Después del agua y el gas, vienen los tarifazos en el transporte y la luz. El crecimiento del déficit fiscal. Los distribuidores, en cesación de pagos. Rescate de las privatizaciones del menemismo.
Con la seguidilla de naftazos, se largó el tarifazo del agua y el gas, de 400 y 300%, respectivamente. Kicillof advirtió que vienen en camino los tarifazos del transporte y la luz. El mazazo contra el bolsillo popular significaría, de todos modos, un “ahorro” de 13.000 millones de pesos -apenas un 10% de la factura total de subsidios, e incluso “menos de una tercera parte de lo que se encarecieron en pesos las importaciones de combustibles gracias a la devaluación de enero” (Clarín, 28/3). Este último dato ilustra una de las contradicciones más flagrantes del ajuste K-K, porque mientras devalúa para frenar la hemorragia de reservas en efectivo, dispara por eso mismo un crecimiento espectacular del déficit fiscal, lo que multiplica varias veces el tamaño del ajuste, los montos del tarifazo, la carestía y la necesidad de nuevas devaluaciones.
Leña al fuego
La devaluación ha desatado un Rodrigazo. Tampoco resuelve la crisis energética, porque el tarifazo no está vinculado a un programa de inversiones. Ocurre lo contrario, porque el gobierno dejó de lado un fideicomiso que reunía los fondos para ese fin y entregó el uso de la recaudación a las empresas, que en primer lugar pagarán deudas a los bancos y compañías ligadas.
Las distribuidoras de gas y energía eléctrica se encuentran en cesación de pagos. Metrogas ha dejado de pagarles a sus proveedores. Gas Natural, por su parte, apenas paga la mitad de las deudas que contrae. Otro tanto ocurre entre Edenor y Camessa, la compañía del mercado eléctrico mayorista, la que a su vez ha dejado de pagarles a las generadoras. Los principales grupos del sector eléctrico han desviado los subsidios para comprar distribuidoras del interior y concentrar el negocio. A su turno, las deudas de las eléctricas están en manos de fondos buitre. Sobre el mismo sistema eléctrico sobrevuela también la sospecha de obras sobrefacturadas. El uso de la recaudación para saldar deudas y para compras de empresas, explica la suba espectacular de las acciones de las empresas de gas locales en Nueva York.
La medida apunta a reducir el consumo eléctrico y en especial de gas, esto para restringir las importaciones en materia energética, pero hasta cierto punto. Ocurre que el tarifazo no se aplica a las empresas que lo utilizan, bajo la suposición que este premio atenuaría la recesión que provoca el ajuste. Los ‘planificadores’ olvidan que las patronales no se encuentran en ‘modo de inversión’ sino de retiro de capitales, en primer lugar utilidades, dividendos y pagos de intereses -lo que significa que el Estado pone la plata (con los subsidios) para la salida de las reservas del país.
Sobre las distribuidoras de gas pesan denuncias de que el valor del parque energético se encuentra inflado en dólares al doble, para inflar las deudas contraídas para su instalación. Al igual que Repsol, las distribuidoras de gas y luz giraron cuantiosos dividendos al exterior y fondos para pagar esas deudas sobredimensionadas. Estamos frente a un vaciamiento premeditado.
Las distribuidoras eléctricas de todo el país aumentaron en los últimos meses de manera exponencial sus deudas con el Estado, que alcanzaron la cifra récord de 8.000 millones de pesos. La deuda de las empresas con el Estado se multiplicó 21veces en dos años.
Pero, a despecho de todo lo anterior, Kicillof les ha tirado un nuevo salvavidas, que ha ido de la mano de un nuevo financiamiento.
Con el cuento de priorizar la realización de obras para mantener la prestación de servicios, “el ministro de Economía implementó un esquema de compensaciones para las empresas que asigna sin una fecha estipulada, sino cuando los números de las compañías entran en una situación crítica” (La Nación, ídem). O sea que el Estado seguirá financiando a las empresas y destinará a fondo perdido las deudas de ellas con el Estado
Kicillof ha prometido un régimen de tarifas que contemple “el costo más un beneficio razonable”. Entre esos figuran el pago de los préstamos leoninos y fraudulentos, los sobreprecios de las compras y demás negociados. La supresión de los subsidios es, apenas, el primer paso de la dolarización de tarifas, lo cual tiene que ver con todo el cambio de régimen económico que implica la devaluación, el naftazo y los acuerdos de Vaca Muerta con las petroleras internacionales.
El Rodrigazo K-K completa el rescate de una las principales hipotecas que tiene el país, como lo es el sistema de privatizaciones del menemismo.
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