La denuncia contra la patronal de Donnelley por el delito de
“alteración del orden económico y financiero” busca disimular la
postración oficial frente a la ola de despidos y suspensiones y de yapa
incorpora el antecedente de echar mano a la Ley Antiterrorista para
intervenir en la crisis.
La presidenta acusó - con razón - al juez Santicchi por decretar la
quiebra en tiempo record “sin antes demostrar una situación económica”
que la amerite, pero oculta que el Ministerio de Trabajo fue advertido
de la maniobra fraudulenta con bastante anticipación. Más aún, fue
cómplice: el año pasado le aprobó a la patronal los Repro (subsidios
para empresas en crisis).
CFK no dice que ni el Ministerio nacional ni el de provincia rechazaron
el Recurso Preventivo presentado por la empresa (solo dilataron su
tratamiento) y nunca exigieron la apertura de los libros contables.
El cierre de Donnelley - a la que el gobierno vincula con el fondo NML
de Singer- es presentado como ejemplo de la disyuntiva “patria o
buitres” pero no hay ninguna medida concreta orientada a garantizar la
continuidad productiva ni garantizar los puestos de trabajo. En la
reunión con Tomada, que se realizó antes de la cadena nacional, se
rechazó de plano el planteo de la estatización.
Por su parte, los trabajadores pusieron a producir la planta y ya
sacaron tres revistas (Gente, Para Ti y Billiken) de editorial
Atlántida, que comprometió una serie de trabajos en un futuro cercano.
El sindicato sigue sin llamar al paro general del gremio y se limita “a
acompañar”, procurando mantener el conflicto dentro de los límites
estrechos de los procedimientos administrativos. Ni siquiera garantizó
que las cooperativas y talleres que dirige cumplan la medida elemental
de no realizar los trabajos de Donnelley. Esto solo lo aseguraron hasta
ahora las internas de La Naranja, a costa de soportar una fuerte presión
patronal (un aporte invalorable a la lucha que llamativamente los
artículos del PTS omiten mencionar). Este aspecto fue clave, decisivo,
en la primera etapa de la lucha que culminó con la quiebra fraudulenta y
el ingreso de los compañeros a las instalaciones.
Ahora, la presidenta denuncia a los vaciadores por ley antiterrorista
en lo que constituye una maniobra pérfida porque la ley antiterrorista
es contra los movimientos populares. Sentarìa un precedente que luego
serìa usado contra los movimientos de lucha. Lo que los trabajadores
reclaman es la continuidad de los puestos de trabajo de los 400
compañeros echados a la calle mediante una quiebra fraudulenta.
Los diputados del Frente de Izquierda ya han presentado un proyecto de
declaraciòn de utilidad pùblica, colocando la empresa sujeta a
expropiación donde se establece que el estado garantice la continuidad
de los puestos de trabajo, los salarios y condiciones laborales y de
antigüedad.
La burocracia gráfica se ha reunido con Capìtanich donde el gobierno
elude este planteo, con la propuesta de venta de la quiebra o
cooperativa, una salida inviable sin capital de tiro que tendrìa que ser
aportado por el gobierno en una empresa de esta envergadura. Por otro
lado, los trabajadores no se pueden hacer cargo de las deudas del
vaciamiento del pulpo internacional.
Los trabajadores de Donnelley, junto a Lear, convocan a todas las
organizaciones y luchadores a un encuentro el próximo sábado. La Naranja
compromete toda su capacidad de lucha como lo viene haciendo desde que
se inició el conflicto. Vamos por el rechazo de la quiebra fraudulenta y
la estatización bajo control obrero. Paro general y movilización de
todo el gremio por esta alternativa.
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