Partido Obrero
No es cierto que la disputa por la renta petrolera entre la Nación e YPF y las provincias haya quedado en suspenso por la crisis de la deuda con los fondos buitre. Por el contrario, forma parte de ella y, por la misma razón, es más encarnizada.
El gobierno dejó fuera de la refinanciación de las deudas de provincias con Nación a Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, planteando que serán “sumadas próximamente” pero, eso sí, si cumplen “una multiplicidad de requisitos” tal como planteó el jefe de Gabinete. Es un planteo de extorsión frente a la resistencia de las provincias petroleras a aceptar la nueva ley de hidrocarburos que, con un nuevo borrador de por medio, el gobierno amenaza enviar al Senado en la primera semana de septiembre. No es una extorsión menor, desde el momento que Mendoza, una de las provincias “rebeldes”, tiene sus cuentas públicas en crisis (El Cronista, 8/8).
El cuarto borrador del proyecto no altera lo esencial de los anteriores, que es ordenar la explotación petrolífera y gasífera en función de las exigencias de las grandes corporaciones, dejándole al gobierno y a YPF el terreno despejado para negociar con ellas, sin intermediarios locales. Las concesiones de YPF en Vaca Muerta caducan en 2027, lo que choca con un proyecto de explotación a largo plazo como exigen Chevron y otros pulpos. La “provincialización” de los recursos petroleros -impulsada por Menem y los gobiernos K- se ha convertido en un obstáculo a la luz de la nueva situación. Además, la sola explotación de Vaca Muerta, una formación rocosa de 30.000 kilómetros cuadrados, dividida entre Mendoza y Neuquén, plantea un acuerdo general de explotación con las provincias.
El nuevo borrador mantiene la eliminación del sistema de acarreo (“carry”) entre la empresa privada y las provincias para nuevas adjudicaciones de áreas -lo que plantea en perspectiva la desaparición de las empresas privadas de energía- y dispone una prórroga automática de todas las concesiones de YPF, por distintas vías, extendiéndolas hasta 2062. Mantiene la intención del gobierno nacional e YPF de quitarles a las provincias los nuevos yacimientos. Pero innova al habilitar la figura del canon, una suerte de peaje de ingreso a los yacimientos que podrían cobrar las provincias y a la que no se le fija un monto máximo, en función de la negociación en curso con los gobernadores -Neuquén cobra 12% por regalías y 3% de canon.
Pelea de buitres
El gobierno de Neuquén acaba de presentar un proyecto de declaración para rechazar la reforma de la ley de hidrocarburos que pretenden el gobierno nacional e YPF, en una réplica del votado la semana pasada por la Legislatura de Chubut. Amenaza incluso con dejar el directorio de YPF e iniciar acciones judiciales por supuesta deslealtad comercial al entrevistarse con “el presidente de Exxon para solicitarle apoyo en la propuesta de ley que propone YPF y ponerse en contra de los carry de Gas y Petróleo, la empresa de energía neuquina” (El Cronista, 11/8).
De todos modos las provincias tienden a adaptarse a la presión oficial. Peralta, de Santa Cruz, acaba de anunciar su absoluto alineamiento con la política de Nación e YPF. El propio Sapag, más allá de las fintas, declaró que la diferencia de la provincia con el borrador anterior era de un 30% contra un 50 anterior. Había dicho, antes, que “el tema más importante es el canon”, que es lo que acaba de viabilizar el nuevo borrador.
Aunque los gobiernos de las provincias petroleras se presentan en nombre del “federalismo” y la “defensa de los recursos naturales” compiten en la política de entrega con el gobierno “unitario” de CFK. Un texto suscripto por José Brillo, ex diputado nacional del MPN y Fernando Rodríguez, funcionario del Departamento de Energía de los Estados Unidos plantea lo siguiente: “El autoabastecimiento energético es una cuestión estratégica para cualquier país. Para lograrlo… la Argentina debería abandonar el control de precios de venta en boca de pozo, o por lo menos incrementar sustancialmente el precio para estimular la búsqueda y producción”. Además, “que las empresas productoras puedan exportar sin restricciones una parte significativa de su producción, girar utilidades y proveer mayores facilidades y excepciones aduaneras para que estos importen equipos y productos necesarios para el fracking” (I Eco, 27/7).
Estos intereses no van a resolver la crisis de energía en Argentina. La nacionalización integral del petróleo y el gas bajo el control de los trabajadores sí puede hacerlo.
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