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domingo, 31 de agosto de 2014

Lanata, Curto y Flor de la V

Lanata, Curto y Flor de la V se oculta un genocidio (2)

En los últimos días, el kirchnerismo entabló una campaña contra Jorge Lanata por sus dichos sobre la condición de travesti de Florencia de la V:No es mujer y tampoco madre, a lo sumo será padre”. Enseguida, el intendente ultraoficialista de Tres de Febrero, Hugo Curto, salió a decir que “los travestis tienen una enfermedad”. Aunque Lanata no llega a este extremo, es claro que rechaza, cuestiona o desnaturaliza la opción de género de las personas.
Lo de Lanata y Curto no son exabruptos, son funcionales a una política. Ahí están los cientos de casos de crímenes de odio de género, que además pasan completamente impunes. Las condenas por crímenes homolesbotrans son virtualmente nulos. Las patotas y las fuerzas represivas hacen el “trabajo sucio”.

Solamente el PO y el Frente de Izquierda, que desde la agrupación 1969 apoyamos e impulsamos, han defendido verdaderamente una salida para la población trans con la presentación de proyectos por trabajo genuino, como en el caso de Córdoba, por ejemplo, además de llevar adelante una lucha sistemática contra los despidos y el ajuste.

La solución a la enorme penuria que atraviesa nuestra población trans pasa por ligar su lucha con la del conjunto de los explotados por una reorganización de la sociedad sobre bases socialistas.

Agrupación LGBTI 1969

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Una caracterización de las fuerzas políticas en presencia

Una caracterización de las fuerzas políticas en presencia

El ajuste que aplica el gobierno es condición para un re-endeudamiento; es decir, un pedido de rescate internacional. Macri y Massa, abanderados del cambio de frente de la burguesía nacional. La penetración de capitales chinos no se produce en oposición a los buitres. Unen se diluye y, dentro de él, el centroizquierda queda desquiciado por completo. El derrumbe del bonapartismo tardío. Los desafíos de la izquierda.
La gran burguesía ya optó por una línea de salida frente a la emergencia de una nueva bancarrota económica. Quien comenzó a implementarla ha sido el propio gobierno con los pagos, con mayor deuda externa, a Repsol, el Club de París o las privatizadas que litigan en el Ciadi. El acuerdo (secreto) con Chevron ocupa en este aspecto un lugar especial, porque delinea un régimen económico de acaparamiento de la renta extractiva por parte del capital internacional. Se replica en los acuerdos ferroviarios y el financiamiento de represas con China, atado a la compra de equipos en el exterior. Asistimos a la tentativa de re-endeudamiento internacional (aunque el gobierno ha venido emitiendo deuda extranjera, desde hace algún tiempo, con los Boden 2015 y 2017), que no es otra cosa que un pedido de rescate internacional. Esto implica un cambio de régimen económico, que se manifiesta en el naftazo y un ajuste masivo de tarifas, que serán acompañados por la mega devaluación y la libertad de cambios. Esta hoja de ruta ha sido aprobada por el conjunto de los partidos opositores del ‘establishment’.

La crisis con los fondos buitre es un accidente de ruta de esta política, lo cual explica los afanes de bancos y de empresas argentinas, primero, y de bancos internacionales, después, por encontrarle remedio. En este escenario se desenvuelve una lucha de buitres entre sectores diversos del capital financiero -una pelea por la tajada que obtendrán del operativo rescate. Es que la cotización baja de la deuda de Argentina es un bocado de cardenal para quienes quieren lucrar con su revalorización, apenas se produzcan la devaluación, la liberación de tarifas y la entrega petrolera.

Macri y Massa

Macri y Massa se destacan, en estas circunstancias, como los promotores primeros de este cambio de frente que reclamaba la burguesía nacional. De ahí su rápido ascenso como candidatos del viraje. Macri se ha convertido en abanderado incondicional del re-endeudamiento, como lo comprueba la deuda externa de la Ciudad, nominada un 95% en dólares. El Banco Ciudad acompañó la primera tentativa de arreglar con los buitres, comprometiendo una garantía del fondo de depósitos del Banco Central. Es un agente de los negocios internacionales que habilita una tasa de interés internacional que no levanta del 2% anual, como consecuencia de la deflación de la economía mundial. Antiguo amigo de la Mesa de Enlace, aboga por la eliminación de retenciones, con más razón ahora que el precio de la soja ya toma forma de quebranto. Detrás de Macri están también los capitales chinos, que han anudado varios negocios de importancia con el Estado porteño. (De paso, que estas corporaciones se encolumnen con un agente directo del capital financiero demuestra que la penetración china no pretende desarrollarse en oposición a los buitres).

Las diferencias entre Macri y Massa exponen las grietas que la crisis ha desarrollado en la burguesía nativa. En el seno del massismo opera la burguesía ligada a la industria, que resiste el desmantelamiento de la protección comercial. En el campo petrolero, la división seguiría las siguientes líneas: el gobierno a favor de un monopolio relativo de YPF para asociarse al capital extranjero; Macri, en cambio, piedra libre para los pulpos; Massa ha salido, notoriamente, en defensa de Bulgheroni y otros capitales nacionales (promueve una investigación judicial contra Galuccio).

Detrás de Massa se encolumna una gran parte de la patronal más favorecida con los primeros años del kirchnerismo. En los albores de los ’90, la burguesía nacional hizo la misma tentativa de defensa de sus negocios propios, cuando llevó al primer gabinete de Menem a un ministro de Bunge y Born; trajo a Cavallo, quien organizó otro tipo de arbitraje entre la burguesía nacional y el capital financiero. Una de las espadas del macrismo, Pinedo, acaba de advertir que, después de 2015, “nadie podría gobernar solo”.

Disolución de Unen

En esa pugna estratégica, Unen no ha encontrado su lugar; lo muestra el vehemente macrismo de Carrió. Massa acaba de alzarse con la mitad del comité bonaerense de la Coalición Cívica. Mientras diez candidatos provinciales del radicalismo negocian alianzas con Pro, otra media docena de aspirantes a gobernador de la UCR hacen lo propio con Massa. En esta fractura, Cobos y Binner quieren erigirse en rescatistas de Unen. Pero incluso el Frente Cívico santafecino está amenazado por los radicales, que se irían con el macrista Del Sel para encabezar la fórmula a gobernador. Macri y Massa se están comiendo las fichas de Unen.


La reciente convención de la UCR ha sido la muestra final del derrape de Unen: votó la “defensa de Unen como alianza nacional, mientras habilitó a la formación de frentes con Pro en todos los distritos del país. Creen que pueden hacer ‘la gran Cristina”, quien, en 2011, apañó listas provinciales rivales, que se comprometían a apoyarla para la reelección.

El progresismo o centroizquierda -Solanas, Libres del Sur- saldría de un estallido de Unen completamente desquiciado, ello si antes no se bebe la cicuta hasta el final; es decir, acepta promover una Paso con Pro. En la Legislatura porteña, el legislador de Solanas y la mayoría de Unen acaban de votarle a PRO el ‘neoliberal’ Instituto de la Evaluación educativa. Luis Juez, por su lado, reciente bandera del Partido Comunista y del MST, ha comenzado a encontrar “gente honesta en el Pro” -y esto no es un chiste cordobés.

Volatilización del centro político
El kirchnerismo libra una batalla de retaguardia o de supervivencia. Ninguno de sus candidatos centrales procede del riñón de la camarilla presidencial. Desde Scioli a Randazzo, apoyan la operación rescate del re-endeudamiento y la entrega petrolera. El ex motonauta se encuentra en figurillas para refinanciar una deuda de 10 mil millones de dólares. O, que no puede enfrentar el año que viene. Con independencia de lo que digan las encuestas, Scioli se encuentra, estratégicamente, a la cola de Macri y Massa.

Como en otros procesos continentales, la declinación del nacionalismo burgués abre la puerta a salidas derechistas, que él mismo transita con anticipación, sea en economía como en política (Berni, Milani). Este es el cuadro político de fuerzas que enfrenta la izquierda, en primer lugar frente a la agudización de la crisis económica y política (y una agudización inevitable de la lucha de clases); en segundo lugar, frente a las elecciones próximas. El derrumbe del bonapartismo tardío de CFK deja un escenario sembrado de rivalidades entre las fuerzas de orden existente, y una nueva volatilización del centroizquierdismo, como ocurrió con el Frepaso a partir del año 2000.

Esta caracterización define las responsabilidades y tareas de la izquierda revolucionaria.

Jorge Altamira

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sábado, 30 de agosto de 2014

Desocupación y crisis

crisis

HAY QUE PROHIBIR LOS DESPIDOS Y SUSPENSIONES
Las últimas cifras oficiales sobre la situación del empleo en la Argentina dan cuenta de la gravedad de la crisis, más allá del enorme esfuerzo por encubrir la verdadera situación de los trabajadores. Según el Indec, la desocupación alcanza al 7,5% de la población, casi un millón y medio de personas, registrando un leve aumento respecto al primer trimestre del año. El impacto es mayor en las regiones industriales del país como el Gran Buenos Aires, La Plata, Gran Córdoba, Rosario, el cordón industrial de San Lorenzo o Tierra del Fuego.
Sin embargo, las cifras del gobierno son engañosas y ocultan la verdadera dimensión del problema. En primer lugar, porque en el último año, tal como admite el mismo organismo, hubo un marcado descenso de las tasas de empleo y actividad -es decir que hay mucha menos gente trabajando respecto al total y mucha menos gente buscando trabajo. La estadística oficial no mide el “desempleo oculto” de unas 200 mil personas a las que considera “inactivas” porque en el último período dejaron de buscar trabajo, la mayoría de ellos desmoralizados por una búsqueda infructuosa (a la que habría que agregar, tal como hicieron algunos observadores, el último tarifazo en los colectivos del área metropolitana de Buenos Aires). Según diferentes especialistas, si se tomara la población económicamente activa de los últimos años la cifra se ubicaría hoy entre el 9 y el 11%.
Las estadísticas oficiales tampoco incluyen como desocupados a quienes reciben planes sociales nacionales, provinciales o municipales a cambio de alguna contraprestación. Esto explica las ridículas cifras de regiones como el Chaco (0,6%), Formosa (1,9%) y Posadas (2,9%) donde priman planes y subsidios de miseria. Lo mismo ocurre con el trabajo marginal, la venta callejera y otras formas de trabajo ocasionales. Según la CGT de Moyano, “bien medido” el desempleo afecta al 20% de la población.

Como ocurre con los jubilados, el gobierno condena a los desocupados a un subsidio de desempleo ruinoso y limitado, que hoy se encuentra en su piso histórico, completamente desvinculado del salario mínimo.

El cuadro se completa con otras variables que tampoco entran en la cuenta como el crecimiento en el último período de las suspensiones, recortes de horas extras y la eliminación de turnos en varias industrias, que junto a la inflación reducen el poder adquisitivo del salario. La situación es especialmente grave en el tercio de la fuerza laboral que se encuentra “en negro” bajo distintas formas de precarización e inestabilidad laboral.

El cierre de 311 mil cuentas sueldos en el último trimestre que informó el Banco Central, más allá de los fenómenos estacionales, puede indicar tanto la pérdida de un puesto como un “corrimiento” hacia la informalidad de un sector de trabajadores.

Frente al escenario de la recesión y crisis, el jefe de la UIA advirtió que la agenda de los capitalistas pasa por la devaluación, un vehículo para avanzar sobre las conquistas, los salarios y los puestos de trabajo. El gobierno K se ha limitado al anuncio de un aumento de los Repro, un subsidio de la Anses que paga parte de los sueldos de los trabajadores de empresas que acrediten crisis.

La agenda de los trabajadores pasa por prohibir los despidos y suspensiones y reclamar el reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario.

Matías Villar


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viernes, 29 de agosto de 2014

BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS - Continúa la lucha contra el desguace

La identificación del nieto de Estela Carlotto puso de relieve la problemática del acceso al derecho a la identidad, un drama que abarca a decenas de miles de personas. En efecto, a partir de la recuperación del nieto 114, se advierte un incremento significativo de personas que acuden al Banco Nacional de Datos Genéticos.

El prestigio y la naturaleza gratuita del BNDG promueven el acercamiento de quienes tienen dudas sobre su identidad. Lo que la gran mayoría desconoce es que la ley 26.548, impulsada por el kirchnerismo en 2009, atenta contra el acceso universal al derecho a la identidad, ya que limita la función del banco a la investigación genética a los casos anteriores al 10 de diciembre de 1983. Quedan excluidos los desaparecidos y los niños apropiados en democracia -por ejemplo, los nacidos en las redes de trata- y muchos otros que buscan su identidad por diferentes razones. La ley que oportunamente había dado origen al banco, a mediados de los años ochenta, no establecía ningún tipo de límites a su competencia. El 75% de los casos que el BNDG analizaba hasta la imposición de esta restricción arbitraria -que fue apoyada por buena parte de los referentes de la centroizquierda- correspondían a casos que no tenían su origen en los crímenes de la dictadura. Ahora, el filón de ese negocio es acaparado por los laboratorios privados. Cada análisis cuesta alrededor de 10.000 pesos.

Un organismo referente en la lucha por la identidad de personas en esta situación es el colectivo “¿Quiénes Somos?”, que forma parte del grupo de organizaciones que luchan contra el desguace del BNDG.

La sustracción de identidad no se circunscribe al período de la última dictadura. Luciano Arruga, Daniel Solano y Julio López son casos emblemáticos, pero los desaparecidos desde la restauración de la ‘democracia’ ya son aproximadamente 200, según el relevamiento realizado por la Correpi.

El oficialismo pretende obtener rédito político con la utilización del caso Carlotto, escondiendo bajo el velo del relato la situación de miles de personas que fueron excluidas de una herramienta como el BNDG.

Desde Apel y el PO vamos a continuar, junto a otros organismos de derechos humanos, la lucha contra la orientación privatizadora del Banco Nacional de Datos Genéticos impulsada por el kirchnerismo.

 

Diego Aysine (Apel)

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Nuestro balance del paro nacional

editorial



Nuestro punto de partida para un análisis del paro es que su sola realización debe ser considerada un triunfo político para los trabajadores. Las duras luchas aisladas que se han librado en los últimos meses, muchas de las cuales no pudieron concluir triunfantes, necesitaban de una acción generalizada que las respalde. A partir de mañana los trabajadores que animan estos combates y el conjunto de la clase obrera están en mejores condiciones para conquistar sus reivindicaciones.

El éxito del paro se verifica en que su cumplimiento fue unánime entre los trabajadores de los sindicatos convocantes. Pero también en que debilitó a los sectores de la burocracia sindical afines al gobierno, al concitar la adhesión de sindicatos, comisiones internas y trabajadores que están en sus filas. Es el caso de los sindicatos de la Alimentación y de Bancarios, que pararon masivamente, y de comisiones internas y delegados que impusieron el paro a pesar del sabotaje del sindicato.

En los sindicatos que resolvieron no parar, el activismo impuso la huelga en fábricas estratégicas. El Sutna de San Fernando paró con mandato de las asambleas realizadas en FATE, donde el paro fue total. También lo fue en las grandes plantas gráficas dirigidas por el clasismo. Aún por decisiones ´preventivas´ de sus patronales, la huelga paralizó a automotrices como VW e incluso Lear. El estratégico Cordón de San Lorenzo, en Santa Fe, se sumó masivamente a la huelga. Entre la clase obrera petrolera del sur, el paro fue total. A pesar del carnereaje de último momento de la UTA, en líneas fundamentales los choferes se sumaron al paro, bajo el impulso de sus direcciones combativas. Lo mismo ocurrió en el subte, donde el 80% de sus trabajadores pararon y se debió apelar a la acción de los supervisores para mover las formaciones.

Todas estas expresiones de lucha minan la base de sustentación de la burocracia sindical, y son otra expresión del progreso inocultable del sindicalismo combativo y clasista. Allí residió la fuerza dinámica del paro, y no en una burocracia que lo convocó como medida aislada y para ´descomprimir´, o sea, disipar una reacción obrera contra el ajuste. Si los cortes de ruta se hicieron valer y contribuyeron al paro, ello se debió a que fueron una expresión unitaria y muy representativa de los que luchaban por la huelga. Por eso, el coronel Berni no se animó a desalojar la Panamericana, donde confluyeron columnas de decenas de fábricas de la zona.

Después del paro

De los dislates que se escucharon entre los voceros del oficialismo, el más grueso de todos es el que atribuye a la convocatoria de Moyano y Barrionuevo una finalidad “política”. Es casi un elogio hacia una burocracia que, en verdad, carece de toda brújula. Los Macri, Massa y Scioli, aliados políticos de Moyano-Barrionuevo, no quieren ningún paro. Ninguno de los postulantes a la sucesión presidencial se pretende establecer una coalición entre la burguesía nacional y los sindicatos. En estas condiciones la burocracia opositora no tiene capacidad para ofrecer ninguna salida de fondo, y se encuentra sumida en el inmovilismo. También por eso tardó largos meses en convocar al paro, y buscará dilatar en todo lo posible la convocatoria a uno nuevo. Ello vale incluso para la CTA Micheli: aunque resolvió convocar a la movilización que sirvió de debut al paro, no fue un factor activo en las luchas que lo precedieron, ni tampoco en su propio desarrollo. El paro se abrió camino bajo la conmoción social abierta por el rodrigazo oficial, en primerísimo lugar, por el impacto de las suspensiones y despidos –una bandera que, sin embargo, la burocracia oficial ninguneó.

Esa enorme impasse política de la burocracia le da al clasismo y a la izquierda todo un campo de desarrollo, que habrá que transitar a partir de ahora. El agravamiento de la crisis económica hará que las luchas se tiendan a generalizar. La política de la burocracia sindical de ´soltar presión´ mediante paros aislados encontrará límites muy claros. La extensión de los despidos o suspensiones colocará con más fuerza que nunca la necesidad de respuestas de conjunto, que le den cabida a todas las fracciones de la clase obrera –ocupados, desocupados, precarizados. Otro tanto ocurrirá con el planteo de la reapertura de las paritarias, que se ha puesto a la orden del día para muchísimos sindicatos debido a que los acuerdos salariales firmados en el pasado han quedado por debajo de la inflación.

En este cuadro, la tarea del momento es debatir y pronunciarnos, en todos lados, por la continuidad del paro general, a través de un plan de lucha nacional por todas las reivindicaciones colocadas en la huelga: prohibición de suspensiones y despidos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; ocupación de toda fábrica que cierre o despida; reapertura de las paritarias y aumento de emergencia para trabajadores y jubilados.

El campo de acción que se ha abierto plantea un desarrollo de la izquierda como alternativa política de conjunto.

Marcelo Ramal y Gabriel Solano



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jueves, 28 de agosto de 2014

La crisis “externa” es sólo un episodio de la bancarrota interna




Bastó que el fondo buitre Blackrock amenazara con desprenderse masivamente de sus acciones de YPF para que el gobierno desactivara la amenaza de aplicarle a Donnelly la ley antiterrorista. El gobierno había responsabilizado a Blackrock, que tiene acciones en Donnelley, por la quiebra fraudulenta de la empresa. Uno de los que más habría fogoneado esta recule fue el presidente de YPF: una parte del paquete accionario de YPF está en manos de varios fondos buitres. El fondo buitre, NML de Paul Singer, tiene participación accionaria en el Banco Hipotecario, junto al estado y a Eduardo Elsztain.

Los buitres del “pago soberano”

Los K quieren hacer los “pagos soberanos”, un lenguaje que exhala hipocresía rampante. “El gobierno apuesta a que los bonistas presionen a Griesa para que libere los pagos” (La Nación 23-8). En la última semana hubo una reunión cumbre de bonistas con ese fin, convocada por Goldman Sachs. En la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el Citi ha elevado un recurso para que levante la prohibición de Griesa a los pagos de los bonos reestructurados.
El proyecto del pago a los bonistas en Buenos Aires, se encuentra en un impasse; podría llevar a nuevos litigios (La Nación 22-8). Por eso, el gobierno ya tendría preparada, como respuesta, la declaración de ‘defol’ de toda la deuda y un nuevo canje – el tercero. Los que están en la cocina del asunto – nacionales y populares, por su supuesto – ya está comprando títulos que se han desvalorizado en esta crisis, para entrar en el canje final de la ‘liberación’. La diferencia entre el precio de compra y el de este canje son jugosos. Juegan a la crisis mientras el lobo se come a Caperucita. Es el negocio que CFK le ofreció a los buitres, oficialmente. Estos también se han metido a comprar los bonos que caen, pero no sueltan el beneficio que representa el fallo de Griesa para cobrar aún más, por los bonos antiguos. Según Clarín (21.8), la Anses ha salido a vender títulos de deuda externa en su cartera para aminorar la suba del dólar en el mercado de capitales. La propia Anses opera como un fondo buitre, como se ve, ya que se supone que debería retener esos bonos hasta la fecha de su vencimiento final.

Estos negociados y trajines explican las divisiones dentro del bloque de Massa,
por ejemplo Lavagna. Los fondos de buitres como Soros (Clarín, 26.8) y David Martínez de Fintech (Verbitsky, Página 12, 24.8) ya han comenzado a apropiarse de los bonos que se deprecian. El húngaro y el mexicano abogan por un nuevo canje, local, por las razones dichas. Si en el medio hay un arreglo y no es necesario declarar otro ‘defol’, mejor – la ganancia sería aún mayor. Además, “No descartan-los operadores financieros – que esta sea una postura para luego negociar con el resto de los holdouts, al igual que ocurrió con la petrolera Repsol y con el Club de Paris “(La Nación 24-8). Apuntan, por sobre todo, a valorizar los activos que han comprado como pichincha, en las telecomunicaciones (Fintech en Telecom y Telefe) y Soros en YPF (entre otras inversiones). Uno y otro, protegen el monopolio que han conseguido de la renta del negocio de medios y la enorme renta minera que promete la política petrolera a partir de los naftazos.
George Soros es el buitre de todos los buitres: quebró al Banco de Inglaterra, en 1993; financió las contrarrevoluciones ‘rosas, en Europa oriental; y fogoneó a la Mesa de Enlace en la crisis sojera.

‘Defol’ en toda la línea


De cualquier manera la devaluación del peso en los mercados paralelos se desarrolla sin pausa, por la simple razón de que el ‘defol’ de Argentina es un hecho cuando se considera la situación en su conjunto. Las reservas internacionales netas son de u$s 15 mil millones, menos de lo que Argentina debe pagar hasta finales de 2015. Las reservas son poco menos que un 30% de una base monetaria (unos $ 400 mil millones) que no para de desvalorizarse. A su vez, la deuda del Banco Central con los bancos locales – por $220 mil millones, a tasas de interés de entre 24 y 30% no cesa de crecer (El cobro de intereses al Banco Central explica el 95% de las enormes ganancias de los bancos desde la devaluación de enero).

El cuadro de ‘defol’ interno se acentúa porque el BCRA tiene que financiar un déficit fiscal en ascenso – $ 250 mil millones (5% del PBI), y porque el balance de pagos internacional es francamente deficitario (salida de divisas). Una caída de la recaudación fiscal y de los aportes jubilatorios, deberá afectar el sistema de reparto de la Anses y afectar a su Fondo de Sustentabilidad – sin olvidar que tiene una deuda de $ 20 mil millones por juicios previsionales. La Anses opera en el mercado de cambios vendiendo títulos e incluso presta al Banco Nación a tasas de interés del 5% anual. Otro aspecto es la deuda dolarizada o ajustada al dólar de las provincias; Macri y Scioli ya anunciaron que no tienen recursos propios para pagar los vencimiento de 2015; varias provincias ya incumplen con sus proveedores. En algunos casos, se está a punto de pagar deuda flotante con bonos. El Banco Central ha contraído una deuda de u$s 4 mil millones por importaciones autorizadas.
Sin necesidad de corralitos

Argentina ha estado pagando la deuda externa con inflación, simplemente porque carece de los recursos para hacerlo de otro modo. La situación de ‘defol’, o sea de bancarrota, se manifiesta en la devaluación que se registra del peso y que pronto se convertirá en otra mega devaluación. Exactamente como ocurriera en 2002. La confiscación a los ahorristas se saltará el paso del corralito.

Se está reproduciendo un escenario parecido a la devaluación de enero de este año. Las pérdidas de reservas BCRA, en esta semana, ascendieron a 300 millones de dólares; la caída de los depósitos en dólares en los últimos días supera los 52 millones de dólares. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo orilla el 70 por ciento, lo cual ha detenido la liquidación de la cosecha y en general de los exportadores. El racionamiento de dólares para las importaciones, agudiza la tendencia recesiva.

La diferencia con enero de este año es, sin embargo, el gobierno ha quemado los cartuchos que tenía a su alcance. Un renovado aumento de la tasa de interés agravará la recesión, pero no incentivaría el ingreso de dólares para hacer ‘bicicleta financiera’, debido a que los bancos han vendido sus tenencias. Para que la plata venga de afuera habrá que llevar el dólar a $ 20 y liberar los cambios. Debido a la expectativa devaluatoria, Banco Central, por primera vez en este tiempo, no pudo colocar las letras que ofrece en licitación.
La mayor diferencia con 2002 ya no son los precios internacionales, que ahoran derrapan, sino las tasas de interés ficticias: en la actualidad, son de menos del 2% anual, que prevalecerán en el mercado internacional hasta la próxima corrida bancaria. Esta abundancia de dinero a corto plazo ha llevado a los operadores financieros del día a día a negar el ‘defol’ de Argentina, porque serviría para refinanciar deudas. Pero aún el negociado que representa comprar títulos argentinos que rinden el 15%, con dinero obtenido al 2%, requiere una seguridad mínima de cobro y el restablecimiento de la normalidad de los pagos, o sea una libertad cambiaria cuya condición es la mega devaluación correspondiente del peso. Semejante devaluación sería el equivalente a una explosión económica….y política.
La crisis de deuda no es un episodio “externo” sino que está conectado con la bancarrota económica del régimen kirchnerista. La caracterización de esta crisis es la base de la orientación política que sigue el Partido Obrero.

Fuente: http://opinion.infobae.com/jorge-altamira/2014/08/28/una-pelea-entre-buitres-en-perjuicio-de-los-trabajadores/

EL PARO NACIONAL DEL 28 DE AGOSTO

En el actual contexto económico y social de la Argentina resulta fastidioso tener que dedicar tiempo a justificar la necesidad de un paro nacional. Crisis del modelo económico kirchnerista, caída de la inversión, recesión combinada con inflación, defol de la deuda externa, tarifazos varios en los servicios públicos, caída del salario real, despidos, suspensiones, jubilación mínima cada vez más retrasada frente a la suba de precios, etc., son motivos más que suficientes como para justificar una medida de fuerza de los trabajadores.

Sin embargo, es preciso explicar los motivos del paro. Hay dos razones fundamentales que nos obligan a hacerlo.

En primer lugar, la inmensa mayoría de los intelectuales (incluimos bajo esta denominación a periodistas, conductores de televisión, editorialistas de los medios oficiales y de la autodenominada oposición) son contrarios a la medida de fuerza.

En segundo lugar, porque la medida es producto de una convocatoria en la que confluyen diversos actores sociales, siendo Hugo Moyano el más prominente de ellos.

Comencemos por revisar los argumentos contrarios al paro formulados por los intelectuales kirchneristas.

El primero consiste en afirmar que el paro perjudica la lucha emprendida contra los “fondos buitres” por el gobierno de Cristina Fernández. Dicha pelea tendría por objetivola reafirmación de la soberanía nacional. Por tanto, quienes están en contra de la confrontación con los “buitres” son enemigos de la Patria. Aplicado al paro, los huelguistas del 28/08 son traidores de la patria, en la medida en que anteponen su interés particular al interés nacional encarnado por el gobierno de Cristina Fernández. El Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, afirmó al respecto que los sindicatos que van al paro están pagados por los “fondos buitres”.

Ahora bien, el gobierno de Cristina Fernández, como el de Néstor Kirchner, procuró en todo momento cumplir con los pagos de la deuda externa. Esa deuda fue contraída por dictaduras militares, por gobiernos democráticos neoliberales y siguen las firmas. Ahora bien, si aceptamos el argumento “patriótico”, esa deuda se contrajo para perjudicar a la “patria”, recortándole al máximo la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Videla, Menem y Cavallo, son algunos de los responsables de la deuda externa que el kirchnerismo quiere pagar a cualquier precio. Néstor Kirchner y Cristina Fernández aceptaron que la justicia norteamericana fuera el tribunal que juzgara los litigios derivados de los canjes de la deuda en 2005 y 2010. Hace poco, el ministro Axel Kicillof negoció la deuda existente con el Club de París; en la negociación, Kicillof acordó pagar un monto de deuda superior al que figuraba al comienzo de la negociación (punitorios dobles y otros mecanismos abultaron la cifra adeudada, Kicillof dijo a todo que sí).

A partir de lo anterior y si se toma al pie de la letra la cuestión de la patria, ¿es necesario decir que el kirchnerismo se ha comportado de un modo poco patriótico?

El concepto de patria carece de utilidad para explicar qué sucede en Argentina. Es más útil y práctico hablar de capitalismo y de los intereses de nuestra burguesía. Así, durante el menemismo, época en la que muchos de los hoy patriotas kirchneristas eran entusiastas neoliberales, la deuda externa fue abultada con el propósito de permitir que tanto las empresas privatizadas pudieran girar utilidades como para que la burguesía argentina fugara capitales al exterior. El endeudamiento proveía los dólares para hacer posible esto. La deuda externa, lejos de ser una perversidad, forma parte de los mecanismos de acumulación de capital de nuestra burguesía. No se trata de buscar la misteriosa burguesía “nacional” y separarla de la burguesía “cipaya”. La clave de la deuda externa está en nuestro país, no en el exterior .Es la lógica del capital, guste o no.

En un país como el nuestro, donde basta con caminar un poco para observar los efectos de la desigualdad social, la patria es el argumento invocado para tapar todas las porquerías que hace nuestra burguesía. En Argentina no hay un interés común que deba ser defendido frente a la voracidad de los “buitres”, sino una burguesía que vende hasta a su madre con tal de obtener beneficios. Los empresarios argentinos piensan que los trabajadores deben ser patriotas, lo que significa que los segundos tienen que hacer todos los sacrificios necesarios para asegurar las ganancias de los primeros. A esto se reduce el “patriotismo”, tanto de los kirchneristas como de otras especies de patriotas que andan pululando por ahí.

Si la burguesía argentina defiende sus intereses apelando a todos los recursos, ¿por qué no habrían de hacer lo mismo los trabajadores?

El otro argumento en contra de la huelga sostiene que hacer un paro perjudica la marcha de la economía y termina por generar más recesión. Dicho de otro modo, los trabajadores tienen que ajustarse el cinturón y trabajar más para asegurar las ganancias empresarias y así mantener la vitalidad de la economía. Como puede verse, nuestro intelectual (el kirchnerista y el de la autodenominada “oposición”) se ha convertido en un mero vocero del empresariado.

Para que la afirmación anterior sea correcta es preciso que los intereses de los empresarios y de los trabajadores sean comunes. Si esto fuera así, es claro que los trabajadores tendrían que poner el hombro junto a los empresarios. Pero esto es un cuento de hadas, algo que puede ser usado como propaganda pero que no tiene ningún sustento real. El empresario produce para obtener ganancias, no para hacerle un favor a la sociedad. Para obtener ganancias debe explotar a los trabajadores. Cuanto más producen los trabajadores, más ganancias se apropian los empresarios y, por ende, más se fortalece la posición de la burguesía. Es corta la bocha: esto es capitalismo, no una sociedad de beneficencia.

El argumento anterior puede sintetizarse diciendo que los trabajadores no sólo deben trabajar para los empresarios a cambio de un salario, sino que tienen que adoptar como propia la lógica del capital y deslomarse trabajando para que los empresarios estén contentos. Los paros, las tomas de fábricas, las movilizaciones, son “locuras”. El trabajador tiene que trabajar y punto. Si quiere hacer otra cosa, que junte dinero y que se haga empresario. Punto.

Es claro que el argumento anterior es inaceptable en la medida en que los trabajadores no quieran subordinarse a los empresarios. En las condiciones de la Argentina actual, el capitalismo ha llevado (¡otra vez!) a una profunda crisis, que empieza a ser pagada por los trabajadores por la vía de tarifazos, despidos, suspensiones y reducción del salario real. El argumento funciona bien para los empresarios, pero empieza a patinar cuando se aplica al trabajador que se levanta temprano todos los días, viaja horas en “cómodos” medios de transporte, realizar un trabajo tedioso y cobra un salario cada vez más reducido (inflación mediante).

Frente al argumento de los intelectuales devenidos empresarios, nuestra posición es que los trabajadores defienden sus intereses luchando contra la burguesía. Como muestra la experiencia de las últimas décadas, el capitalismo significa privaciones cada vez más agudas para los trabajadores, no sólo en lo que hace a la cuestión laboral, sino también a la salud, a la educación, al transporte, etc. Esto es algo que cada trabajador experimenta todos los días. No puede hablarse, pues, de intereses comunes entre empresarios y trabajadores, salvo que se tenga en mente un trabajador convertido en apéndice del empresario

Por último, está la cuestión Moyano.

Dejemos de lado los matices: Hugo Moyano es una lacra para los trabajadores (como lo son también el resto de los burócratas sindicales). Su interés radica en negociar las condiciones de venta de la fuerza de trabajo (el monto de los salarios), no en luchar contra el sistema que oprime a los trabajadores. Por eso Moyano ha estado siempre del lado de los empresarios. Por eso les resulta tan fácil a Moyano y a los demás dirigentes de la burocracia sindical convertirse en empresarios. Por eso Moyano está tan interesado en expulsar de los sindicatos a los militantes de izquierda, porque sabe con claridad que la izquierda “le escupe el asado”. Más allá de los alineamientos coyunturales (algunos burócratas apoyan a Cristina, muchos otros buscan nuevos horizontes para acomodarse con miras al 2015), todos ellos coinciden en que la izquierda es su enemigo común. Y en esto coinciden también con los empresarios y con Cristina Fernández.

Pero Moyano y Barrionuevo forman parte de los dirigentes y las organizaciones que convocan al paro.

El kirchnerista dice: ¡Horror! La izquierda va detrás de Moyano y Barrinuevo. A la izquierda no le interesa defender a los trabajadores. La izquierda hace de idiota útil de los Moyanos y los Barrionuevos.

El kirchnerista pasa por alto dos cuestiones. Por un lado, Moyano fue aliado de Néstor Kirchner y Cristina Fernández durante muchísimos años. Durante ese tiempo, “los jóvenes para la liberación” no se sintieron incómodos por tener esa compañía. Como en tantas otras cuestiones, otra vez el kirchnerista padece de mala memoria.

Dejando de lado las chicanas, hay algo fundamental. Tanto Moyano como Cristina, Macri como Scioli, Massa como Binner, ven en la izquierda al ENEMIGO. Las razones: la izquierda (sobre todo el Partido Obrero y los demás partidos que conforman el FIT) cuestiona las bases del capitalismo en Argentina. Sólo la izquierda se anima a sacar los pies del plato. De modo que Moyano convoca al paro (lo hace por sus propias necesidades políticas, que no podemos analizar aqui), pero se siente incómodo con la presencia de la izquierda. Una prueba de esto es que ni Moyano ni Barrionuevo van a estar presentes en la movilización convocada por la izquierda para el día de hoy. Moyano y Barrionuevo tienen tanto miedo de la izquierda que procuraron dejar en claro por todos los medios que no van a promover la realización del piquete durante estas jornadas de lucha.

No vamos a negar que la izquierda tiene todavía una influencia pequeña. Es por ello que no puede convocar por sí misma un paro general y debe acompañar las medidas de fuerza convocadas por personajes como Moyano. Pero la sola presencia de la izquierda cambia el contenido de la huelga. El lector puede tomar nota de las continuas críticas de Cristina, Capitanich, Pignanelli (SMATA), Berni y otros, al Partido Obrero.

La izquierda tiene todavía una influencia reducida. Pero está. Y eso modifica las condiciones de la lucha política. Cristina Fernández y Hugo Moyano lo saben. Por eso coinciden en pegarle a la izquierda. Porque la izquierda representa la única alternativa real a la lógica del capital en Argentina. Nada más, y nada menos, que eso.


Villa del Parque, miércoles 27 de agosto de 2014
Fuente : http://miseriadelasociologia.blogspot.com.ar/2014/08/el-paro-nacional-del-28-de-agosto.html

miércoles, 27 de agosto de 2014

La legitimidad histórica del piquete


piquetes
Por Publicado: abril 19, 2014 
Por: (@guerrerodelPO)

La presentación al Congreso, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de ley que en la práctica prohíbe los piquetes —los cortes de calles o de rutas— se produce apenas unos días después del enorme papel que ese método de lucha cumplió en el paro masivo del 10 de abril. Es una confesión de parte: el peronismo ha perdido el control de la calle, que le es hostil, y anuncia su decisión de echar mano a la represión policial contra la lucha callejera. En esta nota intentaremos abordar el problema de la legitimidad de los modos de acción directa, por lo tanto de los piquetes o de las ocupaciones de fábricas, desde el punto de vista histórico y político, y repasar su papel en las conquistas democráticas, de condiciones de vida y de trabajo y, sobre todo, en los avances de las formas de organización política de las sociedades.
París, 1793. La Asamblea Nacional se empantanaba en la discusión sobre la forma que debía tener el juicio al que sería sometido el rey preso.
Robespierre, erguido ante la Asamblea, dijo:

“Ciudadanos, esta Asamblea se equivoca si considera que hemos de juzgar al rey. Si se tratara de un juicio, como en todo proceso judicial, estaría presente la posibilidad de que el reo fuera considerado inocente. Pero si Luis es inocente, la revolución es culpable. Ciudadanos, esto no es un juicio, esto es un ajusticiamiento revolucionario”.

He ahí una lección implacable de derecho aplicado.


Esa revolución y aquella guillotina que decapitó a Luis XVI fueron un hiato entre la culminación de una época y el comienzo de otra. Si en determinado momento del surgimiento de la economía mercantil, de la burguesía y, en fin, del capitalismo, el nuevo modo de producción necesitó consolidar el poder del Estado frente a la dispersión de los feudos, de las satrapías del señor, y para eso bien le vino la instauración de la monarquía absoluta, ahora, en cambio, ese mismo poder absoluto se constituía en un obstáculo que debía ser derribado. El poder absoluto del monarca y el poder del rey de reyes, el Papa de Roma.

La guillotina de Robespierre permitiría llevar a la práctica, transformar en fuerza material las viejas ideas de John Locke (1632-1704), que habían dado al absolutismo los primeros grandes golpes ideológicos y armado en ese sentido a la burguesía cuando esta ya no pudo conformarse con compartir el poder con la nobleza feudal y necesitó desplazarla, revolución mediante. Los que hoy claman el elogio a la democracia parlamentaria deberían recordar que se la deben a la guillotina de Robespierre, al terror jacobino.

Citamos a Locke y no a alguno de sus grandes continuadores, como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) porque él fue, precisamente, el primero en desarrollar un sistema de ideas para el gobierno parlamentario, para el gobierno ideal de la burguesía.

El carácter burgués del pensamiento de Locke es explícito. En su Ensayo sobre el gobierno civil distingue entre el poder paternal, que debe ejercerse cuando la minoría de edad impide al niño “cuidar por sí mismo de su propiedad”; el poder político, una instancia superior, existente allí donde los hombres “pueden disponer de su propiedad”; y el poder despótico, que “no existe sino sobre aquellos hombres que no tienen ninguna propiedad”.

Cuando se llega a la instauración de esa forma superior de gobierno que es el poder político, continúa Locke, rige “el derecho de hacer leyes que estén sancionadas con la pena capital y, en su consecuencia, de las sancionadas con leyes menos graves, para la reglamentación y protección de la propiedad; y el de emplear la fuerza del Estado para imponer la ejecución de tales leyes…”

La fuente de ese poder, explica, es el acuerdo, el consenso. Pero, como añade que el derecho de propiedad “indica el derecho natural que abarca en sí a todos los demás” (el derecho natural más importante, el que designa a todos los otros) queda sobreentendido que el acuerdo al cual se refiere es el acuerdo entre los propietarios. Por lo tanto, si invertimos los términos, tenemos que el derecho de propiedad conculca cualquier otro derecho.

Locke añade que el gobierno civil debe protegerse del peligro que significa entregar el poder a un hombre que tiene bajo su mando “a 100 mil hombres armados”, con lo que puede someter por la fuerza a la ciudadanía. Esto es: la población civil, la ciudadanía, debe protegerse del poder del Estado. Por eso, agrega, es indispensable que se gobierne por medio de leyes, no de decretos. Si esto se vulnera, los ciudadanos tienen la obligación de ejercer el mayor de sus derechos, el derecho a la resistencia, a la rebelión. Dice Locke:

“Si el hombre inocente y honrado tiene que entregar por amor a la paz todo cuando posee y no ofrecer resistencia a quien le pone violentamente las manos encima, yo aconsejo que, quienes tales dicen, piensen qué clase de paz sería la que reinaría en el mundo si la paz consiste en la violencia y la rapiña y ha de ser mantenida únicamente en favor de los ladrones y los opresores”.

Ese viejo principio fue inscripto en la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en 1789, que dice: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”. El derecho a la resistencia, a la rebelión, se constituye por lo tanto en el derecho que hace posibles todos los demás.

La cuestión de la violencia (de eso se trata, en definitiva) tiene raíces antiguas. Sin contar la historia anterior, repasemos brevemente su papel en la constitución del modo de producción capitalista. El capital, sabido es, produce plusvalor y este, a su vez, más capital. “Con todo —dice Marx— la acumulación del capital presupone el plusvalor, el plusvalor la producción capitalista y esta la preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías”. Eso supone una acumulación primitiva originaria, “que no es el resultado del modo de producción capitalista sino su punto de partida”.[i]

Para explicar el proceso por el cual una parte minoritaria de la sociedad acumula riquezas y el resto queda desposeída de todo, salvo de su fuerza de trabajo (eso es el proceso de separación del productor y los medios de producción) se han contado infinidad de leyendas. La más común es que unos pocos emprendedores habrían podido enriquecerse, mientras el resto, de vagancia empedernida, habría por eso mismo perdido todo. Contra esas leyendas, “en la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia”.[ii]

A fines del siglo XVII, en ese proceso de formación de capitales, Inglaterra combinaba el colonialismo, la deuda pública y el proteccionismo con un moderno sistema de impuestos. “Estos métodos, como por ejemplo el sistema colonial, se fundan en parte sobre la violencia más brutal. Pero todos ellos recurren al poder del Estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar como en un invernadero el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista, y para abreviar las transiciones. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica”.[iii]

Se podrá rebatir esto con el argumento de que se trata de una violencia antigua, de la brutalidad originaria del modo de producción capitalista, de algo viejo y superado. Aun si así fuera, tendríamos que el capitalismo construyó sus cimientos sobre sangre y crímenes atroces. Pero no es así. En la Argentina de hoy, un gobierno que se dice “nacional y popular” le entrega los recursos hidrocarburíferos del país a la norteamericana Chevron mediante un contrato leonino, que le permite incluso girar divisas libremente al exterior. Para eso, el gobierno rompió la supuesta alianza “bolivariana” que tenía con el gobierno ecuatoriano, al rechazar la Corte argentina un pedido de embargo presentado por Quito contra Chevron debido a los daños ambientales que ese pulpo produjo en la Amazonía ecuatoriana. Daño ambiental que, por cierto, se repetirá aquí, porque para extraer el mineral no convencional se utilizará el sistema llamado de “fractura hidráulica”, o “fracking”, que inevitablemente envenenará el agua en una extensa región. Entrega, destrucción ambiental y muerte a plazos. Paralelamente, se le pagan 10 mil millones de dólares a Repsol en concepto de indemnización por haber vaciado YPF desde la década de 1990. Repsol, en aquellos años, era apenas una gasolinera de Madrid. Se convirtió en un pulpo internacional gracias al saqueo de la Argentina. Ahora, para pagarles, se mantiene a los jubilados, por citar solo un caso, apenas por encima del nivel de la indigencia. He ahí la violencia organizada del Estado para asegurar la entrega de los recursos y la miseria de las masas trabajadoras. Es la violencia que ahora se propone “dispersar” con la guardia de infantería cualquier acción directa de la población contra ese atropello.

Marx, en El Capital, cita al filósofo inglés, católico, William Howitt (1792-1879), quien dice: “Los actos de barbarie y los inicuos ultrajes perpetrados por las razas llamadas cristianas en todas las regiones del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar, no encuentran paralelo en ninguna era de la historia universal y en ninguna raza, por salvaje e inculta, despiadada e impúdica que esta fuera”. Howitt añade que la administración colonial holandesa del siglo XVII “expone ante nuestros ojos un cuadro miserable de traiciones, asesinatos e infamias”. Holanda, en el siglo XVII, era la economía capitalista más desarrollada.

¿Y ahora? ¿No asesinó George Bush a 700 mil iraquíes con sus bombardeos para controlar el petróleo de Oriente Medio? ¿No sostienen, con el mismo fin, campos de concentración como los de Abu Graib y Guantánamo, además de las cárceles clandestinas de la CIA en medio mundo? Y en la Argentina ¿no vemos a los terratenientes de Formosa detener, torturar y asesinar a tiros a pueblos originarios para defender las plantaciones de soja? ¿No vemos cómo permiten que Rosario se transforme en campo de batalla de narcotraficantes, con centenares de muertos, en defensa de los bancos que lavan el dinero de la droga y de la policía vinculada orgánicamente con ese negocio infame?

Marx ofrece una clave en el siguiente comentario: “Debe estudiarse este asunto en detalle, para ver qué hace el burgués de sí mismo y del trabajador donde puede moldear el mundo sin miramientos, a su imagen y semejanza”.[iv]

Si el burgués no puede moldear la Argentina sin miramientos, a su imagen y semejanza, si la barbarie no se impone en plenitud, si el grado de civilización de este país se sostiene en determinados niveles, eso se debe, exclusivamente, a la lucha obrera, a la lucha campesina, a las huelgas, a los piquetes, a los cortes de rutas, a la toma de fábricas y de campos.
Es cierto que la pura violencia, la violencia directa de los primeros tiempos del capitalismo, fue relativamente reemplazada luego por el llamado “consenso”, por el “contrato social”. La norma de los tiempos modernos ya no es el látigo, el hierro candente, el tormento, para imponer la disciplina del trabajo asalariado, de la desocupación, de la miseria social del régimen de explotación. Eso se impone, idealmente, mediante la coerción sorda de las relaciones económicas, cuando la clase trabajadora, por educación, tradición y hábito acepta las exigencias de la explotación asalariada, al decir de Marx, “como leyes naturales, evidentes por sí mismas”. La violencia directa, el garrote policial, es el recurso de última instancia, cuando el consenso se quiebra, cuando se resquebraja el consentimiento del esclavo hacia su amo.

Pero eso es, precisamente, lo que empieza a suceder ahora, en la Argentina y en el mundo. No son tiempos de tranquilidad. La crisis financiera, que rápidamente se transformó en crisis política, muestra un mundo de papel que se derrumba. Es época de guerras y revoluciones, de grandes conmociones sociales. El consenso, entonces, vacila o directamente se rompe. Y los “nacionales y populares” acuden entonces a esa violencia directa, a la coerción ya no de las relaciones económicas sino del garrote policial, para imponer sus ajustes, sus tarifazos, sus ataques al salario. En la Argentina esto denuncia, al mismo tiempo, el derrumbe final del nacionalismo burgués, del peronismo.

Ya Walter Benjamin (1892-1940) señaló que el estado de excepción —esto es, la violación de la ley por la propia ley, por el Estado— dejaba de ser excepcional para transformarse en norma. Es una ley de hierro: la democracia parlamentaria, conquistada por la guillotina de los jacobinos franceses, es cosa del pasado, un trasto histórico. Esa democracia fue la forma política que se correspondió con el capitalismo de la libre competencia, del libre juego de la oferta y la demanda. Esta es, en cambio, la época de la dictadura mundial de los grandes monopolios, de las corporaciones internacionales que imponen su diktat en nombre de “los mercados”. La época del imperialismo, de la etapa superior y última del capitalismo, de la catástrofe permanente.

Ahora, en la Argentina, el gobierno aplica un ajuste económico brutal, combinado con una inflación elevada. Sin embargo, la ruina de los trabajadores fue evitada por los trabajadores mismos. En principio, por la huelga docente en la provincia de Buenos Aires, que durante 17 días ocupó las calles, las cortó y marchó por ellas. Ahora, la nueva ley habría declarado “ilegítimas” esas manifestaciones porque, obviamente, no podían pedir permiso con 48 horas de anticipación en medio del conflicto. Ahora bien ¿qué habría hecho el gobierno? ¿Habría mandado a la policía a reprimir esas movilizaciones masivas de maestros y de padres? ¿En qué punto se propone el gobierno colocar el conflicto? ¿Hasta dónde está dispuesto a llevar la violencia? O mejor ¿hasta dónde puede hacerlo? En su agonía, el kichnerismo trastabilla hacia el absurdo.

En este punto se debe subrayar, sin embargo, que no se trata de cualquier absurdo sino del intento de conculcar o suprimir el derecho de huelga. O, en todo caso, de hacer que las huelgas sean siempre pasivas, domingueras, materas, que no salgan a la calle, que no se vuelvan piquete ni ocupen lugares de trabajo. No por nada la burocracia sindical no ha dicho esta boca mía sobre la ley antipiquetes. Esto se combina con la intención de declarar “esenciales” determinados servicios públicos para prohibir las huelgas en ellostal como José Mujica hizo en Uruguay (los gobiernos “progres” suelen ser los represores antiobreros más entusiastas).

El argumento presidencial, junto con Massa, Macri y todo el coro de la derecha, habla de defender el “derecho a la circulación”, y los alcahuetes recuerdan aquello de que “el derecho propio termina donde empieza el ajeno”. Es una tontería tautológica, una tilinguería repetida con ignorancia insistente por casi todos los medios de prensa, en especial después del paro del 10 de abril. Todos los derechos reconocidos se afectan recíprocamente, el ejercicio de cualquier derecho implica suprimir o limitar, siquiera temporalmente, un derecho ajeno. Por lo tanto, es preciso establecer una jerarquía.

Como decía Napoleón, todos somos iguales ante la ley pero algunos son más iguales que otros. Por ejemplo, la Presidenta se quejó porque, según ella, los jueces permiten que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por la otra”, pero ese no fue el caso de los trabajadores petroleros de Las Heras, Santa Cruz, a quienes se dictó prisión preventiva (medida reservada a criminales peligrosos) por luchar por salario y condiciones laborales.

La supuesta igualdad jurídica es una contradicción insoluble, porque todo el régimen judicial se sustenta en la desigualdad histórica, en la explotación. El derecho —reaccionario en sí mismo porque tiene por función proteger la permanencia de aquella desigualdad— no tiene un carácter general; es necesario, por eso mismo, tener en cuenta la condición social de las partes en litigio. Pero, si eso se hace, el tribunal deja de cumplir un papel jurídico y pasa a cumplir una función histórica, lo cual es otro contrasentido porque un juicio histórico solo puede ser hecho por los pueblos, por las acciones históricas de los trabajadores en movimiento. No es algo que pueda hacerse en el despacho de un juez.

Los derechos sociales, los derechos llamados “de segunda generación”, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al esparcimiento, tienen en la Argentina rango constitucional (artículo 14 bis de la Constitución Nacional). Sin embargo, esas conquistas han conocido en la Argentina un retroceso continuo durante cincuenta años. Medio siglo de retroceso no habla de “imperfecciones” ni de políticas erradas de este o aquel gobierno, sino del agotamiento de todo un régimen social. Pero siempre, en todos los casos, la conquista de esos derechos ha sido producto de la protesta, de la movilización, de luchas reprimidas muchas veces de manera sangrienta. Es decir, se obtuvieron afectando derechos ajenos (a la circulación, por ejemplo, o el derecho patronal a emplear como se le antoje las mercancías que compra, entre ellas la fuerza de trabajo). El entonces coronel Juan Perón, en 1944, al hablar en la Bolsa de Comercio ante la élite patronal, lo dijo claramente: si no se hacían concesiones importantes a los trabajadores, sobrevendría “el comunismo”. En 1912 se aprobó aquí la ley de sufragio universal, impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, cuando la lucha obrera se había vuelto más peligrosa que la democracia; antes, no.

En definitiva, la lucha de masas por afuera de los “canales institucionales” ha sido un motor del progreso social y del régimen político y, en general, ha impedido que las condiciones de vida y hasta el grado de civilización retrocedieran más allá de cierto punto. He ahí la legitimidad del piquete, como la de toda forma de lucha popular, incluido, llegado el caso, el derecho al levantamiento insurreccional contra la opresión y la explotación.

Ahora, un gobierno autoproclamado “nacional y popular” intenta arremeter contra ese derecho por medio de una ley acordada con lo peor de la derecha (había, en otros tiempos, quienes decían que oponerse al gobierno kirchnerista era “hacerle el juego a la derecha”). Y recuerdan que el Código Penal prohíbe los cortes de calles. En efecto los prohíbe en su artículo 194, promulgado de facto en 1967 por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Nos hablan de las leyes, cuando la mitad de las que están en vigencia fueron impuestas por dictaduras militares, que gobernaron, dicho sea al pasar, en favor de los mismos intereses que gobiernan hoy.

En 2007, en un foro debate en la Facultad de Derecho con Néstor Pitrola, el juez Eugenio Zaffaroni explicó que el derecho penal sirve “para decidir en conflictos de carácter individual, pero cuando los conflictos tienen un carácter social, el poder punitivo no sirve para resolver y ni siquiera para decidir el conflicto; no hace más que complicarlo”.

Es una batalla perdida. La burguesía no puede gobernar —esto es, subordinar a todas las clases oprimidas— sin el Código Penal, sin la represión. Aníbal Fernández fue explícito en ese sentido cuando dijo que el kirchnerismo se propone gobernar “con el Código Penal en la mano”. Con el Código Penal en la mano la burguesía argentina cometió masacres atroces en 1919, 1921, 1989 y 2001 (todas ellas, obsérvese, bajo gobiernos radicales). Y cuando el Código Penal no alcanzó para reprimir a los trabajadores, Perón creó la Triple A en 1973.

El proyecto de ley contra los piquetes es en verdad una avanzada contra el derecho de huelga, contra el derecho a la protesta; por lo tanto, contra el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de opinión y de asociación. Se intenta aplicarla para impedir la lucha contra el ajuste que este mismo gobierno aplica, contra el Rodrigazo que le permita “volver a los mercados” para llegar como sea a 2015.

Si esta ley se aprobara, y si luego se intentara aplicarla, el conflicto social en la Argentina quedaría colocado en otro plano. El asunto tiene su lógica: el peronismo, nada menos que el peronismo, ha perdido el control de las calles. Un movimiento político que llenó calles y plazas con multitudes imponentes, que hizo frente a la Libertadora con piquetes, cortes de rutas y de vías, y hasta con bombas y toma de cuarteles, ha quedado reducido al puñado de funcionarios que, prendidos de la teta del Estado y sus prebendas, apenas pueden llenar el Patio de las Palmeras cuando habla la Presidenta. Les queda, entonces, el recurso represivo.

Quedará entonces a la vista de todo el mundo que el derecho a la rebelión es condición de todo derecho. El Frente de Izquierda, a no dudarlo, estará a la altura de lo que demanden las cosas.

[i] Marx, C. y Engels, F.; “El Capital”, Siglo XXI, México, 1988, T I, vol. 3, p. 891.
[ii] Ob. cit., p. 892.
[iii] Ob. cit., p. 940.
[iv] Ob. cit., p. 940.

Fuente : http://revistaelotro.wordpress.com/2014/04/19/la-legitimidad-historica-del-piquete/

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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