Ocho compañeros docentes y militantes de la ciudad de Chilecito están
siendo víctimas en estos momentos de una gravísima persecución judicial.
Entre ellos, se encuentran el ex detenido desaparecido Alvaro Illanes,
querellante en la causa Milani, junto a su familia y Pedro Carrizo, del
Partido Obrero de La Rioja. Enfrentan la posibilidad de ser condenados
en pocos meses. Tras la huelga autoconvocada de los docentes riojanos,
el gobierno quiso suspender por 30 días a Norma Illanes (hermana de
Alvaro) de su cargo como rectora de la escuela Normal, acusada de
incumplir sus deberes. Su “incumplimiento” consistió -según el gobierno
de Beder Herrera- en negarse a entregar los nombres de los docentes y
padres que participaron de las tomas escolares durante la huelga.
Conocida la noticia, docentes y padres se autoconvocaron frente a la
escuela exigiendo el cierre del sumario administrativo. Ante la
presencia de fiscales y jueces, el ministro de Educación ordenó
telefónicamente dejar sin efecto la sanción contra la rectora. Sin
embargo, diez días después de los hechos, los ocho compañeros fueron
citados por la Justicia a prestar declaración indagatoria bajo el
procedimiento de flagrancia por los delitos de privación de la libertad y
daño en un caso. Este procedimiento restringe las posibilidades de
defensa del imputado, al considerar que el mismo fue sorprendido “in
fraganti” cometiendo el delito. Es la primera vez que este procedimiento
se pretende utilizar en un hecho de criminalización de la protesta. El
procedimiento de “flagrancia” es considerado inconstitucional porque
vulnera el derecho de defensa, ya que considera como verdad acreditada
el sumario policial instruido en el caso. La defensa ha sido asumida en
forma conjunta por cinco abogados, entre los que se encuentra Marina
Páez (Apel), quienes presentaron la inconstitucionalidad del
procedimiento, lo que fue inmediatamente rechazado por la jueza de
instrucción Marta Magaquian. La ley, además, no prevé doble instancia
judicial. Los compañeros defensores apelarán para llevar hasta el final
el planteo de inconstitucionalidad. Los principales dirigentes del
movimiento docente autoconvocado, ambientalistas y hasta uno de los
principales testigos contra el represor Milani enfrentan la posibilidad
de una grave condena a corto plazo por privación ilegítima de la
libertad. Como en el mundo del revés, casi simultáneamente al
lanzamiento de este ataque contra los luchadores por parte de la
Justicia riojana, el fiscal Michel Horacio Salman pidió cerrar la
investigación contra Milani. Llamamos a una inmediata campaña nacional
contra esta verdadera cacería de brujas.
sábado, 24 de mayo de 2014
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