(Una pequeña aclaración: cuando señalo que esa puesta en escena, alejada de la realidad, es un “talento”, pienso en aquellos consejos que brindaba un estudioso de la política al príncipe Lorenzo de Médici, que adquirieron estatuto clásico. Uno de los señalamientos realizados al principe de Florencia dice así: “Conviene notar, además, que el natural de los pueblos es variable. Fácil es hacerles creer una cosa, pero difícil hacerles persistir en su creencia. Por cuyo motivo es menester componerse de modo que, cuando hayan cesado de creer, sea posible constreñirlos a creer todavía”. Ese es, en última instancia, el fin del “relato” kirchnerista: hacer creer, más allá de los hechos.)
Uno de los postulados de la puesta en escena K es una supuesta distancia radical con el menemismo. Los kirchneristas sostienen esta versión aún hoy, cuando el ex presidente riojano es un senador que sirve con pleitesía los mandatos oficialistas en el parlamento -luego de haber postulado en su lista la reelección de la presidenta- a cambio, quizás, de absoluciones judiciales como la que se produjo en las pasadas horas por la causa de la voladura de Río Tercero-. Los kirchneristas sostienen una fe antiprivatista. Pero la fe es inestable, y así lo demuestran los hechos.
No se debería abundar en la nacionalización trucha -o parcial, para decirlo de un modo más elegante- de YPF que culminó con la entrega de Vaca Muerta a la multinacional estadounidense Chevron, condenada por sus desmanejos colonialistas en todo el mundo (sin contar los miles de millones de dólares que se le entregará a los vaciadores de Repsol ni las cláusulas secretas firmadas con el pulpo petrolero Chevron, que hoy dirige los destinos energéticos de la Argentina). Hablemos sobre trenes.
Los ferrocarriles fueron privatizados por el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1994. Un proceso que formó parte de la entrega del patrimonio nacional al imperialismo y a los intereses concentrados de capitalistas de toda índole. Entre ellos, el grupo fundado por Benito Roggio, miembro de esa entelequia entreguista conocida como “burguesía nacional”. Entre ellos, el grupo Romero, parte de esa misma clase social. El miércoles 12 de este mes la presidenta Cristina Fernández, a través de su ministro Florencio Randazzo -que alguna vez prometió descaradamente una “revolución ferroviaria”- ratificó los términos de la entrega. Reprivatizó.
Antes había engañado. En 2005 el fallecido Néstor Kirchner había anunciado con bombos y platillos la vuelta al Estado de las concesiones ferroviarias mediante la creación de UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia), que le quitó la concesión del Roca al empresario Sergio Taselli, especialista en vaciamientos. Sin embargo, la operación formaba parte del programa político del kirchnerismo de reconstrucción de la burguesía nacional, a base de los beneficios de la hiperexplotación de la fuerza de trabajo de los trabajadores y de los subsidios estatales entregados a troche y moche. Luego del anuncio, se repartieron las líneas del ferrocarriles entre los concesionarios privados que habían sido los beneficiarios de las privatizaciones menemistas. La diferencia radicaba en que el Estado se haría cargo de todos los sueldos de la planta laboral, además de que entregaría todos los subsidios para el mantenimiento de las vías, a la vez que las empresas privadas -las mismas que había elegido Menem- se beneficiarían de un cánon. Esto por fuera del negocio abusivo de la tercerización.
La resolución 41/2014 y anexos, firmada por el ministro Randazzo, disuelve los organismos transitorios Ugofe y Ugoms y reasigna las concesiones de las líneas ferroviarias a las empresas del grupo Roggio (Metrovías) y del grupo Romero (Ferrovías). La salomónica resolución establece que a Roggio le corresponderá hacerse cargo de las vías Mitre, San Martín y Urquiza y que a los Romero les tocarán Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Ferrocentral. Aunque sigue operando Emfer, que repara y acondiciona formaciones, el grupo Cirigliano fue sacado del sistema operativo de la nueva resolución. Sin embargo, no debería dejar de hacerse notar que los Cirigliano, principales responsables de la masacre de Once que costó 51 vidas junto a funcionarios del Estado y sindicalistas, persigue a los delegados de esa empresa y no paga en término los salarios. El nuevo esquema de Randazzo replica la responsabilidad directa de los empresarios de los noventa pero le agrega la fórmula kirchnerista de beneficiarlos, ya que los grupos operan las vías a cuenta de la Sociedad Operativa del Ferrocarril (SOFSE) y Administración de Infraestructuras Ferroviarias, dos sociedades del Estado -de esta manera, ese Estado sigue haciéndose cargo del pago de los salarios de toda la planta laboral y otorgando subsidios para el mantenimiento de las formaciones, vías y obras. Todo un negocio para los empresarios.
Existe cierto mantra que los kirchneristas gustan repetir y que dice así: “El mejor momento del kirchnerismo es cuando está en crisis y pega saltos hacia adelante”. La rebuscada K del “cuanto peor, mejor” no parece estar siendo verificada. En la época de su declive, el kirchnerismo es sólo antipopular. El blanqueo de los beneficios a los concesionarios privados del ferrocarril así lo demuestra. ¿Quiénes son? Los Roggio cimentaron su poder durante la última dictadura mediante concesiones de obra pública. Aldo Roggio, actual mandamás de la compañía, expresaba su apoyo al gobierno de los genocidas de la siguiente manera: “Yo parto de que acá hubo una guerra y en la guerra pasan cosas. En ese momento yo estuve de acuerdo con la guerra contra la subversión. Ha sido un parto doloroso pero necesario para el país”. En los noventa, los Roggio financiaron la Fundación Mediterránea, think tank del neoliberalismo, semillero de los seguidores de Domingo Cavallo, el ministro del vaciamiento de la nación. La década kirchnerista encontró a los Roggio embalados en el fraude de la tercerización laboral que, en el campo del ferrocarril, le permitía cobrar subsidios por empresas tercerizadas que pagaban menores salarios a sus trabajadores y los explotaban de una forma mayor. Ese esquema aplicado al subterráneo les permitió generar ganancias por 100 millones de pesos que nunca fueron declarados, según una investigación realizada por la Anses en 2012. Una misma operativa que usaba el grupo Romero a través de su empresa Ferrovías, que entre 2003 y 2011 recibió 1500 millones de pesos en subsidios del Estado. La Auditoría General de la Nación determinó que existían “debilidades en los controles llevados a cabo en el proceso de redeterminación de subsidios por las áreas técnicas y de asesoría de la Secretaría de Transporte y de la CNRT” en la investigación de la empresa de los Romero. Contra ese negocio de los subsidios y las tercerizaciones luchaban los trabajadores ferroviarios que fueron atacados por la patota de la burocracia sindical ferroviaria de José Pedraza, kirchnerista, crimen por el que perdió la vida Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero de 23 años, el 20 de octubre de 2010.
Durante el juicio que investigó el crimen político de Ferreyra y que llevó a prisión a Pedraza y los organizadores y miembros de la patota asesina, declaró un ex empleado jerárquico de la empresa Ferrovías, que integraba Ugofe, el organismo disuelto por Randazzo. José Luis García, gerente de pagos de Ugofe Roca, declaró que existía un sistema de desvíos de fondos que posibilitaban que de los fondos enviados por el Estado para el pago de sueldos, un treinta por ciento de ese dinero se perdiera antes de llegar a los bolsillos de los trabajadores. En esa misma investigación hubo testigos que señalaron la presencia del gerente de Recursos Humanos de Ugofe Pablo Díaz en el andén de la estación Avellaneda supervisando la llegada de la patota que atacaría a los manifestantes contra la tercerización. Ugofe, integrada por los Cirigliano, los Romero y los Roggio, otorgó licencias con goce de sueldo a los trabajadores de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada que integraron la patota. El juicio sobre la masacre de Once, y cuya instancia oral empezará el 18 de marzo, que investiga la corrupción en el ferrocarril Sarmiento que provocó todas esas muertes acumula pruebas y pruebas sobre el desvío de fondos y la corrupción que provocó que no funcionaran los frenos aquel 22 de febrero de 2012. Los Roggio y los Romero deberían estar en el banquillo de los acusados en lugar de ser premiados por Randazzo con la reconcesión de las vías del ferrocarril. Con el premio de su reprivatización.
El relato. Durante su discurso en la Casa Rosada, la presidenta Fernández -exaltada notablemente en varios pasajes de su intervención- no mencionó la reconcesión a los empresarios de las privatizaciones menemistas, que el kirchnerismo hizo suyos. Es una recurrencia. Los kirchneristas tampoco mencionan su decisión de devaluar e incautar salarios de los trabajadores, ni la inflación, ni al servicio de inteligencia bajo la dictadura Gerardo Martínez, ni al Proyecto X, ni al represor César Milani al frente de ejército, ni a la ley antiterrorista, ni a Gildo Insfrán, ni a la sociedad de once años con el fascista Rául Othacehé -recientemente quebrada-, ni las cláusulas secretas del acuerdo con Chevron, ni el modo en que la progresía encontró para gobernar sin transformar nada y convertirse en la protagonista de medidas de ataque a las condiciones de vida de las clases populares. No podrían mencionar todos estos hechos. Porque deben mantener su puesta en escena. Ese relato que permite que unos pibes K -miembros de ese sector cada vez menor de los que eligen seguir creyendo- aplaudan la devaluación en los jardines de la Casa de Gobierno.
Fuente: Infobae
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