The people united will never be defeated - ¡Proletarios del mundo, uníos!

sábado, 31 de agosto de 2013

Sobre endeudadores y pagadores seriales

Por: Itai Hagman

A propósito de la reapertura del canje y la necesidad de discutir seriamente que hacemos con la deuda externa.
El gobierno anunció dos medidas para hacer frente al fallo judicial norteamericano que intima a la Argentina a pagar a los fondos buitre, es decir, a los capitales que se hicieron de una parte de la deuda argentina con fines exclusivamente especulativos. Por un lado, se anunció un proyecto de ley para reabrir el canje de deuda para que ese 7% que no ingresó ni en 2005 ni en 2010 pueda hacerlo ahora. Por otro lado, una oferta para el 93% restante que sí ingresó en los canjes anteriores para que cambie sus bonos actuales regidos por la legislación norteamericana por otros bajo jurisdicción nacional.
La decisión de reabrir el canje implica persistir en una política que nos convirtió en lo que la presidenta denominó correctamente “pagadores seriales”. ¿Queremos seguir siendo eso? A su vez, el conflicto con los buitres, nos lleva a cuestionarnos por el problema de fondo de la deuda externa en Argentina. ¿En qué medida realmente fue exitosa la política de “desendeudamiento”? ¿En qué medida los pagos “seriales” de deuda afectan a nuestra economía y las posibilidades de crecimiento y desarrollo? ¿Existe otro camino diferente a quienes nos plantean volver a endeudarnos o a quienes nos proponen simplemente seguir pagando? Las dificultades actuales imponen pensar seriamente estas preguntas.

Durante la década de los noventa fuimos gobernados por endeudadores seriales. La apelación al endeudamiento externo fue el mecanismo que sostuvo la ficticia convertibilidad del 1 a 1 durante diez años hasta que sencillamente no dio para más. La contrapartida para lograr que los organismos internacionales y los mercados financieros nos presten divisas fueron las leyes que profundizaron el modelo neoliberal iniciado durante la dictadura. Una gran parte de esa estructura jurídica y financiera sigue aún vigente, como es el caso de los más de 50 tratados bilaterales de inversión, nuestra pertenencia al tribunal del CIADI o la Ley de Inversiones Extranjeras, todos ejemplos de legislaciones que atentan contra los intereses nacionales.

Cuando estalló todo y la Argentina declaró el “default” la deuda externa sumaba 144.500 millones de dólares, la mayor parte tomada por la dictadura militar y el gobierno de Menem. En ese momento la mayoría de las organizaciones populares que resistieron las políticas de ajuste y represión del neoliberalismo levantaban la consigna “No al pago de la deuda”. No era un capricho o una consigna irresponsable, ya que la deuda externa ahogaba las posibilidades de crecimiento económico, condicionaba las políticas sociales y condenaba a los países del tercer mundo en sus posibilidades de desarrollo. A su vez existían buenos argumentos jurídicos para plantear que al menos una parte importante de esa deuda tuvo un origen y un uso ilegítimo, por lo que le asistía el derecho a nuestro país de negarse a honrar esos compromisos en nombre de nuestra soberanía nacional que había sido violada. Como dijo Alejandro Olmos: “las deudas se pagan, las estafas no”.

El gobierno actual eligió una estrategia diferente, el mentado “desendeudamiento”, que consistió en dos canjes con importantes quitas de capital, pero distintos mecanismos de indexación por los que lograron que el 93% de los acreedores aceptaran las nuevas reglas de juego. A su vez se canceló deuda con los organismos multilaterales como el famoso pago el FMI del 2005 por casi 10 mil millones de dólares. Luego de estos años de desendeudamiento la Argentina logró efectivamente bajar sustancialmente la relación deuda/PBI, lo que ubica a nuestro país en una situación de solvencia en ese terreno. Pero la contrapartida, tal como lo dijo la presidenta, fue convertirnos en “pagadores seriales”, por lo que en estos diez años, según la misma Cristina, desembolsamos 173.733 millones de dólares. Ese dinero representa casi seis veces el nivel de reservas que nuestro país tiene en el Banco Central y el doble de la fuga de divisas que sufrimos en esta década y que motivó el control cambiario y la restricción de compra de dólares.

Hoy la situación económica Argentina impone discutir seriamente cómo superar las limitaciones estructurales para el crecimiento y el desarrollo, que emergen bajo la forma de síntomas coyunturales: falta de divisas, inflación, déficit fiscal. El problema que subyace es la restricción externa que operó históricamente en nuestro país y nuestra región. El crecimiento económico implica una demanda de dólares que nuestra economía no puede generar y la falta de dólares funciona como un factor de estancamiento económico. A su vez, los miles de millones de dólares que todos los años salen del país para el pago de deuda externa se realizan a costa de las reservas del Banco Central que se encuentran en franca caída. La “espada de Damocles” de la que hablaba Cristina existe y pende sobre nuestro cuello.

Los sectores del establishment, que en este punto dejan a un lado su faceta opositora y acuerdan con el gobierno en seguir pagando, proponen salir de este esquema con las recetas ortodoxas: devaluar la moneda, achicar el gasto, volver a endeudarnos con los mercados internacionales. Si queremos evitar estas salidas, la discusión sobre el pago de la deuda externa debe ponerse sobre la mesa. El pago sistemático no presenta sólo un dilema moral en relación con la legitimidad de la deuda contraída, sino un componente fuerte de la restricción actual que sufre nuestro país.

Una medida imprescindible para relanzar la estrategia de nuestro país en este terreno es la realización de una auditoría sobre el conjunto de la deuda, con el objetivo de discriminar aquella parte que resulta fraudulenta o ilegal, siguiendo las investigaciones existentes. Mientras tanto, los pagos deben suspenderse. Ese es el camino que siguió Ecuador de manera exitosa, a diferencia de nuestro país. Como dijo la presidenta, el origen del dinero pagado a los especuladores es el fruto del esfuerzo de millones de argentinos y argentinas que dejan su energía en su puesto de trabajo. Por esa razón, ese dinero debe ser puesto en función del desarrollo nacional, y no en las arcas de los especuladores.
 
Fuente: Infobae

Estupidez e irracionalidad

Por Osvaldo Bayer
Desde Bonn, Alemania

Alguien ha dicho alguna vez que a las guerras lejanas hay que vivirlas y sufrirlas como propias, como si se desarrollaran en el propio país. Como si todo aquel que muere en la guerra fuera un propio familiar, vecino o conocido nuestro.

Llego a Europa y la noticia de un próximo ataque de Estados Unidos a Siria conmueve a todos los ámbitos. Es la principal noticia en televisión, radios y tapa de los diarios. La noticia de la muerte de niños y adultos por gases tóxicos ha conmovido a todos. Cohetes contra gases sería la solución “occidental”. En eso andan los Estados Unidos y –con menor adhesión–, Gran Bretaña y Francia.

Nuevamente la irracionalidad como método superior para solucionar problemas. Algún filósofo optimista aseguraba que las religiones serían el único método de asegurar la paz eterna. La realidad de la historia del ser humano ha demostrado lo contrario. Allí donde reina el concepto religioso parece ser que inspira el desencuentro, la superioridad del uno sobre el otro, la idea de someter al que no cree o al que cree diferente.

El empleo de gases. Siria contra el enemigo en el propio país desató las cuerdas que contenían a los más agresivos. Ahora sólo queda la guerra, la destrucción total del enemigo, de acuerdo con lo sostenido en las últimas horas por políticos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, contra las dudas de Alemania y el No airado pero fecundo de todas las organizaciones pacifistas.

Contra todo eso queda sólo la palabra, el único camino contra la destrucción. El ideal más literario e irreal en la historia del mundo, pero el único racional. El acuerdo, el respeto mutuo, la vida por sobre todo. Ni el gas ni el cohete. Una tesis irreal a todo trapo pero igual a las de aquel glorioso pacifista Mahatma Gandhi, que demostró finalmente que su tesis era la única real y efectiva.

Pero en vez de Gandhi lo tenemos a Obama, Premio Nobel de la Paz, quien hasta el momento pareciera ser el más obediente a los seguidores de los planes de sus generales; y a Cameron, el primer ministro inglés que demuestra hasta ahora ser el más firme cumplidor de los planes del poder de su antigua colonia americana. Fantasías de la realidad. Inglaterra colonizada por Estados Unidos en cuanto a su política exterior. Que, en resumen, es continuar una historia de coloniajes y agresiones simuladas de autodefensa.

Buques de guerra, lanzacohetes, gases mortíferos. Otra vez la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Por qué las religiones no hacen un congreso conjunto y se obligan a sí mismas a un nunca más a las armas, un sí a los pactos de resolver todo en paz y en igualdad de derechos?
¿Cuándo los seres humanos vamos a dar un sí definitivo a la vida? Y esto no sólo tiene que ser resuelto por los organismos políticos, sino por sobre todo por las religiones, en conjunto con las entidades pacifistas que existen en casi todos los países del mundo. Un control de armas internacional hasta llegar a un mundo desarmado. ¿Idealismo irracional? ¡No! La única fórmula para decirle no a la destrucción. Si pensáramos que alguna vez los soldados se irían transformando en trabajadores de la tierra, en productores de bienes, ya no habría más hambre en el mundo. Y si en vez de construir tanques y acorazados, ametralladoras y balas se destinara ese dinero y esas energías a construir viviendas, ya no existiría gente sin techo en todo el mundo.

Claro, esto para algunos suena disparatado, pero hay que proponer el tema una vez más ante el peligro cada vez más pérfido que amenaza otra vez al mundo. Estados Unidos ya tiene todo preparado para iniciar acciones de guerra. Balas y bombas contra los gases. La irracionalidad de la violencia. ¿Y qué hacen los filósofos del mundo que no llaman a un congreso para marcar un camino que detenga las balas que ya están en puntería?

Sí, esto se escribe desde hace siglos, pero no pasa nada. Deberían avergonzarse las entidades mundiales que no hicieron oír su voz ante las sinrazones de los que dominan el poder en este mundo que gira desde hace muchos miles de años y arroja a sus hijos al pozo de la crueldad.

Hoy, el diario alemán General Anzeiger, en la misma página, trae dos títulos que muestran –tal vez sin proponérselo– la irracionalidad en que ha caído la humanidad. Un título es éste: “Estados Unidos, en su presupuesto 2013, otorgó 50 mil millones de dólares a los Servicios de Inteligencia”. Un “Black Budget”, que emplea para prestar servicios a 107.035 personas. Se señala allí que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) recibe nada menos que 14.700 millones de dólares por año. En segundo lugar está la National Security Agency (NSA), con un presupuesto de 10.800 millones de dólares. La National Reconnaissance Office (NRO), encargada de los satélites espías, recibe 10.000 millones de dólares. ¿Y Obama qué dice? El, que en el año 2007, como senador, criticó al presidente Bush cuando intervino en Irak y lo acusó de “no haber respetado la Constitución de Estados Unidos”. Pero, claro, después del War Power Act, el presidente de Estados Unidos puede iniciar una guerra hasta 90 días sin que lo apruebe el Congreso. ¿Acto democrático? El diario alemán, en la misma página, a cinco columnas, titula: “En las grandes ciudades crece el riesgo de la pobreza”. La Unesco define como pobre a aquel que dispone de menos de 1,25 dólar por día. Más aún, lo define como “pobre absoluto”.

Comparemos esos dos datos. Luego de existir ya durante incontables siglos, llegamos a esto. A los servicios de Inteligencia y a la pobreza. ¡Qué dos contradicciones que nos hablan de la perversidad en que ha caído el ser humano! A pesar de sus grandes pensadores y sus héroes del pueblo, aquellos que lucharon por la paz eterna y por el respeto a la vida.

¿Después de estas comprobaciones, nos volvemos egoístas? ¿Nos volvemos pesimistas? ¿O continuamos la discusión sobre mejores futuros pensando en la sonrisa de los niños?

Fuente : Página 12

viernes, 30 de agosto de 2013

Reedición del Pacto Social

Reedición del Pacto SocialPor Francisco Cantamutto. 

Las últimas reuniones del gobierno nacional no se tratan de una novedad en materia del proyecto kirchnerista: es la reafirmación de su propuesta. La relación clave con corporaciones empresariales y las centrales sindicales afines para llegar al 2015.


Tras la derrota en las PASO, el gobierno ha decidido revisar algunos elementos de su propuesta política. ( hay que ver si solo es hasta octubre o mas allá dependiendo de cuantos votos saque Cristina y en relación a como quedan las cámaras y la luchja interna del PJ , si Cristina conservara la mayoria en ambas cámartas no creo que le de mucha bola al dialogo tal como en los últimos 6 años , a diferencia de Nestor para Cristina la negociacion es solo discurso , en los hechos su forma de gobierno es la imposicion y la sorpresa del adversario ) Una de las acusaciones permanentes enarboladas desde la oposición es la supuesta negativa al diálogo del oficialismo. La respuesta no se hizo esperar: el gobierno está dispuesto a dialogar, pero no con cualquiera. En lo que sería un primer paso para desarmar la estrategia de campaña de la oposición, el miércoles 21 la presidenta Cristina Fernández se reunió en un hotel en Santa Cruz con los sectores a los que había denominado "los titulares".

La primera observación al respecto fue hecha ya en este espacio por Ulises Bosia: esta declaración explica palmariamente quiénes detentan el poder político real. Los empresarios tienen más de un partido a su servicio, no nos podemos olvidar de ello. Los titulares son los representantes corporativos de clases sociales, no los personajes -más o menos fugaces- de la partidocracia local.

Las divisiones al interior de estos partidos y las diferencias entre ellos no ponen en cuestión los fundamentos de una dominación que atraviesa la sociedad. Las exorbitantes ganancias que el empresariado ha obtenido en estos años fueron descritas con detalle por la propia presidenta en la reunión en el Sur: no es una imputación ideológica, sino una declaración del propio gobierno.

La segunda observación es cómo entiende el kirchnerismo que debe organizarse el diálogo. Hasta el momento, el oficialismo no ha tenido problemas para negociar con otros representantes partidarios: la transversalidad del primer período (que incluyó al radicalismo) como intento de superar el peronismo, la vuelta al interior de este espacio político (que fortaleció al mismo aparato que hoy se le opone parcialmente), la multiplicidad de partidos que integran su frente. El problema no está ahí. El problema está en los fundamentos que dan sentido a ese diálogo: los fundamentos clasistas que hoy parecen escapársele.

Como tercer comentario, vale señalar que la propuesta del kirchnerismo para este problema ha sido desde un principio, y recuperando la tradición histórica del peronismo, la conciliación de clases. Esto no es nuevo: desde un primer momento, el gobierno buscó encontrar los espacios institucionales para desarrollar este diálogo. La recreación de la negociación colectiva de trabajo para establecer los convenios por rama y la reactivación del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil son dos medidas impulsadas con fuerza desde 2004. En 2007, en plena campaña, la actual presidenta llamó a construir un Pacto Social, que buscaba profundizar aquellos acuerdos básicos. En ese momento, se refería de modo permanente al Pacto de la Moncloa en España, que diseñó las políticas de mediano plazo en una mesa de representantes corporativos. La convocatoria fue una reedición de esta voluntad de diálogo específica.


Fueron convocados los titulares de la Unión Industrial (UIA), Héctor Méndez; de la Cámara de Comercio (CAC), Eduardo Eurnekian; de la Asociación de Bancos privados (Adeba), Jorge Brito; de la Cámara de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss; de la Confederación General Económica (Cgera), Marcelo Fernández e Ider Peretti, y de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide. Por los trabajadores, fueron los sindicalistas oficialistas Antonio Caló (CGT) y Hugo Yasky (CTA). Esto dejó afuera tanto al sindicalismo opositor (la CGT Azopardo y la Azul y Blanca, y CTA de Micheli), a las entidades del campo (FAA, CONINAGRO, SRA y CRA), de los servicios públicos (ADESPA), a la banca extranjera (ABA), a la cámara del comercio (CAC) y a la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Esta configuración del equipo titular tampoco es novedosa: los sectores excluidos son la mayor parte de los defensores a ultranza de la Convertibilidad (e incluso los que propusieron la dolarización) y la Mesa de Enlace agropecuaria.

Los que sí fueron llamados son el núcleo fuerte del llamado Grupo Productivo, el agrupamiento que diseñó la política de cesación de pagos y devaluación. Y este es un dato importante, la cuarta observación: al convocar a este sector, el gobierno está mostrándose dispuesto a pelearle a Massa su propuesta de política económica. Y en este sentido, tiene una ventaja: es capaz de convocar a una parte del sindicalismo, buscando garantizar a los empresarios cierta estabilidad del pacto, algo que Massa aún no puede prometer.

Un quinto punto es la única convergencia pública de acuerdo lograda en la reunión: la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esta política, al igual que la negociación de los salarios mínimos, compone el piso y el techo del acuerdo institucional que el kirchnerismo ha sostenido en el tiempo. Beneficia a los trabajadores elevando su ingreso, y a los sectores de empresariales convocados, pues les sube la demanda por consumo. Más allá de este punto no se ha podido avanzar -repetimos, en instituciones- en esta década.

Por último, la presidenta remarcó que "lo importante es no desfinanciar al Estado". La viabilidad de esta propuesta está ceñida a no quitarle al Estado la capacidad de continuar interviniendo. Tal como es el modelo populista de gestión de la política, el gobierno necesita de recursos para continuar equilibrando demandas. De lo contrario sería necesario tomar una definición de dominación más explícita, olvidando los intentos conciliatorios. Esta opción es explorada por la oposición patronal tanto como por el propio gobierno (en la figura de Scioli), tal como se los vio el en la reunión del conservador Consejo de las Américas.

Fuente : Marcha

Ganancias: cambios para sacarlo de agenda



Por Jorge Duarte*. 

El martes por la noche la presidenta Cristina Fernández anunció modificaciones vinculadas al denominado impuesto a las ganancias para los asalariados y al sistema de asignaciones familiares. Estas fueron las primeras respuestas significativas del ejecutivo a la agenda sindical que resonaron fuerte. Repasemos los números detrás del anuncio y las interpretaciones.

Hace al menos dos años la agenda de reivindicaciones sindicales de todas las centrales de trabajadores incluye la suba del mínimo no imponible como uno de sus ítems. El martes por la noche la presidenta anunció que se aplicará una nueva deducción especial para que no tributen ganancias los asalariados que perciban hasta $15.000 brutos mensuales; que se eliminarán las diferencias entre trabajadores con y sin carga de familia; y que las modificaciones comenzarán a regir el 1 de septiembre. Estas decisiones, comunicadas en el marco del segundo encuentro de diálogo social encabezado por el ejecutivo, fueron acompañadas por los dirigentes sindicales afines al gobierno nacional y marcaron el primer anuncio relevante para la “agenda laboral” desde la fractura de la CGT hace más de un año.

Las deducciones especiales anunciadas en torno a ganancias impactarán de lleno en los bolsillos de 1.300.000 asalariados que dejarán de ser alcanzados por el tributo. En este sentido, las estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) precisaron que desde el 1 de septiembre y hasta fin de año, el Estado nacional debido a esta decisión dejará de recaudar un total de $4.495 millones que engrosarán el poder adquisitivo de los trabajadores. La idea es que ese dinero se vuelque al consumo y que sirva para potenciar la reactivación de la economía. (viva el consumismo, nada para el ahorro ni la inversión )

Si el reclamo por ganancias tomó relevancia en un mundo laboral signado por la informalidad (33% de los asalariados desarrollan su actividad en negro) es por la masividad que adquirió en los últimos años. Las actualizaciones del mínimo no imponible que estuvieron por debajo de la inflación y de los promedios acordados en paritarias desde 2008, la decisión de no ajustar el mínimo no imponible en 2009 y 2012 y la falta de ajuste en las escalas del tributo habían generado un desfasaje importante. Estas medidas generaron que se triplique la cantidad de asalariados que tributaba ganancias entre 2008 y 2012 y que quienes pagaban lo hagan con porcentajes más altos por la falta de ajuste en las escalas.

Mientras en 2008 el impuesto a las ganancias alcanzaba al 8,5% del total de los trabajadores registrados, en 2012 llegaba al 25%. Con los cambios anunciados, pasaran a tributar ganancias un 10,2% de los registrados, lo que retrotrae la situación a cifras parecidas a las de 2008, cuando no era tema de agenda sindical.

Adicionalmente, se anunció que se elevará el mínimo no imponible un 20% para quienes perciban entre $15.001 y $25.000 lo que producirá un alivio para los casi 700.000 trabajadores que se encuentren en esa franja salarial. Por lo tanto, de los trabajadores comprendidos hasta ahora por ganancias, sólo unos 255.000 con ingresos superiores a $25.001 no verán mejorada su situación.

En el mismo momento se anunciaron cambios en el régimen de asignaciones familiares.
También desde el 1 de septiembre los montos a partir del cual se pierde el beneficio coincidirán con los que regirán para el pago de ganancias. De esta manera los trabajadores que no tributen ganancias percibirán asignaciones familiares, lo que constituye la restitución de 850.000 asignaciones por hijo. Actualmente, los pagos por hijo alcanzan a 3.193.503 chicos y desde el próximo mes se elevarán a 4.042.000 beneficiarios.

Este anuncio cubre, parcialmente, otro reclamo compartido por todas las centrales sindicales y retrotrae la situación a cifras similares a las de 2008.

Redistribución entre quienes

Con el impacto de la crisis internacional se consolidó un proceso de redistribución de la riqueza que tuvo fuertes componentes endogámicos entre los trabajadores. De esta manera, con la paulatina incorporación de trabajadores a tributar ganancias por un lado y con la pérdida de asignaciones familiares por otro, fueron los propios trabajadores los que aportaron los recursos para subsidiar a otros trabajadores (ocupados o desocupados).

Aunque se esperaba que se grave la renta financiera y finalmente no ocurrió, se anunció que para compensar las cuentas fiscales se impondrá una tasa del 15% sobre las utilidades que arrojen la compra-venta de acciones y títulos valores que no coticen en Bolsa y se fijará una alícuota del 10% para los que cobren dividendos de empresas locales. Estas medidas recaudarán $2.056 millones provenientes del sector privado y marcarán un cambio significativo del rumbo tomado en materia de redistribución. Resta ver si es un camino a seguir o una medida aislada.
Los padres de la criatura

Con el anuncio fresco comenzó la pelea por apropiarse de la medida. Desde los sectores sindicales vinculados al gobierno intentan presentar las modificaciones de ganancias como fruto de sus gestiones en La Rosada. Antonio Caló, de la CGT oficialista, sostuvo que los anuncios consistieron en “darle respuesta al pedido que hacían los trabajadores”. Por su parte Hugo Yasky, de la CTA oficialista, entendió que “significa dar un paso adelante para tener un sistema tributario más justo en la Argentina”.

Los sectores sindicales opositores, en cambio, sostienen que esto es consecuencia de las movilizaciones que incorporaron a la agenda pública el tema cuando todavía era resistido por el oficialismo. Hugo Moyano, de la CGT opositora, expresó que fueron los Camioneros quienes pusieron ganancias en debate con paros y movilizaciones. Pablo Micheli, de la CTA disidente, aclaró que “tomaron bien” la medida y dijo que “lo veníamos reclamando desde hacía dos años con marchas y paros". También los gremios de base clasistas que lideran grandes fábricas expresaron que parte de la decisión del ejecutivo estuvo basada en la presión que pusieron en las calles.

Los dirigentes sindicales que integran el Frente Renovador tampoco dudaron en atribuirse las modificaciones a ganancias. Héctor Daer, secretario General de Sanidad Buenos Aires y candidato a diputado, remarcó que "la decisión de la presidenta no es casual" porque "la baja del impuesto a las ganancias es el proyecto de Massa”.
La decisión del ejecutivo seguramente sopesó la situación gremial y electoral compleja. La necesidad de fortalecer las centrales sindicales afines y otorgarles un anuncio relevante cuando flaqueaban sus fuerzas, la posibilidad de retomar iniciativa política para mejorar su imagen luego de las PASO, la evaluación de una situación injusta en materia tributaria y la eventual reducción de la conflictividad sindical deben haber pesado al momento de resolver. Aunque la solución no llegó por ley, por lo que no se garantiza su continuidad en el mediano plazo, por un tiempo ganancias estará fuera de agenda.


*Periodista especializado en temas gremiales / http://escritosdeclase.blogspot.com.ar / @ludistas

Fuente : Marcha

jueves, 29 de agosto de 2013

No al acuerdo YPF-Chevron


¡Para recuperar la soberanía energética, una YPF 100% pública y estatal!
“Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”
Arturo Jauretche
 
A las 0:30 de hoy la Legislatura de la provincia de Neuquén otorgó carácter de ley al acuerdo firmado entre el gobernador Jorge Sapag y el titular de YPF, Miguel Galuccio, por el cual la empresa norteamericana Chevron puede explorar, mediante la controvertida técnica de fracking, el mega yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Los 25 votos a favor del proyecto correspondieron a legisladores del Frente para la Victoria, del Movimiento Popular Neuquino, y aliados menores.
La aprobación se produjo luego de una dura represión de la policía provincial, que se prolongó por siete horas y dejó como saldo 28 heridos, dos por balas de plomo. Las manifestaciones en contra del acuerdo habían transcurrido en forma pacífica desde la madrugada del 28 de agosto, con un festival y una vigilia convocada por la “Multisectorial contra la fractura hidráulica”. La represión se produjo en torno a las 10:30 de la mañana al arribar a la Legislatura una movilización de 5 mil personas convocada por diversas organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles y de pueblos originarios. Uno de los heridos con bala de plomo se encontraba a 150 metros de los incidentes, en un lugar donde se ubicaban también numerosas familias que habían concurrido a la protesta.
La aprobación del proyecto con legisladores atrincherados, habla por sí sola del carácter del acuerdo YPF-Chevron-Provincia de Neuquén. Y el principal problema es que, de cumplirse los deseos del Galuccio de atraer a “muchos chevrones”, esta habrá sido la primera de numerosas asociaciones lesivas para la soberanía nacional. Recordemos que las condiciones generadas a partir de julio por el decreto 929 del Ejecutivo Nacional –en el que se inscribe el contrato con la transnacional estadounidense-, son regresivas, con respecto a la Ley de Soberanía Hidrocarburíferas de 2012 y su reglamentación, y también en relación a principios básicos de regulación estatal que el propio kirchnerismo había adoptado con anterioridad, como el pago de derechos de exportación.
Para darse una idea, pesa sobre Chevron una sentencia judicial expedida por la justicia ecuatoriana. Esta condenó a Chevron (que operó entre 1964 y 1990 en Ecuador, cuando era Texaco) a pagar 19.000 millones de dólares, por graves delitos ambientales, cometidos en la Amazonía ecuatoriana, en territorios ancestrales de pueblos originarios. Chevron es una de las muchas transnacionales que saquean y destruyen los bienes de Nuestramérica. 
De esta manera, en lugar de diseñar e implementar políticas que propicien una transición hacia un modelo diversificado y soberano, se está optando por perpetuar una matriz energética dependiente e insostenible desde todo punto de vista (social, ambiental y estratégico). Asimismo,descartando la posibilidad de profundizar la integración regional y la generación de vínculos cooperativos con Bolivia, Ecuador y Venezuela, tres países exportadores de energía, y con economías complementarias a la nuestra, se ha priorizado la asociación con una transnacional con un abultado historial de violaciones a los derechos humanos.
El acceso a la energía debe concebirse como un derecho básico en una sociedad democrática, por lo que su generación y aprovechamiento deben encontrarse en sintonía con las necesidades populares y la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. La política hidrocarburíferas e YPF como su principal herramienta de ejecución, son vectores fundamentales para avanzar sobre las cuestiones de fondo y lograr esta transición.
 
¡Por una YPF 100% estatal y pública!
¡Basta de saqueo, entrega y contaminación!
¡Por SOBERANÍA ENERGÉTICA y control de nuestros BIENES COMUNES!
¡Por un proyecto económico y ambientalmente justo y sustentable!


 

Argentina “For Sale”

Los intersticios del modelo extractivo. Una política a contramando de la soberanía energética

R. Gómez Mederos
Rebelión


“Tenemos que proteger nuestros recursos, el hecho de que estén en otros países es un accidente”, diría George Kennan, diplomático de EEUU en los 50 (0).

La eclosión del debate en torno de la crisis energética argentina y las fundamentaciones oficiales con respecto a la soberanía hidrocarburifera, se hacen cada vez más contradictorias; a medida que se agudiza e instrumenta estructural, operativa y políticamente el modelo capitalista extractivo, se hace cada vez más claro su verdadera funcionalidad.
En torno de esto, se evidencia la necesidad de instrumentar una planificación que se adapte a los requerimientos de un esquema de desarrollo, cuya lógica y dinámica destruye los territorios donde se asienta, basada en la implementación de una estrategia de expansión de la frontera extractiva, siendo esto el eje principal y el núcleo de la discusión actual. La voracidad de la faena extractivista necesita, fundamentalmente, además de muchos recursos hídricos, de energía para sustentar su logística y movilidad depredadora. La intensa punción que ejerce el modelo actual sobre la utilización intensiva de los recursos fósiles para la generación de esta, en todas sus formas, está deteriorando aún más el abastecimiento interno y ampliando la brecha entre la posibilidad de disponer de más recursos hidrocarburiferos para el autoabastecimiento y la importación de estos. Hacia 2011 Argentina importaba combustibles por 9300 millones de dólares, en 2012 por 10300 y con una proyección en aumento del 30% más, hacia el 2013.

Petróleo y hegemonía

A lo dicho anteriormente, se agrega que a escala mundial hay una pugna enorme entre los países desarrollados por apropiarse de los yacimientos de hidrocarburos de mayor importancia del planeta, empujado por una matriz de consumo voraz y sin límites, pero además porque el petróleo es un recurso estratégico, crítico y escaso, condicionado por la expansión demográfica y la puja por la hegemonía y el poder. Existe una relación directa, entre el producto bruto interno de los países y el consumo energético, pero hay una gran diferencia entre los países desarrollados. “Estados Unidos tiene un consumo per cápita de 11,4 kw. En Alemania y Japón, que son las economías que le siguen, el consumo es de 6Kw, mientras que en China e India (los emergentes más poderosos) es de 1,6Kw y 0,7 Kw respectivamente; Bangladesh está cerca del fondo de la tabla con 0,2 Kw…” (1) . Esta gran necesidad de energía, que en el caso central de los EEUU se agudizó desde 1998, porque tuvo que incrementar sus importaciones de petróleo para mantener su nivel de consumo, también obligado por la incrementada competencia, sobre todo de China, por reservas que se hacen cada vez más escasa, como ya dijimos, y cuya explotación es aún más onerosa. Beijing ha incrementado su consumo de electricidad desde 1990 hasta mediados de la década actual. Hacia 2003 China dejó de ser exportador, para convertirse en importador neto; hoy es el segundo consumidor de petróleo después de Estados Unidos, superando a Japón inclusive. EEUU consume 20800000 de barriles diarios, (La unión Europea 12680000), China 7578000, Japón 5007000, Rusia 2858000, India 2722000, Alemania 2456000, Brasil 2372000 barriles diarios. Argentina consume aproximadamente 470000 barriles diarios, después de Sudáfrica.

La imposición de un esquema hegemónico en torno de la cuestión del petróleo tiene características centrales en el debate mundial, y marca la agenda bélica inclusive; tal es la importancia del petróleo que Washington, para mantener intactas sus reservas energéticas, dentro y fuera de su órbita territorial, hasta un tercio de su gasto militar está destinado a garantizar el libre abastecimiento de petróleo; teniendo en cuenta que desembolsa para la cuestión bélica “el 4,06 % de su PBI, es decir 607,0 mil de millones de dólares, el 41% del porcentaje del rubro a nivel mundial …” (2)

Es importante recordar que este escenario en torno de la cuestión del petróleo-energía, está marcado por un decrecimiento de la producción petrolera a nivel mundial, es decir que alcanzó su punto máximo, peak oil, después de lo cual la producción empieza a decrecer.

Argentina Extractivista

El marco histórico en que este proceso se lleva adelante, el periodo de desarrollo capitalista y su correspondiente modelo de acumulación, determina la intensificación del modo extractivista de capital intensivo; con variadas formas, que van desde la minería metalífera a cielo abierto, pasando por la extracción intensiva de agua potable para exportación, los inmensos bosques de pino y eucaliptus transgénicos para la pasta de celulosa, y ahora también la forma extractiva intensiva, altamente contaminante de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica, llamado fracking.

El desenmascaramiento de la verdadera columna vertebral del régimen actual, y su proyección estratégica, va marcando el paso de los conflictos sociales a lo largo y ancho de Nuestramérica. La dependencia y la subordinación de la economía y las políticas de estado a una planificación global por parte de los países más poderosos, fundamentalmente los de la triada, EEUU, Europa y Japón, pero además de los que vienen en ascenso, los llamados emergentes, condicionan una planificación independiente y sustentable del desarrollo en los países más pobres.

El modelo de sujeción a un orden de complacencia al capital transnacional y sus empresas, ha ido destruyendo paulatinamente la capacidad operativa, en términos logísticos y técnicos, y la posibilidad de generar políticas hacia una autonomía e independencia energética diversificada, que pueda establecer las pautas para generar autoabastecimiento energético en la región, al contrario de esto, se ha ido construyendo una ingeniería jurídica, un aceitado engranaje de lobby político y un inmenso aparato mediático a favor del capital transnacional.

Hacia el 31 de diciembre 1998 YPF S.E concentraba el “44% de petróleo el 38% de gas de Argentina, con reservas probadas, en producción y exploración, de 2681 millones de barriles de petróleo (43% de crudo y 57% de gas), para esa fecha YPF S.E obtuvo un resultado neto de 580 millones de dólares y tenía en activos totales 13146 millones de dólares; además de tener concesiones de yacimientos en Estados Unidos, Venezuela, Perú, Guyana, Ecuador e Indonesia; es decir, la capacidad operativa, tecnológica y un amplio conocimiento técnico de primer nivel, ubicaban a YPF S.E entre las compañías más prosperas de América. En sus 70 años como empresa estatal YPF S.E fue responsable del descubrimiento del 95% de las reservas de hidrocarburos del país”. (3)

La degradación y la pauperización de las empresas estatales agudizada a comienzo de la década del noventa, pero que tiene su génesis a principio de los 70, con la dictadura militar, da lugar a una creciente transnacionalización del sistema energético, que se expresa por un lado, con la concesión del sistema de distribución de la energía y todo lo que tenga que ver con el manejo estratégico de esta, y a la vez, la transnacionalización del uso energético, en manos de la compañías de bandera extranjera o de las locales asociadas a esta. La política y la intervención del Estado en este aspecto ha incidido directamente y de manera certera a favor de esta lógica. La modificación de la constitución del 94 y luego “la promulgación en 2006 por el entonces presidente Kirchner de la llamada ley corta, que supuso de manera definitiva la provincialización del subsuelo de la nación, el tratamiento y la reforma de la ley 171319/67 aprobada el 23 de noviembre de 2006, que reglamentó el artículo 124 de la constitución de 1994, además de ratificar la provincialización del recurso para las provincias petroleras, aunque las refinerías estén en provincias no petroleras, como tampoco el 85% del mercado de consumo. YPF S.E fue creada con el aporte de todas las provincias, pero al igual que las provincias mineras, la estrategia de debilitamiento del estado nacional, con una fuerte descentralización económica, ideada para la privatización de distintas áreas de exploración”. (4)

El curso de desarrollo del capitalismo en Nuestramerica encalla en un modo primarizado de las economías nacionales en clave exportadora, pero con una baja incidencia de la renta en los presupuestos nacionales, al contrario de lo que en su momento generó YPF S.E , una de la únicas compañías estatales estables financieramente, que destinaba sus beneficios a sostener la renta nacional y ampliar las reservas hidrocarburiferos del país, desde 1922 hasta 1992 aproximadamente fue el principal activo estratégico y económicamente viable del estado en esos años, además de expandir la oferta y la producción de energía en todas sus formas (combustibles derivados del crudo, gas natural y electricidad), diversificando el suministro eléctrico (sobre la base del gas natural que distribuía Gas del Estado, más la hidroelectricidad y en menor medida la nucleoelectricidad) y permitiendo una configuración de la estructura socioeconómica del país basada en la industrialización para sustituir importaciones de productos de consumo masivo, además en industrias claves como el acero, petroquímica, automotriz, aeronáutica y naval, y en el avance científico-tecnológico del campo nuclear.

La privatización de YPF y el posterior rearmado de la empresa en 2012, donde el estado argentino participa con el 51%, se inscribe en una revisión de relaciones con los grupos del rubro a nivel mundial, y la ubicación en escala de prioridades con estos. En esta suerte de reprivatización, YPF concreta acuerdos específicos con las transnacionales que manejan el 70% del mercado energético mundial, repartido entre las poderosas: Total, Exxon, Chevron, Pan American Energy y Petrobras respectivamente.

La designación de Miguel Galuccio como CEO de YPF, y cabeza visible de la política energética argentina, va directamente en ese sentido; Galuccio fue gerente general de operaciones para México y América Central de Schulemberger, la poderosa multinacional prestadora de servicios petroleros, que tiene su sede en Houston, Texas, luego en 2011 fue Director de Gestión de la Producción, con sede en Londres. Schulemberger cuenta con ingresos netos por 5,52 mil millones de dólares. Esta compañía en 1991 terminó de adquirir PRAKLA- SEISMOS, una empresa pionera en el uso de geo navegación para planificar la trayectoria de perforación en pozos horizontales, es decir la exploración de hidrocarburos no convencionales, cuenta además con el mapeo mundial de este tipo de recursos. (5)

El acuerdo del estado argentino con Chevron es la garantía para la intensificación de la explotación, prioritariamente de hidrocarburos no convencionales, basada y concebida para motorizar una dinámica que garantice la movilidad del flujo de capitales y rentabilidad de las transnacionales, el acuerdo deja claro que Chevron puede exportar luego de 5 años, y llevarse del país el 20% de la producción; las garantías sobre los beneficios extraordinarios a las empresas extranjeras del petróleo, reproducen la misma política aplicada a las transnacionales mineras; la exportación de bienes primarios, hacia los centros mundiales de consumo atenta contra todo intento de autoabastecimiento, porque además, el modelo actual de extractivismo intensivo destina una porción muy importante de estos bienes primarios a garantizar el mega-consumo en energía.

Un ejemplo claro de esto es la creación y desarrollo por YPF S.A “del gasoil minero, un combustible exclusivo de YPF, especialmente formulado para brindar las máximas prestaciones al sector minero… un combustible de óptimo comportamiento en zonas donde por efectos de altitud o latitud la temperatura ambiente es muy baja…” (6) Este tipo de combustible se distribuye desde la recientemente inaugurada planta de distribución YPF Directo Valles en General Güemes, Salta, de la red YPF Directo, la cual posee una capacidad instalada de almacenaje de “300.000 litros, distribuida en cinco tanques de 60.000 litros cada uno…” (7) Paulo Pelliciari, gerente de Minería de YPF menciona en una entrevista a Mining Press: “Hay una proyección clara de incremento de los consumos. Estamos acompañando el desarrollo minero. YPF tiene como vectores de crecimiento para el país, la agroindustria y la minería donde tenemos asegurado el producto que necesitamos para nuestros clientes”... “ Su historia (el gasoil minero) en el país se remonta a 1995, donde comenzó la provisión de la entonces flamante Minera Alumbrera y tuvo un repunte notable en el consumo con el comienzo de la operación de Veladero, en 2005…” (8). Es claro y visible que la política energética, conjuntamente con la reorganización de YPF, apunta a redistribuir, a favor de las transnacionales, los hidrocarburos de la nación, para exportar, con todos los beneficios impositivos, y para uso de la logística de las empresas mega extractivas.

La cantidad de combustible ocupado por los mega emprendimientos, según el propio órgano de difusión oficial de las mineras, Minning Press, en el caso de la provincia de San Juan es de 16900000 litros por mes (16900 M3). Esto equivale a todo el gasoil vendido en la provincia de Corrientes en todo el mes de diciembre de 2012.

La fisonomía de la entrega, el saqueo de nuestro subsuelo y los recursos energéticos, tiene como protagonistas a las ya conocidas multinacionales extractivistas de la materia prima generadora de recurso energético propiamente dicha, pero también las multinacionales que hacen uso local de ella, para extraer otros recursos mineralógicos, ricos y estratégicos, para el uso suntuario y la especulación financiera, como el oro, el cobre, la plata o las pocas conocidas “Tierras raras”, que tienen un capítulo aparte en esta historia de saqueo y destrucción. Sobre principios de 2012 la canadiense Wealth Minerals cerró la compra de casi 6.000 hectáreas en cercanías de Rodeo de los Molles, San Luis, para iniciar la búsqueda en un área considerada por los especialistas como el proyecto no desarrollado de Tierras raras más grande de Sudamérica; otra canadiense, Artha Resources, anunció otro descubrimiento en la zona de Cachi, provincia de Salta. La superficie con potencial para ser explotada, en ese caso, totaliza unas 55.000 hectáreas. También la norteamericana Bolland realiza tareas de monitoreo de tierras raras en el norte de Córdoba. Aunque parezca imposible, el territorio de Sumampa en Santiago del Estero, ha sido cateado por geólogos del CONICET donde se encontraron altas concentraciones de estos minerales, los cuales son usados en la tecnología de última generación, para la industria electrónica y militar. (9) Las denominadas tierras raras (también llamado oro tecnológico) son metales blandos de color gris y brillo intenso, suman un total de 17, y las más conocidas son: samario, terbio, erbio, cerio, lantano, europio o neodimio.

La colaboración de Pluspetrol, Chevron, Shell e inclusive Petrobras, con la estadounidense Universidad de Colorado, para conocer las características geológicas y el comportamiento productivo de Vaca Muerta, la formación de roca madre de la cuenca Neuquina, muestra hasta qué punto, las cientos de Transnacionales que han invadido nuestros territorios, y como bajo la hegemonía de EEUU fundamentalmente, Argentina está siendo entregada por nada, al poder globalizado de los imperialismos.
Notas

0-(Chomsky, 2003).Chevron. Mano derecha del imperio.Oilwatch.2005.

1- Raúl Sohr .Chao, Petróleo. El mundo y las energías del futuro. Santiago 2009. Chile. E. Debate. Apoyo y Cooperacion,Fundación Heirich Böll.

2- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.html

3- R. Gómez Mederos. YPF, de una sociedad anónima a otra sociedad anónima. Mayo de 2012. Taller de formación y debate. CTA San Juan. San Juan. Argentina.

4- R. Gómez Mederos. YPF, de una sociedad anónima a otra sociedad anónima. Mayo de 2012. Taller de formación y debate. CTA San Juan. San Juan. Argentina.

5- http://www.slb.com/services/technical_challenges/unconventional_resources.aspx

6- http://www.enernews.com/revistaonline/index.php .

7- Idem 6

8- http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_hidrocarburos/tablas_dinamicas/dowstream/unificado/TDs_Downstream.zip

9- http://www.miningclub.com/nota/789


Fuente : Rebelion 

“YPF es una sociedad anónima”


LA FIRMA DEFENDIO EL ACUERDO CON CHEVRON
 
La petrolera YPF emitió ayer un comunicado donde recordó que, pese a estar controlada por el Estado, sigue siendo una sociedad anónima y debe cumplir con las obligaciones que surgen de la Ley de Sociedades Comerciales y de los reguladores y accionistas. De este modo, la firma conducida por Miguel Galuccio justificó las cláusulas confidenciales que incluye el acuerdo con Chevron. La aclaración llega luego de que la jueza federal Liliana Heiland le solicitara a la compañía a través de un oficio que le entregue una copia del contrato firmado con la multinacional estadounidense. Ese pedido fue consecuencia de una demanda iniciada por un grupo de accionistas de Repsol, nucleados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas.

YPF se negó a darle esa información a la Justicia, pero como el tema adquirió notoriedad pública decidió también emitir un comunicado donde se limitó a justificar su decisión con un argumento legal. En el texto recuerda que, al ser una sociedad anónima, no le es aplicable “legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”. No obstante, recordó que luego de firmar el acuerdo con Chevron dio a conocer los principales detalles del contrato, que prevé una inversión de 1240 millones de dólares en una primera etapa. Más allá de lo legal, la decisión de mantener en reserva algunas cláusulas obedece a una decisión estratégica de la compañía. La petrolera que conduce Galuccio no quiere que la competencia o incluso firmas con las cuales podría asociarse en el futuro tengan acceso a información confidencial que podrían eventualmente hacer valer en contra de la propia YPF en el futuro.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/227830-64816-2013-08-29.html

Reprimir para Chevron


Palo y a la bolsa

Crédito: José Luis Pierroni, Patagonia Fotopress

En la Legislatura de Neuquén más de 5 mil manifestantes repudiaron el acuerdo que firmó la provincia con Chevrón para la explotación no convencional de hidrocarburos. La movilización fue reprimida por la policía por más de cinco horas y dejó como saldo un herido de bala de plomo, 28 por balas de goma, y un acuerdo comercial que, en su primera etapa, permite la perforación de 115 pozos a través del método de hidrofractura.

La legislatura de la provincia de Neuquén es un imponente edificio construido en uno de los puntos más altos de la ciudad. Se la puede ver llegando al cruzar el puente sobre el río Neuquén, y es imposible no reconocerla en una vista aérea de la ciudad. El miércoles por la mañana, esa inmensidad quedó chica en comparación a la movilización de más de 5 mil personas que reclamaban contra el Decreto 1208, que habilita el acuerdo entre la provincia e YPF para la explotación no convencional de hidrocarburos.

La Honorable Legislatura amaneció completamente vallada. Cientos de policías se prepararon para que nadie pudiera acceder al predio donde a partir de las 16 horas iban a sesionar los diputados provinciales. Afuera del edificio ya habían pasado la noche integrantes de la "Multisectorial Contra la Hidrofractura", que esperaban por la concentración que llegaría desde la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), ubicada a pocas cuadras del edificio provincial.

El vocero de la Multisectorial, Nawel Lefxaru, que pertenece a la zonal Trabunco de la Confederación Mapuche, que aglutina a más de 60 comunidades mapuches comentó algunos de estos detalles a Marcha.
Lefxaru comentó que la noche previa se realizó un festival con bandas y un acampe en las afueras de la legislatura que para terminar con un acto en frente de la misma. Desde temprano, miles de personas empezaron a concentrarse en el playón de la UNCo, y formaron una columna de más de 5 mil personas. La Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén (ATEN), la CTA, La Federación Universitaria del Comahue, el Sindicato de Ceramistas, decenas de Centros de Estudiantes secundarios, y distintos partidos políticos encabezaron la marcha. Cuando se realizaban los preparativos para armar el escenario donde sería el acto final, llegó la represión. "La represión fue desde las 11 hasta las 17 horas. Fue una represión muy violenta de parte de la policía. El objetivo de la acción de la policía no era otro que reprimir salvajemente. No había habido hechos de violencia hasta que empezaron a reprimir", explicó Lefxaru.

El saldo de la represión fue brutal. Un herido de bala de plomo está fuera de peligro, pero continúa alojado en el Hospital Castro Rendón. Desde el nosocomio se informó que el joven herido tiene alojada una bala de plomo en el tórax. ATEN confirmó que el herido de bala es Rodrigo Barreiro, docente de la UNCo e hijo del Decano de la Facultad de Humanidades de la misma universidad. Otras 28 personas fueron hospitalizadas por heridas de balas de goma, en su mayoría en la cara, o la cabeza.
Los periodistas que quisieron cubrir la sesión o la marcha misma también fueron víctimas. Por un lado, un periodista del medio local 8300 fue brutalmente agredido por la policía cuando quiso acercarse para presenciar la sesión. 8300 informó en su portal que a Paulo Tejeda "le patearon la cabeza" cuando estaba en el piso y lo pisotearon antes de introducirlo al móvil. Luego lo llevaron a la comisaría por "lesiones y resistencia a la autoridad". Él y Soledad Martínez fueron demorados hasta las 17 horas cuando se presentó un Habeas Corpus que les permitió recuperar la libertad. Por su parte, el Sindicato de Prensa de Neuquén informó que el reportero gráfico Luis García, del diario Rio Negro, fue golpeado con un arma en la cabeza y cuando estaba en el suelo recibió disparos de balas de goma.

Mientras sucedía de la represión en las afueras de la Legislatura, diputados de la oposición solicitaron una prórroga de la sesión por los graves hechos que se estaban dando. El pedido fue denegado por la mayoría (compuesta por diputados del Movimientos Popular Neuquino y del Frente para la Victoria), por lo que los diputados Raúl Godoy (FIT), Beatriz Kreitman (CC-ARI), Jesús Escobar (Libres del Sur), Eduardo Benítez y Alejandro Vidal (UCR), se retiraron de la sesión.




Con motivo de la represión en las inmediaciones de la Legislatura, CTA y ATEN convocaron a un paro provincial y una marcha a la casa de Gobierno de la provincia para las 10 de la mañana del jueves bajo las consignas "Abajo el acuerdo YPF-Chevron, basta de represión".
ATEN emitió un comunicado donde hace responsable al gobernador Jorge Sapag que "sigue los pasos de Jorge Sobisch, responsable político del asesinato de Carlos Fuentealba", y agrega: "Un gobierno temeroso, que oculta al pueblo las cláusulas secretas del acuerdo entreguista de YPF-Chevron, responde con balas y gases a un pueblo que se manifiesta en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente".

Por otro lado, la CTA de Neuquén repudió los dichos del ministro de Coordinación de Gabinete, Gabriel Gastaminza, que echó la culpa de la represión a los manifestantes cuando "en forma evidente habían militarizado la zona de la Legislatura Neuquina más de 30 horas antes de que se realice la sesión". "El ministro, también habló de 'un supuesto herido de bala de plomo', y se sorprendió (sic) por la presencia de un herido de esas características", ya que el "operativo tenía un estricto protocolo donde no se podían utilizar balas de plomo", dijo en declaraciones a Radio Universidad-Calf de Neuquén.

Así, en un clima de violencia policial y caos, se aprobó alrededor de las 23 el decreto 1208 que permite la explotación de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén.

Fuente : Marcha

miércoles, 28 de agosto de 2013

Basta de trabas: Aplicación efectiva de la Ley de Medios

Tras cuatro años de demoras y artimañas judiciales promovidas por el Grupo Clarín, el principal multimedios del país, finalmente se acerca la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la “Ley de Medios”. Como último paso, convocó a una audiencia pública para hoy miércoles, a representantes de cada una de las partes para escuchar sus argumentos.

La Audiencia continúa este jueves con preguntas de la Corte hacia las partes 
Ley de Medios: se reanuda este jueves la audiencia pública ante la Corte Suprema


Evidentemente no fueron suficientes para la Corte los múltiples foros de discusión que precedieron la sanción de la ley en el ya lejano 2009, las opiniones de centenares de organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos, ni mucho menos la mayoritaria y plural voluntad legislativa. Tampoco la opinión de todas las asociaciones de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, agrupada en el rubro “sin fines de lucro” por la ley, y beneficiada por sus disposiciones.

Recordemos que de los numerosos artículos que componen la ley, el Grupo Clarín objeta los que tienen un carácter antimonopólico, que lo obligan a desprenderse de distintas licencias para promover una diversificación del espectro. Independientemente de la opinión que se tenga sobre el gobierno nacional, sobre sus motivaciones para sancionar esta ley, o sobre la gestión gubernamental de los últimos cuatro años en esta área, es forzoso afirmar que sería un verdadero retroceso democrático que la Corte Suprema convalide los privilegios de uno de los mayores emblemas del poder económico argentino.

Por otra parte, también decimos que las trabas de Clarín no son una excusa suficiente para que el gobierno nacional efectivice lo dispuesto el resto de la ley. Especialmente en lo que hace a la comunicación “sin fines de lucro”, seguimos reclamando que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) desarrolle el plan técnico (cantidad de licencias que se pueden asignar en cada distrito) que permita la efectiva asignación de las licencias correspondientes. Allí creemos que se encuentra la posibilidad de una verdadera democratización de la comunicación, que permita fomentar las voces hoy marginadas y negadas.

El gobierno, en cambio, ha optado por la negociación con grandes grupos mediáticos “afines” que, al igual que Clarín, tampoco han sido obligados a desinvertir, a pesar de no estar amparados por la apelación judicial. Esto implica una negación del espíritu democratizador de la ley, principal elemento por el que nosotros la apoyamos junto a millones de compatriotas.

Por todos estos motivos exigimos la inmediata y plena aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

MAREA Popular

Para recuperar la soberanía energética, no al acuerdo con Chevron.


La radio abierta va a realizarse en Diagonal Norte y Florida, ya q la casa de la provincia de Neuquén está vallada.

La Corte, el Gobierno, Clarín y los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares

Documento de la Red Nacional de Medios Alternativos Ante la nueva instancia convocada por el máximo organismo del Poder Judicial, el espacio que articula a decenas de medios de comunicación de diversos soportes en todo el país se pronuncia en el mismo sentido que lo viene haciendo desde la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Ni con los monopolios privados, ni con los monopolios públicos, por la elaboración de un Plan Técnico y la jerarquización de la comunicación comunitaria, alternativa y popular dentro del 33% para los prestadores sin fines de lucro. 

Para seguir en vivo la ransimisión en vivo youtube AUDIENCIA PÚBLICA EN LA CORTE SUPREMA POR LA LEY DE MEDIOS. via



Por ANRed - H (redaccion@anred.org)

Luego de muchas idas y vueltas judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si cuatro artículos (41, 161 en su totalidad y 45, 48 parcialmente) de la ley de medios son constitucionales o no para aplicárselos al grupo Clarín.

La decisión de la Corte, ya sea a favor de la validez o por la inconstitucionalidad de esos artículos, no comprende al resto de la ley aprobada por el Congreso, que continúa vigente y aplicable desde su promulgación.

La aclaración vale para entender que no está en juego –nunca lo estuvo- toda la ley ni tampoco la aplicación integral de la misma para el resto de los actores, dentro de los cuales hay otros grupos oligopólicos que ya han presentado sus planes de adecuación a la ley (en general son propuestas de transferencias interfamiliares más que adecuaciones al espíritu de la norma). Esto es así por cuanto las acciones ante la Justicia han sido interpuestas solamente por el grupo Clarín.

La audiencia pública informativa, convocada por el máximo tribunal para el 28 de agosto - como paso previo a su fallo-, permitirá que cinco amicus curiae del Gobierno Nacional y cinco del grupo Clarín esgriman sus argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de los artículos. Si el fallo es por la inconstitucionalidad, sólo alcanzará al Grupo Clarín en cuanto a la aplicación de los cuatro artículos. Los otros grupos deberán cumplir con la ley salvo que también inicien acciones legales. Sin embargo, de ser el fallo a favor de Clarín se podría suponer que la AFSCA no avanzaría en la desinversión con los demás grupos concentrados de medios.
Adhesiones a rnma@rnma.org.ar

Desde la AFSCA se afirma: “Si queremos lograr la incorporación de nuevos actores primero debemos avanzar en la desconcentración. Por eso nuestra preocupación es que se destrabe la situación judicial para avanzar en el cumplimiento íntegro de la ley.”

Que el gobierno y la AFSCA continúen sosteniendo la estrategia de que la aplicación integral de la ley está supeditada al fallo de la Corte solo puede entenderse como una decisión política. Entonces, en caso de que los artículos se declaren inconstitucionales (es una posibilidad ya que los votos están divididos) esto llevaría al gobierno, como hasta ahora, a seguir por el camino de dilatar su aplicación o hacerlo parcialmente.

En esta disputa binaria, reafirmamos nuestra histórica posición anti-monopólica y desconcentradora que recogen los artículos cuestionados por el grupo Clarín. También recordamos nuestro histórico reclamo de la anulación del decreto 527/05 que beneficia a varias de las corporaciones que deberían desconcentrar. Y, al igual que lo hiciéramos el 7D, le decimos NO tanto a los monopolios privados como a los gubernamentales.

A 4 años... sin Plan Técnico ni 33%
A dos meses de que se cumplan los 4 años de sanción de la ley vemos con preocupación la situación de nuestro sector - el de los medios comunitarios, alternativos y populares – al que se lo cita cada vez que se desea mostrar cuán democrática es la norma.

Se avanza en el reparto del espectro sin cumplir con lo que la ley exige como condición previa: la elaboración del Plan Técnico. Este mapeo del espectro permitiría, en primer lugar saber cuanto está ocupado y por quienes y cuánto está libre. Y luego planificar la reserva del 33 % para los prestadores sin fines de lucro, según marca la ley, lugar en el que deben tener prioridad los medios de nuestro sector, como expresión de diferentes actores sociales y políticos con su diversidad de voces y de discursos.

Más allá que existan zonas del país en que ese 33% no sea ocupado hoy en su totalidad, el Estado debe tener una política de promoción y ayuda para el desarrollo y la multiplicación de estos medios.

La elaboración del Plan Técnico de un espectro finito, debe obedecer no solo a criterios técnicos sino también a una política que desde el Estado consista en la socialización del espectro para dar cabida a multiplicidad y diversidad de sectores como garantía real de la democratización de la comunicación.

Licencias, autorizaciones y adjudicaciones directas
Sin haber elaborado el plan técnico ni hecho la reserva del 33%, desde octubre de 2009 hasta fines de julio de este año se han entregado 895 autorizaciones de FM a los tres prestadores que enuncia la ley: de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro. De ese total, sólo 28 fueron para entidades sin fines de lucro. Es decir, un 3,1 %, muy lejos del 33% previsto en la ley.

Autorización (art.37 y 149) y adjudicación directa (art.49) son dos mecanismos que la ley prevé para entregar licencias sin concursos.
En el primer caso es para los estados (nacional, provincial, municipal), la Iglesia Católica, los Pueblos Originarios, las Universidades Nacionales e institutos universitarios y las escuelas públicas. Son otorgadas por tiempo indeterminado (artículo 40). En el segundo para los medios de muy baja potencia y en tanto exista disponibilidad del espectro. Además la AFSCA ha avanzado en la entrega de licencias a quienes viene con permisos provisorios anteriores a la sanción de la nueva ley, muchos desde el menemismo, tal como lo permite la norma.

Otro interrogante es cómo se encuadra la reciente entrega de una licencia FM para la Corporación del Mercado Central dependiente de la Secretaría de Comercio Interior conducida por Guillermo Moreno.
Salta a las claras que sin Plan técnico, no es posible controlar que se esté respetando la reserva del 33 % del espectro para las entidades sin fines de lucro y por ende se estén entregando licencias en forma discrecional.

La mayoría de los 895 medios que recibieron autorizaciones estaban operativos pero muchos de ellos en forma posterior a octubre de 2009, en especial los estatales. Por eso resultan inexplicables las reiteradas negativas a reconocer y legalizar a los medios comunitarios, alternativos y populares, mucho de cuyos proyectos son anteriores a la sanción de la nueva ley.
Es decir, o se dan licencias, autorizaciones y adjudicaciones directas solo después de elaborar un plan técnico, o se reconoce en igualdad de condiciones a los medios operativos y se les entregan licencias a los medios de nuestro sector.

Otros reclamos sectoriales

Uno de los reclamos de fondo que realizamos desde que se inició el debate del anteproyecto que luego fue ley, es el del reconocimiento de nuestro sector en forma diferenciada del resto de las entidades sin fines de lucro. Esto no ha sido recogido ni en el texto de la ley, ni de la reglamentación y tampoco en los intentos de aplicación de la norma.
Los hechos lo demuestran: idénticos pliegos para los concursos, los mismos trámites burocráticos, costosas verificaciones técnicas para los equipos, locutores y operadores matriculados, pago a gestoras de derechos, pago de tributos y formas jurídicas que en muchos casos no se condicen con la manera que tienen estos medios para organizarse. Además de colocarnos en el mismo espacio de disputa del espectro con fundaciones y asociaciones que en muchos casos tiene gran poder económico y político.
La ley también prevé (artículo 97) destinar el 10 % de los fondos recaudados por la AFSCA a proyectos especiales de comunicación audiovisual y servicios de comunicación audiovisual de medios comunitarios, de frontera y pueblos originarios.

Recién en julio de este año AFSCA firmó la resolución 1716/13 por la cual llama a concurso a estos medios para que presenten proyectos que, luego de ser evaluados por un jurado ad hoc recibirán subsidios de entre 100 mil y 200 mil pesos. Se destinan 3 millones de pesos pero AFSCA no ha informado cuál es el total recaudado desde 2009 a la fecha que, según informaciones recogidas, superarían los 60 millones. Para poder concursar se necesita como condición sine qua non tener licencia, autorización o reconocimiento (por 753/06 del Comfer) y en la actualidad son solo un puñado de medios que en nuestro sector pueden cumplir con esa exigencia.

Los fondos que se entregarán antes de las elecciones de octubre – y que en el mejor de los casos llegarán a 30 medios - deberán ser ejecutados antes de fin de año. Para que esto pueda lograrse, recibirán más los medios que están en mejores condiciones organizativas y de estructura para poder invertirlos en menos de tres meses.

Esta situación despierta nuestra preocupación no sólo respecto a la discrecionalidad en la entrega de los fondos sino a que quienes sean los destinatarios no sean los medios que más lo necesiten.
Además queremos llamar la atención sobre las situaciones de interferencias que son expresión de la falta de aplicación de la ley por parte de AFSCA, generando una especie de “ley de la selva” en la que los medios comunitarios, alternativos y populares son interferidos por medios comerciales (FM La Caterva en Buenos Aires y Giramundo TV en Mendoza), intereses extranjeros (Radio El Algarrobo de Catamarca y Radio La Negra de El Bolsón) o fundaciones de vinculaciones políticas con el poder (Radio Quinta Pata de Córdoba).

Finalmente, sostenemos que para el objetivo de democratizar la comunicación es imprescindible que la distribución de la publicidad oficial sea transparente y no se la utilice como premio o castigo con cualquier gobierno de turno. Hay pautas establecidas para ello desde la Relatoría de la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro 7D

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos venimos sosteniendo que la democratización de la comunicación, la diversidad y pluralidad de voces y discursos excede a la disputa binaria Clarín-Gobierno.

Decíamos en nuestro documento Antes y Después del 7D, Somos Comunicación que democratizar es mucho más que desinvertir, que la desconcentración no es el único paso para multiplicar voces y discursos y que la adecuación de los monopolios mediáticos a la nueva ley no garantizará por sí sola la democratización de la comunicación. La transferencia de licencias que excedan el tope que marca la ley se hará entre privados que las mismas corporaciones definan. Por lo tanto no se liberará espectro que pueda llegar a ser parte del 33%. Estamos hablando de un proceso de desconcentración que afectaría a 500 de las 5000 licencias que la AFSCA calcula existen en todo el país.

La RNMA manifestó públicamente, desde el principio del debate de la ley, la mayoría de estas opiniones críticas en cuanto al texto de la norma y también de su aplicación. Estas posiciones críticas – fruto de nuestro análisis y de nuestras prácticas cotidianas - que parecieron duras entonces, hoy son sostenidas por muchos actores de la vida social y política, entre ellos otros nucleamientos de medios de nuestro sector.

Desde la RNMA seguimos sosteniendo:

Que la comunicación no empieza ni termina por los medios que son parte de una estructura monopólica sea privada o gubernamental.
Por eso afirmamos que sin las voces que se hacen oír desde sus propios medios, la democratización será parcial. Sin la legalización de los medios comunitarios, alternativos y populares, que ya son legítimos, no habrá democratización plena. La democracia a medias no existe: la pluralidad de voces y discursos es la única herramienta para alcanzar ese objetivo.

Argentina, 26 de agosto de 2013
Red Nacional de Medios Alternativos
www.rnma.org.ar
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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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