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viernes, 29 de agosto de 2014

BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS - Continúa la lucha contra el desguace

La identificación del nieto de Estela Carlotto puso de relieve la problemática del acceso al derecho a la identidad, un drama que abarca a decenas de miles de personas. En efecto, a partir de la recuperación del nieto 114, se advierte un incremento significativo de personas que acuden al Banco Nacional de Datos Genéticos.

El prestigio y la naturaleza gratuita del BNDG promueven el acercamiento de quienes tienen dudas sobre su identidad. Lo que la gran mayoría desconoce es que la ley 26.548, impulsada por el kirchnerismo en 2009, atenta contra el acceso universal al derecho a la identidad, ya que limita la función del banco a la investigación genética a los casos anteriores al 10 de diciembre de 1983. Quedan excluidos los desaparecidos y los niños apropiados en democracia -por ejemplo, los nacidos en las redes de trata- y muchos otros que buscan su identidad por diferentes razones. La ley que oportunamente había dado origen al banco, a mediados de los años ochenta, no establecía ningún tipo de límites a su competencia. El 75% de los casos que el BNDG analizaba hasta la imposición de esta restricción arbitraria -que fue apoyada por buena parte de los referentes de la centroizquierda- correspondían a casos que no tenían su origen en los crímenes de la dictadura. Ahora, el filón de ese negocio es acaparado por los laboratorios privados. Cada análisis cuesta alrededor de 10.000 pesos.

Un organismo referente en la lucha por la identidad de personas en esta situación es el colectivo “¿Quiénes Somos?”, que forma parte del grupo de organizaciones que luchan contra el desguace del BNDG.

La sustracción de identidad no se circunscribe al período de la última dictadura. Luciano Arruga, Daniel Solano y Julio López son casos emblemáticos, pero los desaparecidos desde la restauración de la ‘democracia’ ya son aproximadamente 200, según el relevamiento realizado por la Correpi.

El oficialismo pretende obtener rédito político con la utilización del caso Carlotto, escondiendo bajo el velo del relato la situación de miles de personas que fueron excluidas de una herramienta como el BNDG.

Desde Apel y el PO vamos a continuar, junto a otros organismos de derechos humanos, la lucha contra la orientación privatizadora del Banco Nacional de Datos Genéticos impulsada por el kirchnerismo.

 

Diego Aysine (Apel)

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Politica Obrera

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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