipado con un jefe de Gabinete y distintos funcionarios ajenos a la camarilla oficialista-, Argentina ingresa en una etapa excepcional de desarrollo de los antagonismos acumulados desde 2002. Hay, al mismo tiempo, un frente único (mayoritario) en favor de que el gobierno pueda mantener el control de las cosas, en el marco de la renegociación de deuda externa y la entrega petrolífera. La devaluación de la moneda, y la hiperinflación que podría desatar, amenaza esta coalición frágil. Se plantea, como nunca, la reivindicación de que la crisis la paguen los capitalistas, o sea salario básico de 8.500 pesos, jubilación de 82% móvil, control obrero, nacionalización de la banca, del comercio exterior y de los recursos estratégicos, cese del pago de la deuda externa.

Sobre la base de esta orientación se abre la oportunidad de extender el campo de acción conquistado por el Frente de Izquierda y desarrollar una alternativa de poder de la clase obrera.

A. Guerrero


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