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lunes, 23 de diciembre de 2013

Proyecto de ley para declarar la Emergencia Eléctrica en la Ciudad



En la mañana de hoy, Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presentó un proyecto de ley para declarar la “emergencia energética” en el distrito, a partir del colapso planteado en el sistema eléctrico. El proyecto plantea la constitución de un Comité de Emergencia, integrado por representantes de los bloques legislativos, de representantes de los trabajadores y vecinos afectados.

El proyecto faculta a ese comité a la constitución de un mínimo de sesenta cuadrillas, a razón de cuatro por comuna, para “atender de inmediato a las tareas de reparación de cámaras, subestaciones, cableados y todo otro desperfecto ligado al colapso eléctrico”. Para ello, plantea la elaboración de “un padrón de téc nicos y operarios electricistas, y su inmediata contratación con las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio de Luz y Fuerza”.

También se establece la instalación de “un mínimo de 1500 generadores, a razón de 100 por Comuna, para atender las necesidades más urgentes de consorcios, complejos habitacionales y demás predios afectados”. Finalmente, plantea financiar esta intervención de emergencia con un impuesto extraordinario “a las salas de juego ubicados en la Ciudad, en territorios o aguas federales circundantes a la misma”.

En sus fundamentos, el proyecto de Ramal denuncia la “impotencia de los gobiernos nacional y de la Ciudad para dar cuenta de esta crisis, frente al padecimiento de decenas de miles de vecinos afectados”.   Esta “premeditada indolencia”, se señala, “es sólo la preparación política de un tarifazo, que querrán justificar como única salida frente a la falta de energía”. De ese modo, denuncia Ramal, “preparan el regreso a la política energética de los 90, o sea la dolarización de tarifas, como respuesta frente al hundimiento del régimen de rescate de las privatizadas implementado por el kirchnerismo”.

En oposición a ello, ! El FIT impulsa una nacionalización integral de la industria energética, bajo control de los trabajadores. Ante el colapso declarado en la Ciudad, planteamos estas “iniciativas elementales frente al colapso eléctrico, con la intervención directa de trabajadores y vecinos”.

El legislador del FIT cursó una copia del proyecto a todos los presidentes de bloque, proponiendo una sesión extraordinaria para el jueves 26 o viernes 27 de esta semana.

 Fuente : http://www.po.org.ar/sitio/comunicados/ver/proyecto-de-ley-para-declarar-la-emergencia-electrica-en-la-ciudad#.UriVMPtlkW0

Proyecto de Ley

Art.1º: Se declara la emergencia energética en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El propósito de la misma es asegurar el suministro de energía eléctrica a la población de la Ciudad, en el cuadro del colapso eléctrico verificado en las últimas semanas.

Art.2º: La presente emergencia se extenderá desde la promulgación de esta ley hasta el 31 de marzo de 2014, pudiendo esta Legislatura prorrogarla toda vez que lo considere necesario.

Art. 3º : Se crea un Comité de emergencia energética, integrado por a) un representante de cada bloque de la Legislatura de la Ciudad, b) representantes de los Consejos consultivos de las Comunas y de los barrios afectados; c) representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de energía; d) académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires; .

Art. 4º : Son funciones del Comité de Emergencia:
a) realizar un mapa de las zonas de la Ciudad afectadas por los cortes de luz, así como de las subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de renovación y mantenimiento adecuados;
b) disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia.
c) Ordenar la ejecución de todas las tareas de reparación que emerjan de los relevamientos anteriores.

Art. 5º : El Comité de Emergencia tendrá amplias facultades de intervención sobre las distribuidoras de energía con jurisdicción en la Ciudad. En ese carácter, podrá solicitar a las mismas la información técnica necesaria y coordinar con sus departamentos todas las tareas para la emergencia.

Art. 6º : Se ordena al Comité de Emergencia la convocatoria y elaboración de un padrón de técnicos y operarios electricistas, para la formación de un mínimo de 60 (sesenta) cuadrillas de emergencia, a razón de cuatro por Comuna de la Ciudad. La tarea de estas cuadrillas es atender de inmediato a las tareas de reparación de cámaras, subestaciones, cableados y todo otro desperfecto ligado al colapso eléctrico, según las solicitudes que emanen de los distintos barrios. Los operarios y técnicos convocados serán contratados bajo las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de Luz y Fuerza.

Art. 7º : Se ordena al Comité de Emergencia colocar a disposición de los barrios afectados un mínimo de 1500 (mil quinientos) generadores, a razón de 100 por Comuna, para atender las necesidades más urgentes de consorcios, complejos habitacionales y predios afectados por los cortes de energía.

Art. 8º: Para sufragar a los gastos planteados en esta ley, se crea un impuesto de emergencia equivalente al 3% de todos los ingresos del Casino flotante y máquinas tragamonedas ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos o en territorios o aguas federales circundantes a la misma. Los fondos serán percibidos por la Lotería Nacional y el Instituto de Apuestas de la Ciudad, y transferidos al tesoro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 9º. De forma.

FUNDAMENTOS

La escalada de cortes y luz en la Ciudad y en el conurbano, en una intensidad y prolongación nunca alcanzados, han sacado a la luz el derrumbe definitivo del régimen de privatizaciones menemistas, así como la tentativa de rescate de esas mismas privatizaciones por parte del kirchnerismo. El desquicio ha llegado muy lejos: el colapso de cámaras, subestaciones y tendidos de cables es el último eslabón del vaciamiento energético, que arranca en los pozos gasíferos y petroleros y termina en la distribución domiciliaria de luz eléctrica.


Las privatizaciones de los ‘90 fueron la excusa para que los concesionarios dieran rienda suelta a un incremento incesante de la deuda externa sustentado en la dolarización de las tarifas internas, y que no se tradujo en inversiones. Cuando este ‘modelo’ estalló junto con la convertibilidad, fue reemplazado por un rescate de las empresas privatizadas fundado en el presupuesto público y en el deterioro de los servicios. A cambio de pesificar las tarifas, el gobierno toleró que las privatizadas no invirtieran siquiera en las más elementales tareas de mantenimiento. Progresivamente, el gobierno fue subsidiando también los gastos corrientes de los propios concesionarios.

Ahora, la bancarrota del Estado y el vaciamiento energético han hecho saltar este esquema por los aires. Pero en vez de retirar a los vaciadores del patrimonio petrolero, gasífero o eléctrico, el gobierno ha puesto en marcha otro rescate de aquéllos. En este caso, a través de un progresivo retorno a los ‘90. La reestatización parcial de YPF no ha sido más que una reprivatización: el retiro de Repsol sólo abrió paso a acuerdos leoninos con Chevron, fundados en la dolarización de los valores del gas y del petróleo. Como si fuera poco, a estos contratos confiscatorios le acaban de añadir un resarcimiento multimillonario a la propia Repsol, sin investigar siquiera la liquidación del patrimonio de YPF que acometiera esa empresa durante más de una década.
 

Más temprano que tarde, es evidente que el tarifazo en los combustibles pretenderá ser transferido al sistema eléctrico, que funciona en un 65% con usinas movidas a gas o combustibles líquidos. La “huelga de inversiones” -y hasta del más elemental mantenimiento- que llevan adelante las distribuidoras eléctricas apunta a ello: o sea, a arrancar el tarifazo. Anticipando ese rumbo, la Bolsa de Valores de Buenos Aires vino premiando a las acciones de las distribuidoras eléctricas con subas astronómicas durante todo este año. Los especuladores celebran, mientras el pueblo de la Ciudad paga este derrumbe premeditado con cortes de luz de varios días o semanas.

Como ha ocurrido con otras privatizaciones, un aspecto central del vaciamiento ha pasado por la liquidación de los planteles laborales. En las distribuidoras eléctricas, una parte menor de los despedidos ha sido reemplazada por un vasto régimen de precarización laboral, a través de subcontratistas y cuadrillas de trabajadores tercerizados. Como ocurre con el ferrocarril, este régimen de trabajo precario y sin control consume buena parte de los subsidios del Estado. Naturalmente, la ausencia de un plan único y coordinado de mantenimiento agrava en todos sus términos la presente emergencia.


Es indudable que el colapso eléctrico es inseparable de un vaciamiento que abarca a toda la cadena de la producción energética. Pero no es un secreto que los costos de extracción de hidrocarburos en la Argentina representan apenas la quinta parte de los precios internacionales. En ese cuadro, la pretensión de una nueva entrega petrolera con valores “internacionalizados” implica transferir integralmente esa renta extractiva a monopolios que sólo han comprometido inversiones ínfimas, y piensan proseguir “invirtiendo” apenas con una parte de los beneficios obtenidos. Lo mismo vale para la energía eléctrica, cuyas tarifas se pretende dolarizar. Es evidente que este retorno al menemismo plantea un verdadero dislocamiento industrial y, ni qué decirlo, un golpe a una canasta familiar ya fuertemente golpeada por la carestía en los alimentos, la vivienda y muchos otros rubros.
 

 En oposición a ese régimen fracasado, el Frente de Izquierda impulsa la nacionalización integral de la industria energética, desde la extracción de petróleo y gas hasta la energía eléctrica, bajo la gestión de sus trabajadores. Esa nacionalización permitirá una reapropiación social de la renta gasífero-petrolera, como palanca del consumo popular y de un desarrollo industrial que, a su turno, también deberá ser colocado bajo control obrero.
 

El gobierno nacional “amenaza” a las mismas distribuidoras a las cuales
-supuestamente- controlan sus Entes Reguladores e incluso sus veedores (Edesur se encuentra ¡intervenida! por el gobierno desde julio de 2012). A su turno, el gobierno de la Ciudad anunció un régimen de instalación de generadores, que pagarían en cualquier caso los propios vecinos. Pero incluso retrocedió de esa propuesta, que ha quedado limitada a los edificios nuevos.
La indolencia de los dos oficialismos frente al padecimiento de decenas de miles de vecinos sólo puede obedecer a una razón: es la preparación ‘política’ del tarifazo, que querrán justificar como única salida frente a la falta de energía.
 

Ante este cuadro, es necesaria una enérgica intervención popular, frente a la impotencia de los gobiernos nacional y de la Ciudad. Ella debe partir de iniciativas elementales frente al colapso eléctrico, con la intervención directa de los trabajadores y vecinos. Planteamos la creación de un Comité de Emergencia con representantes de los mismos y de los bloques políticos de la Legislatura: de ese modo, exigimos que el gobierno nacional y de la Ciudad asuman su responsabilidad en la crisis. La emergencia plantea la urgente reconstrucción de cuadrillas de trabajadores y técnicos, en acción coordinada y estrecha con las asambleas de vecinos y representantes de las comunas. 

Asimismo, y hasta que se alcance una solución de fondo, planteamos la urgente provisión de equipos de generación que puedan paliar la grave situación de consorcios y complejos habitacionales con personas impedidas de subir o bajar de sus departamentos, y sin acceder siquiera al servicio de agua. Para financiar estas medidas, impulsamos un impuesto extraordinario al juego privado radicado en la Ciudad, y que viene siendo beneficiado con escandalosas exenciones. La crisis nacional -expresada en este caso por el colapso energético- debe ser pagada por sus responsables, y no por el pueblo que trabaja.

A partir de estas consideraciones, presentamos este proyecto y reclamamos a todos los bloques de la Legislatura una Sesión Extraordinaria, para debatir y adoptar un rumbo popular frente a la emergencia eléctrica.

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Politica Obrera

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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