The people united will never be defeated - ¡Proletarios del mundo, uníos!

martes, 30 de abril de 2013

LOS 36 AÑOS DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO

36 años de lucha de "LasMadresdePlazadeMayo". Con ellas empezamos a escribir Madres con mayúscula.

Las Madres hicieron que la valentía se rebalse como palabra. Son unas valientes más que valientes. Hablar de las Madres es hablar de una palabra nueva: lasMadresdePLazadeMayo. Así: todo junto, porque ellas mismas rompieron las palabras. Quebraron el silencio, el que tanto les gusta a los genocidas, el que tanto cumplen como orden militar y callan todos sus crímenes sentados en el banquillo de los acusados.

Nombrar a las Madres es decir 30.000 nombres y más, porque se hicieron Madres del pueblo. Son las Madres de los pibes reprimidos y asesinados en diciembre del 2001, de las víctimas del gatillo fácil y las redes de trata de personas, de los docentes en lucha, de los desocupados desesperados pero esperanzados y luchadores, de Kosteki y Santillán, de Cabezas, de Fuentealba, de Mariano Ferreyra, de cada compañeros o compañera que lucha por una causa justa o que necesite que el pañuelo blanco diga “presente”.... Son las Madres del pueblo que lucha por un país para todos.

El 30 de abril de 1977 empezaron a rondar para avanzar hacia sus hijos, los 30.000. Los genocidas no se imaginaban que las Madres, Padres, Abuelas y Familiares iban a unirse y organizarse. Pensaron que intentando destruir toda forma de organización de sus hijos e hijas iban a terminar con esa generación y sus proyectos de país. Pero no. Las Madres, Padres, Abuelas, Abuelos y Familiares les dijeron el NO más rotundo. Y luego llegamos los H.I.J.O.S. para también decir: NO olvidamos, NO perdonamos, NO dejamos de buscarlos, NO nos reconciliamos, NO dejamos de exigir Juicio y Castigo a los genocidas. Ese NO con mayúsculas que deja en silencio a los asesinos del pueblo cuando están en el banquillo de los acusados. Ese NO que construyó la condena social, porque a los genocidas los juzga un Tribunal, pero los condenamos todos.

El 30 de abril las Madres cumplen 36 años de lucha. Hoy habrá ronda especial a las 15:30 en Plaza de Mayo y estaremos con ellas, como siempre. Vamos a abrazar a las Madres, vamos a abrazar los pañuelos blancos, a decir que nadie puede mancharlos: aunque los tapen se ven. Porque ya hay Madres para siempre. Que lo sepan las Pando, los Patti y los Videla: todos somos las Madres. Esta lucha es de todo el pueblo, mientras que la de ellos es de unos pocos que se esconden y callan.

Queridas Madres: queremos abrazarlas una vez más con mucho amor. Queremos aplaudirlas una vez más. Gracias Madres por haber elegido la lucha. Gracias por ser valientes. Gracias por habernos enseñado que lo imposible sólo tarda un poco más. Gracias por haberse puesto los pañuelos y seguir firmes y llenas de amor. Gracias, por ser Madres.

H.I.J.O.S. Capital
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Cuando el lobo se disfraza de Caperucita


Por Luciana Sol González*.

La sucesión de acciones represivas llevadas a cabo por la Policía Metropolitana nos obliga a reflexionar sobre un cuerpo policial que nunca reflejó en su accionar, hasta ahora, los supuestos comunitarios utilizados en su rimbombante campaña de lanzamiento.

La creación de la Policía Metropolitana fue una de las grandes apuestas del PRO en la ciudad. Es por ello que Macri apuntó desde sus comienzos como Jefe de Gobierno a reformar la Ley 24.588 (más conocida como “Ley Cafiero”) que impedía a los Jefes de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el manejo de las fuerzas policiales, haciendo imposible la creación de una fuerza propia para la ciudad sin autorización del Congreso de la Nación.

Superado este escollo, comenzó un intenso debate en la legislatura porteña acerca de los alcances, las funciones y el presupuesto de la Policía Metropolitana. La Ley 2.894 que creó la fuerza fue aprobada el 28 de octubre de 2008 con 42 votos a favor y 13 votos en contra, contando también con el apoyo de legisladores pertenecientes al bloque kirchnerista y al Socialismo.

El Macrismo se presentó entonces públicamente como haciéndose cargo de un problema concreto en un momento histórico en el cual la “inseguridad” es uno de los temas favoritos en las agendas mediáticas. Frente a una crisis del modelo policial tradicional, con fuertes críticas a la Policía Federal y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por las recurrentes denuncias de violación a los Derechos Humanos en democracia, los gurúes del Marketing PRO intentaron crear a nivel discursivo y comunicacional un nuevo cuerpo policial basado en el paradigma comunitario reforzando los conceptos de cercanía, modernidad, innovación tecnológica y novedad, y utilizando los modelos policiales de Gran Bretaña y Nueva York como fuentes de inspiración y ejemplos a seguir.

Teóricamente el nuevo cuerpo policial está basado en la prevención situacional del delito. La clave de este tipo de prevención tiene que ver con que los aspectos situacionales serían más susceptibles de ser modificados que cualquier otro que pueda influir sobre la transgresión del orden. Se cree, además, que el cometer un delito es una conducta humana relacionada con una elección racional. Esta perspectiva prioriza únicamente ciertos delitos contra la propiedad en el espacio público, apoyándose en una confianza plena en el empleo de la tecnología que resulta un factor clave frente a la necesidad de recabar, transferir y compartir datos sobre personas, vehículos, situaciones en la vía pública que luego permitan cuantificar resultados en tasas delictivas.

La Policía Metropolitana se presentó en su campaña de lanzamiento como promotora de una novedosa asociación entre la comunidad y su policía, actuando frente a los delitos de menor importancia (ruidos molestos, mendicidad, suciedad, desorden, entre otros). Inspirada en un modelo de tipo empresarial, el ciudadano se presenta aquí como consumidor de un servicio de seguridad, en donde cobra fuerza el desarrollo de nuevas tecnologías y la eficacia medida sobre objetivos estipulados, como los mapas del delito, los registros de denuncias y las encuestas.

Frente a la acumulación de conductas represivas en el prontuario de la Policía Metropolitana (la lamentable designación inicial de Jorge “Fino” Palacios al frente de la fuerza, el debut represivo en el Indoamericano, los excesos cometidos en el desalojo de la Sala Alberdi y en el Hospital Borda, entre tantas otras), cabe preguntarnos seriamente si esta fuerza puede pensarse como solución al “problema de la inseguridad” en la ciudad.

En principio podemos pensar que la búsqueda de orden público sin el acompañamiento de una transformación social profunda, que garantice la igualdad social, presenta una dificultad importante. Cualquier modelo que mantenga su centralidad en la agencia policial se aleja sin dudas de una salida democrática y pacífica de los problemas sociales. Sumado a ello, en el paradigma policial, la seguridad no se piensa desde la positividad preguntándose cómo alcanzar su plenitud, sino que se plantea desde la negación intentando neutralizar las inseguridades.

El supuesto proyecto comunitario comenzó a desdibujarse desde sus inicios. A la falta de definiciones claras en la Ley, se deben sumar las falencias en la formación de los agentes con respecto a disciplinas sociales y que, a su vez, la mayoría de los mismos provienen de otras fuerzas de seguridad con una “cultura específica” arraigada tendiente al corporativismo, el aislamiento, la desconfianza frente al ciudadano y una visión reactiva y no preventiva frente al delito.

Por otro lado, tal como sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe de 2011, resulta difícil de comprender el interés por una formación en inteligencia y contraterrorismo para una fuerza que ha sido supuestamente pensada como comunitaria y de proximidad. Esta tendencia lleva a suponer la existencia de una posible agenda oculta, antagónica a la Ley de creación de la institución.

Si a ello le sumamos que el 83% de los cargos jerárquicos (superintendentes, comisionados generales, mayores y simples) están ocupados por ex policías federales y que de ese grupo alrededor del 80% comenzó sus tareas en dicha fuerza en la década de 1970, el discurso acerca de la construcción de una “fuerza nueva” y “distinta a la Policía Federal” comienza a mostrar sus fisuras.

A su vez la falta de funcionamiento de los Foros de Seguridad Ciudadana, Foros de Seguridad Pública y del Programa de Participación Ciudadana para el seguimiento del accionar de la Policía Metropolitana deja trunco uno de los pocos elementos comunitarios que se presentan en la letra de la Ley.
En el paradigma policial y preventivo en el que se insertan las medidas adoptadas por el PRO, la inseguridad se presenta en una relación directa al delito, quedando excluidas otras acepciones de la seguridad, asociadas al acceso al empleo, a la salud y a la educación. Las políticas securitarias se reducen a una política criminal, dentro de la cual se presta principal atención a los conflictos contra la propiedad y los disturbios callejeros. Los discursos en torno al manteniendo del orden público, delimitan una ciudad en donde las “desviaciones” quedan excluidas y la geografía urbana es demarcada a partir de un termómetro social del miedo.
* Miembro del UBACYT “Riesgos, violencias y orden. De la exhortación a la ciudadanía a la interpelación de las victimas en la comunicación política argentina contemporánea” dirigido por Mercedes Calzado.

Fuente : Marcha

lunes, 29 de abril de 2013

Los bucles de la crisis política no se detienen

La Brutal Represión en el Hospital Borda

Macri apuesta a una Buenos Aires sin pobres que molesten, donde todo lo público se resuelva en privado.

Los bucles de la crisis política no se detienen. La seguridad pública ilustra su marcha con malevolente claridad. 

No es sensata una lectura que pone en foco casos aislados, como si fueran simples violaciones de una norma, cuando en rigor de verdad lo que subyace es un debate en sordina sobre la norma misma.

Por:  Alejandro Horowicz


Una lectura, impulsada por la doctora Nilda Garré, ministra de Seguridad de la Nación, establece los protocolos de comportamiento de las fuerzas de seguridad. Garré parte de un derecho básico: respetar a los que protestan en manifestación. A estos protocolos teóricamente adhieren los gobiernos provinciales (están los que directamente no adhieren, como la Policía Metropolitana de Mauricio Macri y Guillermo Montenegro, entre otras); y la otra lectura implícita, la otra norma muda, surge de la práctica policial efectiva.

Una especie de regla tosca permite dirimir dos campos. Si la conducción política de la policía está en manos de profesionales de la violencia, la brutalidad represiva es la práctica. Eso sí, maquillada de garantismo y civilidad declamativa. En cambio, la norma Garré supone una dirección política ajena a la institución policial. En última instancia, que la policía dependa del poder político tiene un objetivo claro: impedir que se autogobierne y reprima a voluntad.

En este punto conviene una digresión. Recomiendo la lectura de la página web de cualquier institución policial: todas invocan el diálogo pacífico, y el respeto a las protestas civilizadas; nadie admite que hace lo que hace, pero lo hace; y el ministro del ramo –por ejemplo Guillermo Montenegro en el caso del Hospital Borda– sale a cubrir el desaguisado, mientras modula una supuesta autocrítica hueca en la maratónica interpelación parlamentaria.

La línea que baja Garré desde el ministerio nacional, por momentos logra desarmar conflictos "pacíficamente"; esto es, sin muertos ni heridos, mediante una metodología disuasiva. En la alternativa "dura", las armas van delante de todo, y las víctimas (muertos y heridos) dan cuenta de la "eficacia" policial; en la blanda, las armas se repliegan, evitan las víctimas, pero el problema que dinamizó el conflicto queda a la vista de todos. Dicho con sencillez, con la brutalidad represiva, las víctimas ocultan el problema; en lugar de discutir la política sanitaria e inmobiliaria que construye un conflicto (el Hospital Borda, por ejemplo) se chicanea a favor o en contra de Montenegro, y todo pareciera normalizarse cuando el tema abandona la tapa de los diarios, hasta que la próxima crisis estalle.

Pero el macrismo este año ya reprimió en el parque Centenario , luego en la Sala Alberdi con balas de plomo y luego en el Borda hasta ahora solo con balas de goma , la represión violenta opuesta a cuqluier tipo de negociación para dirimir un conflicto es la política del PRO , el objetivo se consigue a fuerza de las balas y la topadora arrasa con el reclamo , simil a la dictadura genocida 





Ahora se entiende mejor: la discusión entre los defensores del protocolo de seguridad política y los que avalan la bárbara conducta de la Metropolitana, la sangrienta represión al pueblo qom, etc., pasa por si están o no dispuestos a modificar el problema sustantivo, a admitir que la sociedad debe garantizar cierto piso para todos sus integrantes, y por tanto a reconocer la legitimidad del reclamo, o a desconocerlo, y actuar como un seguidor bobo de Ayn Rand, entendiendo que cada uno debe garantizar su propio culo, y que si no puede hacerlo es "su" problema, y que "mi" sano egoísmo admite, permite, requiere la necesidad de acallarlo. Por tanto, para no discutir el problema del otro, que a mí no me atañe, discutimos la violencia policial.

Veamos Horowicz, dice nuestro político práctico: "Yo no soy un insensible, admito que en términos ideales usted tiene razón, que estaría bueno disponer de políticas públicas de razonable calidad. Pero no se olvide que cuestan dinero, mucho dinero, y que a la hora de la verdad la solidaridad, la disposición a ceder una fracción de mis ingresos vía impuestos, es absolutamente minoritaria. El gobierno nacional –recuerde la resolución 125 sobre la exportación de soja– se tuvo que ir al mazo. ¿Usted pretende que los gobiernos provinciales hagan lo que el nacional no puede? Entonces, Horowicz, déjese de joder, a la hora de la verdad todos nos cagamos en todos."

Esta cínica descripción pone en foco un problema: para cambiar los valores de una sociedad no alcanza con argumentar bien, con tener mayoría en el Congreso, es preciso además cambiar las prácticas. Las nuevas requieren por cierto leyes que las habiliten, pero las leyes solas no alcanzan. Las leyes las interpretan el Poder Judicial y la lucha popular; sin lucha popular incluso la lectura judicial "obvia" queda atrancada, recuerden lo que pasa todavía hoy con la Ley de Medios. La idea de que una ley se defiende exclusivamente con otra ley se comprende como estrategia de un abogado liberal no muy inteligente, los otros saben que un buen argumento sólo sirve acompañado de la voluntad popular por hacerlo cumplir, si no termina siendo cháchara.

EL NUEVO TABLERO POLÍTICO.

 La crisis del Borda golpea al gobierno de Macri, pero no se trata de un error de cálculo. Hay una sutil raya que separa lo tolerable de lo intolerable. Macri avanzó sobre lo intolerable en una sociedad democrática, pero el jefe de gobierno porteño apuesta a la ciudad country; una Buenos Aires sin pobres que molesten, donde todo lo público se resuelva en privado, y donde los que resisten son arrasados.

Para hacerlo, dio vuelta el protocolo ministerial de Garré, terminó usándolo como manual de instrucción al revés. Dice el protocolo: lo primero es el diálogo, entonces ningún diálogo. Dice el protocolo: un funcionario político coordinará todas las acciones policiales, entonces, ningún funcionario coordina nada. Prohibición de armas de fuego al personal que tenga contacto directo con los manifestantes, de pistolas lanzagases, dice el protocolo, las balas de goma no pueden utilizarse para dispersar una manifestación, y sobre todo dice el protocolo: "garantizar la libre cobertura" de los medios. Entonces, los medios –sin distinción alguna– fueron tratados como el enemigo, con balas de goma disparadas personalizadamente por policías que exhibieron desde el vamos su voluntad de violencia sin límite, y los periodistas fueron reprimidos como parte de una exhibición buscada.

Una mirada al último cacerolazo permite ver que la "multitud" atacó a la prensa, no lo hizo al tun tun. Atacó a profesionales cuyos medios no comulgan con los caceroleros. La Metropolitana en el Borda se ensañó con un fotógrafo de Clarín, se trata de Pepe Mateos. Pepe hizo las tomas que permitieron identificar a los policías que asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillan. No importa en este caso que Mateos integre la redacción de un medio "amigo", basta que documente los hechos.

La gente del Borda, sus reclamos, no forman parte de una ciudad glamorosa. ¿Desde cuándo la locura de los pobres es un problema público? La política de convertir a Buenos Aires en un country cerrado para habitantes cool, no incluye esos "loquitos"; la división del trabajo es clara, los pobres trabajan callados y los vecinos dejan los problemas (de seguridad o de cualquier otra índole) en manos de especialistas, no se meten, viven tranquilos. Es preciso que no interfieran. Ese es el diagrama del "vecino" de Mauricio Macri, y esa es la propuesta electoral PRO. Que nadie se equivoque, las escenas del Borda forman parte de la agenda de campaña electoral: la represión pura y dura, la voluntad política de defender el horizonte country contra el pobrerío.
Macri sabe que juega todo a suerte y verdad. Como no sabe cuándo el juez Norberto Oyarbide elevará su causa –por las escuchas ilegales– a juicio oral y público, terminó aceptando una estrategia extrajudicial: llevar la conflictividad a un punto de divisoria de aguas, si conquista a la mayoría para su punto de vista, piensa el jefe de gobierno, el juicio se volverá imposible, y si es así, ganó. No se juega por las elecciones de medio tiempo, se juega por todo. Entonces, a favor o en contra de su modelo; por eso, necesita encolumnar detrás suyo todo el odio anti K, claro que en ese caso sería preciso que se llevara puestos a los demás opositores en una elección parlamentaria. No parece tan sencillo, pero sencillo o no, esa es la estrategia que desarrollará mientras pueda.

Fuente : Tiempo Argentino

¿Una década ganada?


Por Ulises Bosia.

Diez años atrás Néstor Kirchner disputaba las elecciones presidenciales contra Carlos Menem. La victoria pírrica del riojano, sucedida por su retirada de una segunda vuelta en la que era seguro perdedor, abrió una nueva etapa política en la vida de nuestro país.

Diez años, dos lustros

“Una década ganada” es el eslogan que sintetiza muy bien la mirada que la conducción del gobierno nacional intenta transmitir al país, sobre la base de una selección de los mejores indicadores económicos que encuentra a su disposición. Es evidente que el país ya no es el mismo que existió antes de la llegada de Néstor Kirchner al poder, muchas transformaciones se sucedieron con rapidez y algunas de ellas están sólidamente respaldadas por el consenso popular. Sin embargo, asumiendo una mirada anclada en los dilemas políticos del presente, queremos volver sobre esta década para señalar algunas de sus problemáticas fundamentales en función de una perspectiva política emancipatoria.

Lo primero que se puede decir es que estos diez años pueden ser a su vez divididos en dos momentos, fijando el punto de quiebre en el año 2008, cuando se dio el conflicto por las retenciones. A partir de ese momento, desde el punto de vista político y económico, la situación cambió considerablemente.

En lo político por la configuración clara de una polarización en la sociedad con el surgimiento de una nítida oposición por derecha. Esta polarización fue adoptando distintas configuraciones a lo largo de los años pero ya nunca nos abandonó. Sea por la defensa del “campo”, por el rechazo a la Ley de Medios o por la reivindicación de la “independencia” de la “Justicia”, lo cierto es que se instaló en nuestro país una dura polaridad que, hasta el momento, el kirchnerismo logró conducir y aprovechar. Sin embargo, en el caso de que sufriera en octubre un revés electoral, no es descabellado ponderar el margen que el gobierno nacional tendría para repetir la hazaña política que logró en los años 2009 y 2010, en los que pudo contraatacar y reconstruir su hegemonía con gran audacia. El desmejoramiento de la situación económica y la pérdida de aliados importantes como Hugo Moyano llevan necesariamente a considerar este problema. En cualquier caso el resultado de las elecciones de este año será determinante para analizar la gran discusión que comenzará una vez conocido el veredicto de las urnas: ¿qué tipo de gobierno necesita nuestro país a partir de 2015? ¿Cómo enfrentar el peligro de un retorno de la derecha? ¿Cómo construir una fuerza política y social superadora de la experiencia kirchnerista?

Por otro lado en lo económico desde el 2008 percibimos la reaparición de los problemas estructurales de nuestra economía, caracterizada por su inserción dependiente en el mercado mundial. A partir de ese año los salarios reales de los trabajadores y trabajadoras en promedio dejaron de crecer, al mismo tiempo que se empezaba a plantear el problema de la inflación. El difícil contexto internacional sin ninguna duda afectó seriamente las posibilidades de mejoramiento, pero al mismo tiempo estos segundos cinco años pusieron de manifiesto la continuidad de profundas características de nuestra estructura económica y social que provienen de los años de neoliberalismo. La precarización del trabajo y la consecuente fragmentación de la clase trabajadora, la dependencia sojera y sobre todo el dominio del comercio agrario por parte de las grandes multinacionales exportadoras y la concentración y extranjerización de una parte esencial de nuestra economía son algunas de las consecuencias de adaptarse a las reglas de juego del capitalismo globalizado.

La apuesta del kirchnerismo por un capitalismo en serio condujo a intentar gobernar sin enfrentar estas características estructurales lo que, visiblemente, no hace más que reproponer los problemas cada vez de manera más aguda y nos pone de frente a la amenaza de una restauración neoliberal. En cambio, de existir la voluntad de transgredir estas profundas limitaciones, se abriría sin duda una dinámica política de imprevisibles consecuencias, acercando nuestra realidad política a la de los procesos de cambio más avanzados de nuestro continente. Surge entonces el debate: ¿cuál es la mejor manera de aportar a esa perspectiva? ¿Es razonable creer que tras diez años de gobierno el kirchnerismo puede alterar su naturaleza y decidirse a confrontar con los peces gordos del capitalismo global?

La ausencia de perspectiva estratégica

Pero hay una dificultad adicional. ¿Cómo evaluar estos diez años si no existe un horizonte programático explícito que funcione como un objetivo trascendente que podamos tomar como vara para medir avances y retrocesos? Ni siquiera la aparición de una numerosa militancia kirchnerista juvenil dio lugar a la formulación de una perspectiva más ambiciosa. A lo sumo la militancia kirchnerista popularizó la consigna de “profundizar el modelo”, así como también ubicó los grandes problemas de nuestro pueblo como “lo que le falta” al modelo nacional y popular. De esa manera intenta construir la idea de que el modelo no debe ser cuestionado sino a lo sumo mejorado, y que eso es posible bajo la conducción de la presidenta. En ese sentido se corre el riesgo de terminar asumiendo una postura conservadora: defender lo ya conseguido, con la permanente convicción de que no son posibles cambios mayores. Piénsese en cambio en lo que significa por ejemplo asumir la construcción del socialismo bolivariano en Venezuela. Cada una de las pequeñas o grandes victorias pueden ser valoradas en función de ese horizonte que orienta la acción política, lo mismo que cada uno de los traspiés y errores que se cometen. La ausencia de cualquier perspectiva estratégica señala el aspecto más pobre de la militancia juvenil oficialista: su obediencia rayana con la sumisión.

Los elementos de este breve balance plantean el desafío de que surja un nuevo sector político que formule un horizonte estratégico emancipatorio, de manera de poder incorporar la defensa de las conquistas logradas en estos años junto con la convicción de transformar estructuralmente nuestro país y así aportar a una superación de la experiencia kirchnerista.

Fuente: Marcha

La FUBA sigue siendo de la izquierda


Este sábado se realizó el congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). La lista de las organizaciones de izquierda, “Por otro 1918”, encabezada por La Mella en Marea Popular y el Partido Obrero volvió a ganar la presidencia de la federación estudiantil más grande del continente.
El 27 de abril se llevó a cabo el Congreso Ordinario de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Allí se renovaron las autoridades del gremio estudiantil que nuclea a los 13 centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y además se votaron, en un plenario abierto, mociones sobre distintas cuestiones que hacen a la política universitaria y nacional.

El frente de agrupaciones de izquierda “Por otro 1918” encabezado por La Mella en Marea Popular y el Partido Obrero volvió a conquistar la Presidencia con 56 delegados de su lado. Lejos y en segundo lugar se ubicó el frente “27 de abril Unidos y Organizados” con la Secretaría General y 13 delegados.

Un congreso normalizador

La FUBA logró normalizar su situación interna luego de que el año pasado no se pudiera realizar el Congreso de renovación de autoridades debido a la falta de quórum. En aquella oportunidad las organizaciones que responden al kirchnerismo, junto con los radicales de Nuevo Espacio (ex Franja Morada) y el Movimiento Nacional Reformista (Partido Socialista) acordaron no presentarse al Congreso para dejarlo sin quórum ante la imposibilidad de ganarle la federación a la izquierda. De esta manera durante todo un año utilizaron ese argumento para deslegitimar dicha herramienta gremial a pesar de haber sido responsables de que el Congreso no se realice.

Este año se logró el quórum necesario de más de 66 delegados (sobre un total de 130) y de esta forma el frente “Por otro 1918” (que dirige la FUBA desde 2010) volvió a alcanzar la mayoría necesaria para quedarse con la Presidencia.

Las agrupaciones de Unidos y Organizados acreditaron sus delegados ya que, ante la ausencia de Nuevo Espacio (ex Franja Morada), era muy probable que obtuvieran la Secretaría General como finalmente sucedió.
Modificaciones en el frente de la izquierda

Si bien la lista “Por otro 1918” continúa, algunos cambios se dieron a su interior. En primer lugar cabe destacar que quedó afuera Libres del Sur, organización que hasta entonces ostentaba la vicepresidencia de la FUBA. Sus relaciones políticas a nivel nacional y de la Ciudad de Buenos Aires (acuerdo con la UCR y la Coalición Cívica) le valieron quedar afuera del frente de agrupaciones de izquierda. Lo curioso es que, a pesar de haber afirmado en una nota en el diario Página 12 previa al Congreso, que iban a acreditar sus delegados, finalmente no lo hicieron. Sumándose así a la política de sus nuevos aliados a nivel nacional.
A su vez se incorporaron a la lista “Por otro 1918” el MST (en Proyecto Sur) y Cauce, una corriente de izquierda independiente.

Lo que viene

Martha Linares, de La Mella en Marea Popular, fue electa presidenta de la FUBA junto a Julian Asiner del Partido Obrero (PO). La vicepresidencia quedó a cargo de Adrián Echaide del Comité por la Reconstrucción del Comunismo Revolucionario (CRCR).

Respecto al Congreso la nueva presidenta, Martha Linares, afirmó que los delegados que tiene la izquierda (los cuales se obtienen de acuerdo a los votos conseguidos en las elecciones de Centro de Estudiantes) son “el reflejo de la militancia cotidiana en las facultades”.

Sostuvo por otra parte que “las agrupaciones estudiantiles que representan la privatización de la universidad pública como Nuevo Espacio, ex franja morada, o el MNR del Partido Socialista, no se presentaron al congreso, lo que representa un nuevo ataque al gremio”.

Sin embargo, agregó, “el kirchnerismo, luego de boicotear el congreso anterior debió reconocer que sus criticas eran infundadas frente a una Federación que representa la conducción de nueve de trece centros de la UBA” haciendo alusión a la hegemonía que detenta la izquierda universitaria en este aspecto.

La agrupación de la que forma parte Linares (La Mella en Marea Popular) conduce actualmente los Centros de Estudiantes de Sociales, Ciencias Exactas, Filosofía y Letras y Psicología. Además es parte de la conducción del Centro de Medicina junto al PO. Por su parte el PO conduce los centros de Veterinarias y Farmacia y Bioquímica. Además, en conjunto con la CRCR detenta la presidencia de Ingeniería y Arquitectura.
Respecto a los desafíos por delante la nueva presidenta destacó que este año habrá elección de rector de la UBA. En ese sentido el congreso “se pronunció unánimemente en contra de las candidaturas del actual rector Hallu como del vicerrector Barbieri, hoy enfrentados, para ocupar el rectorado a partir del 2014”.
“Tanto uno como el otro representan el mismo modelo de universidad que acepta los fondos de la minería contaminante, devalúa los títulos de la universidad a través de la CONEAU y cesantea a cientos de docentes dejándolos en la calle de un día para el otro” remarcó Linares. A su vez la nueva presidenta agregó: “Nosotros seguimos exigiendo una democratización de la universidad y ninguno de los dos candidatos a rector representa ese proyecto”.
Finalmente Linares concluyó: “debemos, como movimiento estudiantil, luchar por la democratización de la universidad y por la masividad, el acceso y permanencia de los sectores populares. Esa es nuestra apuesta y por eso estaremos dando la pelea todos los días desde cada aula en cada facultad”.

Fuente: Marcha 

domingo, 28 de abril de 2013

Macri dio la orden

El equipo de analistas de campaña de Mauricio Macri, tras evaluar que la Argentina vive un alto grado de conflictividad, aconsejó al jefe de Gobierno porteño dar una clara señal de su proyecto político, que no es para 2015 sino para lo que ellos consideran “la falta de respuesta del Estado” a las protestas y demandas sociales. 

Por Eduardo Anguita

Macri dirigió personalmente el operativo de represión en contacto con el jefe de la Policía Metropolitana, un ex comisario de la Federal exonerado por Nilda Garré. “Macri habla directamente con (Horacio) Giménez. (Guillermo) Montenegro (ministro de Seguridad y Justicia) está pintado”, dijo a Miradas al Sur un dirigente de la pata peronista del PRO.
En un gesto tan temerario como autoritario, los efectivos de choque de la Metropolitana fueron sin orden judicial ni acompañados por un fiscal; ni siquiera con una orden administrativa de un ministerio. Entraron de madrugada, violando derechos constitucionales, y durante horas reprimieron a representantes gremiales, médicos, enfermeros, pacientes, artistas y periodistas. Para Clarín no fue como la tapa sobre los asesinatos de Kosteki y Santillán: “La crisis causó dos muertos”. Esta vez el título fue: “Graves incidentes en el Borda con 36 heridos”. La bajada consignaba: “La Metropolitana chocó con manifestantes contrarios a la obra del Centro Cívico”. De represión, ni una palabra.

Macri logró su objetivo, pero con un costo muy alto



sábado, 27 de abril de 2013

Frente al debilitamiento fiscal, buscar los recursos donde están

Por Eduardo Lucita*

El déficit fiscal ha entrado nuevamente a escena, lo que ha dado nuevos aires al neoliberalismo que responsabiliza a la emisión monetaria por la inflación. El gobierno nacional en tanto parece no registrar que tiene a mano recursos más que suficientes como para poner en caja las cuentas públicas.

Los pronósticos dicen que este año la economía mejorará un poco, sin embargo el carácter estructural de la inflación, la restricción externa y el déficit fiscal están allí y operan como límites al modelo de acumulación en curso.

Factores combinados

Los tres factores señalados conforman un combo, que se realimenta sinérgicamente. El gobierno no acierta con las respuestas porque se niega a ver las causas reales, mientras se va produciendo un lento pero persistente ajuste de hecho.

Es inocultable que el alza de los costos internos provoca el retraso relativo del tipo de cambio. En líneas generales incide en la competitividad de las economías regionales y recorta una porción de la tasa de ganancia de los sectores exportadores más concentrados.

Visiones contrapuestas

Para el conjunto de analistas y economistas del establishment, que la economía este totalmente concentrada y extranjerizada y que el capital disfrute de altas ganancias no tiene ninguna incidencia en el alza del costo de vida. Por el contrario para ellos la inflación, a la que no le reconocen un carácter estructural, es resultante directo de la emisión monetaria por parte del BCRA. Traducido: aumento en la cantidad de dinero en circulación

Por su parte el gobierno y sus principales voceros hacen eje en la puja distributiva y hacen llamados a la responsabilidad. Sin embargo en la práctica pone el acento en uno de los componentes de la ecuación: el salario de los trabajadores -intenta poner tope a los acuerdos paritarios. Mientras que deja librado a las fuerzas del mercado al otro componente: la tasa de ganancia de los capitalistas. No obstante haber reconocido más de una vez que “…se la llevan en pala”.

Hemos sostenido otras veces que la inflación en nuestro país remite a un fenómeno complejo en el que en la concentración y en las altas tasas de ganancia radica una de las principales fuentes. También en la insuficiencia de oferta, ya que los capitalistas invierten poco en ampliar la capacidad productiva y siempre por detrás de la demanda. Por último exportamos bienes-salario, básicamente alimentos, cuanto mayor es el precio mundial mas tira para arriba los precios internos.

También hemos planteado el control de los costos de producción y de distribución de las formadoras de precios, que hay que fijar razonabilidad a las tasas de ganancias, y buscar la forma de mayor inversión reproductiva. Sin embargo esto no significa desconocer la importancia que la cantidad de dinero en circulación, combinada con otros factores, puede tener en el alza de los precios.

Debilitamiento fiscal

Que por primera vez en una década y media larga se haya registrado déficit primario, ha pesar de que el gobierno recurrió a formas de financiamiento no ortodoxas (BCRA, ANSES, PAMI, Lotería Nacional), ha dado nuevos aires a los cultores de la economía neoclásica. Estos enfatizan que el gasto crece más que los recursos y que esto impulsa la demanda más allá de las posibilidades de la oferta, por lo tanto hay que contener los componentes de la demanda: menor gasto público, reducción de salarios reales, menor nivel de inversión. Una película ya vista.

Sin embargo si se revisan los números finales del ejercicio 2012 se comprueba que el déficit primario ha sido solo de 4.300 millones de pesos en el año, cifra que trepa a los 55.500 si se le suman los pagos de los servicios de la deuda. Lo que pone en evidencia una vez más el peso de la deuda sobre la economía.

En valores absolutos la suma resulta importante, pero en relación al PBI es de solo el 2.5 por ciento. Un porcentual escaso frente a lo registrado en otras épocas del país y comparativamente menor que la de los países europeos y de los EEUU, donde su déficit trepa al 10 por ciento del producto. Conviene recordar que a pesar de la tremenda emisión monetaria de estos años ni EEUU ni la UE tienen inflación.

El gobierno trata de morigerar el déficit reduciendo las partidas que debe enviar a las provincias o retrasando los envíos, poniendo un techo a los aumentos salariales de los trabajadores estatales, no actualizando los mínimos no imponibles…mientras ha lanzado una moratoria fiscal amplia -alcanza a las deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social- que ha sido presentada como política anticíclica bajo el argumento de que los bancos no prestan para pagar deudas con el fisco. Puede sea así, pero no es menos real que constituye apenas un paliativo para mejorar la recaudación.

Mientras tanto crecen las presiones, aún desde las propias filas del kirchnerismo, para volver al endeudamiento. El razonamiento es simple se financiaría el déficit sin emitir y entrarían dólares frescos. Una política que de concretarse no haría más que abrir las puertas a un nuevo ciclo de endeudamiento como en los ’90. Sin embargo el gobierno tiene recursos a mano para poner en caja las cuentas públicas.

Subsidios y exenciones

Por un lado se impone un análisis exhaustivo de la política de subsidios, que en general se otorgan sobre la base de declaraciones juradas, sin mayor control, cuales son necesarios y cuales forman parte de la “generosidad” habitual de nuestra economía. Por el otro revisar una a una las exenciones impositivas vigentes.

Solo a título de ejemplo. Según el mensaje que acompañó la presentación al Congreso del presupuesto 2013 el costo fiscal de las exenciones a las rentas de capital alcanzan a 5.271 millones de pesos (2.819 por intereses depósitos a plazo fijo y 2.452 por intereses de bonos del Estado). Según la misma fuente la exención del pago de ganancias a los jueces alcanza a los 1144 millones de pesos.

A las exportaciones mineras se les aplica una retención de solo el 10 por ciento, si se llevara ese porcentual a un razonable 30 por ciento se recaudarían no menos de 5.000 millones de pesos adicionales.

¿Cuanto más se podría recaudar reponiendo el impuesto a la herencia que eliminó Martínez de Hoz? ¿Cuanto si en las provincias se hiciera el revalúo de tierras para el pago del inmobiliario rural? ¿Qué pasaría si el Estado se hiciera cargo de la comercialización de los granos, hoy en manos de un puñado de grandes exportadoras que se quedan con la parte del león del negocio agrario?

Contribuciones patronales

Cuando el dúo Menem-Cavallo impuso la privatización del sistema jubilatorio resolvió también una reducción de las contribuciones patronales, que en promedio alcanzó los 6.5 puntos porcentuales. Para compensar el desfinanciamiento del sistema derivó a la ANSES fondos recaudados por impuestos coparticipables, deducidos a las provincias.

Cualquiera fueran los argumentos para aquel cambio, la situación ya es otra. La convertibilidad estalló, las AFJP fueron estatizadas, la economía se ha duplicado en los últimos 10 años. Es hora de reponer esos puntos de las contribuciones patronales.

Un análisis del Instituto de Política Públicas que orienta el Diputado Claudio Lozano, estimó que a valores del 2012 restituir esas contribuciones a los niveles de 1993 significaría un ingreso adicional del orden de los 100.000 millones de pesos al año. Aún cuando este cálculo estuviera sobreestimado y fuera solo la mitad sería del orden del déficit fiscal total del año pasado.

Buscar los recursos donde están

En síntesis: si el gobierno revisara la política de susidios haciéndola más transparente y efectiva; si eliminara exenciones impositivas injustificables, si repusiera contribuciones patronales cuya reducción solo sirvió para incrementar las ganancias empresarias; si se decidiera a tomar el control de la exportación de granos, estaría en condiciones de reducir la emisión monetaria, segmentar las retenciones, aumentar las jubilaciones mínimas, reponer fondos coparticipables a las provincias, mejorar las asignaciones familiares, actualizar los mínimos no imponibles, promover sectores industriales y un largo etc.

Sería interesante que lo haga antes que el recurso del endeudamiento externo se imponga por su propio peso.

*integrante del colectivo EDI- Economistas de Izquierda

viernes, 26 de abril de 2013

La Justicia seguirá encarcelando pobres

REFORMA JUDICIAL: LO QUE FALTA

Por Enrique de la Calle I 

"Sí nos parece más oportuno volver sobre una situación que ocurre hoy y seguirá ocurriendo mañana, después de enterarnos que la República no concluyó ni mucho menos". Presos, pobres y sin condena.



El Gobierno Nacional envió seis proyectos al Congreso Nacional que pretenden avanzar sobre la necesaria democratización del Poder Judicial, sin dudas, el más conservador de todos los estamentos del Estado. No se analizarán acá cada iniciativa, en AGENCIA PACO URONDO hay material de sobra al respecto. Sí nos parece más oportuno volver sobre una situación que ocurre hoy y seguirá ocurriendo mañana, después de enterarnos que la República no concluyó ni mucho menos.

Sin muchas vueltas: reflexionar sobre la lógica represiva que caracteriza el accionar de la Justicia en Argentina (y en tantas otras partes del mundo) y que implica el encarcelamiento en condiciones humillantes de miles de pobres. En los penales del país hay 60 mil detenidos. Están hacinados, comen y visten mal, sufren todo tipo de atropellos por parte de un sistema penitenciario sin control civil. La Justicia rara vez hace lugar a los infinitos amparos que procuran alertar sobre este diagnóstico.
De esos 60 mil detenidos, se estima que el 60% no tiene condena. Ese número fue mayor pero se redujo a partir de una reforma procesal que introdujo la figura del “juicio abreviado”. Según Horacio Verbitsky, “no mejora la situación real, pero la ´maquilla´. Es decir, en vez de tantos detenidos sin condena, hay condenados sin juicio”. ¿Qué ocurre en realidad? Muchos presos aceptan la culpabilidad (aunque no fueran responsables del delito) en una negociación perversa con el sistema. En vez de estar cuatro o cinco años detenidos sin condena, asumen “su responsabilidad” y son condenados a… tres años.
Las estadísticas dejan entrever una realidad aún peor: de ese 60% de detenidos sin condena, los informes dan cuenta de un 30% de personas que finalmente serán absueltas. Así las cosas, hoy en el país hay alrededor de 10 mil presos que son inocentes. “Diez mil personas privadas de su libertad por un delito que no han cometido es un factor profundamente disruptivo de la sociedad, del tejido social”, describió Verbitsky en la entrevista antes citada.

Se arriba a estos números espantosos porque el Poder Judicial implementa la prisión preventiva como lógica de disciplinamiento social de los sectores vulnerados. Los pobres tienen que demostrar que no son culpables, y deben hacerlo en prisión. No es casual que está lógica emerja después del desmantelamiento del Estado de Bienestar. El sociólogo francés Loïc Wacquant observó que cuando desaparece el "Estado Providencia" es reemplazado por el "Estado Penitencia".
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que “el ordenamiento jurídico argentino no autoriza, sin debido proceso y condena judicial, a privar a nadie de su libertad por su peligrosidad”. Poco se escucha decir sobre ésto a los notables defensores de la Constitución.

Las frías estadísticas esconden historias de carne y hueso. Por ejemplo, los jóvenes Luz Gómez y Diego Romero que hace más de un año están presos por un delito que no cometieron. Son dos víctimas de una maquinaria judicial profundamente autoritaria y clasista. Fueron encarcelados inmediatamente sin que existiera ningún riesgo contra la investigación. El juez y el fiscal prácticamente no escucharon a los jóvenes (los vieron una sola vez), que también señalan la desidia del abogado propuesto por el propio Estado. Por su parte, sus familiares debieron marchar al Tribunal para que se aceptara la realización de una prueba clave, que finalmente se hizo y favoreció a la pareja. Sin embargo, Luz y Diego siguen con prisión domiciliaria, sin poder trabajar y viviendo gracias a la ayuda de los seres más cercanos. Estas historias deberán ser parte de un próximo debate sobre qué implica, profundamente, democratizar el poder judicial.

No a la represión PRO en el Borda


El gobierno de Macri reprime en el La salud no es un negocio!

Ahora también la construcción del Centro Civico fue acordada en el acuerdo entre el PRO y el FPV , que luego la derecha actúe reprimiendo a los trabajadores para llevar a cabo sus planes es totalmente predecible . y si le votan las leyes encima le dan mas brios para seguir haciéndolo










Represión en el Hospital Borda

En defensa de la salud pública, ante la represión de la Metropolitana en el Borda, 
Esta mañana la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos realizó en dos oportunidades una brutal represión en los alrededores del Borda, donde decenas de trabajadores, pacientes y periodistas fueron heridos. Como resultado de la represión se registraron ocho detenidos y heridos de bala.
Los hechos sucedidos demuestran la clara intención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que montó un enorme operativo policial para desmantelar los talleres del Borda, sin orden judicial y pese a la resistencia de los trabajadores del hospital. La violenta represión de esta mañana expresa cuál es la forma de gobernar que tiene PRO.
El Borda está en crisis desde hace muchos años, y la solución del macrismo es cerrarlo y construir allí un Centro Cívico. Estas “soluciones” que propone el Gobierno de la Ciudad demuestran un total desprecio por la salud pública, ya que se pretende utilizar el predio para un negocio inmobiliario.

jueves, 25 de abril de 2013

Causas y orígenes de la tercerización laboral


Por Mariano Treacy*.

En el marco del fallo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra es pertinente revisar los orígenes del conflicto que llevaron a este desenlace. Si bien no se puede cuantificar la importancia del fenómeno debido a la falta de estadísticas oficiales, la tercerización es una de las formas de precarización laboral más extendidas a nivel mundial.

¿Qué es y qué formas adopta?

La tercerización es definida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como “toda forma de contratación de fuerza de trabajo mediada por terceras empresas o por la exclusión o degradación del vínculo del contrato de trabajo en las que siempre se encuentra presente el ejercicio del poder de organización, dirección y fijación de sus condiciones por parte de la empresa para la que, en definitiva, dicha fuerza de trabajo se presta o apropia su plusvalor”. Como norma, los trabajadores tercerizados se ven sometidos a niveles inferiores de estabilidad, de salarios y de representatividad sindical respecto de aquellos a los que acceden los trabajadores contratados de forma directa por las empresas.

Esta forma de contratación forma parte de un conjunto más amplio que afecta de manera negativa las condiciones laborales: la precarización laboral, una extendida vulneración de derechos laborales tales como la estabilidad, igual remuneración por igual tarea, la igualdad de género en el ámbito laboral, los beneficios y prestaciones sociales y la duración e intensidad de la jornada de trabajo. En el plano jurídico la tercerización adopta la forma de contratos de locación de obra o servicios, trabajo eventual, trabajo independiente (autónomos por cuenta propia), entre otras.

¿Cuándo surge?

El proceso de tercerización surge en la Argentinaa través de la modificación de la Ley20.744 de Contrato de Trabajo, durante la última dictadura militar, y se expande definitivamente en la década de 1990 con los procesos de privatización y reformas estructurales. Este fenómeno, como señala de María Alejandra Esponda en su trabajo “Tercerización: aportes para un estudio de sus orígenes, formas de conceptualización e impactos en América Latina”, tiene sus orígenes en la necesidad de lograr incrementos en la productividad que llevaron a ponerle fin al tipo de producción fordista e implementar eltoyotismo en Japón en la década de 1950. Dos décadas más tarde llegó ala Argentina a través de la oleada mundial de reformas de los marcos regulatorios, en un contexto donde las grandes empresas transnacionales emprendieron estrategias de relocalización geográfica y descentralización de sus actividades productivas.

Para recomponer la tasa de ganancia en un contexto de creciente competencia, el capital emprendió su transnacionalización fraccionando el proceso productivo para poder aprovecharse de las ventajas de localización provistas por los distintos espacios nacionales y por esta vía minimizar los costos de producción. Fragmentos del proceso productivo antes integrados en establecimientos fabriles en los países de origen se relocalizaron hacia la periferia aprovechando las diferencias sustanciales de costo laboral y otras ventajas de locación, como los niveles de organización sindical y las regulaciones estatales. Asimismo, se tercerizaron una gran porción de las actividades que anteriormente se encontraban integradas verticalmente en la misma corporación, flexibilizando así las modalidades de contratación.

¿Por qué?

Con el avance del modo de acumulación neoliberal, se instaló en la periferia un modelo productivo orientado a las exportaciones que relegó a un segundo plano el mercado interno y las condiciones de reproducción de la clase trabajadora local. De este modo, la tercerización se dio como parte de la ofensiva mundial del capital contra el trabajo y se implementó junto a otras medidas tendientes a la desarticulación de los sindicatos y a la flexibilización de los procesos productivos y del universo laboral. El establecimiento de marcos jurídicos para llevar a cabo la tercerización les permitió a las empresas reducir los costos laborales y las “rigideces” que implica una relación laboral estable y regulada, mientras que en los trabajadores produjo un efecto de fragmentación que rompió los lazos de solidaridad existentes creando universos heterogéneos al interior del mercado de trabajo que dificultaron su organización.
¿Quién se beneficia y quién se perjudica?

Los sectores económicos más proclives a utilizar estas modalidades son aquellos donde se realizan actividades “secundarias” o “accesorias” como la producción de partes y componentes, la distribución y comercialización, la limpieza, vigilancia, transporte, los call centers, la gestión de comedores, entre otros. La tercerización permite contratar mano de obra a un costo menor que el del personal efectivo y traslada gran parte de la responsabilidad desde la empresa que usufructúa el uso de la mano de obra a la empresa que la contrata. Esta empresa contratante pertenece generalmente a otra rama y fija sus salarios y condiciones laborales con convenios que (cuando existen) usualmente permiten establecer menores niveles salariales y peores condiciones de trabajo. En los casos de “tercerización fraudulenta”, esta empresa contratante pertenece a la misma que utiliza la mano de obra o a los sindicatos que defienden a los trabajadores “permanentes” o “directos”.

Tercerizaciones hoy

El crimen de Mariano Ferreyra obedece entonces a la triple complicidad entre una parte del sindicalismo argentino, las empresas responsables de las contrataciones precarias y el Estado, que mantiene vigente y usufructúa una ley promulgada en la dictadura. En esta complicidad existen grupos de tareas del bloque sindical que, vinculados con las empresas contratistas, ofician de “disciplinadores” de los trabajadores que pelean contra las tercerizaciones. Actualmente en nuestro país este tipo de contratación se encuentra muy extendida, por lo que si bien desde 2002 a la fecha se generaron más de 4,5 millones de puestos de trabajo, no es accesorio preguntarse en qué condiciones de contratación surgieron y sobre todo, si no llegó la hora de ponerlas en debate.

*El autor pertenece al colectivo de economistas integrantes del programa de radio LlevaloPuesto de FM La Tribu 88.7

Fuente: Marcha

La Justicia en debate

abril 18, 2013 - Número 3, Revista

Por Martín Ogando

En Argentina el descrédito de la Justicia y la sensación de impunidad tienen largo recorrido. Lejos de estar orientada a defender los intereses, los derechos y la vida misma de las personas esta institución es percibida como una corporación corrompida por los arreglos con el poder político y las corporaciones económicas, de espaldas al ciudadano “de a pie” y con lazos indiscutibles con estructuras mafiosas policiales y delictivas.

El caso de Marita Verón, que generó un fuerte rechazo social, es sólo una gota en el océano de injusticias cotidianas que apaña un entramado al servicio de los poderosos y absolutamente pendiente de su propia preservación. Es posible señalar algunas contadas y valiosas excepciones, entre las que se encuentran los juicios a los genocidas de la última dictadura militar, logró inédito a nivel mundial. Sin embargo, aún en esta reparación tardía y desigual, no ha sido el Poder Judicial el que ha estado a la vanguardia. Este se sumó tarde y a veces a regañadientes al impulso que dieron los organismos de Derechos Humanos y otros actores políticos institucionales y extra-institucionales.

Dicho esto, ¿cómo no defender la democratización de la justicia? ¿Cómo no valorar positivamente la puesta en debate de este factor de poder corporativo de primer orden? De lo que se trata es de dilucidar en qué medida y con qué profundidad avanzan en este sentido los seis proyectos presentados recientemente por el ejecutivo nacional de Cristina Fernández.

Con la justicia (de ellos) no se jode
Es inocultable que los proyectos presentados por el Gobierno han generado un fuerte rechazo en casi todo el arco opositor y por supuesto en la propia corporación judicial, incluida la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Hay objeciones procedimentales y también impugnaciones del sentido de oportunidad de los proyectos en danza. Desde la derecha liberal hasta el progresismo moderado y bienpensante se señala la intención del kirchnerismo de darles un tratamiento express en el Congreso sin debate alguno. Por otro lado, se nos explica que no hay intención de democratizar la justicia sino que este es un capítulo más de la avanzada autoritaria del “populismo kirchnerista”, que “viene por todo” y ahora se va a “llevar puesta la independencia del poder judicial”. Independencia esta que valió siempre respecto de los laburantes y del control popular, pero que no impidió jamás la más absoluta dependencia respecto del dinero y del poder.

El problema principal entonces no es la crítica a los proyectos oficiales o incluso la evaluación sobre las intenciones más o menos explícitas del Gobierno. El problema es el punto de vista fundamental que se asume en la pelea de fondo por una justicia genuina para el pueblo. Y acá, tristemente, la mayor parte del campo opositor asume la defensa incondicional de la corporación judicial y del status quo de la que seguramente sea la institución más retrograda y anti-popular de los poderes del Estado. Lo notable es que fuerzas políticas progresistas, de centro-izquierda y hasta de izquierda hayan quedado entrampadas en este escenario defendiendo a los tribunales de los poderosos, a la institucionalidad republicana y a la Constitución neoliberal de 1994.

Aquella oposición resulta esperable en sectores de derecha o centro-derecha pero llamativa en organizaciones del campo popular que han archivado sus reclamos históricos en pos de una estrategia meramente oportunista de “unidad de oposición”. Con este discurso no hacen más que fortalecer el discurso kirchnerista de que nada se encuentra a su izquierda y por lo tanto la disyuntiva es “ellos o la derecha”.

¿Vienen por todo?

Ahora bien, más allá de la defensa corporativa y reaccionaria que parte de la oposición política hace de esta justicia para pocos, ¿cuál es la profundidad del proyecto del Gobierno? En este punto hay que ser claros: los seis proyectos enviados al parlamento no apuntan a una democratización profunda del sistema judicial sino a unas pocas reformas muy puntuales. Lo ha dicho con justeza Alberto Binder, vicepresidente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Políticas y Sociales) y participante del espacio Justicia Legítima: son “reformas menores que no solucionan ningún problema de fondo ni tampoco ponen en peligro la República”. Y justamente el problema es que esta Republica donde deciden unos pocos, donde los poderes fácticos valen más que las mayorías y donde la propiedad de algunos está por encima de la vida de los más, sí que merece ser cuestionada.

La escasa profundidad de las reformas planteadas se acompaña por un tratamiento restringido y acelerado del tema, que no da lugar a la más amplia participación popular en un debate de vital importancia. Un cambio de fondo en la Justicia debiera empezar por un debate de masas que, entre otras cosas, permita generar mayor consenso y el apoyo de gran parte de las organizaciones populares.

Los proyectos
En lo que hace al contenido concreto de los seis proyectos las valoraciones son desiguales. Hay algunos escasamente polémicos y que debieran ser apoyados sin mayor objeción. Es el caso de los orientados a dar mayor publicidad a los actos del Poder Judicial en sus instancias superiores, a la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios y al ingreso por concurso de los empleados.

Sin dudas el proyecto más polémico es el que limita las cautelares contra el Estado a una duración de 6 meses. No es ningún secreto que el origen de este proyecto es la famosa cautelar interminable que la Cámara Civil, Comercial y Federal le ha otorgado al grupo Clarín trabando desde hace más de tres años la plena aplicación de la llamada Ley de Medios. Es imposible no compartir la indignación frente a esta situación que mantiene al margen de la ley de manera impune a uno de los grupos económicos más grandes del país y que se continúa con la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 45 y 48 de la LSCA por parte de la misma Cámara. Sin embargo, se objeta con razón que para enfrentar a Clarín no es posible que se ponga en riesgo la garantía de justicia para particulares vulnerados en sus derechos frente al Estado. Así jubilados, trabajadores o pequeños comerciantes podrían quedar indefensos frente a eventuales atropellos estatales que no necesariamente se encuadren en la excepción marcada en el proyecto que refiere a la “afectación directa a la vida, salud o prestaciones alimentarias”. De hecho, al cierre de esta edición y producto de un planteo del CELS se estaba discutiendo una modificación a este proyecto.

La creación de las Cámaras de Casación en los fueros contencioso administrativo, laboral y civil y comercial, han sido criticadas por reproducir la estructura jerárquica y burocrática del Poder Judicial y por el peligro de que terminen alargando aún más la resolución de los procesos judiciales.

Finalmente la elección por sufragio popular de los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a jueces, abogados y académicos supone un avance en relación al actual mecanismo que resulta absolutamente endogámico y corporativo. Sin embargo es objeto de debate si la elección en lista sábana, con una representación limitada a una mayoría y una minoría y en el mismo turno de la elección presidencial puede apuntalar una efectiva democratización del organismo.
En realidad busca generar un nuevo bipartidismo que s elleve todos los cargos , igual que Menem y Alfonsin para el senado en el nefasto pacto de Olivos que firmaron y arreglaron 2 y uno para quedarse con todos los senadores en ese momento solo para la UCR y el PJ , si buscara mayor representacion claramente usaria el sistema D'hont nunca mayoías y minorías y atarlas a las bolestas del FPV , el PRO o la UCR donde colocar a sus propios abogados e intelectuales afiliados a los partidos . Asi se enfrentan Carta Abierta vs el Gruipo Aurora o Forster vs Aguinis dejando afuera otras opciones. 

Una justicia popular

El análisis de los alcances y limitaciones de los proyectos presentados demandarían seguramente mayor detalle y el aporte de especialistas en el tema. Sin embargo, lo central en términos de la confrontación política que se estará desarrollando en estos días no pasa necesariamente por esa “letra chica”. Por un lado las tentativas reaccionarias de dejar todo como está deben ser rechazadas de plano. Pero por otro lado la principal limitación del proyecto kirchnerista no es su supuesta intención de avasallar a la justicia sino justo lo contrario: que se trata de una reforma extraordinariamente limitada, pragmática y de corto alcance que deja intacta a la corporación judicial. El feroz rechazo que alguno de los proyectos ha generado en los factores de poder no es prueba, como se intenta argumentar, de su justeza o radicalidad sino de lo poco que están dispuestos a conceder. Siendo así, sabiendo que por más limitadas que sean las medidas los cacerolazos existirán y la oposición despotricará, la tibia iniciativa oficial suena a oportunidad perdida.

No somos portadores de certezas absolutas en este tema, ni mucho menos. Pero sí pensamos que una democratización real de la Justicia debe acercarla en términos reales al pueblo, garantizar sus derechos y no los de los poderosos, simplificar el acceso a la misma y a su lenguaje, y poner al menos en debate propuestas como el juicio por jurados, la descentralización de los fueros, la horizontalidad y democratización en la organización de los jueces y la elección popular de los mismos. Un amplio y democrático debate nacional sobre estas y otras propuestas, con participación popular real y protagónica, sería probablemente la vía más potente para acometer una efectiva democratización y un profundo cambio cultural en la justicia argentina.


Fuente :  http://mareapopular.org/revista/la-justicia-en-debate/

ALBA crea mecanismo de defensa legal ante arbitrajes de transnacionales

Por Adital

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) acordó el lunes en Ecuador a creación de un nuevo mecanismo de coordinación regional para la defensa conjunta en procesos de arbitraje internacional, especialmente aquellos interpuestos por compañías transnacionales contra países latinoamericanos.

La decisión se tomó en el marco de la "I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses de Transnacionales”, celebrada en Guayaquil, en la provincia de Guayas (oeste).

En la declaración final del encuentro se resolvió constituir un Comité Ejecutivo de la Conferencia, que se encargará de "diseñar y ejecutar acciones de apoyo mutuo en los ámbitos político y jurídico", para ayudar a los países de la región que se vean inmersos en controversias arbitrales con transnacionales.

Igualmente, el Comité deberá "coordinar la defensa conjunta de acciones jurídicas a través de equipos legales internacionales de expertos y abogados profesionales", así como "diseñar estrategias de comunicación, como contrapeso a las campañas globales emprendidas por las compañías transnacionales".

El anfitrión del evento, el canciller Ricardo Patiño, destacó que "desde hoy nace un nuevo mecanismo de defensa y colaboración en asuntos de inversiones y transnacionales". En ese sentido, Ecuador asumirá la coordinación pro-témpore del Comité.

Especialistas de Ecuador, República Dominicana y Venezuela se encargarán de elaborar el proyecto, teniendo para ello un plazo de tres meses, ante de la II reunión que se realizará en Caracas.

Adicionalmente, la Alianza creará un "Observatorio Internacional", financiado con aportes de los países que formen parte de la Conferencia, encargado de apoyar a los Estados demandados y difundir públicamente la situación de los litigios.

Esa instancia también deberá identificar procedimientos que permitan "auditar, evaluar, monitorear" la "acción de los tribunales internacionales de arbitraje en materia de inversiones".

En la resolución también se apoya el proyecto de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para constituir su propia corte de arbitraje para casos de comercio e inversiones, como una alternativa a los actuales sistemas arbitrales.

miércoles, 24 de abril de 2013

Críticas para Solanas


Críticas para Solanas

Fernando “Pino” Solanas siguió ayer sumando críticas luego del anuncio de un frente electoral porteño con la CC de Elisa Carrió y algunas fuerzas integrantes del FAP como el socialismo y el GEN. “Se parece demasiado al acuerdo de (Ricardo) Alfonsín y (Francisco) De Narváez” para la última elección presidencial, sostuvo el diputado de UP, Claudio Lozano, también integrante del FAP y hasta hace poco impulsor de la candidatura de Solanas. “Las dos alianzas tienen una misma característica que es el rejunte a como dé lugar, con el solo propósito de ser opositores al gobierno nacional”, agregó Lozano. El acuerdo también fue criticado desde el movimiento Marea Popular. “Si la Alianza en los noventa fue una equivocación política que frustró un proyecto, en la actualidad reeditarla es directamente una opción reaccionaria”, opinó el dirigente Itai Hagman.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Politica Obrera

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero