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lunes, 30 de septiembre de 2013

Pedradas contra la política



Por Ulises Bosia.

Mientras los distintos partidos políticos se preparan para la campaña electoral, Cristina confirma un cambio de su política comunicacional y la agenda de la semana puso en primera plana el repudio a la violencia.


La semana pasada, en esta misma columna de los lunes, se lanzó la hipótesis de que tras la derrota de las PASO el gobierno nacional había decidido cambiar su estrategia comunicacional, es decir, hacer un “giro mediático”. Con el anuncio y la posterior transmisión de un nuevo capítulo del programa “Desde otro lugar”, esta vez con Jorge Rial preguntando, esa hipótesis se ve fortalecida.  

¿A que temperatura hierven los fideos y quien se baña primero . quien maneja el control remoto y que dentifrico usa para lavarse los dientes ?  Ese es el reportaje que presenta la Presidente argentina buscando a toda cosa no hablar de la realidad sino de su vida familiar para la novelita de la tarde con la Canosa
Tampoco es la primera vez que tras un revés electoral el kirchnerismo pone la mira en el problema de la comunicación. En realidad, cuando el propio ex presidente Néstor Kirchner -acompañado de Scioli y Massa- perdió las elecciones legislativas del año 2009 en la provincia de Buenos Aires, también su balance público fue que había un problema de comunicación.

A diferencia de la entrevista conducida por Hernán Brienza, en este caso la figura de Rial fue determinante para que se generara una mayor expectativa en el programa, lo que fue convalidado por las mediciones de audiencia. Ello expone, por un lado, las limitaciones claras del dispositivo oficialista de comunicación, del que Brienza forma parte.

Es evidente que el conjunto de medios públicos y privados afines al kirchnerismo -Canal 7, Radio Nacional, C5N, CN23, Tiempo Argentino y Página/12, entre otros- tienen un alcance limitado en términos de pluralidad de su audiencia, lo que en este contexto político representa una traba grande para la política oficialista.

Y por otro lado, la expectativa mayor para esta segunda entrevista tuvo que ver con una mayor apuesta del kirchnerismo, que eligió a un periodista que manifestó recientemente que apoyaba a Sergio Massa en las elecciones. A diferencia de la semana pasada, Rial sí eligió poner en aprietos a la presidenta con sus preguntas, elevando el interés por la entrevista, aunque tampoco se trata de un periodista enrolado en la beligerancia antikirchnerista.

Y no es menor tampoco que se trate de una figura surgida del mundo del chisme y el espectáculo, de muchísima llegada popular. Esto coincide con la voluntad de la presidenta de mostrarse “desde otro lugar”, de manera más “humanizada”, algo visible en el rumbo de sus respuestas, en las que frecuentemente hizo referencia a anécdotas políticas y familiares.   En algun momento me dio la impresion de que ella ve la realidad leyendo los diarios a los que luego acusa por sus propios errores e incompetencias como figura política , se ve a cada paso que la muerte de Nestor le quito gran parte del apoyo tecnico-politico como para poder gobernar a partir de un liderazgo en el PJ que se pierde en 2010 y se ve ahora en la interna del PJ por encontrar el nuevo caudillaje
El tabú de la violencia
Otro elemento de la semana política tiene que ver con la violencia política, a partir del episodio anecdótico en el que una caravana del Frente Renovador recibió pedradas a su paso por La Matanza.
Yendo al grano, es evidente que la violencia política llegó a ser hoy una mala palabra, prácticamente un tabú de nuestra democracia. A casi treinta años del final de la Dictadura, es relevante un breve repaso a vuelo de pájaro de un recorrido repleto de episodios violentos: desde alzamientos militares hasta sangrientas represiones policiales, pasando por la aplicación dura de las políticas neoliberales y el desamparo del Estado hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Y por supuesto no se trata de algo que haya quedado en el pasado: el gatillo fácil, la desaparición de personas y el asesinato de militantes populares tienen nombres y apellidos imposibles de separar de la década kirchnerista como Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón o Mariano Ferreyra.

Ante todos estos hechos, el repudio de la violencia forma parte de una reacción ética y política imprescindible, acompañada por la exigencia de justicia. Que esta actitud tenga tanto consenso sin duda tiene que ver con la experiencia de los organismos de derechos humanos y particularmente con el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo.

Sin embargo, al mismo tiempo, el tratamiento mediático de este tema encierra una trampa desde el punto de vista de la transformación social. Promueve el descrédito de la práctica política, o bien asociándola directamente con la violencia o bien generando una imagen inmaculada que nada tiene que ver con su efectiva realización concreta, ni con la de ninguna otra actividad en nuestra sociedad.

Esta segunda argumentación forma parte del bagaje discursivo de los sectores de la nueva derecha, que hacen política sobre la base del descrédito de la política. Son los que siempre evitan las definiciones ideológicas y en verdad las esconden detrás de la propaganda de una presunta buena gestión y de la “cercanía con la gente”. No son pocas las contradicciones que uno encuentra en ellos. Es muy poco creíble escuchar por ejemplo a Mauricio Macri condenando la violencia después de haber visto el desalojo policial de los terrenos del Borda.

Por otro lado, cualquier hecho de violencia pasa a ser equiparado, perdiendo totalmente las proporciones y el sentido. Parece ser lo mismo el asesinato de un militante del movimiento campesino como Cristian Ferreyra por parte de sicarios del poder terrateniente sojero que las pedradas a la caravana de Massa producto de un conflicto entre bandas opuestas del aparato punteril del PJ.

Las desigualdades estructurales de nuestra sociedad y la existencia de intereses sociales antagónicos y de privilegios patriarcales muy marcados, son invisibilizadas mediante este repudio genérico que impide profundizar una comprensión del origen de la violencia.

Y por otro lado, aunque sea políticamente incorrecto, es necesario recordar que la historia de lucha del movimiento popular argentino destroza rápidamente cualquier ingenuidad referente a la posibilidad de alcanzar una patria justa e igualitaria de manera pacífica y sin conflictos sociales. Al contrario, siempre que los intereses de la clase dominante fueron afectados, la violencia se descargó duramente sobre el movimiento popular.

En este último sentido, vale la pena preguntarse si el horizonte de la democracia liberal construida tras la Dictadura coincide con las posibilidades de un proyecto auténtico de cambio social.

Fuente : Marcha

El Estado y la religión: conciencia invertida, de un mundo invertido.

El debate sobre la relación entre Estado e Iglesia, lleva cientos de años de disputas, controversias ideológicas, avances y retrocesos. Los grandes procesos de secularización han cambiado muchos aspectos de la perspectiva religiosa, pero su influencia persiste en muchos otros ámbitos de la sociedad y autoridades estatales. Como primera medida, hay que apartarse de las ingenuidades y pensar a la Iglesia como una institución política, generadora de ideología. No se debe cuestionar a la fe, sino las construcciones de poder que se hace a través de ella.

Desde una mirada gramsciana se puede analizar a la cuestión religiosa desde dos perspectivas. En primer lugar, como una creencia divina transcendental que implica una enajenación del ser humano. Marx llamó “falsa conciencia” al pensamiento de los hombres que no es consecuencia de sus condiciones materiales de existencia, que no permita visualizar la verdadera existencia. Y en segundo lugar, como un culto de fe empleado por una institución generadora de poder que se entromete tanto en el ámbito social como en el político. Gramsci creía en una lucha contra hegemónica y se oponía a toda creencia tradicional que obstaculice un cambio social, siendo una de ellas el ámbito religioso y su poder sobre el Estado. Aspiraba a crear una nueva cultura en donde la trascendencia no halle lugar alguno.


La religión invierte a la realidad y a sus relaciones concretas a través de su divinidad, esto hace que los individuos no puedan generar una conciencia crítica de su realidad, de su existencia. Marx denominó a la religión como “el opio de los pueblos” ya que lo veía como un factor que adormecía a la sociedad y entorpecía el cambio revolucionario. Los individuos crean a la religión, a su moralidad, a su justificación, que es generadora de una determinada conciencia. Entonces es aquí donde cabe preguntarse: ¿qué tipo de relación deben conservar el Estado y la religión? ¿Acaso no corremos el riesgo de que la religión adormezca los debates actuales que se llevan a cabo al interior de nuestra sociedad?

No en mi nombre

Al igual que en el Estado Capitalista, donde la clase dominante solo logra la hegemonía si consigue que su ideología se transforme en cultura general, en un orden natural que no debe cuestionarse, la Iglesia Católica logra el poderío que se le conoce actualmente cuando, por ejemplo, como sucede en nuestro país, el bautismo se hace costumbre ¿Por qué remarcar esto en particular? Porque la Iglesia argumenta que el 90 por ciento de los/as argentinos/as es católico, y para fundamentar esta afirmación se basa en la cantidad de personas bautizadas en nuestro país, es decir, que si estas bautizado/a, formas parte de ese 90 por ciento en el cual la Iglesia se apoya para imponer, por ejemplo, sus puntos de vista en la legislatura y conseguir privilegios que van, desde subsidios de alto monto hasta la restricción de ciertos derechos en contra de su Catecismo. Por lo tanto, formamos el pilar sobre el cual la institución sustenta sus altos niveles de representatividad, implicando el acceso a altos niveles de decisión y el mayor poder de negociación.

Roza lo absurdo que de los datos recolectados por una encuesta realizada por el CONICET, surja que ese 90 por ciento de sustento que la Iglesia dice poseer, no se ve reflejado ni mucho menos. En temas como la utilización y distribución estatal de anticonceptivos, educación sexual en escuelas públicas, aborto, matrimonio igualitario, etc., hubo una enorme mayoría que se expresó en contra de lo que la Iglesia predica en su Catecismo, incluso cuando los castigos impuestos son tan graves como la excomunión.

Según la encuesta citada, para el caso de la educación sexual como materia obligatoria (ley aprobada pero sin implementación en la mayoría de las provincias), y la distribución de anticonceptivos por parte del Estado, 7 de cada 10 fieles están en discordancia con la Iglesia, la cual obviamente resiste este tipo de prácticas. Incluso, en un tema más controvertido, como es el caso del aborto, el 64 por ciento de los encuestados opinó que lo permitía bajo ciertas circunstancias, y el 14 por ciento dijo que el aborto era un derecho de la mujer, es decir que, con o sin restricciones, el 78 por ciento de los encuestados se expresó a favor del aborto, con todo lo que ello implica para la Iglesia Católica.

Situaciones similares se dan en relación a diferentes temas, entre ellos el matrimonio igualitario, la eutanasia, el sexo prematrimonial, el divorcio vincular y las diferentes expresiones culturales, donde la gente se expresa de manera contraria a lo que impone la ideología católica.

Esa alta representatividad que la Iglesia dice tener atribuida por el 90 por ciento de los bautizados considerados como católicos (practicantes o no), en la calle pierde muchísima fuerza, y la representatividad pasa a ser realmente baja. ¿Qué se puede hacer al respecto? Si estás bautizado, hacer lo que se denomina apostatar, es decir, darse de baja de la Iglesia, y que ésta deje de hablar en tu nombre.[1]

La iglesia no es una ONG

La Iglesia Católica no es una institución que aparece ajena al desarrollo del Estado, y muy lejos está de serlo, más aún cuando el propio Estado desde su carta magna, suscribe privilegios en favor de un culto en particular. La realidad indica que junto con las disposiciones legales que obligan al Estado a contribuir al sostenimiento de la Iglesia y a la inembargabilidad de los bienes eclesiásticos dispuesta por el Código Civil, la Iglesia, como persona jurídica pública[2], es beneficiaria de un sinnúmero de subsidios, incluidos entre ellos el pago de sueldos a los obispos y arzobispos (dispuestos por un decreto-ley, en principio inconstitucional, firmado por Videla pueden llegar a cobrar cerca de 20 mil pesos mensuales), subsidios para la construcción de inmuebles, donaciones, símbolos religiosos en lugares públicos, jubilaciones, becas estatales a seminaristas y subsidios millonarios a la educación privada católica.

En primer lugar, debemos destacar que la estrecha relación que el Estado mantiene con la Iglesia se desprende principalmente de la Constitución Nacional, que en su artículo 2 estipula que: “El gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Ahora bien, la doctrina constitucional hace tiempo acuerda que el término “sostiene” implica “sostenimiento económico” y nunca concesión de un status preferencial, ni oficial, al culto católico ni a ninguna otra religión o creencia. Es decir, que las obligaciones del Estado son únicamente de carácter pecuniario y por lo tanto no se concibe a la religión católica como el “culto oficial”.

Aun así, ¿por qué aceptamos que el Estado sostenga económicamente a la Iglesia Católica, cuando en virtud de lo expuesto y junto con la disposición del artículo 14 de la Constitución en la que se establece “libertad de cultos” no se proclama ninguna religión oficial? La respuesta es sencilla: libertad no es lo mismo que igualdad. Y más allá de que el Estado tenga la obligación de abogar por la igualdad y diversidad religiosa, en virtud de los distintos tratados internacionales de Derechos Humanos refrendados, hoy vemos que está lejos de cumplir con esta prerrogativa siendo reflejo el escaso apoyo estatal que reciben cultos apartados del catolicismo.

Esta diversidad religiosa que existe en la actualidad en nuestro país nos trae aparejados una serie de cuestionamientos que son imposibles de ignorar: ¿Es correcto el financiamiento por parte del Estado de innumerables colegios católicos? O más allá, ¿es concebible una educación religiosa en colegios públicos? Tal situación ocurre en Salta, en donde la Legislatura provincial sancionó en 2008, bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey, la Ley Provincial de Educación nº 7546 cuya letra plantea como uno de los objetivos del sistema educativo de Salta “brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase”, y permite entre otras cosas: rezar diariamente antes del ingreso a las aulas, bendecir la comida, alabar a la Virgen María, destacar las “enseñanzas de Jesús”, leer versículos bíblicos o reflexionar sobre ellos o celebrar las festividades religiosas, escenas habituales en múltiples colegios públicos de la provincia, según se probó en la causa que se está tramitando y es públicamente conocido.
A raíz de esto, el 11 de julio pasado, la Corte Provincial de Salta ratificó la educación católica obligatoria en las escuelas públicas, en respuesta a un recurso de amparo presentado por un grupo de padres y madres y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que demandaban contenidos laicos e igualdad. La ADC recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta práctica de enseñanza religiosa en colegios estatales seguirá manteniéndose en la Provincia de Salta (y porqué no en otra), hasta tanto dejen de existir intereses comunes entre los representantes del Estado (incluido el Poder Judicial) y quienes mandan en lo más alto de la cúspide católica.

¿Quién soy yo para juzgarlo?

Jorge Mario Bergoglio inició su carrera en la Iglesia a los 21 años tras recibirse como técnico químico. Fue la máxima autoridad argentina de los jesuitas a los 37 años y ocupó el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998 hasta su designación al frente del Vaticano. Fue el redactor de los principios de la Universidad del Salvador (USAL), dónde manifestó allá por 1974 que una de las tantas misiones de esta institución era “luchar contra el ateísmo”, fijando al ateo como individuo a combatir. En 2009, Fernando Lozada, miembro de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) y presidente del Congreso Nacional de Ateísmo, denunció a la USAL por discriminación obteniendo un dictamen favorable del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? El Catecismo de la Iglesia católica lo explica de forma muy linda esto”, declaró Jorge Bergoglio en una improvisada y austera conferencia de prensa en Brasil hace algunos meses. Siguiendo su recomendación, nos remitimos al Catecismo de la Iglesia Católica que estipula de una forma muy “linda” que los homosexuales “deben ser respetados en su dignidad y animada a seguir el plan de Dios con un esfuerzo especial en el ejercicio de la castidad” y aclara, para evitar ambigüedades, que ello no significa “la legitimación de comportamientos contrarios a la ley moral ni mucho menos, el reconocimiento de un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, con la consiguiente equiparación de estas uniones con la familia” ¿Aires nuevos en lo más alto de la Iglesia Católica? Para nada. Bergoglio fue un fiel opositor al matrimonio igualitario llamando a la “guerra santa” y describiendo a la iniciativa como “una pretensión destructiva al Plan de Dios”. A su pesar, el 15 de julio se cumplieron 3 años desde la sanción del matrimonio igualitario y más de 7000 casamientos se celebraron en nuestro país.

Y aún hay más: Von Wernich sigue perteneciendo a las filas de la Iglesia Católica y dando misa en la cárcel sin haber recibido ningún tipo de sanción por parte del clero, luego de haber sido condenado por más de 70 delitos en la última dictadura militar; el sacerdote Julio Grassi declaró en diversos medios, luego de haber sido declarado culpable de dos hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores y sentenciado a 15 años de prisión, que el cardenal Bergoglio “está a su lado siempre” y que “no le había soltado la mano”.
Al estar dispersa la información sobre la complicidad o inocencia de Bergoglio en la última dictadura, Dante en la Divina Comedia, nos ayuda a tomar una posición: “El círculo más horrendo del infierno está reservado para quienes en tiempos de crisis moral optan por la neutralidad”.

No debemos confundir el disfraz de la falsa tolerancia e intransigencia a la diversidad ideológica con la discriminación afirmada en dogmas arcaicos que avale funestos comportamientos. En 2004, el artista León Ferrari exhibió sus obras en el Centro Cultural Recoleta en las cuales mostraba en retrospectiva los aspectos más oscuros del cristianismo (la homosexualidad, la vinculación de las víctimas del Sida con la campaña contra los anticonceptivos, las guerras contra Vietnam e Irak, la Conquista de América, etc.) y Bergoglio, como arzobispo, calificó a la obra de Ferrari como “una blasfemia”. Algunos fundamentalistas destruyeron obras de la exposición. Otros fanáticos obtuvieron la clausura judicial de la retrospectiva. Previa batalla judicial, León Ferrari tomó la decisión de levantarla, a principios de 2005, por “las sucesivas amenazas [de bombas] recibidas durante las últimas semanas, que obligaron a desalojar varias veces las salas de exhibición”. Recientemente fallecido, León pudo manifestar que su intención no era “molestar a los creyentes que no creen en las tierras de los diablos” si no que sus “obras están destinadas a la Iglesia y a quienes la acompañan en la amenaza del castigo a los supuestos ‘pecadores’."

Finalmente, no es nuestra intención generar algún tipo de juicio de valor respecto a las prácticas de los fieles católicos, sino que es realmente necesario poder analizar éste proceso de cambio frente a la cada vez más creciente falta de legitimidad de sus discursos ante los cambios de las sociedades mundiales. Debemos pensar a la Iglesia Católica como una institución política que habla por sus bautizados, que genera posiciones ideológicas, que forma opinión pública y que mantiene una relación muy estrecha con el Estado y en los debates parlamentarios. Si ellos destruyeron el congreso pedagogico al que habia convocado Alfonsin , en ese aspecto fueron mucho peor que los milicos en el primer gobierno democratoco en 1983

El Estado debe gobernar sin ataduras morales que coarten su legislación, debe garantizar la libertad de creencia o culto y no debe establecer relación de preferencia con ningún tipo de religión. Debe velar por una sociedad igualitaria, más justa, plural y democrática promoviendo debates políticos y culturales que enriquezcan su promoción de políticas públicas lejos de todo tipo de sujeciones. El Estado no debe permitir que la divinidad religiosa obtenga un lugar privilegiado en el parlamento. El Estado no debe vincularse con la Iglesia Católica.

TEXTO: Juliana Arias - Ignacio Tunes - Aramis Lascano - Martín Drago
ILUSTRACIÓN: Martín Zinclair y Giya Zabalza


Fuente: http://otroviento.blogspot.com.ar/2013/09/el-estado-y-la-religion.html

Ceguera informativa en la política de medios

Publicado en edición impresa de MEDIOLOGIAS  

Por Martín Becerra
 
Opacada por citas doctrinarias sobre garantías constitucionales como la libertad de expresión y postergada por la suma de intereses políticos y económicos decantados en posiciones a favor o contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; en esa condición se halla una de las claves que explica, mucho más que mil discursos, la situación de las políticas estatales en el sector audiovisual y en telecomunicaciones móviles. Esta clave tiene escaso atractivo para la discusión pública, pero su impacto es mayúsculo por la ceguera informativa a la que se somete el Estado.
La ley audiovisual 26.522 sancionada por el Congreso hace casi cuatro años modificó las condiciones de ejercicio de las licencias de televisión (abierta y de pago) y de radio. Todos los países poseen reglas de juego para estas licencias. En este aspecto, es sabido, hay controversia. El grupo Clarín reclama la inconstitucionalidad de una parte de la regulación en una causa sobre la que dictaminará la Corte Suprema.
Pero la ley contiene otros ejes sobresalientes. Uno de ellos, legitimado por el amplio debate previo y posterior a la aprobación de la norma, es la reserva del 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro. A diferencia de las disposiciones sobre concentración, que tienen antecedentes en toda la normativa de radiodifusión previa a 2009, el reconocimiento legal de prestadores sin intención lucrativa es inédito en la Argentina y en buena parte del continente. Desde la sanción de la ley, esta reserva para actores de la sociedad civil fue saludada por las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA y por partidos políticos de distinta orientación. Uno de los autores más citados en la reciente audiencia organizada por la Corte Suprema, Owen Fiss, dice que la libertad de expresión depende de los recursos de los que se dispone; si éstos están concentrados, el interés público se resiente. De allí que la apertura a la sociedad civil mejore y amplíe el ejercicio de la libertad.

Resulta extraño, pues, que sin existir pleitos sobre el derecho de las organizaciones sin fines de lucro a convertirse en licenciatarias, la reserva determinada por la ley carezca hasta ahora de correlato significativo en el mapa de medios. Pero, por obvio que parezca, para poder reservar y luego concretar ese 33% hay que conocer, antes, cuál es el 100%. Y no se sabe.

No se sabe, a días de cumplirse cuatro años de la aprobación de la ley audiovisual, cuántas licencias hay disponibles ni cuáles están ocupadas por licenciatarios en cada una de las localidades del territorio argentino. Esa información, elemental, se denomina “plan técnico de frecuencias” porque ubica en el mapa las frecuencias según su estado de explotación. Sin plan técnico no pueden abrirse concursos para otorgar nuevas licencias. Sin plan técnico no sólo se debilita el conocimiento y la gestión de licencias audiovisuales, sino también la asignación de espectro para telecomunicaciones, sector que puja con insistencia por la falta de frecuencias para expandir las redes móviles, alegando que el pésimo servicio que brindan los operadores no puede mejorar sin nuevas frecuencias.

La responsabilidad por no construir un plan técnico no es exclusiva del actual gobierno, porque desde 1984, cuando se suspendió el anterior, diseñado por la dictadura, ninguna administración dedicó esfuerzos para ordenar el espectro. Pero la ausencia de plan técnico tras la ley audiovisual de 2009 conspira directamente contra la letra y los propósitos de la norma e impide planificar una política inclusiva de asignación de licencias y permisos para que nuevos actores agreguen diversidad al sistema de medios en el país.

La tendencia a otorgar un barniz aséptico a los datos técnicos subestima su impacto. Como ocurre con la manipulación de las estadísticas nacionales por parte del Indec, la falta de información pública sobre el uso de los recursos radioeléctricos escamotea su control social y político y horada la capacidad del Estado de asentar su gestión sobre bases confiables y estables.

*Especialista en medios; en Twitter @aracalacana

Fuente : Perfil 

domingo, 29 de septiembre de 2013

Inseguridad, pobreza y desigualdad


Acá en el barrio también tenemos una "triple frontera”, cuenta Juan, un vecino de la Villa 21-24. Juan se refiere al punto en el cual se cruzan las jurisdicciones de Gendarmería, Prefectura y la llamada policía de prevención. Todo es bastante confuso: cualquier llamado al 911 desde el interior de la 21-24 se deriva automáticamente a la seccional 32ª de la Policía Federal, que está en la avenida Caseros, que a su vez redirecciona el pedido a la Prefectura, porque el Operativo Cinturón Sur establece que en Parque Patricios el refuerzo a la Federal lo haga Prefectura, que está especializada en cuidar los ríos, especialmente los limítrofes, pero como los asuntos de la 21-24 los lleva Gendarmería, estos pedidos son enviados, a su vez, a la fuerza que se ocupa de las fronteras terrestres de la Argentina. Si no entendió mucho hasta acá, la cosa es más complicada: también por el barrio, en Zavaleta y Pedro Chutro, a pocas cuadras hay una sede de la Metropolitanta que no comparte información ni operaciones con las tres fuerzas anteriormente mencionadas. En el primer año, año y medio del Operativo Cinturón Sur, los gendarmes se paseaban en cuatriciclos o de a dos por los pasillos de la villa y eso puso un poco de intranquilidad entre los transas. Los transas son una categoría difusa que incluye a los que venden drogas. El peso de los transas es grande. La certeza de quién maneja las redes complejas del delito del narco no las tiene nadie. Al menos en el barrio.

La Villa 21-24, técnicamente está en Barracas. Allí viven 50.000 personas.

Algunos investigadores sociales se esfuerzan por diferenciar los que van, los que no van, los que desertan. También se esmeran en pensar en quién tiene un trabajo digno y quién vive “el submundo” de la droga. Es complicado hacer disección cuando nadie tiene gas, salvo de garrafa, que es caro y peligroso. Nadie tiene electricidad, o, mejor dicho, se tienen que colgar. Nadie tiene cloacas. Nadie tiene títulos de propiedad. Sin embargo, los pibes van a la escuela. Hay varias escuelas de Barracas cuyos maestros están comprometidos socialmente. La escuela República de Haití, por ejemplo, en la primaria, tiene mayormente pibes de la villa.

Las chicas de la 21-24 van a tener sus hijos al hospital Penna. El Penna tiene camilleros, enfermeros, médicos y toda clase de gente comprometida con los pacientes. Tiene pésimo presupuesto y los turnos son a los premios, pero hacen lo que pueden. En avenida Cruz y Zavaleta está el Cesac 35 (Centro de Atención Primaria), que deriva al Penna. Muchos vecinos de la 21-24 se quejan de que cuando marcan el 107 el SAME no les da pelota, pero en el Penna hay un patrullero de la Metropolitana que acompaña a la ambulancia. Y los curas de la villa refuerzan los llamados y tienen organizado un sistema de ayudantes para indicar por qué pasillo se llega a la casilla desde donde se hizo el llamado. El que se ganó un lugar en el corazón de los villeros es el cura Pepe Di Paola, que hace un tiempo se fue del barrio “corrido por los narcos”. Armó capilla, comedor, centro de formación educativa y recreativa. Sobre todo, armó redes de contención para los pibes adictos. Todos lo quieren a Pepe. Como en muchas villas, a Pepe lo respaldó Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco.
La gente de la 21-24 se lleva un peso a la casa por hacer trabajos dignos, si digno es deslomarse doble turno y en negro. Los pibes juegan a la pelota en todos lados, se ríen, las pibas se ponen vaqueros ajustados, se pintan. Todos ponen cumbia fuerte, se dan una mano para hacer un hormigón o poner unas chapas.

¿A quién le conviene que se hable de que en la villa crece la presencia del narco? Este cronista no tiene la respuesta. O, mejor dicho, la única respuesta posible la tienen que dar los propios vecinos.
En estos días, La Garganta Poderosa, esa magnífica revista que es la voz y los ojos de varias villas y que nació en plena 21-24, está plasmando una forma de comité de vecinos para cuidar la seguridad, que en buena medida es poner el ojo sobre lo que hacen o no hacen las agencias de seguridad y policiales en la zona.

Nada más tentador que hablar de las bandas mixtas que se alojan en barrios pobres. Nada más estúpido que pensar la cultura villera desde la seguridad. ¿Alguien está dispuesto a mandar en cana a los dealers de los barrios privados. Porque en los barrios privados, no son transas, son dealers.

Lejano Buenos Aires. 

Según datos del Censo de Población del Indec de 2010, el Área Metropolitana de Buenos Aires ocupa una superficie total de 2.590 kilómetros cuadrados y reúne 12,8 millones de habitantes, lo cual representa una concentración cercana al 32% de la población total del país; asimismo produce alrededor del 40% del PBI nacional. El 23% de la población del AMBA reside en la ciudad de Buenos Aires (2,9 millones de habitantes) y el 77% lo hace en el Conurbano Bonaerense (9,9 millones de habitantes). Casi el 10% de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires reside en villas o asentamientos precarios. El 65% de los hogares que habitan en villas o asentamientos precarios residen en el Conurbano Bonaerense, el otro 35% está en la Capital.

Esto es, alrededor de 1.280.000 personas tienen diversos problemas de vivienda. Suelen ser personas que tienen trabajos de subsistencia, muchos vinculados al cartoneo, en general una actividad con poco apoyo del Estado, y el apoyo está asociado a los multimillonarios contratos de recolección y destino final de residuos. Es gente que tiene trabajos poco calificados o mal pagos y/o en negro. Pero no sólo eso: la gran cantidad de pobladores de países vecinos o de provincias arrasadas por el monocultivo ayuda a que en las villas se construya para arriba (segundos y terceros pisos con cimientos precarios) y que el alquiler de una casilla resulte caro. Todo esto, por supuesto, sin títulos de propiedad; es decir, con autorregulación de los propios vecinos que tienen sus propias normas, ya que para las autoridades municipales se trata de Núcleos Habitacionales Transitorios.

Cabe la salvedad de que en estos años se llevaron a cabo algunas exitosas urbanizaciones dentro de las mismas villas, con participación activa de los vecinos. El porcentaje es bajo en la provincia de Buenos Aires mientras que en la Capital es más alto.
En todo el AMBA hay pibes que consumen drogas. En los barrios pobres y las villas las drogas son de peor calidad. En todos los barrios hay cocinas de paco y vendedores de droga. En las villas también. En todos los juzgados, en todas las fiscalías –incluyendo las especializadas en drogas–, en todas las agencias de seguridad –incluyendo las áreas de lucha contra el narcotráfico–, se registran nichos de corrupción y se sabe que hay redes de recaudación de dinero ilegal originado en negocios diversos, que van desde cobrarle un dinero a un narco por dibujarle el expediente hasta los grupos mixtos que tienen policías o fiscales o jueces que negocian con los narcos.

Que nadie busque el camino perverso de creer que urbanizar las villas sirve para disminuir el narco. Una sociedad justa es la que permite que las personas sean iguales ante las leyes. Eso, para este 10% de los habitantes del AMBA, es apenas una formulación teórica.
Tener fuerzas de seguridad competentes, organizadas y sometidas a los controles necesarios es otra historia. Y merece debates serios. Hacia fines de 2009, en el Congreso de la Nación, personalidades y dirigentes de distintas expresiones firmaron un Acuerdo por la Seguridad Democrática. Parece imprescindible retomar ese camino.

Seguridad democratica en el pasado antes de mandar a Garre a Siberia luego de iuntervenir el ministro de seguridad por el milico Berni


Ahora llega la mano dura y el meter bala as los delinciuentes como en la epoca de Rucucu

"Hay que meter bala a los delincuentes"
Carlos Ruckauf, vicepresidente de la Nacion
y candidato a gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, Agosto de 1999.

Fuente : Miradas al sur


COMO SUPERAR LA CAÍDA DE LAS RESERVAS ACTUANDO CON EQUIDAD.

Por  Pablo Tonelli, economista

La carencia de divisas para sostener el proceso de desarrollo es un tema recurrente de la política económica argentina y generadora de sus crisis. Hoy vuelve al centro del debate.

Dichas crisis se conocen en la literatura especializada como el fenómeno de “stop and go” y se producen porque las divisas, generadas principalmente (en un principio exclusivamente) por las exportaciones del sector primario resultan insuficientes para sostener el desarrollo industrial. Esta insuficiencia desencadenó históricamente un proceso que culminaba con una fuerte devaluación, con sus conocidas consecuencias sobre el mercado interno y los salarios, un “ajuste” de la actividad económica (el stop) para luego relanzar el proceso productivo (el go). Y así seguir.

En los años setenta y con un impulso sustitutivo de importaciones de nuevo signo, esa dinámica, como afirma Alfredo Zaiat, ”se hizo más compleja al incorporar el flujo de capitales internacionales“. Eso quiere decir que los desequilibrios comenzaron a financiarse con deuda externa, lo que ocasionó la crisis de la deuda de los años 80 y sus numerosas refinanciaciones con un crecimiento prácticamente nulo (stop de una década). En los noventa la extranjerización de la economía y el crecimiento (el go) se financiaron con endeudamiento externo, hasta el colapso de la Balanza de Pagos que marcó el fin de la Convertibilidad. (gran stop). La excesiva Deuda Externa, el estallido del uno a uno y el default fueron el resultado de las políticas de endeudamiento y ajuste seguidas para afrontar dicha restricción.

La extraordinaria expansión de la economía argentina de 2003-2011 hizo pensar en el final de la restricción externa, hasta que a fines de ese año (2011) la cuenta corriente de nuestra Balanza de Pagos quedó prácticamente en cero. En la actualidad, al problema del déficit estructural del sector industrial se le suma el déficit energético y el saldo negativo del sector servicios, en especial el turismo.
Como sostiene Aldo Ferrer el déficit estructural de la industria, que importa bienes de capital, equipamiento e insumos, se ve particularmente reflejado en el sector autopartista y en la industria química, problema originado en la falta de integración de la actividad manufacturera y el desmantelamiento de los eslabones productivos producidos por las políticas de cuño neoliberal. La decisión estratégica en este sentido, como bien afirma Ferrer, “no alcanza con sustituir bienes que compramos hoy. Hay que sustituir las importaciones del futuro”. La única alternativa es profundizar la política industrial para encarar proyectos que operen en la frontera tecnológica, es decir electrónica y microelectrónica asociada a desarrollos de diferente tipo así como la industria química en general y la biotecnología. Ese es un camino.

El problema de los desbalances de divisas reviste gravedad porque el rumbo inercial de la economía argentina, si no se introducen correcciones a ciertos aspectos de la política económica, conduciría a una pérdida progresiva de las Reservas, que pondría en peligro la sostenibilidad del actual modelo de política económica basado en el desarrollo productivo con inclusión social.

Tal como sostiene Jaime Saiegh “Hacia mediados de octubre de 2011, el gobierno nacional, enfrentó un fuerte proceso de dolarización de portafolios y fuga de capitales. Ese año la “fuga de capitales” se ubicó en torno a los 20.000 millones de dólares. Algo así como el equivalente a más del 50% de las actuales reservas internacionales o a un 25% de las exportaciones proyectadas para 2013. La respuesta del gobierno fue disponer el control de cambios vinculado a la venta de dólares destinados al atesoramiento de residentes y a la transferencia de divisas al exterior por cualquier motivo. Es decir, el BCRA dejó de vender divisas para financiar la aludida “fuga de capitales”. Una decisión, agrego, que comparto en su totalidad.

En 2011 las reservas internacionales del BCRA cayeron a U$S 46.376 millones… A fines de setiembre de 2013 estas alcanzan los 35.000 millones de dólares. Es decir, si bien el Gobierno logró evitar que continúe la masiva dolarización de portafolios financiada con dólares del flujo comercial, no logró impedir que continúe el proceso de pérdidas de reservas.

Claramente, un proceso crónico y persistente de caída de las reservas internacionales del orden de 6000/8000 millones de dólares anuales es insostenible. En primer lugar, porque en algún momento las divisas se agotan. En segundo lugar, porque los mercados se anticipan y profundizan la demanda de divisas y tienden a acelerar el proceso y en particular trasladar la misma a los precios internos en la forma de mayores expectativas inflacionarias.

Aquí una observación: Se intenta construir una política de crecimiento con inclusión social en una economía capitalista de mercado. Regular su comportamiento no debe impedir ignorar la vigencia de la ley del valor, la lógica con la que actúa el capital, que tiende a valorizarlo y cubrirse de las fluctuaciones. Por último, en una Argentina dolarizada, existe la tendencia a asimilar situaciones presentes con las del pasado, con una dinámica similar de pérdida de reservas que terminaron en un colapso económico.

El escenario de las Reservas Internacionales, de aquí a 2014, es como afirma Miguel Bein un escenario de la “administración de la escasez a rajatabla”. La propuesta que aquí se esboza, como afirma el título de la nota, es administrar dicha escasez actuando con la mayor equidad social posible.

En la Argentina hay varios “precios” del dólar. Uno, el más relevante, regulado por el Banco Central es el que se negocia para las transacciones a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), cuyo valor hoy es 5,78 por dólar. Pero hay otro “mercado cambiario” legal donde se operan diariamente entre 1000 y 1400 millones de pesos. Este mercado es el bursátil. El precio de este “dólar financiero” surge de comparar el precio de un bono o acción en el exterior en dólares con el mismo en pesos en el mercado local. Así, surge un dólar “de mercado financiero” o “contado con liqui” de pesos 9,22. No es el dólar “blue”, que opera fuera de la normativa legal.

El que viaja al exterior y compra servicios de hotelería, restaurants o excursiones está recibiendo un subsidio equivalente a $ 3.44 por dólar que gasta en el exterior. Es decir está pagando el dólar por debajo del valor de “mercado” del dólar financiero, que es el que debería regir para los servicios turísticos, por ejemplo. Ese “subsidio” equivale a aproximadamente $ 34.000 millones anuales. No computo el incremento del 20 % que se abona al momento de comprar paquetes turísticos, ya que es deducible del impuesto a las Ganancias. El sector turismo debería actuar con un tipo de cambio específico, lo que a su vez alentaría el ingreso de turismo del exterior y cambiaría el signo del saldo del Balance del sector, como ya ocurrió en la década anterior.
Por otra parte, tomo aquí las afirmaciones de Ramiro Castiñeira “el Gobierno gasta más de 10.000 millones de dólares en importar gas para luego volcarlo subsidiado al mercado local. Si el subsidio generalizado se limitara sólo a quién lo necesita, los subsidios al gas podrían bajarse a la mitad, o más”. Es decir que estamos hablando de casi $ 30.000 millones de pesos.

Estas herramientas deberían formar parte de la caja de instrumentos del Gobierno, máxime si se espera que en 2014 la pérdida de Reservas continúe en forma inercial a su ritmo actual. Otras opciones que incrementen las Reservas, como por ejemplo un crédito del Banco de Basilea al BCRA, el swap de monedas con China, el ingreso de divisas de Chevron o de las empresas que concluyan sus negociaciones con el Gobierno a través del CIADI, están en carpeta.

Independiente de desear su conclusión exitosa, el ahorro de divisas a través del mecanismo propuesto sustentaría nuestra posición en moneda extranjera reafirmando la equidad que está en la base del actual sistema económico vigente en nuestro país.

Fuente: http://www.elmensajerodiario.com.ar/contenidos/superar-caida-reservas-actuando-equidad_38779.html

¿Un nuevo comienzo? La izquierda después de las PASO


(JPG)

Por: Martín Azcurra y Hugo Montero

Después de las primarias, un balance crítico de la actuación de la izquierda tradicional y de la independiente. La puja por ganar un lugar en el escenario electoral de octubre.

A lo largo de los capítulos que componen este dossier, “¿Y la izquierda qué?”, fuimos debatiendo sobre ese enigmático sector que compone una pequeña franja de la sociedad argentina. Partimos de una evaluación adversa -crisis de los partidos, crisis de la izquierda, crisis del marxismo- para encontrar un norte en la discusión. Hay que admitir que tuvimos que sacudirnos cierto pesimismo para poder proponer hipótesis como “recomposición política de la izquierda hoy” o “voluntad para construir una alternativa”. Lo cierto es que hicimos un recorrido que nos llevó a la instancia electoral para medir resultados de manera objetiva. Hoy las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y -lamentablemente- Obligatorias) sirvieron para enfrentar el análisis y las proyecciones con la realidad.

El llamado por muchos “fin de ciclo kirchnerista” significó evidentemente un derrotero de votos por izquierda y por derecha. Lo vimos en el crecimiento de la fuerza opositora de derecha, en la resurrección de cadáveres (a propósito de la moda zombi) como Carrió y Cobos, pero también en la sorpresa del (casi) millón de votos al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

El crecimiento del FIT (50 por ciento más que en 2011) es digno de ser analizado. Como bien expresaron sus dirigentes al día siguiente, se transformó en la “única” alternativa de izquierda como “referencia nacional”. Si bien la idea de “fuerza política” asoma como relativa por las pujas internas que caracterizan su andar, una confrontación que le impide consolidarse como un frente real más allá de las elecciones: para entender este fenómeno basta con leer su prensa semanal. No obstante, es para destacar la maduración de su discurso, que parece comprender de a poco el nivel de consciencia de las masas, el sentido común, la disputa de consenso, etc., que le imprimió un sesgo light a su programa, sin perder la noción de clase, la centralidad obrera y el carácter anticapitalista del proyecto. Su exposición masiva le permitió imponerse a las otras opciones trotskistas (MAS y MST), que no pasaron la prueba del 1,5 por ciento, y podrá absorber sus votos en octubre.

Hay que tener en cuenta que el FIT creció en el interior del país (sobre todo en Jujuy, Salta, Mendoza y Neuquén), pero no tanto en Capital y Gran Buenos Aires. Si el crecimiento sólo se explica por la crisis del kirchnerismo y la dispersión de la derecha, debemos suponer que en dos años volverá a sus números habituales. La pregunta es: ¿puede el FIT transformarse en alternativa real? No parece: sus limitaciones de construcción colectiva, como el sectarismo, el partido propio como fin en sí mismo y la rivalidad internista, entre muchos otros elementos que ya hemos debatido en esta sección, sin dudas le juegan en contra. Será muy difícil para las demás fuerzas de izquierda hacer una alianza con un entramado político que demoniza al “otro competente” para reafirmarse a sí mismo, que desde su conformación en 2011 no ha ampliado sus alianzas ni un poquito porque “no se pusieron de acuerdo”. Incluso internamente, las peleas de cartel siguen sin tregua: Convergencia Socialista (CS), organización adherente del FIT, sostuvo que se pusieron “todas nuestras energías en la tarea de ayudarlo a superar el filtro impuesto por el régimen mediante las PASO, organizando actos, charlas, pintadas, volanteadas y fiscalización de votos... a pesar del sectarismo autoproclamatorio del PO, PTS e Izquierda Socialista, que se niegan terminantemente a abrir las puertas del frente para incorporar como miembros plenos a todos los grupos, personalidades y activistas (como CS, Interdistrital, PSTu, Opinión Socialista, TPR, etc.) dispuestos a sostenerlo”. Por su parte, el mismo PTS, dos días después de los festejos, difundió un texto dirigido a su compañero de frente, el PO, titulado: “Una política equivocada”. Dice el PTS: “Los compañeros del PO resolvieron hacer una campaña excluyente por Altamira donde, a medida que fueron pasando las semanas, el FIT iba achicándose cada vez más en la gráfica de los afiches (hasta casi desaparecer), cuyo único lema terminó siendo ‘Altamira Diputado’. A diferencia de la mayoría de las listas contrincantes del FIT, donde se visualizaban como una fórmula las cabezas de diputados con las de senadores, la dirección del PO se negó siquiera a hacer un afiche común de Altamira y Dellecarbonara”.

¿Qué se puede esperar de un espacio -autodenominado “Frente de Izquierda”- que deja afuera incluso a los grupos que defienden el mismo programa? ¿Cuánto más puede crecer como referencia? La otra sorpresa de las PASO fue Luis Zamora, que sin hacer demasiada campaña alcanzó el 3,3 por ciento -casi 65 mil votos- en la Ciudad de Buenos Aires. Fue el candidato que se animó a cuestionar el carácter poco democrático de esa instancia electoral y propuso un sistema más participativo. Recibió ofrecimientos de alianzas desde el FIT y también desde Camino Popular, pero decidió mantenerse solo. Su imagen humilde y coherente lo transforma en una referencia importante para la izquierda, aunque también parecen reales sus problemas para construir un espacio político colectivo.

(La nota completa en Sudestada Nº 122, agosto de 2013)

sábado, 28 de septiembre de 2013

Agua, como te deseo (1)

Agua, como te deseo (1)
Mapa de América del Sur en 1870. A la izquierda se puede observar ampliada la zona de conflicto con los viejos y actuales límites nacionales
 
Análisis internacional


Por Santiago Mayor.

El reciente anuncio del Congreso peruano de garantizar una salida no soberana al mar para Bolivia reaviva la discusión sobre el derecho del país andino a tener un puerto propio. En esta primera parte, los hechos históricos que dieron origen al conflicto territorial más importante de Sudamérica.
Hace algunas semanas la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano dio el visto bueno al Convenio Marítimo con Bolivia, llamado “Boliviamar”, que propone una salida al Océano Pacífico a través del puerto de Ilo, ubicado al sur del país en la provincia peruana del mismo nombre. De todas formas, este acuerdo no le otorga soberanía al país del altiplano sobre territorio peruano sino que garantiza una serie de facilidades legales y comerciales para que Bolivia pueda utilizar dicho puerto.

En caso de ser aprobado por el pleno del Congreso de Perú, este convenio permitiría a Bolivia: acceso permanente al Océano Pacífico y un punto de atraque en el Puerto de Ilo; una Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE) que gozará de excepciones, un régimen especial en materia aduanera, tributaria y el régimen laboral y de seguridad social; una Zona Franca Turística (ZFT) donde las operaciones que se realicen estarán exoneradas de impuestos y el derecho de propiedad de las personas naturales y/o jurídicas inversionistas bolivianas que operen en la ZFT.
La novedad de la noticia, celebrada por el gobierno boliviano, sumada al litigio que tienen Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el mismo tema, permiten repasar la historia de un conflicto que lleva más de un siglo.

Nuevos países, fronteras difusas

Las independencias de Chile (1817), Perú (1821) y Bolivia (1825) se llevaron a cabo tomando como base las fronteras del viejo orden colonial que, en muchos casos, eran difusas. Ni hablar si el punto de encuentro entre los tres países era el desierto de Atacama (actualmente norte de Chile), un lugar inhóspito.

Bolivia se estableció definitivamente como Estado con salida al mar sobre el Océano Pacífico en la zona que actualmente incluye la ciudad chilena de Antofagasta. Los límites bolivianos de entonces se tomaron en base al antiguo territorio colonial que administraba la Audiencia de Charcas a la cual le correspondían 560 km de costa.

En 1866, Bolivia y Chile firmaron un tratado comercial y limítrofe. Allí se plasmaba que la frontera entre ambos países estaba en el paralelo 24° sur. Sin embargo habilitaba una administración conjunta del desierto de Atacama entre los paralelos 23° y 25°.

En concreto el tratado establecía un reparto igualitario de las ganancias provenientes de la explotación del guano y minerales comprendidos en esa zona. Sin embargo, el descubrimiento de amplios yacimientos de salitre (que servía como reemplazo del guano -casi agotado- y era un elemento fundamental para la fabricación de la pólvora que se inventó ese mismo año) cambió el panorama.
Las compañías chilenas, impulsadas por capitales británicos, fueron las principales beneficiarias del tratado de 1866. Las modestas regalías que recibía el Estado boliviano no se comparaban con las enormes ganancias de las empresas que operaban en la región. En esta situación ventajosa, Chile envió una delegación a La Paz en 1872 con la intención de comprar el territorio, pero no tuvo éxito. Este fue un anticipo de las intenciones chilenas sobre el desierto de Atacama.

Los impuestos y una guerra que no fue por el Pacífico

Las intenciones chilenas sobre el litoral boliviano (y también el sur de Perú donde operaban sus empresas mineras) llevaron a Bolivia a firmar, en 1873, un pacto secreto con Lima. El mismo era de carácter defensivo e intentó incluir a la Argentina sin éxito. Buenos Aires dudó en formar parte del pacto debido a la disputa que tenía con Chile por la Patagonia, sin embargo también mantenía diferencias limítrofes con Bolivia, por la región de Tarija, y con Brasil (aliado de Chile), por Misiones. El equilibrio geopolítico hizo que los funcionarios argentinos desistieran.

A fines de ese mismo año Bolivia firmó un acuerdo comercial con la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (de capitales chilenos y británicos) para la explotación de los recursos de la zona. Y en 1874, Bolivia y Chile firmaron un nuevo tratado limítrofe que reafirmaba las fronteras de 1866 pero mejorando las condiciones para las compañías chilenas: durante 25 años “las personas, industrias y capitales chilenos” gozarían de un congelamiento de los aranceles e impuestos de cualquier tipo. Este sería uno de los principales puntos de conflicto.

Según la ley boliviana de aquel entonces los acuerdos sobre recursos naturales debían ser aprobados por el Congreso para entrar en vigencia. Esto no sucedió hasta el año 1878 cuando el deterioro de la situación económica llevó al parlamento de Bolivia a aprobar el acuerdo comercial de 1873 pero a condición de un aumento de los impuestos (violando parte del tratado de 1874, que no estaba ratificado).

Luego de algunos meses de negociación infructuosa, el gobierno boliviano decidió cobrar el impuesto de manera retroactiva a 1874. El gobierno chileno, apoyado por los inversionistas británicos, respondió enviando a su Marina de Guerra a bloquear y luego ocupar el puerto boliviano de Antofagasta que fue tomado el 14 de febrero de 1879. Chile había dado comienzo a la “Guerra del Pacífico”.

Cuatro años después y 180 mil kilómetros cuadrados más grande, Chile logró imponerse sobre Perú y Bolivia. El país de los Incas perdió el desierto de Tarapacá con todos sus yacimientos minerales, Bolivia se quedó sin Atacama, sin los puertos de Antofagasta y Cobija y, por lo tanto, sin salida al mar.

El gran ganador fue el empresario inglés John Thomas North. Principal accionista de la compañía de salitre más grande, North compró a muy bajo precio (al estallar el conflicto) bonos que el Estado peruano había entregado a los propietarios de los yacimientos mineros. Finalizada la guerra el Estado chileno reconoció los bonos como legítimos.

En 1884 Bolivia y Chile firmaron un armisticio (pero no la paz) y finalmente en 1904 se firmó el llamado “Tratado de Paz y Amistad” donde se cedía el litoral boliviano al país trasandino. A pesar de que la historiografía chilena sostiene que Bolivia firmó libremente ese tratado y por lo tanto no debería ponerse en discusión la propiedad actual del territorio, hay que tener en cuenta que en los 20 años que duraron las negociaciones (1884 – 1904) las fuerzas armadas chilenas se encontraban apostadas en Antofagasta y el desierto de Atacama. La ocupación militar de un territorio en litigio es claramente un elemento de coacción y presión.

Por eso más de un siglo después el debate sobre la salida al mar para Bolivia está aún vigente y se plantea como un punto central para el proceso de integración latinoamericana en nuestro continente.
Fuente : Marcha

El cáncer de la deuda pública a 30 años de vigencia constitucional

Por Julio C. Gambina

La cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2014 de la Argentina, y sin duda el Senado lo transformará en Ley en los próximos días.

El cáncer de la deuda pública ahoga cualquier pronóstico de perspectiva autónoma e independiente para la evolución económica del país en condiciones soberanas.
En efecto, todo el superávit primario previsto para el próximo año se esteriliza en la proyección de pagos de los vencimientos de la deuda pública, agravado si consideramos que los pronósticos en este sentido nunca se cumplen. A modo de ejemplo señalemos que en el 2013 se presupuestó un superávit financiero de 587 millones de pesos y la realidad demostró un déficit final del orden de los 44.612 millones. Para el próximo año se estima un superávit, luego del pago de deuda de unos 869 millones, que podemos anticipar será negativo en cifras varias veces superiores.

El tema de la deuda es cuento largo y viene de arrastre como herencia de la Dictadura, quienes legaron al Estado nacional una deuda por 44.000 millones dólares. Los turnos constitucionales la incrementaron gravosamente. Con Alfonsín el legado llegó a 62.000 millones de dólares, y Menem la elevó a 122.000 millones de dólares. Con De la Rúa creció hasta los 145.000 millones y la crisis del 2001 gestó la cesación de pagos (default) por 100.000 millones y el pago riguroso a los acreedores privilegiados: los organismos internacionales.

Ahora, pese a los canjes del 2005 y del 2010, el monto de deuda llega a los 209.000 millones de dólares, unos 197.500 en situación regular (performing) y unos 11.500 millones de aquellos acreedores que no ingresaron a los canjes previos y a los que se está invitando a ingresar desde que el Parlamento, mayoritariamente, oficialistas y oposición sistémica reabrieron indefinidamente el canje de deuda en cesación de pagos.
Por si esto fuera poco, según información oficial, en esta década se cancelaron más de 173.000 millones de dólares, usando part de las reservas internacionales, mayoritariamente a acreedores externos y asumiendo nueva deuda en ámbitos del sector público, sea el BCRA, el BNA, la ANSES (administra el fondo de jubilaciones). De hecho se canceló deuda con extranjeros para asumirla el propio Estado, en desmedro de los ahorros de los trabajadores destinados a cubrir los ingresos previsionales (presentes y futuros).

Vale aclarar que al mencionar el monto de deuda pública no incluimos la deuda de Provincias o Municipios, ni los títulos emitidos por el Banco Central para regular la política monetaria. En este caso la deuda consolidada superaría los 250.000 millones de dólares, poniendo en discusión el carácter del des-endeudamiento proclamado por esferas oficiales.
La deuda pública fue, es y será un cáncer que requiere ser extirpado, para lo cual se impone una auditoria a fondo, que investigue la situación integralmente y que defina la legitimidad de la misma. Claro que mientras tanto, debieran suspenderse los pagos. De este modo, se liberan importantes recursos para intentar una política soberana.

En el futuro cercano existen varias amenazas, y no solo de los llamados fondos buitres. Las empresas que demandaron a la Argentina ante el CIADI, ámbito dependiente del Banco Mundial tienen sentencias favorables por 500 millones de dólares. El sistema mundial, es decir, las principales potencias capitalistas y los organismos internacionales presionan para que la Argentina cancele esa y otras deudas que se reclaman.

El país necesita discutir si continuará en terapia intensiva por el cáncer de la deuda, o si por el contrario, extirpa de raíz un problema estructural de la economía local que condiciona la política y restringe seriamente la democracia y los derechos de la sociedad y el pueblo argentino.

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013

Fuente :  Blog de Julio Gambina 

viernes, 27 de septiembre de 2013

28 de septiembre día de lucha por el aborto legal en Nuestra América ¡Seguimos luchando por el Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos!

En el marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. En la mayoría de los países de la región, las complicaciones derivadas de abortos inseguros y clandestinos constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres. Para complementar este cuadro, diremos que en el continente, entre el 10 y 30 por ciento de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están ocupadas por mujeres con diagnóstico de aborto incompleto.
Como muestra de la relación entre la ilegalidad de la práctica y la mortalidad de las mujeres pobres, resulta elocuente que en el vecino país de Uruguay, desde la aprobación en octubre pasado de la Ley que despenaliza el aborto (en las 12 primeras semanas de gestación), no se registraron muertes como resultado de las interrupciones. Con esta legislación, sin dudas imperfecta, Uruguay se convirtió en el segundo país de Latinoamérica, además de Cuba, en permitir el aborto libre en el primer trimestre de embarazo.
 A contramano de las apelaciones gubernamentales a la ampliación de los DDHH en nuestro país, luego de 30 años de democracia, aún se cuenta, entre las deudas pendientes, la legalización del aborto. La realidad muestra que por año, aproximadamente 600 mil mujeres deciden interrumpir sus embarazos mientras algo más de 700 mil lo llevan adelante. Es decir, en Argentina hay casi la misma cantidad de abortos que de nacimientos. Cuando una mujer no quiere tener un hijo, evidentemente, no lo tiene. Al menos esto es así en numerosos casos. Sea o no sea legal. El cuerpo es de la mujer y la decisión es de la mujer, aún cuando los poderes político y religiosos no quieran respetar esa decisión, la ilegalicen, la condenen o la persigan.
 Según lo registrado en las guardias de los hospitales y en las escasas consultarías de pre y post aborto que hay en el país, estos son realizados mayoritariamente por niñas y adolescentes de entre 15 y 20 años. En el 90% de los casos registrados en las consultorías de hospitales de Capital Federal, las jóvenes usan Misoprostol. En otros casos, gente que se presenta como idónea les hacen abortos inseguros que terminan con infecciones severas que pueden llevarlas a la muerte, a la mutilación o a la esterilidad permanente. Unas 60 mil mujeres pobres son hospitalizadas por año por abortos inseguros, de ellas 300 mueren. El aborto ilegal es la principal causa de muerte materna en Argentina.
 Un informe realizado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo) en el 2011 declara que dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe, Argentina está entre los países que registran el índice más alto de fallecimientos como consecuencia de interrupciones de embarazos de forma clandestina.
 En un documento dirigido especialmente para la Argentina, el PNUD postuló como uno de los "objetivos del milenio", la tarea de "mejorar la salud materna" en el país. El organismo exhortó a las autoridades Argentinas a reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna para el año 2015[1].
Ya en el 2010 otro organismo internacional, Human Rights Watch, llamó la atención de los funcionarios de la salud argentinos por las consecuencias de abortos clandestinos, manifestando que "persisten los problemas en el acceso por parte de mujeres a servicios de salud que por derecho les corresponden, incluida la anticoncepción, la esterilización voluntaria, el aborto legal y la atención posterior a un aborto". De hecho, el documento señaló que "el Estado argentino incumple en todos los niveles su obligación de rendir cuentas sobre sus acciones para cumplir con los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas".
 Desde el movimiento de mujeres y las organizaciones populares no nos cansamos de decir que el aborto ilegal constituye un crimen contra las mujeres, fundamentalmente las más pobres, por lo que el Estado debe encargarse de garantizar la práctica en forma gratuita en los hospitales públicos. Pero además de constituir un problema de salud pública y de derechos humanos, el aborto legal, seguro y gratuito implica la posibilidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Ni la Iglesia, ni los jueces, ni los médicos ni los legisladores deben meterse en una decisión personal de las mujeres. Es por esto que, desde las organizaciones se están impulsando a lo largo y ancho del país espacios de Consejerías pre y pos aborto con el objetivo de informar, contener, organizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Pero no nos confundimos, estas valiosas experiencias no deben distraernos del reclamo inclaudicable al Estado que debe garantizar el aborto legal y gratuito.
 Como importantes conquistas de la lucha popular y feminista, hoy contamos con el fallo de la Corte suprema de Justicia quien se expidió afirmando el derecho que tenemos a practicar abortos no punibles sin ningún tipo de impedimento o traba legal ni administrativa. Sin embargo, el incumplimiento al fallo no sólo se manifiesta desde los objetores de conciencia en los Centros de Salud u Hospitales, sino también desde los propios Gobiernos provinciales o municipales, así lo demuestran los casos de Salta o la Ciudad de Buenos Aires, donde se conformaron guías protocolares con mayores restricciones para las mujeres a la hora de ejercer nuestro derecho, siendo violentadas doblemente.
 Pese a los avances que ha habido en materia de leyes como la de Salud Sexual y Procreación Responsable así como la Ley de Educación Sexual Integral, bien sabido es que desde el ejecutivo del Gobierno Nacional existe una negativa a abrir el debate por la legalización. Los vínculos de coexistencia pacífica que mantienen con sectores poderosos del clero y demás actores conservadores resguardan la ilegalidad. El nombramiento de un papa argentino es, sin duda, un hecho que aleja más las posibilidades de abrir el debate por los derechos de las mujeres y las sexualidades disidentes.
Por lo expresado, este 27 y 28 de septiembre, los movimientos de mujeres y las organizaciones populares en Nuestramérica salimos a las calles para reclamar por la despenalización y legalización del aborto. Sabemos que sólo con la lucha podremos instalar este debate como parte de los Derechos de las Humanas. Salgamos a gritar bien fuerte por la defensa de nuestra libertad sexual y reproductiva como derecho inalienable, por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, a planificar nuestra maternidad, al libre acceso a métodos anticonceptivos, por nuestro derecho a no ser discriminadas ni violentadas por el sólo hecho de ser mujeres.
Como parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, desde Marea Popular y  el Frente Popular Darío Santillán- Corriente Nacional / Patria Grande, exigimos el tratamiento y aprobación del Proyecto de legalización, basta de cajoneo!!!
Por nuestro derecho a decidir! Mi cuerpo es mío!
Saquen sus rosarios de nuestros ovarios!
Separación de la Iglesia y el Estado
¡Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y
   Aborto Legal para no morir!
 Firma BOLETIN 1
Twitter: @FPDScorriente

Página web: www.mareapopular.org
Twitter: @MareaPopular
Actividades en todo el país:
En Ciudad de Buenos Aires: hoy 12hs Abrazo al Congreso / 18hs Marcha de Congreso a Plaza de Mayo
En Moron – Pcia. De Buenos Aires: Sábado 28 12hs Mesazo por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el centro con radio abierta, juegos, muestra de fotos, poesía y música.
En Córdoba: hoy 18hs Marchamos por el centro de la Ciudad por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En Rosario: Sábado 28  de 10 a 18hs Mesazo por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En Salta: hoy de 10 a 13hs en la Plazoleta IV Siglos / Radio Abierta y Tendederos (muestra de fotos). Transmisión al aire del programa PATRIA ROCK por Radio Dinamo FM 100.9.
En Mar del Plata: Sábado 28  de 14.30hs frente a la Catedral Mesazo por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito / 16hs Marcha y lectura del documento.


[1] “Los datos muestran que la tasa de mortalidad materna no ha descendido significativamente y que las complicaciones relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de muerte, cerca del 30%", indica el documento. Según advierte el informe, sólo en Jamaica y Trinidad y Tobago, las complicaciones relacionadas con el aborto superan esa cifra.

Contacto de prensa:
María Paula García / Marea Popular: (011) 1569304134
Claudia Calvo / FPDS CN: (011) 153068459


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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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