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jueves, 15 de mayo de 2014

Petróleo y crisis política

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Otro episodio de la desintegración K

La reprivatización petrolera que comandan Kicillof y el presidente de YPF se ha convertido en otro ingrediente de la crisis política. El gobierno acaba de anunciar una reforma a la legislación de hidrocarburos que está vigente desde los ’90. Ese esquema le había otorgado la propiedad de los yacimientos a las provincias, asociando a sus gobiernos al saqueo de las privatizaciones.  
El matrimonio Kirchner fue un abanderado de ese “modelo”, y Cristina lo defendió en el Congreso nacional. Catorce años después, “Néstor” lo reforzaba con la llamada “ley corta”, que amplió las facultades de las provincias para manejar incentivos a los pulpos petroleros, conformar empresas provinciales de hidrocarburos e incluso tener injerencia en las plataformas de explotación marítimas. A partir de entonces, las provincias constituyeron empresas petroleras que negocian por su cuenta contratos con grupos petroleros. También avanzaron en el otorgamiento de concesiones leoninas, como la prórroga de veinte años a Pan American Energy en la explotación del yacimiento Cerro Dragón en Chubut. Estas tentativas de privatización, sin embargo, aportaron escasos resultados, ya que los pulpos exigían mayores concesiones -por caso, la internacionalización del precio de los hidrocarburos y la libertad de exportar. Muchos yacimientos fueron abandonados o colocados en el “freezer” por sus beneficiarios.

Pero a partir del viraje que abrió el pacto con Chevron, los gobiernos provinciales y el gobierno K se han lanzado a una abierta disputa para ver quién será el intermediario en el botín de la reprivatización petrolera. El gobernador Sapag quiere que la empresa neuquina de petróleo se quede con los yacimientos cuyas concesiones comienzan a vencer. En Mendoza, Paco Pérez aspira a firmar acuerdos por su cuenta con petroleras privadas. En el caso de Chubut, esta puja tiene como telón de fondo las irregularidades asociadas a la prórroga del contrato con Cerro Dragón, que podría poner en riesgo la concesión en favor de Bulgheroni y British Petroleum.

La reforma petrolera oficial apunta a retirarle prerrogativas a las provincias y centralizar en YPF la negociación de los nuevos contratos petroleros. Según Gallucio, “las provincias deben obtener regalías, pero no aparecer como intermediarios “innecesarios” en el camino” (La Nación, 29/4). Pero la “centralización” que reclama YPF y el gabinete nacional nada tiene que ver con una administración soberana de los recursos petroleros -sólo aspira a colocar a la petrolera semiestatal como eje del nuevo proceso de entrelazamiento con los monopolios internacionales. Gallucio quiere comandar la extensión del “modelo” Chevron. YPF es el mascarón de proa de la tentativa de reendeudamiento internacional que encaran los K, y no quieren que las camarillas provinciales se interpongan en este objetivo. Naturalmente, el choque no es sólo de camarillas, sino de intereses capitalistas con nombre y apellido. En el caso de los sobornos para la prórroga de Cerro Dragón, los diarios informan que quienes abrieron la boca sobre este escándalo -que salpica a De Vido y al hoy massista Das Neves- no fueron otros que Kicillof y Gallucio, ¿están buscando desplazar a Bulgheroni y British Petroleum por Chevron, Exxon y otros? Como ocurre en las negociaciones con el capital financiero, el ministro de “La Cámpora” es la avanzada en materia de entreguismo a los yanquis.

La tentativa de salir del pantano energético con este armado menemista está por verse -ello, si se tienen en cuenta la sobreoferta y el derrumbe de los precios en el mercado del gas no convencional, el mismo que los K caracterizan como el nuevo maná del ‘modelo’. Pero, mientras tanto, la nueva política petrolera es un factor de crisis y desintegración de uno de los pilares del kirchnerismo, la alianza con los gobernadores petroleros. El sapagismo neuquino está profundamente dividido entre el gobernador y “su” empresa petrolera, por un lado, y el burócrata sindical Guillermo Pereyra del otro, quien comparte su condición de moyanista con la de agente de Gallucio y Repsol. En Mendoza, el gobierno Pérez ha entrado en un choque con Cristina por este motivo. Ni qué decir que el caso Cerro Dragón podría terminar con el chubutense Buzzi pasándose al campo de la oposición.

Como ocurre con toda la transición política, el pasaje de un régimen petrolero a otro es un poderoso factor de desintegración del frente oficial. Denunciamos el carácter igualmente entreguista de las dos facciones que se disputan el favor de los pulpos petroleros y luchamos por la renacionalización integral de los recursos, bajo gestión de los trabajadores.

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